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El Valle: para los Caídos en la cruzada… y otros

Texto: Concha Catalán / Laura Cuesta. Datos y mapas: Alejandro Zappala. Con la colaboración de Martin Virtel y Marta Martínez.

Después de Las fosas del Valle de los Caídos municipio a municipio, seguimos con otro artículo relacionado con la inclusión en nuestra base de datos de más de 23.000 nombres de personas cuyos restos fueron trasladados allí tras la exhumación de 500 fosas en diversas ocasiones con este objetivo [ver descripción].

La dictadura de Franco dio a conocer el proyecto de construcción del Valle de los Caídos exactamente un año después del final de la guerra civil, que se inició tras un golpe de estado fallido y se alargó por el apoyo logístico y económico de los gobiernos de Mussolini y de Hitler a los sublevados. 

Un aspecto que suele caracterizar a las dictaduras frente a los gobiernos democráticos, además de la falta de separación de poderes, es el afán de perpetuarse con la creación de grandes monumentos sin tener en cuenta las necesidades básicas de la población. En España, el final de la guerra dio paso a la dura posguerra, al hambre y a trece años de racionamiento de alimentos básicos, y de estraperlo [mercado negro].

Mientras tanto, así quedó redactado el proyecto del Valle de los Caídos en el decreto de 1 de abril de 1940 disponiendo se alcen Basílica, Monasterio y Cuartel de Juventudes, en la finca situada en las vertientes de la Sierra del Guadarrama (El Escorial), conocida por Cuelgamuros, para perpetuar la memoria de los caídos en nuestra Gloriosa Cruzada:

La dimensión de nuestra Cruzada, los heroicos sacrificios que la victoria encierra y la trascendencia que ha tenido para el futuro de España esta epopeya, no pueden quedar perpetuados por los sencillos monumentos con los que suelen conmemorarse en villas y ciudades los hechos salientes de nuestra Historia y los episodios gloriosos de sus hijos.
Es necesario que las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos, que desafien al tiempo y- al olvido y que constituyan lugar de meditación y de reposo en que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que les legaron una España mejor.
A estos fines responde la elección de un lugar retirado donde se levante el templo grandioso de nuestros muertos en que por los siglos se ruegue por los que cayeron en el camino de Dios y de la Patria. Lugar perenne de peregrinación en que lo grandioso de la naturaleza ponga un digno marco al campo en que reposen los héroes y mártires de la Cruzada.

Decreto 1 abril 1940 BOE 2 abril 1940

La denominación de Cruzada [Expedición militar contra los infieles, especialmente para recuperar los Santos Lugares] en el Boletín Oficial del Estado no fue casual, pues quienes apoyaron la sublevación equipararon la Guerra Civil a una lucha religiosa. Así tituló La Vanguardia la inauguración del Valle de los Caídos [y así la explicó ]

La Vanguardia, 2 de abril de 1959. Hemeroteca digital

Franco y muchos de sus seguidores dibujaban a la República como un enemigo demonizado, comunista, amante de la violencia anticlerical, al que era necesario erradicar: la anti-España. La Vanguardia reprodujo íntegramente el discurso de Su Excelencia (S. E.) el Jefe del Estado a lo largo de cuatro páginas, con este inicio:

El relato lo impregnó todo, y muy rápidamente: desde el culto a los caídos a la exaltación de la figura del líder carismático”, señala Javier Rodrigo en Cruzada Paz Memoria. La Guerra Civil en sus relatos.

