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En memoria de Miguel Hernández

Antón Alexandre Jiménez

En el aniversario del nacimiento del poeta Miguel Hernández el 30 de octubre de 1910, publicamos hoy un artículo para recordar su poesía y su vida. Recomendamos una visita a su Casa Museo y un paseo por su ciudad natal, Orihuela. 

¡Y qué buena es la tierra de mi huerto!
hace un olor a madre que enamora,
mientras la azada mía el aire dora
y el regazo le deja pechiabierto.

Me sobrecoge una emoción de muerto
que va a caer el hoyo en paz, ahora,
cuando inclino la mano horticultora
y detrás de la mano el cuerpo incierto.

¿Cuándo caeré, cuándo caeré al regazo
íntimo y amoroso, donde halla
tanta delicadeza la azucena?

Debajo de mis pies siento un abrazo,
que espera francamente que me vaya
a él, dejando estos ojos que dan pena.

Con estos versos describía el poeta el oficio que heredó de su familia y del que orgullosamente presumía, pues  acostumbraba a presentarse ante la gente como “pastor poeta”. Así  consta en la Casa Museo Miguel Hernández,  que hoy se puede visitar en su Orihuela natal. Es este lugar un recóndito emplazamiento en el que cualquiera puede experimentar de primera mano las paredes y el huerto que inspiraron el día a día de Miguel Hernández. Se trata de una restauración de la vivienda del poeta, en la que desarrolló  su adolescencia y su vida adulta, rodeado de las cabras que le acompañaban y de la  higuera a la que tanto escribió. 

Mi carne, contra el tronco, se apodera,
en la siesta del día
de la vida, del peso de la higuera,
¡tanto!, que se diría,
al divorciarlas, que es de carne mía.

A escasos metros de la casa podemos encontrar la Fundación Cultural Miguel Hernández.  Además de acoger exposiciones y actos de carácter cultural, exhibe diversas piezas originales, así como diarios de la época en la que autor publicaba o se le mencionaba. 

22 agosto 1937. Nuestra Bandera.

Gracias a la digitalización de publicaciones históricas en el Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas de los Archivos Estatales, aquí puede leerse íntegramente el artículo Miguel Hernández en el Ateneo. Un gran poeta del pueblo en la guerra, en la página 5 del diario Nuestra Bandera, órgano del Partido Comunista, del 22 de agosto de 1937.

22 agosto 1937. Nuestra Bandera. Portada.

Pero los tributos a la memoria del ilustre poeta no se quedan aquí. Desde 2012 , quienes habitan el barrio de San Isidro lo hacen rodeados de murales que escenifican la obra del poeta:  El sol, la rosa y el niño, las nanas de Cebolla o Vientos del pueblo son algunos de los muchos poemas que hacen relucir las fachadas del barrio.

Aunque el apoyo  institucional a esta iniciativa es reciente, el origen de los murales se remonta al Homenaje de los pueblos de España a Miguel Hernández , una iniciativa popular que se realizó por primera vez en 1976. Por aquel entonces, un grupo de escritores y artistas de distintas vertientes y orígenes tiñeron a este humilde barrio del color de la memoria. Entre ellos había  personajes tan ilustres como el escultor Antonio Ballester, los pintores José Luis Cacho y  Mario Candela Vicedo, y el pintor ceramista  Arcadio Blasco, entre otros.  

Orihuela, octubre 2021. FOTO: Antón Alexandre Jiménez

Hoy en día, el barrio es un museo al aire libre que cualquiera puede visitar por su cuenta, aunque el ayuntamiento ofrece una visita guiada a aquellos que así lo deseen. En marzo de cada año, conmemorando la fecha de la muerte del poeta se realizan distintos actos culturales en el barrio: cuidado de los murales, concurso de fotografía, conciertos.

En Orihuela y otras localidades de la zona de la Vega Baja puede seguirse también la llamada Senda del poeta, en memoria de quien un día pintó sus calles de esperanza. Tiene como objetivo rememorar la figura de Miguel Hernández con cantos, charlas, lecturas y visitas guiadas.

Miguel Hernández pasó por dos consejos de guerra [cuyas referencias podéis encontrar en nuestra base de datos aquí]. Su condena a muerte fue conmutada a 30 años [ver referencia aquí], pero murió enfermo de tuberculosis en la cárcel de Alicante a los 32 años. Fue triste e injustamente sepultado en el olvido durante décadas.

La cadena SER le dedicó el año pasado una serie de podcasts tomando como punto de referencia la documentación de sus dos procesos, que custodia el Archivo General e Histórico de Defensa. Podéis escuchar la serie Miguel Hernandez: Dos procesos contra un poeta en los siguientes enlaces. No nos han funcionado los de la web de la emisora:

Mantenemos una base de datos con 1,3M de registros de la Guerra Civil i el franquismo. Suscribete a nuestro boletín de noticias aquí y considera la posibilidad de hacer una donación aquí. ¡Gracias!

FOTO: Patio de la Casa Museo Miguel Hernández. Autoría: Antón Alexandre Jiménez

La memoria democrática a debate

El pasado jueves se presentó en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Memoria Democrática. Félix Bolaños,  ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática señaló durante la presentación: “Planteamos, por primera vez en una ley, la condena y el repudio al golpe de estado del 18 de julio del 36”. Se refirió también a Ascención Mendieta: “el único delito de su padre fue ser el líder de UGT en su pueblo”. Y añadió:

“Todas las fuerzas políticas deberían entender que condenar la dictadura y homenajear a sus víctimas no es ideología; es justicia; es democracia”.

Entre otros aspectos, la norma modifica el régimen jurídico del conjunto del Valle de los Caídos como paso previo a su resignificación. El pasado julio tuve la oportunidad de asistir al curso “Memoria democrática y ciudadanía: El Valle de los Caídos en perspectiva comparada”, organizado por la Escuela de Verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). 

Inauguró el curso Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática del Gobierno actual. Explicó que el nuevo Proyecto de Ley de Memoria Democrática consta de 65 artículos (puede leerse aquí). Según Martínez López, este se centra en cuatro ejes fundamentales: la nulidad de las resoluciones jurídicas como los consejos de guerra, el papel de las mujeres (que sufrieron no solo represión política sino también de género), el reconocimiento del movimiento memorialista, y la creación de un censo de todas las víctimas.

Durante los tres días del curso se desarrollaron diversas ponencias que pusieron foco en el Valle de los Caídos y en una posible resignificación del espacio. Destacamos la intervención de Francisco Etxebarría, el reputado antropólogo forense a cargo de la operación que pretende llevar a cabo una primera exhumación en el Valle de los Caídos. Este recalcó la importancia de exhumar las fosas “para consolidar los valores democráticos y los Derechos Humanos”.

Según Etxebarría, que desde el año 2000 ha tenido un papel clave en la exhumación de 900 fosas y la recuperación de 10.000 cuerpos, la intervención en el Valle se consolida como “un reto sin precedentes”. La dificultad de la actuación, puntualizó, «viene especialmente marcada por la cantidad de víctimas enterradas en un mismo lugar». Son cerca de 30.000 cuerpos repartidos en diferentes niveles. 

En 2018, incorporamos a la base de datos de ihr.world los registros de 20.324 personas cuyos cadáveres fueron trasladados al Valle. Tal y como reseñamos entonces (leer aquí ) , en muchos casos estos cuerpos fueron trasladados sin el consentimiento ni el conocimiento de sus familiares.

Pedro Fausto Canales, que también participó en el curso de verano, es uno de los familiares afectados. Contó que su padre y su tío fueron llevados al Valle sin previa autorización ni conocimiento de su familia desde la fosa de la localidad abulense de Pajares de Adaja. Ahora Fausto forma parte de una de las 77 familias que han solicitado exhumar a sus allegados del Valle de los Caídos.

Joan Pinyol es otro de estos familiares. Su abuelo materno Juan Colom Solé, republicano, fue enterrado en la fosa común del cementerio de Lleida y también trasladado sin consentimiento al Valle. Pinyol es autor del libro ‘Avi, et trauré d’aquí’ (‘Abuelo, te sacaré de aquí’), cuya edición se ha actualizado en 2021 y participó en el documental del mismo nombre, que reseñamos aquí en 2017.

Las personas que han solicitado la exhumación de sus familiares han recibido una carta del Gobierno: 

Mediante el presente escrito quiero informarles de que hoy lunes 20 de septiembre comenzarán los trabajos previos para intentar la exhumación de su familiar (…) inhumado en el Valle de los Caídos, tal y como ustedes solicitaron a través de Patrimonio Nacional.

Sabemos que ha sido un proceso largo, pero era necesario tener las garantías técnicas y jurídicas para un operativo forense que quizá sea el más complejo que se ha acometido en nuestro país.

También es importante que todos seamos conscientes de las dificultades técnicas con las que vamos a encontrarnos, más de 60 años después de los traslados, y que entrar en las criptas no garantiza necesariamente que se encuentren a las personas que se buscan. Pero la decisión política es firme y se agotarán todos los medios técnicos en la búsqueda de su familiar. 

La creación de un censo de víctimas nos parece un aspecto fundamental del nuevo Proyecto de Ley de Memoria Democrática. Martínez López especificó que ahora mismo este censo solo se estudia desde el punto de vista de la metodología. El mes pasado, Gogora (Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del País Vasco) organizó una jornada sobre víctimas de la Guerra Civil donde diversas comunidades autónomas pudieron intercambiar por primera vez sus experiencias respecto a sus propias bases de datos de fallecidos de la Guerra Civil y la dictadura.  

Para la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), el proyecto de ley actual se queda corto:

“Hay una oficina de atención a las víctimas del terrorismo. ¿Por qué no crean una oficina de atención a las víctimas del franquismo?”

Emilio Silva en La Cafetera (14/10/2021)

FOTO: El Valle de los Caídos. Autora: Laura Cuesta.

