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Las víctimas de la represión en Sevilla provincia

La base de datos de IHR ha sumado recientemente nuevos nombres gracias a la aportación del investigador José María García Márquez, que en 2012 publicó Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla (1936-1983) (Aconcagua Libros, ISBN:978-84-96178-94-6), cuyos datos ha compartido con el proyecto de ihr.world. 

En más de setecientas páginas, Márquez identifica miles de víctimas de la provincia de Sevilla, además de adentrarse en la historia del golpe militar, detallando los acontecimientos de cada pueblo de la provincia. Según reseña el autor en la introducción del tomo, Sevilla fue una provincia “especialmente masacrada por los rebeldes” y afirma que, junto a Córdoba y Badajoz, fue “la que más sufrió la sevicia de los militares sublevados”. 

La investigación de Márquez, tal y como expresa su autor, es fruto de un trabajo colectivo, donde la participación durante años de familiares, vecinos, investigadores e historiadores ha sido imprescindible para la configuración del libro.

El conjunto de datos Víctimas de represión por el golpe de estado revela un total de 11.287 víctimas. El 95% residía en la provincia de Sevilla en el momento de la represión; 502 personas eran residentes de otras provincias de España, 4 residían en otros países y de 7 desconocemos el lugar de residencia. 

Se conoce la provincia de nacimiento de tan solo la mitad de las víctimas. De ellas, la gran mayoría eran sevillanos de nacimiento (4.151), pero también encontramos personas nacidas en Huelva (269), Badajoz (207) y Cádiz (209), entre otros. Conviene destacar las 50 personas nacidas en países extranjeros que el conjunto de datos también recoge, entre los que se encuentran Argentina, Portugal o Gran Bretaña.

En cuanto al género, los datos revelan que entre las víctimas mortales hubo 759 mujeres, un porcentaje que no llega al siete por ciento. Con respecto a la edad, el 42% tenía entre 25 y 45 años y 160 personas eran menores de 18 años en el momento de su muerte o desaparición. 

El libro de García Márquez también recoge información sobre la fecha de la represión. La mayoría (6.614 en total) murieron o desaparecieron en 1936. En 1937 fueron 964 los represaliados.

El libro incluye, además, dos anexos cuyos datos también incorporamos a la base de datos. Se trata de Sevillanos muertos en el ejército republicano y de Víctimas de la violencia izquierdista. El primero incluye 254 registros, mientras el segundo recopila 479. Todas eran personas residentes de la provincia de Sevilla excepto tres: uno de Huelva, otro de Córdoba y un tercero del que se desconoce el lugar de residencia.

El trabajo de Márquez incluye también una tabla que simplifica las más de 500 causas de muerte que recopiló el autor según el texto de cada uno de los expedientes de cada archivo. No disponemos de esa información simplificada. Por esta razón, se ha optado por no incluir la causa de muerte en cada uno de los registros de la base de datos. En ocasiones, el redactado de la causa de la muerte era literal y variopinto: “A causa del dominio marxista de esta villa”; “A consecuencia del glorioso alzamiento nacional”, “Asfixia por ahorcadura”; “En refriega con las fuerzas liberadoras”. 

Sin embargo, hemos podido agrupar las causas de muerte más repetidas para realizar la siguiente visualización:

También según los datos, 75 hombres murieron en campos de concentración nazis en territorio austriaco, en Mauthausen-Gusen (incluido el subcampo de Steyr) y Hartheim. 

Asimismo, en 5.146 personas consta como causa de la muerte la aplicación del bando de guerra (leer aquí el bando de guerra de Queipo de Llano). El bando de guerra de Franco destituía a todos los representantes públicos y, en caso que continuaran en sus puestos, anunciaba que se les acusaría de “delito de rebelión”. Este delito y el de “auxilio a la rebelión” fueron los utilizados para aplicar graves condenas a las personas con alguna relación con la República

Quedan destituidos los Gobernadores Civiles y Delegados del Gobierno, Ayuntamientos, Cabildos, Mancomunidades interinsulares y cuantas Juntas de cualquier clase dependan de dichas Corporaciones. Los destituidos integrantes de ellas se abstendrán en el desempeño de su cometido a partir del instante de la publicación de este Bando y la contravención del mismo en este sentido se reputará como suficiente para considerarlos incursos en el delito de rebelión. (art 5º bando de guerra) 

Podemos destacar los siguientes nombres: Santos Blanco Escobar (15 años), Juan Calerón Gamero (15), José Cornejo Moreno (16), Juan González Espinosa (12), Antonio Herrera Pernía (12), Juan Moreno García (15) y Francisco Rivera Jiménez (14). A todos ellos se les aplicó el bando de guerra siendo menores de edad en el momento de la represión. 

Mantenemos una base de datos con 1,4M de registros de la Guerra Civil y el franquismo. Promovemos el derecho de acceso a la información. Suscríbete a nuestro boletín de noticias aquí y considera la posibilidad de hacer una donación aquí. ¡Gracias!