De todos los miembros de Acción Española, Pemartín simbolizaría como ninguno el tránsito hacia el caudillaje totalitario [nota], basado en la experiencia fundadora de la guerra: «En una época de tremenda crisis, encarnando la Voluntad de Dios, [Franco] salva a un país –España–, a una civilización –Europa–, a la misma Obra de Dios en la tierra –la Cristiandad” [nota]. Defender a los católicos frente a la violencia sería una base fundamental de legitimidad que equilibraría y daría contenido al Alzamiento. “No podemos olvidar –señalaría en 1939 Eloy Montero– que acabamos de realizar una Cruzada y que el nuevo Estado es fruto de esa cruzada misma; que con sus Crucifijos, medallas y escapularios sobre el pecho fueron al campo nuestros soldados; que ha habido millares de mártires, víctimas de la horda por profesar su fe, y que falangistas, requetés y soldados dieron su vida en las trincheras por Dios y por España” [nota].

Rodrigo, Javier. Cruzada Paz Memoria. La Guerra Civil en sus relatos. (Editorial Comares, 2013) (p. 39)

De Valle de los caídos por Dios y por España a monumento a la reconciliación


En los diecinueve años transcurridos entre el anuncio del mausoleo y su mastodóntica construcción poco cambió en la rigidez de la dictadura respecto a la aplicación de la justicia militar a sus disidentes. [Ver ¿Qué eran los sumarísimos?].

Pero sí cambió el relato respecto al Valle -no los hechos, ni la documentación que se ha conservado–. Pasó de ser lugar de privilegio donde solo iban a reposar los Caídos por Dios y por España en la gloriosa Cruzada a monumento por la reconciliación entre sublevados y republicanos, tal como ahora se anuncia en la propia página de la Abadía. El cambio a este relato se produjo en un momento de apertura internacional de España.

En principio, el único requisito emitido por el régimen para ser enterrado en el monumento de San Lorenzo de El Escorial era ser español y católico. ¿Cómo es posible que se acabaran trasladando restos de víctimas republicanas al Valle de los Caídos? Nos lo explica la Doctora en Historia Contemporánea Queralt Solé, estudiosa del tema:

Los traslados de personas al Valle de los Caídos empezaron en 1958 y terminaron en 1983, cuando se trasladó el último cuerpo desde Vilafranca del Penedés. (…) Hay diversas fases en el traslado de los cuerpos. Inicialmente intentaron que todos los traslados fueran con consentimiento familiar. Luego se dieron cuenta de que no tenían suficientes restos, y entonces hay una segunda fase en la cual ya no esperaron el consentimiento de las familias.

Es destacable la situación de indefensión de las familias, tanto de combatientes del bando sublevado como republicano, pero especialmente de estos últimos, cuyos restos fueron trasladados al Valle no solo sin consentimiento, sino también sin conocimiento de esta circunstancia. [Ver La memoria democrática a debate]

La exploración de los datos del Ministerio revela además que desde algunos municipios se exhumaron fosas y trasladaron restos hasta en seis ocasiones, con números muy desiguales, en concreto 2.544 cadáveres (1.144 identificados) desde Teruel, en 1959, 1961, 1963 (julio y octubre) y 1964 (febrero y diciembre); y 73 restos desde Almería (todos identificados) en 1959, 1961, 1962, 1963, 1964 y 1968.

También hubo traslados a lo largo de cuatro años desde otras fosas: 4.015 cadáveres desde Zaragoza (3.769 identificados) en 1959, 1960, 1961 (23 enero, 2 febrero, 17 febrero, 28 febrero, 16 marzo, 4 abril y 16 mayo) y 1964; además se trasladó 115 restos desde Toledo (todos identificados) en 1959, 1962, 1968 (17 junio y 12 noviembre), y 1974.

Aquí puede verse otro mapa de símbolos proporcionales elaborado por Alejandro Zappala mediante el software QSIG con la procedencia de los restos no identificados [Ver mapa de Procedencia de la totalidad de los cuerpos trasladados aquí]

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Para organizar la exhumación de las fosas y el traslado de los restos desde un punto de vista administrativo, el régimen creó una comisión, cuya documentación principal se custodia en el Archivo General de la Administración (AGA), en Alcalá de Henares (Madrid). La comisión se encargaba de contactar a los Gobernadores Civiles mediante envío de unas circulares durante años, para que ellos, a su vez, trasladaran la petición de restos a los alcaldes de su provincia.