Escribiendo la Historia de la Guerra Civil en 1961

En 1961, veinticinco años después del golpe militar que desencadenó la Guerra Civil, aparecieron dos importantes libros sobre el conflicto: uno en inglés (The Spanish Civil War, de Hugh Thomas) y otro en francés (La Révolution et la Guerre d’Espagne, de Pierre Broué y Emile Témime). Fueron quizá los primeros libros escritos por una generación de historiadores no implicados directamente en los acontecimientos, siendo todos ellos niños en la década de 1930. Con motivo del sexagésimo aniversario de su publicación, escribimos sobre estos dos libros y la acogida que tuvieron en los años sesenta.

La Révolution et la Guerre d’Espagne es una obra notable que se divide en dos partes; la primera, de Broué, examina el proceso revolucionario de 1936-37 mientras la segunda, de Témime, es un relato de los aspectos internacionales de la guerra y de la construcción de la dictadura franquista. En la introducción, los autores explican este enfoque, admitiendo  sus afinidades diversas: Témime siente mayor simpatía por los «republicanos progresistas y los socialistas moderados porque le preocupa la organización, la eficacia y el equilibrio de poder mundial» mientras, para Broué, «aquellos que luchan contra las revoluciones a medias no hacen más que cavar su propia tumba» (p. 14). Su objetivo era, añadían:

 «frente a la ignorancia, la negligencia y la falsificación, recrear esta lucha de la forma más veraz posible y librarla de la leyenda que la había enterrado prematuramente» (p. 7).

La primera parte recibió mayor atención. El intento de golpe militar de julio de 1936,  que desencadenó la Guerra Civil   provocó también una amplia revolución social en las zonas de España que se resistieron al golpe. Sin embargo, en los años posteriores a la guerra, los historiadores habían ignorado esta revolución o la habían tratado de forma insignificante. 

Utilizando el concepto de «doble poder», evocando lo ocurrido en la capital rusa Petrogrado tras la caída del régimen zarista en febrero de 1917, Broué explora la compleja situación que produjo el colapso del Estado republicano y cómo lo sustituyeron los comités locales que surgieron en 1936. El autor traza las etapas de la reconstrucción del Estado republicano bajo el gobierno de Largo Caballero (septiembre de 1936-mayo de 1937), con el telón de fondo de la derrota de las fuerzas republicanas en el campo de batalla. Las tensiones que esto produjo y el ascenso del partido comunista como partido de la contrarrevolución, fueron antecesores  de la crisis que estalló en Barcelona en mayo de 1937, tras la cual los grupos y partidos revolucionarios fueron marginados bajo el nuevo gobierno de Juan Negrín. 

En la segunda parte del libro, Témime argumenta que la falta de apoyo a la República  por parte de Gran Bretaña y Francia fue crucial para el resultado de la guerra, convirtiendo en la práctica la casi inevitable derrota de los generales rebeldes en una inevitable victoria. Esto indica la discordia en sus relatos: Broué considera que la derrota de la revolución privó al esfuerzo de guerra  republicano del entusiasmo de campesinos y obreros. Témime, por su parte, identifica el miedo a la revolución social como un motivo clave de la hostilidad de las clases altas británicas y francesas  por la República .

El historiador estadounidense Gabriel Jackson, cuyo propio relato The Spanish Republic and the Civil War 1931-1939 fue publicado en 1965, escribió una entusiasta reseña del libro. En la Hispanic American Historical Review de 1962, Jackson elogió la obra como «la mejor interpretación general disponible sobre la revolución de 1936 y la guerra», añadiendo que:

«es especialmente valiosa para el análisis de la CNT (Confederación Nacional de Trabajadores), el POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) y los anarquistas tanto en las zonas industriales como en las rurales de Cataluña».  

En Francia las críticas fueron más variadas, con Antoine Prost en la Revue d’histoire moderne et contemporaine (octubre-diciembre de 1962), señalando la falta de un análisis adecuado por parte de los autores del periodo republicano de preguerra y los problemas agrarios de España. Prost, sin embargo, elogió la obra como un importante avance en el estudio del conflicto, añadiendo que era necesario seguir investigando y que la historia de la guerra todavía estaba por escribir. Después de que finalmente se publicara en inglés en 1972, la historiadora estadounidense Temma Kaplan lo describió como el «mejor volumen» sobre la Guerra Civil en una reseña en la Hispanic American Historical Review (1974).  

Los dos autores tuvieron una destacada trayectoria como historiadores en Francia pero, lamentablemente, La Révolution et la Guerre d’Espagne nunca se actualizó para incluir nuevas fuentes e  interpretaciones.

La obra The Spanish Civil War de Hugh Thomas se convirtió rápidamente en la obra de referencia en inglés sobre el tema, lo que proporcionó al autor fama y riqueza. Thomas no tenía formación en historia de España  y, de hecho, empezó  por aprender  español. Al igual que Broué y Témime, tuvo la ventaja  de poder entrevistar a muchas de las figuras clave que habían sobrevivido. Quizás como reflejo de su breve carrera anterior como diplomático, Thomas hizo hincapié en los aspectos internacionales y diplomáticos del conflicto. Podemos describir su enfoque como «narrativo»; a veces esto le lleva a agrupar en dos o tres páginas acontecimientos simultáneos  en lugares diversos (Salamanca, Barcelona, Bilbao, Washington, Londres, etc.). Quizá este enfoque narrativo fue la clave del éxito del libro: contar la historia de la guerra a una generación de lectores foráneos que no recordaba los acontecimientos, así como a una generación mayor cuyas memorias estaban fragmentadas.

The Spanish Civil War recibió críticas favorables en la prensa británica, incluso de periodistas como Claude Cockburn, que había informado sobre la guerra, así como de Peter Kemp, uno de los pocos voluntarios británicos que había luchado en el ejército rebelde de Franco. En Estados Unidos, Vincent Sheean, que había cubierto la guerra para el New York Herald Tribune, lo elogió en el New York Times (9 de julio de 1961) diciendo:  

«hay algo bastante maravilloso en un libro escrito sobre algo que el autor nunca vio y nunca podría haber visto» (…)  (Thomas) «lo ha entendido increíblemente bien y lo ha escrito magníficamente». 

Sin embargo, algunos historiadores se mostraron menos impresionados. En la reseña de la Hispanic American Hispanic Review citada anteriormente, Jackson criticó al autor por basarse demasiado en relatos de historiadores franquistas como Manuel Aznar. Esto, argüía, llevó a Thomas a dar por auténtico lo que Jackson describe como «un documento evidentemente falsificado», sobre un supuesto  un complot comunista para derrocar a la República. Los militares sublevados intentaron legitimar el golpe y la dictadura de Franco fundamentándose en dicho supuesto complot. 

También criticó que Thomas aceptara la cifra franquista del número de personas asesinadas en la zona republicana, tomada de la Causa General.

Jackson también criticó lo que llamó «el desagradable tono de desprecio» que adopta al hablar de la represión «como si se tratara de las costumbres melodramáticas de un pueblo bárbaro». Concluyó que: 

«Es recomendable desde un punto de vista estrictamente académico  por su cobertura de los aspectos internacionales, pero como historia militar y política de España confunde más que ilumina”. 

Dentro de España, se reseñó The Spanish Civil War en revistas académicas como la Revista de Política Internacional (nº 60, 1962) y la Revista de Estudios Políticos (nº 161, 1961), pero Thomas admitió  que no había ninguna posibilidad  de que se publicara en el país.  

A pesar de ello, se convirtió en una obra importante en la España franquista, pues la publicó traducida al español Ruedo Ibérico, que se había establecido en París para desafiar la censura del régimen. El libro se pasó de contrabando por la frontera y se vendió clandestinamente. La primera tirada en español, de 5.000 ejemplares, se agotó rápidamente. 

La popularidad del libro en España obligó a Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo (1962-1969), a crear un centro de estudios sobre la Guerra Civil bajo la dirección de Ricardo de la Cierva, en un intento de reafirmar la versión del régimen de Franco sobre la Guerra Civil como una «cruzada» contra el marxismo, el liberalismo y la masonería. 

En 1965 se publicó una edición revisada en inglés de The Spanish Civil War en formato de bolsillo y se revisó sustancialmente para las ediciones tercera y cuarta, que se publicaron en 1977 y 2003. Para entonces, las opiniones políticas del autor habían cambiado significativamente, lo que le llevó a convertirse en un asesor clave del gobierno conservador de Margaret Thatcher en la década de 1980. Las ediciones posteriores son mucho más largas que la original, llevan notas a pie de página mucho más extensas y responden a algunas de las críticas de la primera edición. En particular, Thomas amplió su análisis del proceso revolucionario de 1936-37 que, como tantos otros escritores antes de Broué y Témime, había pasado por alto totalmente  en la primera edición. También mejoró y amplió su relato de la Segunda República con la ayuda y  consejo de Paul Preston, que había sido su estudiante de doctorado.

Sesenta años después de su publicación, ¿cómo podemos valorar estos dos libros? Los autores tuvieron la ventaja de poder entrevistar a muchos de los supervivientes pero, en aquella época, muchos archivos estaban cerrados, especialmente en España, donde el régimen vigilaba estrechamente cualquier objeción a la versión oficial de la historia del país. Tanto La Révolution et la Guerre d’Espagne como las primeras ediciones de The Spanish Civil War han sido desbancadas  hace tiempo por el trabajo de historiadores posteriores, pero los autores fueron pioneros en este campo y tuvieron un impacto duradero. Sus libros dieron a conocer la historia de la guerra a nuevas generaciones de lectores -tanto dentro como fuera de España- y algunos de ellos/as continuaron investigando y escribiendo sobre el tema.

[Traducción del inglés: Laura Cuesta]

Pierre Broué and Emile Témime, La Révolution et la Guerre d’Espagne, Les Edicions de Minuit, 1961. Hugh Thomas, The Spanish Civil War, Eyre & Spottiswoode, 1961.

