El peso del pasado ausente

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Hoy 15 de junio es el aniversario de las elecciones generales de 1977, las primeras celebradas en España tras la muerte del General Franco y un importante punto de referencia en la transición que siguió a la dictadura. Para marcar esta fecha, IHR publica esta reseña de un nuevo libro de Sebastiaan Faber, Profesor de Estudios Españoles en Oberlin College, Ohio. 

En años recientes ha sido habitual atribuir muchas características de la política española a las limitaciones de la transición. Algunas personas han demandado una reforma de la Constitución de 1978 y una segunda transición. La exhumación de los restos de Franco y su traslado del Valle de los Caídos en Octubre de 2019 [Ver ¿Dónde murieron los trasladados al Valle de los Caídos? ] atrajo rápidamente la atención de los medios de comunicación internacionales. Faber utiliza el simbólico significado de dicho traslado como punto de partida para una discusión sobre la España contemporánea y la influencia del franquismo en su problemático siglo veintiuno. Esta influencia se puede resumir con las palabras del historiador Jaume Claret:

(H)ablando en términos generales, podemos decir que para la sociedad española -para la España democrática- el pasado está ausente. En el sentido que simplemente no existe. Y, sin embargo, el peso de ese pasado ausente es innegable (p.231).

El libro se basa en entrevistas hechas a una variedad de observadores/as españoles/as, la mayoría periodistas e historiadores/as durante 2019-2020. Faber no reivindica que abarquen toda la diversidad de opiniones existente en España: remarca que la mayoría de personas entrevistadas «se identifican como progresistas y no conservadoras» pero defiende este aspecto añadiendo que: «el debate sobre las cuestiones que motivan este libro ha sido más intenso y variado en la Izquierda que en la derecha» (p. 21).  De hecho, los diversos enfoques y opiniones de las personas entrevistadas lo convierten en un estimulante debate que da qué pensar y será de interesante lectura tanto en España como en los países anglosajones.  

En el libro se debaten los legados de la dictadura y de la transición en términos institucionales (por ejemplo, el fracaso de la reforma tanto de la judicatura como de las universidades) y sociológicos. 

No todos los entrevistados consideran igualmente importantes esos legados. El periodista José Antonio Zarzalejos atribuye gran parte de la polarización política actual de España a la negativa del Partido Popular a aceptar su derrota en las elecciones de 2004. Tal vez valga la pena señalar que Vox -y, en menor medida, el Partido Popular- se han mostrado igualmente reacios a aceptar la legitimidad del actual gobierno liderado por los socialistas. Otro entrevistado, el crítico cultural Ignacio Echevarría, argumenta que los políticos de izquierdas han exagerado la importancia del legado franquista con fines políticos, y atribuye muchos de los rasgos de la España moderna a su patrón de desarrollo en los últimos 200 años. 

A pesar de los desacuerdos entre los participantes en el libro, surgen temas comunes; entre ellos, la falta de reformas institucionales tras la muerte de Franco. Una de las consecuencias de ello, según el periodista Guillem Martínez, es el «constitucionalismo», que él considera como una «interpretación reaccionaria» de la Constitución, utilizada para defender los mitos tanto de la dictadura como de la Transición (p. 84). El juez Joaquim Bosch destaca la falta de independencia judicial, que atribuye en parte al hecho de que los jueces sepan que el ascenso a la más alta judicatura depende de que consigan el apoyo de uno de los dos principales partidos políticos. Las universidades del país también se mantuvieron intactas durante la transición, y algunas de ellas se han visto afectadas por escándalos en los últimos años. El historiador Luis de Guezala contrasta la destrucción del sistema de enseñanza superior durante la depuración franquista tras la Guerra Civil con la ausencia de cambios de personal tras la muerte de Franco. 

Varios entrevistados, entre ellos la periodista Cristina Fallarás, subrayan el modo en que las principales corporaciones empresariales de España descienden de empresas que se beneficiaron de las políticas de la dictadura de Franco: la expropiación de bienes de los partidarios de la República, la dependencia del trabajo forzado tras la Guerra Civil y la represión del movimiento obrero en connivencia con el régimen. Varios comentaristas destacan que pervive la influencia de las grandes corporaciones en gran parte de la prensa española, y esto se suma al poder que todavía ejerce el gobierno español sobre la radiodifusión.  