Administrativamente, todo se hace a nivel piramidal, desde lo que sería el Gobierno central y el Ministerio de Gobernación hacia los gobernantes, gobernadores y alcaldes (…) Aunque todo estuviera promovido por el régimen, los carlistas mostraron su oposición tanto al traslado de restos como al propio monumento. 

Queralt Solé, en entrevista con ihr.world

Además de las peticiones de restos mortales que cursaba la Administración Pública para llenar el Valle de los Caídos, las familias de los fallecidos también podían solicitar que los restos de sus allegados fueran trasladados al Valle.

El régimen puso anuncios en los periódicos con información para las familias (…) Lo podían pedir al Ayuntamiento y este lo vinculaba al gobernador civil. Ponían todas las facilidades. [La familia] no tenía que pagar nada, lo asumía todo el Estado.

Queralt Solé

Existe la hipótesis de que el gobierno decidía los municipios en que se exhumaban fosas teniendo en cuenta si estaban en lugares accesibles por carretera, ya que el macabro transporte de restos mortales en cajas individuales o colectivas se efectuaba en camiones. En la entrevista con Solé, la investigadora declaró: “Hay un momento en que se pide [a quienes organizaban los traslados de restos exhumados en cada municipio] que se trasladen [las cajas] a pie de carretera”. Es por ello que cobran aun más sentido los mapas de Alejandro, que incluyen el trazado las carreteras nacionales.

Existen también fosas de las que consta que se trasladó un número indeterminado de restos. Estas 500 fosas exhumadas para trasladar restos al Valle de los Caídos constituyen alrededor de un diez por ciento de la totalidad de fosas comunes con personas desaparecidas violentamente durante la Guerra civil o la represión política posterior. El Ministerio de Presidencia tiene registradas actualmente 4.945 fosas.

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Imagen: Cartel de propaganda Una cruzada, un destino [fragmento]. Biblioteca Digital Hispánica. Biblioteca Nacional de España. Original aquí. CC_BY


Las fosas del Valle de los Caídos municipio a municipio

Texto: Concha Catalán / Laura Cuesta. Datos y mapas: Alejandro Zappala. Con la colaboración de Martin Virtel y Marta Martínez.

En 1958 se inició un macabro tráfico de cadáveres a lo largo y ancho de las carreteras españolas para trasladar en camiones los restos de personas muertas durante la Guerra Civil. El objetivo: llenar con ellos el mayor mausoleo de la historia de España, el Valle de los Caídos, que sería inaugurado el uno de abril de 1959.

Hoy iniciamos una pequeña serie de artículos sobre el Valle de los Caídos y estos traslados de cadáveres.

En 2018 incorporamos a nuestra base de datos los más de 20.000 nombres de las víctimas trasladadas al Valle de los Caídos y sus provincias de origen. Lo explicamos en ¿Dónde murieron los trasladados al Valle de los Caídos?

Hoy damos un paso más y añadimos a esos nombres nueva información: el municipio desde el que fueron trasladados y la ubicación concreta de la fosa en el municipio, si esta consta en el mapa de fosas, ahora alojado en la web de Memoria Democrática del Ministerio [anteriormente en el de Justicia, ahora en el de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática]. Puedes leer aquí la descripción del conjunto de datos.

El análisis de los datos es posible gracias al trabajo de nuestro colaborador Alejandro Zappala, que además ha elaborado mapas de símbolos proporcionales mediante el software QSIG.

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Consideramos que merece la pena explicar este primer mapa, que constituye una verdadera metáfora de la herida de las fosas comunes exhumadas para su traslado al Valle en el territorio español. Las carreteras, rojas como venas, recorren España y a lo largo de las mismas se ubican los puntos en los que se exhumaron cadáveres para su transporte. El perfil geográfico de cada municipio donde se exhumó queda destacado en marrón oscuro como fosa latente bajo la marca de color, que indica el volumen total de personas cuyos restos fueron trasladados. Las zonas teñidas de granate más oscuro, cual moratones, corresponden a las zonas de mayor densidad de fosas con cuerpos exhumados. 