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PHOTO COLLAGE: Original 1961 book covers

Pedimos al Gobierno que reconozca como derecho fundamental el acceso a la información

Innovación y Derechos Humanos nos hemos adherido a la Declaración de la Coalición Pro Acceso -de la que somos miembros-, en el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, que se celebra internacionalmente hoy. Se ha presentado en el marco del IV Congreso Internacional de Transparencia en Alicante.

Este año hemos participado activamente en la versión final de la Declaración, que podéis leer íntegramente aquí, y destacamos la importancia de los siguientes puntos:

Forman parte de los diez principios de la Coalición ProAcceso los siguientes:

  1. El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de toda persona.
  2. El derecho de acceso a la información se aplica a todas las entidades públicas, a todos los poderes del Estado y a todas aquellas entidades privadas que realicen funciones públicas.
  3. El derecho de acceso a la información se aplica a toda la información elaborada, recibida o en posesión de las entidades públicas, sin importar cómo esté almacenada.
  4. Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito

Se incorporan a la Declaración de este año:

  • d. Acceso abierto a la documentación histórica: Publicación de los instrumentos de descripción en formato abierto de todos los fondos de documentos históricos, para facilitar el acceso a la investigación de los mismos.
  • j. Mayor publicación proactiva; Se publique más información de forma proactiva, en formatos reutilizables, especialmente aquella información que es de mayor interés público, así como la relacionada con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y aquella que ha sido solicitada frecuentemente por la ciudadanía.
  • k. Conocimiento abierto: Se publique la información derivada de investigaciones científicas e informes de consultorías financiados con recursos públicos con licencias que permitan su reutilización.
  • l. Transparencia de los algoritmos: Dar acceso al código fuente de programas y algoritmos utilizados por las administraciones públicas, así como garantizar el acceso a los datos y programas contratados que se utilizan para entrenar a los algoritmos, permitiendo la posibilidad de auditar los resultados que se arrojen con el uso de esta tecnología.
  • n. Registros Abiertos: Acceso en formato abierto a todos los datos contenidos en los registros públicos, priorizando el Registro Mercantil

El peso del pasado ausente

Hoy 15 de junio es el aniversario de las elecciones generales de 1977, las primeras celebradas en España tras la muerte del General Franco y un importante punto de referencia en la transición que siguió a la dictadura. Para marcar esta fecha, IHR publica esta reseña de un nuevo libro de Sebastiaan Faber, Profesor de Estudios Españoles en Oberlin College, Ohio. 

En años recientes ha sido habitual atribuir muchas características de la política española a las limitaciones de la transición. Algunas personas han demandado una reforma de la Constitución de 1978 y una segunda transición. La exhumación de los restos de Franco y su traslado del Valle de los Caídos en Octubre de 2019 [Ver ¿Dónde murieron los trasladados al Valle de los Caídos? ] atrajo rápidamente la atención de los medios de comunicación internacionales. Faber utiliza el simbólico significado de dicho traslado como punto de partida para una discusión sobre la España contemporánea y la influencia del franquismo en su problemático siglo veintiuno. Esta influencia se puede resumir con las palabras del historiador Jaume Claret:

(H)ablando en términos generales, podemos decir que para la sociedad española -para la España democrática- el pasado está ausente. En el sentido que simplemente no existe. Y, sin embargo, el peso de ese pasado ausente es innegable (p.231).

El libro se basa en entrevistas hechas a una variedad de observadores/as españoles/as, la mayoría periodistas e historiadores/as durante 2019-2020. Faber no reivindica que abarquen toda la diversidad de opiniones existente en España: remarca que la mayoría de personas entrevistadas «se identifican como progresistas y no conservadoras» pero defiende este aspecto añadiendo que: «el debate sobre las cuestiones que motivan este libro ha sido más intenso y variado en la Izquierda que en la derecha» (p. 21).  De hecho, los diversos enfoques y opiniones de las personas entrevistadas lo convierten en un estimulante debate que da qué pensar y será de interesante lectura tanto en España como en los países anglosajones.  

En el libro se debaten los legados de la dictadura y de la transición en términos institucionales (por ejemplo, el fracaso de la reforma tanto de la judicatura como de las universidades) y sociológicos. 

No todos los entrevistados consideran igualmente importantes esos legados. El periodista José Antonio Zarzalejos atribuye gran parte de la polarización política actual de España a la negativa del Partido Popular a aceptar su derrota en las elecciones de 2004. Tal vez valga la pena señalar que Vox -y, en menor medida, el Partido Popular- se han mostrado igualmente reacios a aceptar la legitimidad del actual gobierno liderado por los socialistas. Otro entrevistado, el crítico cultural Ignacio Echevarría, argumenta que los políticos de izquierdas han exagerado la importancia del legado franquista con fines políticos, y atribuye muchos de los rasgos de la España moderna a su patrón de desarrollo en los últimos 200 años. 

A pesar de los desacuerdos entre los participantes en el libro, surgen temas comunes; entre ellos, la falta de reformas institucionales tras la muerte de Franco. Una de las consecuencias de ello, según el periodista Guillem Martínez, es el «constitucionalismo», que él considera como una «interpretación reaccionaria» de la Constitución, utilizada para defender los mitos tanto de la dictadura como de la Transición (p. 84). El juez Joaquim Bosch destaca la falta de independencia judicial, que atribuye en parte al hecho de que los jueces sepan que el ascenso a la más alta judicatura depende de que consigan el apoyo de uno de los dos principales partidos políticos. Las universidades del país también se mantuvieron intactas durante la transición, y algunas de ellas se han visto afectadas por escándalos en los últimos años. El historiador Luis de Guezala contrasta la destrucción del sistema de enseñanza superior durante la depuración franquista tras la Guerra Civil con la ausencia de cambios de personal tras la muerte de Franco. 

Varios entrevistados, entre ellos la periodista Cristina Fallarás, subrayan el modo en que las principales corporaciones empresariales de España descienden de empresas que se beneficiaron de las políticas de la dictadura de Franco: la expropiación de bienes de los partidarios de la República, la dependencia del trabajo forzado tras la Guerra Civil y la represión del movimiento obrero en connivencia con el régimen. Varios comentaristas destacan que pervive la influencia de las grandes corporaciones en gran parte de la prensa española, y esto se suma al poder que todavía ejerce el gobierno español sobre la radiodifusión.  

Faber identifica diversas asunciones respecto a la democracia y también el lenguaje de la política entre los legados menos obvios de la dictadura. Como señala, muchos políticos de derechas y sus partidarios todavía utilizan expresiones que datan de la dictadura; por ejemplo, se refieren despectivamente a la gente de izquierdas como «rojos», mientras etiquetan a los partidarios de la independencia vasca y catalana como «separatistas» o agentes de la «anti-España». Guillem Martínez sostiene que el problema no es el franquismo en sí, sino que la cultura democrática española ha «normalizado» tanto el franquismo que la sociedad no es consciente de la influencia de la dictadura. Se estigmatizó la política, y mucha gente desestima los temas considerados «políticos» como algo indecoroso y partidista. 

Al mismo tiempo, es evidente, como sostienen muchos de quienes colaboran en el libro, que rasgos destacables que se atribuyen a la dictadura ya existían en España mucho antes. El historiador Ricard Vinyes señala que el franquismo se limitó a heredar las ideas y opiniones más conservadoras y reaccionarias de períodos anteriores. El historiador del derecho Sebastián Martín coincide, e identifica entre ellas una visión jerárquica de la sociedad y una visión «uniforme» e «imperial» de España como sociedad católica. Emilio Silva, uno de los fundadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (AHRM), coincide en esto y añade que el franquismo bloqueó -y sigue bloqueando- la modernización del país.  

Existe un acuerdo casi unánime respecto a la insuficiente enseñanza escolar de la historia de la España del siglo XX, y la necesidad urgente de un tratamiento más amplio y mejor fundado . Aunque la Guerra Civil y la dictadura están en el plan de estudios, aparecen al final en un programa sobrecargado. Por ello, a menudo no se cubren, quizá para alivio de parte del profesorado, ya que se consideran temas controvertidos políticamente. En cualquier caso, gran parte del profesorado no tiene suficiente formación para impartir estos temas. Fernando Hernández Sánchez, formador de profesorado de secundaria, señala que, en la práctica heredada del tardofranquismo de explicar la Guerra Civil como una lucha “entre dos bandos” no sólo se evita mencionar que la guerra se inició con una revuelta militar contra un gobierno elegido democráticamente, sino que también se contribuye a perpetuar una equivalencia moral en la línea de «ambos bandos tuvieron la culpa» y «ambos bandos cometieron atrocidades». Hernández describe el conocimiento del pasado por parte de la población como un «agujero negro», según él en aumento. Señala que tal ignorancia del pasado es terreno abonado para el crecimiento de los mitos de la derecha.    

Aunque el Gobierno ha anunciado medidas en este contexto, las personas entrevistadas por Faber no son optimistas respecto a que finalmente se adopten. Guillem Martínez pide que se legisle para obligar a los tribunales a anular las sentencias dictadas por los tribunales de la dictadura franquista, porque estas sentencias expresan la idea de que el franquismo era una forma legítima de autoridad. Sostiene que la ley de 2017 aprobada por la Generalitat de Cataluña que anulaba las sentencias franquistas fue «falaz» porque la anulación de sentencias no es función de los parlamentos  [Ver Víctimas del franquismo en Catalunya, finalmente en opendata]. Lógicamente, cualquier anulación de este tipo por parte de los tribunales plantearía la cuestión de la incautación por parte de la dictadura de los bienes de quienes habían apoyado a la República. Antonio Maestre pide la revocación del Decreto Ley de Incautación de Bienes Materiales de 1936 que autorizaba dicha confiscación. 