Faber identifica diversas asunciones respecto a la democracia y también el lenguaje de la política entre los legados menos obvios de la dictadura. Como señala, muchos políticos de derechas y sus partidarios todavía utilizan expresiones que datan de la dictadura; por ejemplo, se refieren despectivamente a la gente de izquierdas como «rojos», mientras etiquetan a los partidarios de la independencia vasca y catalana como «separatistas» o agentes de la «anti-España». Guillem Martínez sostiene que el problema no es el franquismo en sí, sino que la cultura democrática española ha «normalizado» tanto el franquismo que la sociedad no es consciente de la influencia de la dictadura. Se estigmatizó la política, y mucha gente desestima los temas considerados «políticos» como algo indecoroso y partidista. 

Al mismo tiempo, es evidente, como sostienen muchos de quienes colaboran en el libro, que rasgos destacables que se atribuyen a la dictadura ya existían en España mucho antes. El historiador Ricard Vinyes señala que el franquismo se limitó a heredar las ideas y opiniones más conservadoras y reaccionarias de períodos anteriores. El historiador del derecho Sebastián Martín coincide, e identifica entre ellas una visión jerárquica de la sociedad y una visión «uniforme» e «imperial» de España como sociedad católica. Emilio Silva, uno de los fundadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (AHRM), coincide en esto y añade que el franquismo bloqueó -y sigue bloqueando- la modernización del país.  

Existe un acuerdo casi unánime respecto a la insuficiente enseñanza escolar de la historia de la España del siglo XX, y la necesidad urgente de un tratamiento más amplio y mejor fundado . Aunque la Guerra Civil y la dictadura están en el plan de estudios, aparecen al final en un programa sobrecargado. Por ello, a menudo no se cubren, quizá para alivio de parte del profesorado, ya que se consideran temas controvertidos políticamente. En cualquier caso, gran parte del profesorado no tiene suficiente formación para impartir estos temas. Fernando Hernández Sánchez, formador de profesorado de secundaria, señala que, en la práctica heredada del tardofranquismo de explicar la Guerra Civil como una lucha “entre dos bandos” no sólo se evita mencionar que la guerra se inició con una revuelta militar contra un gobierno elegido democráticamente, sino que también se contribuye a perpetuar una equivalencia moral en la línea de «ambos bandos tuvieron la culpa» y «ambos bandos cometieron atrocidades». Hernández describe el conocimiento del pasado por parte de la población como un «agujero negro», según él en aumento. Señala que tal ignorancia del pasado es terreno abonado para el crecimiento de los mitos de la derecha.    

Aunque el Gobierno ha anunciado medidas en este contexto, las personas entrevistadas por Faber no son optimistas respecto a que finalmente se adopten. Guillem Martínez pide que se legisle para obligar a los tribunales a anular las sentencias dictadas por los tribunales de la dictadura franquista, porque estas sentencias expresan la idea de que el franquismo era una forma legítima de autoridad. Sostiene que la ley de 2017 aprobada por la Generalitat de Cataluña que anulaba las sentencias franquistas fue «falaz» porque la anulación de sentencias no es función de los parlamentos  [Ver Víctimas del franquismo en Catalunya, finalmente en opendata]. Lógicamente, cualquier anulación de este tipo por parte de los tribunales plantearía la cuestión de la incautación por parte de la dictadura de los bienes de quienes habían apoyado a la República. Antonio Maestre pide la revocación del Decreto Ley de Incautación de Bienes Materiales de 1936 que autorizaba dicha confiscación. 

Es difícil hacer justicia en una reseña a la variedad y complejidad de los argumentos presentados en este breve libro. En la conclusión, Faber apunta que, en algunos aspectos, España no es el único país que se enfrenta a estos retos. Como argumenta, muchos otros países, a menudo vistos desde España como «normales», también tienen problemas para lidiar con su conflictivo pasado violento, ya sea en relación con una dictadura, el dominio imperial o la esclavitud. También señala que la derecha populista de todo el mundo quiere presentar la historia como un motivo de orgullo para la ciudadanía, ensalzando a los «héroes» del pasado. Vox no es único en esto, ni plantea una novedad en el contexto español. Es un punto relevante y, aunque la mayoría de los lectores buscarán ayuda en este libro para entender la España contemporánea, mucho de lo escrito debería hacer reflexionar a quien lea desde otro país sobre su propia sociedad y la celebración de versiones míticas de cualquier historia nacional propia.  

Sebastiaan Faber, Exhuming Franco: Spain’s Spanish Transition (Vanderbilt University Press, 2021)

La publicación de una edición española está prevista en 2022.

[Traducción del inglés: Concha Catalan]

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