FOTO: Frente de Andalucía. Después de ser tomada Utrera, las fuerzas detienen a los cabecillas marxistas. Por Serrano (1888-1975) Photo Club. España – Delegación del Estado para Prensa y Propaganda. Biblioteca Nacional de España. Biblioteca Digital Hispánica.

La memoria democrática a debate

El pasado jueves se presentó en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Memoria Democrática. Félix Bolaños,  ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática señaló durante la presentación: “Planteamos, por primera vez en una ley, la condena y el repudio al golpe de estado del 18 de julio del 36”. Se refirió también a Ascención Mendieta: “el único delito de su padre fue ser el líder de UGT en su pueblo”. Y añadió:

“Todas las fuerzas políticas deberían entender que condenar la dictadura y homenajear a sus víctimas no es ideología; es justicia; es democracia”.

Entre otros aspectos, la norma modifica el régimen jurídico del conjunto del Valle de los Caídos como paso previo a su resignificación. El pasado julio tuve la oportunidad de asistir al curso “Memoria democrática y ciudadanía: El Valle de los Caídos en perspectiva comparada”, organizado por la Escuela de Verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). 

Inauguró el curso Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática del Gobierno actual. Explicó que el nuevo Proyecto de Ley de Memoria Democrática consta de 65 artículos (puede leerse aquí). Según Martínez López, este se centra en cuatro ejes fundamentales: la nulidad de las resoluciones jurídicas como los consejos de guerra, el papel de las mujeres (que sufrieron no solo represión política sino también de género), el reconocimiento del movimiento memorialista, y la creación de un censo de todas las víctimas.

Durante los tres días del curso se desarrollaron diversas ponencias que pusieron foco en el Valle de los Caídos y en una posible resignificación del espacio. Destacamos la intervención de Francisco Etxebarría, el reputado antropólogo forense a cargo de la operación que pretende llevar a cabo una primera exhumación en el Valle de los Caídos. Este recalcó la importancia de exhumar las fosas “para consolidar los valores democráticos y los Derechos Humanos”.

Según Etxebarría, que desde el año 2000 ha tenido un papel clave en la exhumación de 900 fosas y la recuperación de 10.000 cuerpos, la intervención en el Valle se consolida como “un reto sin precedentes”. La dificultad de la actuación, puntualizó, «viene especialmente marcada por la cantidad de víctimas enterradas en un mismo lugar». Son cerca de 30.000 cuerpos repartidos en diferentes niveles. 

En 2018, incorporamos a la base de datos de ihr.world los registros de 20.324 personas cuyos cadáveres fueron trasladados al Valle. Tal y como reseñamos entonces (leer aquí ) , en muchos casos estos cuerpos fueron trasladados sin el consentimiento ni el conocimiento de sus familiares.

Pedro Fausto Canales, que también participó en el curso de verano, es uno de los familiares afectados. Contó que su padre y su tío fueron llevados al Valle sin previa autorización ni conocimiento de su familia desde la fosa de la localidad abulense de Pajares de Adaja. Ahora Fausto forma parte de una de las 77 familias que han solicitado exhumar a sus allegados del Valle de los Caídos.

Joan Pinyol es otro de estos familiares. Su abuelo materno Juan Colom Solé, republicano, fue enterrado en la fosa común del cementerio de Lleida y también trasladado sin consentimiento al Valle. Pinyol es autor del libro ‘Avi, et trauré d’aquí’ (‘Abuelo, te sacaré de aquí’), cuya edición se ha actualizado en 2021 y participó en el documental del mismo nombre, que reseñamos aquí en 2017.

Las personas que han solicitado la exhumación de sus familiares han recibido una carta del Gobierno: 

Mediante el presente escrito quiero informarles de que hoy lunes 20 de septiembre comenzarán los trabajos previos para intentar la exhumación de su familiar (…) inhumado en el Valle de los Caídos, tal y como ustedes solicitaron a través de Patrimonio Nacional.

Sabemos que ha sido un proceso largo, pero era necesario tener las garantías técnicas y jurídicas para un operativo forense que quizá sea el más complejo que se ha acometido en nuestro país.

También es importante que todos seamos conscientes de las dificultades técnicas con las que vamos a encontrarnos, más de 60 años después de los traslados, y que entrar en las criptas no garantiza necesariamente que se encuentren a las personas que se buscan. Pero la decisión política es firme y se agotarán todos los medios técnicos en la búsqueda de su familiar. 

La creación de un censo de víctimas nos parece un aspecto fundamental del nuevo Proyecto de Ley de Memoria Democrática. Martínez López especificó que ahora mismo este censo solo se estudia desde el punto de vista de la metodología. El mes pasado, Gogora (Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del País Vasco) organizó una jornada sobre víctimas de la Guerra Civil donde diversas comunidades autónomas pudieron intercambiar por primera vez sus experiencias respecto a sus propias bases de datos de fallecidos de la Guerra Civil y la dictadura.  

Para la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), el proyecto de ley actual se queda corto:

“Hay una oficina de atención a las víctimas del terrorismo. ¿Por qué no crean una oficina de atención a las víctimas del franquismo?”

Emilio Silva en La Cafetera (14/10/2021)

FOTO: El Valle de los Caídos. Autora: Laura Cuesta.