Es difícil hacer justicia en una reseña a la variedad y complejidad de los argumentos presentados en este breve libro. En la conclusión, Faber apunta que, en algunos aspectos, España no es el único país que se enfrenta a estos retos. Como argumenta, muchos otros países, a menudo vistos desde España como «normales», también tienen problemas para lidiar con su conflictivo pasado violento, ya sea en relación con una dictadura, el dominio imperial o la esclavitud. También señala que la derecha populista de todo el mundo quiere presentar la historia como un motivo de orgullo para la ciudadanía, ensalzando a los «héroes» del pasado. Vox no es único en esto, ni plantea una novedad en el contexto español. Es un punto relevante y, aunque la mayoría de los lectores buscarán ayuda en este libro para entender la España contemporánea, mucho de lo escrito debería hacer reflexionar a quien lea desde otro país sobre su propia sociedad y la celebración de versiones míticas de cualquier historia nacional propia.  

Sebastiaan Faber, Exhuming Franco: Spain’s Spanish Transition (Vanderbilt University Press, 2021)

La publicación de una edición española está prevista en 2022.

[Traducción del inglés: Concha Catalan]

Nuevo Buscador de Represaliados de la Guerra Civil

Uno de los logros  del mundo digital es que la ciudadanía podemos  agregar nuestra propia tecnología si un producto de la burocracia administrativa resulta ser inútil para nuestro propósito . Así ha hecho Hernán Fernández, ingeniero de proyectos en el sector del agua, que en su tiempo libre libera datos de la Guerra Civil y el Franquismo.  

El Buscador de Represaliados de la Guerra Civil española, desarrollado por Hernán, indexa registros existentes en documentos de archivo, otras fuentes oficiales e investigadores independientes. Uno de sus logros destacables es indexar 2,5 millones de registros del Fichero de la Secretaría General y de la Sección Político Social de los Servicios Documentales de Presidencia de Gobierno (1937-1967) del Portal de Archivos Españoles (PARES), desde donde son accesibles junto a los de otros archivos.  

El Fichero de PARES está formado por 69 ficheros ordenados alfabéticamente. Contiene fichas de personas susceptibles de ser represaliadas por su pasado contrario a la implantación de la dictadura franquista  [“contrario al Movimiento Nacional”, según la descripción de PARES] y también fichas de quienes tenían alguna vinculación con el régimen franquista: los gobernadores civiles, procuradores en Cortes, alcaldes, delegados de la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET de las JONS), funcionarios, etc.

Una de las fichas de Federico García Lorca en el Fichero de la Secretaría General y de la Sección Político Social en el Portal de Archivos Españoles

Este nuevo buscador es inédito porque incorpora un algoritmo que identifica resultados similares, pensado expresamente para facilitar la búsqueda de personas con apellidos habituales pero útil en todos los casos. A Hernán lo motivó una inquietud personal: los apellidos de algunos de sus familiares represaliados son muy comunes, lo que dificulta aun más la búsqueda de documentación.  Ahora lo ha solucionado para sí mismo y para el resto del mundo.

Recomendamos emplear este Buscador de Represaliados de la Guerra Civil española , recientemente vinculado al proyecto de largo recorrido combatientes.es , porque en el momento de publicar estas líneas, los registros en común con la base de datos de ihr.world  rondan solo los 600.000. En la base de datos de ihr.world, cada búsqueda da como resultado una página de 25 registros y entre ellos están los exactos (no siempre los primeros) y los más similares.  

En el nuevo buscador, los resultados se presentan en tres columnas. En la central, aparecen registros exactamente iguales al término de búsqueda y desde cada uno de ellos se redirige a la fuente original. En la columna derecha, aparecen listados todos los registros similares. Esto es muy útil porque en muchas ocasiones hay errores tipográficos en la transcripción. Ahora bien, pueden llegar a ser varios miles. 

Por ello, es útil la columna de la izquierda, que filtra la de la derecha y proporciona los registros más similares a nuestra búsqueda según varios parámetros.

Deseamos al Buscador de Represaliados de la Guerra Civil española mucho éxito y desde aquí, como siempre, estamos dispuestas a colaborar por el bien común.

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«Prison of Women» (Cárcel de mujeres), por Tomasa Cuevas

En un artículo de 2019 reseñamos el libro de Tomasa Cuevas Cárcel de Mujeres 1939-1945. Mencionamos que había sido publicado en inglés en 1998 con el título Prison of Women: Testimonies of War and Resistance in Spain, 1939-1975 (State University of New York Press, 1998). Nos equivocamos, pues Prison of Women es un libro diferente a cualquiera de los libros de Tomasa Cuevas publicados en español. 

Hoy, con motivo del 23 de abril, Día del Libro y Diada de Sant Jordi en Catalunya, publicamos este artículo para llamar la atención sobre un libro que probablemente será desconocido para nuestros lectores, y para destacar la notable vida y obra de Tomasa Cuevas (1917–2007) y de algunas de sus compañeras de prisión cuyas historias también se relatan.

Mary E. Giles, historiadora de Estados Unidos y autora de varios libros sobre la Inquisición en España tradujo Cárcel de Mujeres 1939-1945 al inglés. En una introducción explica cómo, por casualidad, en 1989, encontró el libro en una librería madrileña. Cinco años después, a través de una amistad en común, acordó encontrarse con la autora y pasaron tres días juntas seleccionando y organizando material de las tres publicaciones españolas de Cuevas. 

Prison of Women es el resultado de ese trabajo. Es a la vez una autobiografía de Cuevas y un retrato de aspectos de la dictadura en gran parte olvidados en España. Aunque la propia historia de Cuevas determina la estructura del libro, once de los veintitrés capítulos son extractos de entrevistas que grabó a finales de la década de 1970 con algunas de las mujeres a quienes había conocido en la cárcel.

Cuevas creció en Guadalajara y comenzó a trabajar a los nueve años en un taller de géneros de punto. A los diecisiete años era miembro del Partido Comunista de España. Pasó la Guerra Civil en una variedad de trabajos, algunos en hospitales. Al final de la guerra fue detenida tras ser reconocida y denunciada por un vecino de Guadalajara al ir a tomar un tren con destino a Madrid. En un consejo de guerra colectivo se la sentenció a treinta años de prisión y ahí comenzó su recorrido por el mundo de pesadilla del sistema penitenciario del régimen franquista. Su condena se redujo posteriormente a veinte años y en 1944 fue puesta en libertad condicional y obligada a vivir en Barcelona. Nuevamente arrestada en 1945 por reiniciar su actividad en el Partido Comunista, fue liberada en 1946 y vivió bajo nombres falsos hasta 1953, cuando escapó para vivir en Francia. En 1961, tras la detención en España de su marido, también militante del Partido Comunista, se le permitió volver a vivir en Barcelona.

Uno de los aspectos sobresalientes del libro de Cuevas es su retrato de la solidaridad mostrada entre las presas: la ayuda a las mujeres mayores y a las de mayor riesgo, el reparto de los paquetes de comida recibidos de los familiares, el apoyo a aquellas en espera de juicio y las actividades organizadas en la prisión para mantener la moral. En una prisión, por ejemplo, las reclusas más jóvenes jugaban cada noche a simular un juicio contra Franco, echando a suertes quién debía asumir el odiado papel del dictador.

Cuevas fue enviada a siete cárceles diferentes. En las cárceles de mujeres de Madrid y Barcelona, las presas se beneficiaban de visitantes que estaban en contacto con la red clandestina de apoyo a las presas del Partido Comunista. La mayoría de las cárceles fuera de Madrid y Barcelona estaban en conventos, donde –con una excepción–, parece que las monjas eran más duras con las presas que los guardias. La peor prisión fue la del pequeño pueblo vasco de Amorebieta, que las presas llamaban “el cementerio de las vivas”. Cuevas fue una de las 450 mujeres que llegaron una noche de 1942 a la ya abarrotada cárcel después de un viaje de un día en tren desde Santander. Así describe la escena a la mañana siguiente:

“Por la mañana pudimos ver los rostros de las mujeres en Amorebieta. Tenían la piel tan amarilla que parecían pertenecer a otra raza. Era obvio que se estaban consumiendo… La prisión era un infierno. Parecía como si las mujeres de Santander hubiésemos comido de restaurante todos los días”

Prison of Women, p. 86

En pleno invierno de 1940, se había enviado  a Cuevas y otras 350 mujeres desde Madrid hasta la localidad vasca de Durango en un tren de carga (primero tuvieron que limpiarlo, ya que se había utilizado para transportar animales). Después de viajar durante tres días llegaron al pequeño pueblo de Zumárraga, donde tuvieron que esperar durante la noche para cambiar de tren:

“Hacía mucho frío, e incluso antes de llegar a Zumárraga veíamos el suelo todo blanco de nieve … Cuando el pueblo se enteró de que había presas políticas en la estación, mucha gente se apresuró a venir a vernos e incluso a traernos cosas.”

Prison of Women, p. 51

“Todos los días llegaban nuevos grupos [de presas] a Durango … No había suficientes cárceles en toda España para tantas presas. Por eso, conventos como el de Durango se convirtieron en cárceles. Al final se alojó a más de dos mil mujeres en el convento reconvertido en cárcel de Durango junto a decenas y decenas de niños y niñas de edades que iban desde unos pocos meses –algunos habían nacido en la cárcel– hasta los tres y cuatro años”

Prison of Women, p. 52

Según su relato, cuando la población de Durango lo supo, se organizaron para proporcionar hogares a los menores de dos años hasta que sus familiares pudieran recogerlos. Recuerda que cuando la prisión se cerró, un año después, y los prisioneros fueron enviados a otro lugar, muchos lugareños se reunieron en la estación de tren para llevarles comida para el viaje. Quizás valga la pena recordar el nivel de represión en España en ese momento para valorar tales demostraciones de coraje y apoyo a las presas políticas: tan solo cuatro años antes, en abril de 1937, aviones de la Legión Cóndor alemana habían destruido Durango en un ataque muy similar al llevado a cabo en Guernica.

En las entrevistas a las compañeras de prisión se cuentan las historias de mujeres igualmente excepcionales y de la dureza de sus vidas. Entre ellas, las de Nieves Waldemer Santisteban, que dio a luz en la cárcel de Guadalajara; Rosario Sánchez Mora, que había ayudado a ensamblar toscas bombas usando dinamita durante la Guerra Civil y que perdió una mano en el proceso; Esperanza Martínez, detenida tras pasar un tiempo en la montaña con la guerrilla que combatió la dictadura en la década de 1940; y María del Carmen Cuesta , que era menor de edad cuando fue sentenciada a los quince años por pertenecer a las Juventudes Socialistas Unificadas, ala del Partido Comunista. También están las historias de tres mujeres: Victoria Pujolar, Adelaida Abarca and Angelita Ramos – que escaparon de la prisión de Les Corts en Barcelona y cruzaron la frontera hacia Francia.

Las historias de vida que se describen en este libro no son típicas de todas las mujeres que estuvieron en prisión durante los años de posguerra. Muchas de las entrevistadas por Cuevas habían sido miembros del Partido Comunista, y la propia Cuevas continuó activa en el partido y en la resistencia a la dictadura hasta después de la muerte de Franco en 1975. Sin embargo, su retrato de un aspecto a menudo olvidado de la dictadura franquista y de algunas de las vidas extraordinarias de mujeres que sobrevivieron a la represión de la posguerra, Prison of Women merece ser más conocido y, quizás incluso, ser traducido como tal al español.

[Traducción del inglés: Carlos Terraga]

Puede leer parte del libro en inglés aquí

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Los devotos y los desplazados: Una nueva historia de las Brigadas Internacionales

Durante la Guerra Civil miles de personas de otros países se ofrecieron como voluntarias para luchar por la República Española contra los insurgentes liderados por el general Franco. La mayoría de ellos se unieron a las Brigadas Internacionales. Se solía reclutar a los voluntarios a través de los partidos comunistas de sus propios países. Viajaban a España cruzando la frontera francesa, a menudo ilegalmente, o en barco desde Marsella. Hubo alrededor de 35.000 voluntarios en total, aunque menos de la mitad participaron simultáneamente en la contienda. Los reclutas procedían de muchos países, destacando en número los procedentes de Francia, Polonia, Italia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Yugoslavia y Checoslovaquia. Aunque una pequeña minoría eran escritores, artistas e intelectuales, la mayoría era de clase trabajadora. La mayor parte tenía poca formación o experiencia militar y, a su llegada a España, fueron enviados a Albacete para su formación. Lucharon en la mayoría de las principales batallas de la Guerra Civil. El 8 de febrero de 1939, cuando Cataluña fue ocupada por las fuerzas de Franco, las últimas unidades de las Brigadas cruzaron la frontera española hacia Francia. Con motivo de este aniversario, reseñamos el libro Las Brigadas Internacionales: Fascismo, libertad y la guerra civil española, por Giles Tremlett  (Editorial Debate, 2020), publicado el pasado mes de octubre en inglés y español. 

Aparte de las memorias de ex brigadistas, ha habido muchas publicaciones sobre las Brigadas Internacionales. La mayoría se ha centrado en voluntarios de países concretos o, en algunos casos, en los de ciudades concretas. Lo que distingue a este volumen de Giles Tremlett, ex corresponsal de The Guardian en Madrid, es que intenta abarcar a todos los brigadistas, independientemente de sus países de origen. En este sentido, es «internacional» pero, a diferencia de los relatos anteriores de este tipo, se ha beneficiado de la apertura de los Archivos Estatales de Rusia, utilizados ampliamente por el autor junto con archivos de otros lugares, incluidos los de Polonia, Países Bajos, España, Reino Unido y Estados Unidos. 

El libro está organizado cronológicamente en una serie de episodios con un tiempo específico, pero muchos de estos episodios se utilizan para explorar temas y problemas más amplios. Aunque las Brigadas se crearon formalmente en otoño de 1936, Tremlett inicia su relato con voluntarios anteriores. La mayoría estaban en Barcelona en el momento del golpe militar de julio de 1936, cuando la ciudad se preparaba para celebrar la inauguración de la “Olimpiada Popular” (organizada en protesta por las “Olimpíadas nazis” en Berlín). Entre los extranjeros que se unieron inmediatamente a las milicias para resistir frente a los sublevados hubo algunos de los deportistas. Tremlett finaliza su relato, tras la derrota militar de la República a principios de 1939, con una discusión sobre las experiencias de los voluntarios en la posguerra. 

Poster Olimpiada popular. Autor: Lewy, Fritz, 1893-1950; Contribución: Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria. Fuente: CRAI Pavelló de la República (Universitat de Barcelona)

La investigación de Tremlett en los archivos soviéticos revela que los voluntarios provenían de más países de los que se había establecido anteriormente, de sesenta y cinco de los estados soberanos independientes existentes entonces. 

Como explica en la introducción, la mayoría de los voluntarios provienen de dos categorías superpuestas de personas: «los devotos» y «los desplazados». Los devotos eran a menudo, pero no siempre, miembros del Partido Comunista. Los líderes del partido intentaron aprobar a los voluntarios según su motivación, experiencia militar, opiniones políticas y aptitud física, y más de la mitad de los voluntarios fueron miembros del partido. 

Sin embargo, en la década de 1930, Europa albergaba a un gran número de refugiados políticos de regímenes represivos. Aunque los más recientes eran Alemania y Austria, también hubo refugiados que escaparon de la represión política y el antisemitismo en Italia, Polonia, Hungría, Yugoslavia y otros lugares. Las comunidades de refugiados más numerosas incluían a quienes habían huido de los pogromos antisemitas en el Imperio Ruso y las personas desplazadas por la Revolución Rusa o por el colapso de los Imperios austrohúngaro y alemán tras la Primera Guerra Mundial. A estos debían añadirse los inmigrantes económicos, especialmente después de la caída de Wall Street de 1929 y el inicio de la Gran Depresión.  

La importancia de tales comunidades de refugiados para el reclutamiento queda clara en el relato de Tremlett, particularmente en el caso de los voluntarios polacos. Había grandes comunidades polacas fuera de Polonia, especialmente en Francia y Bélgica. Sólo alrededor del veinte por ciento de los brigadistas polacos fueron reclutados directamente desde Polonia; el resto provenía de lugares tan lejanos como Argentina. Unos 350 voluntarios polacos llegaron de Bélgica, de los cuales 131 eran judíos. De los 1.900 voluntarios de Bélgica, 800 eran, de hecho, inmigrantes recientes en ese país. Los judíos representaron alrededor del diez por ciento de todos los voluntarios, incluidos 200 de los de Bélgica. Los voluntarios de fuera de Europa también procedían con frecuencia de comunidades de inmigrantes: la mayoría de los voluntarios ucranianos, por ejemplo, procedían de Canadá. 

¿Qué peso tuvo la contribución de las Brigadas al esfuerzo bélico general de los republicanos? Tremlett evita con razón exagerar su papel. Desempeñaron un papel crucial para evitar que las fuerzas de Franco tomaran Madrid en el invierno de 1936-37. En las batallas del Jarama en febrero de 1937 y en Guadalajara unas semanas después, ayudaron a detener los intentos de los rebeldes de rodear la capital. Fueron utilizados como tropas de choque durante la guerra y desplegados en la mayoría de las batallas clave. El personal médico extranjero, a menudo mujeres, adscrito a las Brigadas, desempeñó un papel crucial en el establecimiento y entrenamiento de los servicios médicos de las fuerzas republicanas. Sin embargo, las Brigadas siempre fueron desplegadas como parte del ejército republicano y su contribución fue limitada. No combatieron en el Frente Norte, donde el País Vasco, Santander y Asturias quedaron aislados del resto del territorio republicano. A medida que avanzaba la guerra y la República entrenaba un nuevo ejército, se redujo la importancia relativa de las Brigadas. Las cinco brigadas se volvieron cada vez menos “internacionales” a medida que sus filas aumentaron con tropas españolas y algunos de los brigadistas supervivientes fueron desplegados tras las primeras líneas, en algunos casos entrenando a reclutas españoles.  

El régimen de Franco y algunos historiadores fuera de España han retratado a las Brigadas como un ejército comunista bajo el control de Moscú. La importancia de los miembros del partido, especialmente entre los oficiales y comisarios políticos, es bien conocida. Pero cada unidad tenía su propio carácter político: Tremlett retrata el Batallón Thälmann, de habla alemana, como más influenciado por la dirección del Partido Comunista que el Batallón Garibaldi, cuya dirección reflejaba la naturaleza más diversa del antifascismo italiano. Mientras figuras como el francés André Marty y el italiano Luigi Longo desempeñaron papeles clave en la base de las Brigadas en Albacete, los “asesores” soviéticos ocuparon muchos de los principales puestos militares. Entre ellos, los más importantes no fueron rusos sino húngaros, polacos y ucranianos, que operaban bajo nombres falsos. Estos incluían al húngaro Paul Lukacs, el ucraniano Emilio Kléber y el general polaco Walter, quienes habían servido en el Ejército Rojo. 

Las Brigadas sufrieron una tasa de mortalidad muy alta: alrededor de una cuarta parte de los voluntarios del Reino Unido, Francia y Canadá murieron, y Tremlett estima las muertes totales aproximadamente en un veinte por ciento, con una alta proporción de supervivientes heridos. El motivo queda claro en el relato de Tremlett: se usó a las Brigadas como tropas de choque, especialmente en los primeros meses cuando la República se esforzaba por entrenar un ejército para reemplazar a las milicias improvisadas que habían resistido el golpe militar. Esto implicó que a menudo se arrojara a los brigadistas a la batalla con un entrenamiento mínimo y con armamento anticuado. Hasta su retirada en septiembre de 1938, continuaron involucrados en gran parte de los combates más duros, con las consiguientes bajas. Su captura por parte de los ejércitos de Franco, especialmente durante la retirada republicana en Aragón a principios de 1938, a menudo resultó en ejecución inmediata, aunque cientos sobrevivieron para utilizarse en intercambios de prisioneros después de ser sometidos a un trato brutal en San Pedro de Cardeña, cerca de Burgos.   

San Pedro de Cardeña (Burgos). 22 de septiembre de 1938. Prisioneros internacionales. Ministerio del Interior / Sección técnica. Biblioteca Nacional de España. Imágenes bajo licencia CC-BY.

La retirada de las Brigadas se produjo en septiembre de 1938. Al mes siguiente se organizó un gran desfile en Barcelona, donde “La Pasionaria” (Dolores Ibarruri) les dirigió un célebre discurso de despedida. Posteriormente, los destinos de los brigadistas tomaron rumbos diferentes, como describe Tremlett en uno de los capítulos más interesantes. Algunos, como los británicos, estadounidenses, franceses y canadienses, regresaron a casa, a menudo para ser tratados con sospecha; en la década de 1950 fueron acusados ​​de «antifascismo prematuro» en los Estados Unidos. Sus antiguos camaradas de Alemania, Italia y otras dictaduras europeas fueron a menudo menos afortunados. En enero de 1939, unos 3.200 voluntarios, principalmente alemanes, italianos, polacos y otros europeos del este todavía estaban en España porque regresar a sus propios países significaba el encarcelamiento o la muerte. A medida que las fuerzas de Franco avanzaban sobre Barcelona, ​​se les pidió que regresaran al campo de batalla en un vano intento de ayudar a evitar la derrota militar.

En marzo de 1939, tras la caída de Cataluña, más de 5.700 brigadistas estaban retenidos en campos de internamiento franceses. Algunos jugarían un papel importante en la Resistencia francesa; otros serían deportados a campos nazis, donde pocos sobrevivieron. Algunos de los voluntarios polacos hicieron el viaje a través del norte de África hasta la URSS, donde Stalin reclutó un ejército polaco contra Alemania. La contribución de algunos brigadistas también fue importante en otros países, participando por ejemplo en las fuerzas partisanas que operaron en Italia y Yugoslavia, donde los cuatro ejércitos partisanos de Tito estaban dirigidos por ex brigadistas. Algunos de los europeos del este sobrevivieron para desempeñar papeles políticos importantes después de 1945, sobre todo en la República Democrática Alemana, donde seis ex brigadistas se convertirían en ministros del gobierno, mientras que otros desempeñaron funciones clave en el ejército y las fuerzas de seguridad. 

Más de ochenta años después, ¿cómo vemos a quienes se ofrecieron como voluntarios y arriesgaron sus vidas en las Brigadas Internacionales? En el pasado, muchos escritores los vieron como figuras heroicas que dejaron sus países de origen y se arriesgaron a morir para detener la propagación del fascismo. Para el régimen de Franco –y para los protagonistas de la Guerra Fría en Occidente– eran meros aventureros o un ejército invasor de marxistas bajo el control de Moscú. Tremlett logra evitar una u otra caracterización, señalando que no todos eran buenas personas y que, como en cualquier gran grupo, había cobardes y psicópatas, así como quienes estaban dispuestos a arriesgar su vida en virtud de una causa noble. Este reconocimiento de la diversidad de los brigadistas, así como la amplitud de las fuentes utilizadas, hacen de esta una historia de las Brigadas genuinamente internacional, que debe ser leída por cualquier interesado en la Guerra Civil o en la Europa de entreguerras. 

La base de datos más completa de integrantes de las Brigadas Internacionales es SIDBRINT, de la Universitat de Barcelona, que incluye información de más de 30.000 personas voluntarias. 

Giles Tremlett, Las Brigadas Internacionales: Fascismo, Libertad y la Guerra Civil Española (Editorial Debate, 2020).

SOBRE LA FOTO DE SAN PEDRO DE CARDEÑA [Nota añadida 4 marzo 2021] La foto muestra a prisioneros de guerra de las Brigadas Internacionales dando el saludo fascista. Esto se exigió a todos los prisioneros, españoles y no españoles, en San Pedro y en otros campos de prisioneros. Según el voluntario estadounidense Carl Geiser, que estuvo preso en San Pedro entre abril de 1938 y febrero de 1939, los brigadistas encarcelados -principalmente británicos y estadounidenses- acordaron entre ellos dar el saludo fascista para evitar las palizas que se daban a los presos que se negaban. Agrega que “los sargentos ignoraban los saludos torpes con tal de que no se cerrara el puño” (Carl Geiser, Prisoners of the Good Fight, 1986, p. 129). La obligación de dar el saludo fascista acompañado por el grito del nombre del dictador, y también las palizas administradas a los prisioneros, forman parte de las numerosas contravenciones de la Convención de Ginebra de 1929 sobre el trato a los prisioneros de guerra por parte de los militares rebeldes.

[Traducción del inglés: Carlos Terraga]

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FOTO DE PORTADA: Despedida de miembros de la Brigada Internacional XV, posiblemente el Batallón Inglés, durante la Batalla del Ebro en el campo de fútbol de Marçà (Tarragona), Octubre 1938. Autoría: Concern Illustrated Daily Courier – Illustration Archive, Public domain, via Wikimedia Commons.

Masacre de Atocha: 44 años después

El 24 de enero de 1977 tres terroristas de extrema derecha irrumpieron pasadas las diez y media de la noche en un despacho de abogados laboralistas del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en la madrileña calle de Atocha. Abrieron fuego y asesinaron a los abogados laboralistas Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo. También mataron al estudiante de derecho Serafín Holgado y al administrativo Ángel Rodríguez Leal. Además, en el atentado fueron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Lola González Ruiz.

En un contexto de violencia política, impunidad de la extrema derecha y agitación social, la masacre se produjo como reacción al paulatino avance en derechos y libertades durante la transición a una democracia constitucional tras la muerte de Franco en noviembre de 1975. El objetivo habría sido desestabilizar el frágil gobierno de Adolfo Suárez. Pero el terrible atentado terrorista no provocó violencia, sino la unidad de la izquierda: más de cien mil personas acompañaron al cortejo fúnebre en silencio.

«Hasta siempre en la libertad por la que disteis la vida», tituló el Mundo Obrero, órgano (y periódico) del Comité Central del Partido Comunista después del funeral. El 9 de abril de 1977, el presidente Adolfo Suárez ordenó la legalización del Partido Comunista.

Décadas más tarde podemos constatar el impacto de la masacre, y el papel relevante de otros abogados de Atocha, compañeros/as de los asesinados, en la protección de los derechos civiles en nuestra democracia. La memoria de ese asesinato perdura también en la Fundación Abogados de Atocha y en Comisiones Obreras. Ambos acaban de colaborar en la publicación de un libro que creemos importante y oportuno reseñar.

Es conocido que Manuela Carmena escapó de la masacre porque cambió la sede de su reunión. Juan José del Águila, también posteriormente magistrado, estaba convocado a esa misma reunión, como cuenta en justiciaydictadura. com.

El Tribunal de Orden Público (TOP) y su papel en la represión del tardofranquismo

El abogado laboralista y luego magistrado de lo social, hoy ya jubilado, Juan José del Águila, publicó en el año 2001 en la Editorial Planeta la que sería primera edición de un libro fundamental para conocer la represión política arbitrada a través del Tribunal de Orden Público. El libro tuvo una buena acogida entre los lectores especializados, fue presentado por el autor en varias instituciones, desde el Colegio de Abogados de Madrid, el Ateneo, el Club de Amigos de la Unesco y en el local que hoy ocupa la Fundación de Abogados de Atocha, entonces de la secretaría de Formación y Empleo de la Unión Sindical Madrid Región (USMR) de CCOO. Ese libro debió resultar incómodo para demasiada gente allí nombrada y el caso es que, pese a seguir con un buen impacto de ventas, fue retirado del mercado por la editorial y saldada y destruida la edición. Felizmente hoy el autor, tras la posibilidad de incorporar nuevos materiales judiciales al trabajo realizado, ha podido presentar una segunda edición actualizada que está ya en las librerías y de la que Enrique Lillo ha hecho una reseña, publicada anteriormente en el blog Según Antonio Baylos [Madrid, 6 Noviembre 2020] junto con este párrafo. Agradecemos a ambos su permiso para reproducirla.

COMENTARIOS AL LIBRO DE JUAN JOSÉ DEL ÁGUILA, EL TOP. LA REPRESIÓN DE LA LIBERTAD 1963-1977, 2ª edición

por Enrique Lillo Pérez

El libro ha sido editado por la Fundación Abogados de Atocha, creada por la Unión Sindical de Madrid Región CCOO, con el apoyo del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y con el apoyo del Consejo General de la Abogacía, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y evidentemente CCOO Madrid.

En esta 2ª edición el prologo de la misma es realizado por la Presidenta Emérita del Tribunal Constitucional y Catedrática del Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid, Dª María Emilia Casas Baamonde.

Juan José del Águila fue abogado laboralista y penalista, e intervino habitualmente en defensa de los procesados ante el tribunal de orden público.

Es gran conocedor y estudioso de todo lo relativo a la represión y a los mecanismos e instituciones de la dictadura franquista. De los funcionarios públicos, policiales (Brigada Político Social), militares (juzgados militares especiales para la represión de la masonería y el comunismo, contra las actividades extremistas y juzgados sobre responsabilidades políticas, consejo de guerra y auditores militares y autoridades judiciales militares, como los capitanes generales de las regiones militares) y judiciales (tribunal de orden público y sus precedentes cronológicos descubiertos por la investigación de Juanjo del Águila, como son los juzgados de instrucción de febrero de 1956 y de mayo de 1957, desempeñados por jueces de 1ª instancia e instrucción de Madrid, que habían sido designados por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, presidia por el Presidente José Castan Tobeñas, y con competencia para instruir sumarios por supuesto delitos de reunión ilegal, publicación de impresos clandestinos y de propaganda ilegal).

La lectura del libro es obligada para todo ciudadano/a que quiera conocer, como parte indispensable de nuestra memoria histórica y de la propia memoria democrática, los mecanismos institucionales utilizados por la represión franquista a través de las torturas practicadas por miembros de la brigada político social u otros funcionarios públicos o militares, y de los encarcelamientos decretados por los órganos institucionales antes descritos, así como las masivas condenas a muerte que fueron acordadas en consejos de guerra sumarísimos y sin garantías procesales ninguna.

En la actuación de aquellos órganos represivos no concurría de manera alguna los requisitos imprescindibles en cuanto a imparcialidad del órgano juzgador, derecho de defensa a través de letrado, presunción de inocencia superada solo con prueba de cargo valida y suficiente y practicada ante el órgano judicial y derecho al recurso. Requisitos imprescindibles para poder calificar la existencia de una justicia que actúa con objetividad y con imparcialidad y conforme a un principio estricto de legalidad en la tipificación de los hechos acreditados mediante prueba válida practicada en el acto de juicio oral con inmediación y defensa del acusado.

El análisis exhaustivo de Juanjo del Águila tiene un rigor histórico y jurídico insuperable. El mismo rigor con que viene realizando publicaciones en su blog personal de https://justiciaydictadura.com/  que resulta también de imprescindible consulta para entender la realidad de la represión política y de la violencia institucional en la dictadura de Franco, y para entender sus instrumentos y mecanismos, lo que constituye un deber imprescindible y necesario para recuperar una memoria histórica y democrática en España.

En el prologó de María Emilia Casas se afirma que resulta fundamental un relanzamiento del nuevo libro, que debe ocupar el lugar que debería haber ocupado la 1ª edición publicada por Editorial Planeta y con prologó de Gregorio Peces Barba.

Con esta nueva edición Juan José del Águila se ha convertido en una de las voces más autorizadas de la historiografía sobre las jurisdicciones especiales del ordenamiento de excepción de la dictadura franquista y sin lugar a dudas en la voz más autorizada sobre el tribunal de orden público. Ha realizado una gran labor de examen y publicidad de las sentencias y actuaciones del tribunal de orden público y de las muchísimas personas que fueron condenadas, encarceladas por decisión de este tribunal y de sus actuaciones, así como de las actividades realizadas por la brigada político social a través de sus atestados e informe, sin que la práctica de tortura realizada por la misma, hubieran sido nunca fiscalizadas o restringidas por el tribunal de orden público, sino totalmente legitimadas por el mismo.

El libro se detiene en el examen del caso Julián Grimau, que fue fusilado [Nota: en abril de 1963] tras un consejo de guerra sumarísimo y de nuevo sin ninguna garantía procesal, sentencia que fue confirmada por la autoridad judicial militar máxima entonces, que era el capitán general de Madrid, García Valiño, y sin que tuviera ninguna clase de recurso contra esta decisión. La resolución de condena de muerte fue confirmada expresamente por Franco y el gobierno entonces existente, negándosele el indulto reclamado desde muchas instancias internaciones e incluso por el Papa Pablo VI, y a pesar de la noble y fundada defensa que de Julián Grimau hizo el militar asignado para la defensa Alejandro Rebollo.

La detención de Julián Grimau, cualificado dirigente del Partido Comunista de España, dio lugar, no solo a su tortura, sino a muchos montajes mentirosos. Como los hechos publicados en la prensa entonces existente como el Diario ABC, que afirmaban falsamente que Julián Grimau se había intentado suicidar tirándose por la ventana de la Dirección General de Seguridad, y que este intento fue lo que provocó las múltiples lesiones y patologías que como consecuencia de la tortura tenía.

Juanjo del Águila desmenuza en su libro los detalles importantes, y además tras la lectura de las memorias políticas de Fraga Iribarne [Nota: entonces Ministro de Información y Turismo] y de otros documentos históricos, llega a la conclusión de que por iniciativa del dictador Franco y de sus más apasionados y fanáticos colaboradores se retrasó maliciosamente la publicidad del proyecto de ley del gobierno sobre la creación del Tribunal de Orden Público.

Este proyecto atribuía la competencia para enjuiciamiento de hechos que venían conociéndose por la jurisdicción militar de los consejos de guerra al citado tribunal.

Por ello se acordó silenciar el acuerdo del Consejo de Ministros sobre aprobación del citado proyecto de ley a que se consumara la ejecución y asesinato de Julián Grimau, que de esta manera se convirtió en un crimen de Estado.

Si hubiera tramitado el proyecto de ley del gobierno sobre creación del Tribunal de Orden Público en la fecha en que Fraga indicó en sus memorias políticas, el asunto de Grimau sometido a la jurisdicción militar, primero a través de la actuación del juez militar de instrucción para la represión de actividades extremistas y comunistas, Coronel Eymar, y posteriormente a través del Consejo de Guerra celebrado en la región militar de Madrid, se debería haber paralizado y haberse remitido todas las actuaciones al Tribunal de Orden Público de inminente creación y entrada en funcionamiento.

Por ello, se retrasó maliciosamente la aprobación por el gobierno de Franco de 1963 del proyecto de ley de creación y entrada en funcionamiento de Tribunal de Orden Público. Para de esta manera la condena a muerte de Julián Grimau predeterminada fuera cumplida y ejecutada.

Además de este retraso malicioso y prevaricador de la fecha en que oficialmente se aprueba el proyecto de ley antes citado, que es posterior a la fecha en que el gobierno decide realmente la aprobación del proyecto de ley, según las fuentes documentales utilizadas por Juanjo del Águila, el libro comentado desvela otros aspectos transcendentales, como la utilización de supuestos denuncias anónimas contra Julián Grimau que se formulan después de su detención y tortura ante la brigada político social de Barcelona, y que son la base para su condena, atribuyéndole supuestos hechos delictivos protagonizados durante la guerra civil.

Juanjo del Águila describe también el papel de Ruiz Jiménez, Procurador de las Cortes franquistas, en su enmienda a la totalidad contra la citada ley de creación del Tribunal de Orden Público, invocando para ello la declaración universal de derechos humanos y le encíclica de Juan XXIII (Cardenal Roncalli) “Pacem in terris”, publicada el 11 de abril de 1963.

El estudio de Juanjo del Águila realizado en esta transcendental obra penetra también en la descripción sociológica de los ciudadanos/as sometidos a enjuiciamiento y condena del Tribunal de Orden Público, con sus mecanismos habituales de prisión provisional en vez de libertad provisional y cumplimiento de la condena durante el recurso de Casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y validación como prueba de cargo de los informes y notas de la brigada político social, olvidándose de la regla procesal de que la prueba válida para una condena penal es exclusivamente la practicada en el acto de juicio oral, y no los informes gubernativos previos.

En esta descripción sociológica se analiza los muchísimos trabajadores, obreros, sindicalistas, técnicos, profesionales y estudiantes que sufrieron la represión. Muchos de ellos no eran militantes políticos o sindicales habituales, sino personas que se había limitado a participar en reivindicaciones laborales o sociales de mejoras sobre el mínimo nivel de vida entonces existente, o que habían expresado su opinión en asambleas o habían participado en manifestaciones de protesta o de difusión escrita u oral de sus problemas.

Resulta claro por tanto, que la actuación del Tribunal de Orden Público era la de represión y castigo con la cárcel, por el ejercicio individual o colectivo de derechos fundamentales protegidos ya en los años 60 y 70 por los textos internaciones de declaración de derechos humanos, o convenios internacionales de la OIT (entre otros, el derecho a la libertad sindical, derecho a la libertad de expresión, de información, de negociación colectiva, derecho a protagonizar acciones de conflicto para conseguir mejoras).

El Tribunal de Orden Público estaba integrado por jueces profesionales y  el autor analiza el papel negativo de la cúpula judicial de la dictadura y de la fiscalía del Tribunal Supremo, en relación con estos mecanismos de represión.

Su actuación fue de convalidación y aplicación de los mismos, con lo cual no solo fueron los miembros del Tribunal de Orden Público, que muchos de ellos ascendieron durante la transición política al Tribunal Supremo, los que participaron en la represión, sino también las cúpulas de las estructuras judiciales, sobre todo de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con el papel destacado de Adolfo de Miguel que llegó a Presidente de esa Sala, y que en 1981-82 fue el defensor del militar golpista Milans del Bosch.

Estos hechos históricos no deben ser olvidados, porque forman parte de la memoria democrática e histórica de la lucha contra la dictadura franquista, la cual gozó siempre no solo del apoyo de los mandos militares, sino de quienes controlaban las estructuras judiciales, el ministerio fiscal, y los propios aparatos policiales, especialmente la brigada político social.

Para terminar hay que señalar que a diferencia de otros países europeos, nuestro país durante los años 60 y 70 no gozó de la denominada edad de oro del derecho del trabajo y de la seguridad social, con el estado de bienestar que se fue consolidando en Europa tras la victoria en la II Guerra Mundial contra los nazis.

En nuestro país se mantuvo durante muchos años la pobreza y miseria, y no se reconocieron los derechos colectivos y humanos antes indicados durante el tiempo de la dictadura.

Lo que si se conoció fue unas actuaciones totalmente ejemplares y épicas que debe ser reivindicada hoy en día por la sociedad civil española de muchos trabajadores, sindicalistas especialmente de CCOO, estudiantes, técnicos y profesionales que se atrevieron a reclamar sus derechos y defenderlos y a reclamar la libertad y la igualdad consustanciales con la democracia. En este contexto de actuación ejemplar y épica, los entonces abogados laboralistas, entre otros Juanjo del Águila, mediante la defensa de los trabajadores en Magistratura de Trabajo y de trabajadores, sindicalistas, estudiantes y técnicos ante el Tribunal de Orden Público, tuvieron un papel que no ser olvidado y que forma parte de la memoria histórica y democrática del país.

Por ello, hay que leer este libro.

FOTO: El cortejo fúnebre de los abogados de Atocha. Madrid, 26 de enero de 1977. Autor desconocido. Public domain.

La farsa del proceso de Burgos de 1970

El consejo de guerra a dieciséis presuntos miembros de ETA en Burgos en diciembre de 1970 provocó manifestaciones y huelgas en España, y protestas en Europa y otros lugares. Los franquistas de línea dura del llamado bunker las utilizaron para atacar a los «modernizadores» del Opus Dei en el gobierno español y para presionar a Franco para que aplicara de nuevo la severa represión de los años de la posguerra. El juicio, en sesiones abiertas a las que asistían periodistas extranjeros, y la crisis consiguiente, socavaron una imagen que la dictadura había cultivado cuidadosamente en el exterior: la de un régimen benevolente que presidía la modernización de España. Publicamos este relato de la crisis y su trascendencia en la historia del franquismo cuando se cumple el quincuagésimo aniversario del inicio del juicio, el 3 de diciembre de 1970.

Aunque los orígenes de ETA se remontan a principios de la década de 1950, no fue hasta finales de la de 1960 cuando el grupo lanzó una serie de ataques violentos contra objetivos en las provincias vascas españolas. En relación con el Proceso de Burgos, los más importantes ocurrieron en 1968. En junio un agente de la Guardia Civil resultó muerto en un tiroteo. En agosto Melitón Manzanas, jefe de la Brigada Político-Social (la policía política del régimen) de San Sebastián-Donostia fue asesinado en la puerta de su casa en Irun. En consecuencia, en Gipuzkoa se impuso el estado de excepción y la acción policial en las provincias vascas produjo la detención masiva de sospechosos. A lo largo de 1969 y 1970 se aplicaron largas penas de prisión a los condenados en consejo de guerra en Burgos (capital de la VI Región Militar), por delitos como distribuir propaganda de ETA y asistir a reuniones ilegales.

Durante los años sesenta, el régimen franquista había intentado presentar en el exterior una imagen muy diferente a la de su brutal origen durante la Guerra Civil y la represión de la posguerra. Algunos periodistas extranjeros, como el británico George Hills, aceptaron la versión del régimen, que presentaba a Franco como un benevolente hombre de familia. El periodista estadounidense Benjamin Welles, por ejemplo, escribió que Franco llevaba «zapatos deportivos blancos y negros y un traje de verano» cuando lo entrevistó en julio de 1962 (Benjamin Welles, The Gentle Anarchy, 1965, p. 369).

El contraste con lo que estaba ocurriendo en Burgos no podía ser mayor. En la mayoría de países, los consejos de guerra estaban -y están-, restringidos al personal militar acusado de delitos militares. En España, por el contrario,  los militares sublevados habían proclamado la ley marcial en julio de 1936 y esta se impuso hasta 1948. Durante y después de la Guerra Civil, los consejos de guerra, que a menudo duraban unos minutos, dictaron duras penas, incluida la pena de muerte, a miles de personas cuya representación legal corría a cargo de oficiales del ejército [ver Los Sumarísimos]. Incluso después de superada la ley marcial, los tribunales militares continuaron en uso especialmente para las personas acusadas ​​en virtud del Decreto de 1960 sobre rebelión militar, bandidaje y terrorismo; delitos que, en otros países, eran tratados por tribunales civiles.

La tensión creció en España antes del juicio. El 22 de noviembre, los obispos de Bilbao y San Sebastián emitieron una carta pastoral conjunta declarando ilegítima toda violencia y pidiendo la conmutación de las condenas a muerte solicitadas durante la instrucción. Estallaron huelgas en todo el País Vasco y en otras partes de España. El 30 de noviembre, en una escena sin precedentes desde la Guerra Civil, manifestantes ocuparon la Plaza Catalunya de Barcelona y se enfrentaron a la policía en las Ramblas. Al día siguiente, el secuestro por parte de ETA de Eugen Beihl, cónsul honorario de Alemania Occidental en San Sebastián-Donostia, atrajo la atención de toda Europa.

En el juicio, de una semana de duración, estuvieron presentes siete periodistas españoles, cuyos relatos apoyaban al régimen, y trece corresponsales extranjeros. Entre los dieciséis acusados había dos mujeres y dos sacerdotes. Los abogados, que se ganaron la admiración de los corresponsales extranjeros por su valentía, ayudaron a los acusados ​​a desvelar los objetivos de ETA y a denunciar las torturas policiales. La fiscalía centró su caso en el asesinato de Manzanas y lo basó principalmente en confesiones obtenidas bajo tortura. Al iniciarse el interrogatorio por parte de los abogados defensores el tercer día, los acusados retiraron sus confesiones, describieron gráficamente cómo habían sido torturados y denunciaron la represión estatal a los vascos. Esto produjo la suspensión de la vista del día siguiente y, al reanudarse el juicio, se impidió a los acusados ​​hacer declaraciones generales o desviarse de las preguntas. El periodista francés Edouard de Blaye describió la reacción del último imputado, Mario Onaindia,  durante su interrogatorio:

Gritando Gora Euskadi Askatuta (‘Viva el País Vasco Libre’), el preso saltó al estrado y trató de agarrar un hacha que había entre las pruebas documentales amontonadas en el suelo. Alarmados, dos de los magistrados desenvainaron sus espadas. Uno de los policías levantó su revólver y apuntó al prisionero, pero lo bajó por temor a darles a los jueces. Onaindia, derribado e inmovilizado, quedó rápidamente indefenso. Mientras tanto, en la sala del tribunal, se produjo un gran alboroto. Los quince prisioneros, encadenados juntos, se enzarzaron en un forcejeo con los guardianes a su cargo. Una vez sometidos, empezaron a cantar a coro el viejo himno vasco Euzko gudarik gera … Desde los bancos públicos se alzaban los gritos: “¡Asesinos! ¡Viva ETA! «

Edouard de Blaye, Franco and the Politics of Spain, 1976, pp. 296-7

Se pidió que la gente abandonara la sala y, cuando el juicio se reanudó a puerta cerrada, el proceso fue muy breve. Los abogados defensores se negaron a llamar a los veinticinco testigos que tenían previsto presentar. En su discurso, el fiscal pidió la pena de muerte para seis de los acusados ​​y 752 años de prisión.

Durante las tres semanas siguientes, los siete jueces consideraron su veredicto a puerta cerrada. Mientras Beihl permanecía rehén en un lugar secreto en Francia y los prisioneros esperaban el veredicto, aumentó la tensión en toda España. El 12 de diciembre, trescientas personalidades de la cultura catalana se encerraron en la abadía de Montserrat, emitieron un manifiesto de protesta, y marcharon el 14 de diciembre para evitar que se asaltara la abadía. El Vaticano y varios gobiernos europeos pidieron clemencia.

Los franquistas de línea dura también reaccionaron. El 14 de diciembre, tras una reunión de altos mandos del ejército, una delegación de cuatro capitanes generales visitó a Franco en El Pardo para expresar la preocupación de los militares respecto a la situación. Horas más tarde se suspendió el habeas corpus, permitiendo la detención indefinida de los presos. En un contexto de reuniones de protesta en toda Europa, el 16 de diciembre se organizó una gran manifestación franquista en la Plaza de Oriente de Madrid, y se trasladó a trabajadores rurales desde distintos lugares en autobús a la ciudad para el evento. Durante los días siguientes, se produjeron manifestaciones similares a favor del régimen en otras ciudades importantes. El espectáculo de grandes multitudes dando saludos fascistas y cantando el Cara el Sol (himno falangista), en escenas que recuerdan a la Italia fascista y la Alemania nazi, no hicieron más que contribuir al impacto del proceso en Europa occidental. La semana del 28 de diciembre, el no-do, que se proyectaba en todos los cines españoles antes de la película, mostró imágenes de esas multitudes en Madrid [ver ese no-do aquí].

El día de Navidad, sin conocerse la decisión de los jueces, ETA liberó a Eugen Biehl. Tres días después, finalmente, se anunció el veredicto: uno de los dieciséis acusados ​​fue absuelto, tres recibieron dos condenas a muerte cada uno; otros tres fueron condenados a muerte y, entre todos ellos acumularon un total de más de 500 años de prisión. Después de una reunión de gabinete dos días después, Franco anunció su decisión de conmutar las penas de muerte.

La crisis marcó un punto de inflexión en lo que más tarde supondría la desintegración del régimen franquista ya que, ante la inminente muerte del dictador, el búnker aunó fuerzas contra los partidarios de la «modernización». Como ha escrito Paul Preston, “la torpeza del régimen había unido a la oposición como nunca antes; la Iglesia era profundamente crítica y los franquistas más progresistas estaban empezando a abandonar lo que veían como un barco que se hunde. ”(Preston, Franco, 1993, p. 754). El juicio fue también un episodio desastroso de relaciones públicas pues recordó a la gente y a los gobiernos de toda Europa occidental y América los orígenes de la dictadura y su crónico carácter represivo y violento [Ver aquí videos de archivo de las manifestaciones en Londres y en París].

Los quince presos condenados fueron liberados en virtud de la Ley de Amnistía de 1977. Tres de los condenados a muerte jugarían más tarde un papel importante en la política española. Entre 1993 y 2000 Mario Onaindia fue senador por Euskadiko Ezkerra, después de ser diputado en el Parlamento vasco, donde también lo fueron Eduardo Uriarte y Jokin Goristidi; Uriarte entre 1980 y 1988 por Euskadiko Ezkerra y Goristidi entre 1980 y 1994 por Herri Batasuna. Además, Itziar Aizpurua, condenada a quince años de prisión, representó a Herri Batasuna en el Parlamento vasco de 1982 a 1986 y de 1994 a 1998, y en el Congreso entre 1986 y 1993.
Tres de los abogados defensores también tuvieron carreras parlamentarias después de la muerte de Franco. Gregorio Peces Barba, fue diputado socialista desde 1977 y presidente del Congreso de los Diputados entre 1982 y 1986, además de miembro de la Ponencia constitucional a la que se encargó la elaboración del texto de la Constitución española de 1978. Juan María Bandrés representó a Euskadiko Ezkerra como senador entre 1977 y 1979 y luego estuvo en el Congreso entre 1979 y 1989. Josep Solé Barberà fue también diputado en el Congreso por el Partido Comunista entre 1979 y 1982.

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Imagen: El Diario de Burgos. Biblioteca Virtual de Castilla y León.