En el siguiente gráfico pueden verse los datos de las fosas exhumadas de los municipios desde los que se trasladó un mayor número de personas, con la proporción de personas identificadas y no identificadas de cada uno.

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Los datos revelan que los restos de 33.840 personas fueron trasladados al Valle desde un total de 500 fosas en 460 municipios del territorio español. Entre ellos, por ejemplo, Ramon Piñeiro Jiménez y Francisco Ramos Rubio, desde Ceuta, y Alfonso Prendes Estrada, desde Melilla. Los diez municipios desde los cuales más cadáveres se trasladaron fueron Zaragoza (4.024 personas), Griñón, Madrid (3.180), donde había un hospital de sangre del bando sublevado; Teruel (2.916), Madrid (2.124), Getafe, Madrid (1.552), Bot, Tarragona (1.194), Oviedo (1.040), Gandesa, Tarragona (923), Grado, Asturias (920) y Huesca (855). 

Los diez municipios de donde proceden más personas identificadas son Zaragoza,(3.769); Griñón (2.217), Madrid (1639), Bot (1.194), Teruel (1.142), Grado (870), Gandesa (863), Batea (835), Cella, Teruel (635) y Horta de Sant Joan, Tarragona (576).

Hay 11.688 restos de personas sin identificar. Sin embargo, desde algunos municipios, como Bot o Batea (Tarragona), no se trasladó a personas no identificadas. Porcentajes altos de trasladados identificados también se dan en Zaragoza (93%) y Gandesa (93,5%). Los sublevados tenían instrucciones para enterrar a los muertos con una botella de vidrio que contenía su nombre y graduación militar en el interior, y esto debió facilitar su identificación.  

Documents found in glass bottles alongside Francoist soldiers buried in the cemetery of Batea. From the Archivo Municipal de Batea (Tarragona). Cited in The valley of the fallen: a new El Escorial for Spain, por Queralt Solé

In the coming days we will publish more information on the transfer of the remains of the dead to the Valle de los Caídos.

PHOTO: Queralt Solé

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En memoria de Miguel Hernández

Antón Alexandre Jiménez

En el aniversario del nacimiento del poeta Miguel Hernández el 30 de octubre de 1910, publicamos hoy un artículo para recordar su poesía y su vida. Recomendamos una visita a su Casa Museo y un paseo por su ciudad natal, Orihuela. 

¡Y qué buena es la tierra de mi huerto!
hace un olor a madre que enamora,
mientras la azada mía el aire dora
y el regazo le deja pechiabierto.

Me sobrecoge una emoción de muerto
que va a caer el hoyo en paz, ahora,
cuando inclino la mano horticultora
y detrás de la mano el cuerpo incierto.

¿Cuándo caeré, cuándo caeré al regazo
íntimo y amoroso, donde halla
tanta delicadeza la azucena?

Debajo de mis pies siento un abrazo,
que espera francamente que me vaya
a él, dejando estos ojos que dan pena.

Con estos versos describía el poeta el oficio que heredó de su familia y del que orgullosamente presumía, pues  acostumbraba a presentarse ante la gente como “pastor poeta”. Así  consta en la Casa Museo Miguel Hernández,  que hoy se puede visitar en su Orihuela natal. Es este lugar un recóndito emplazamiento en el que cualquiera puede experimentar de primera mano las paredes y el huerto que inspiraron el día a día de Miguel Hernández. Se trata de una restauración de la vivienda del poeta, en la que desarrolló  su adolescencia y su vida adulta, rodeado de las cabras que le acompañaban y de la  higuera a la que tanto escribió. 

Mi carne, contra el tronco, se apodera,
en la siesta del día
de la vida, del peso de la higuera,
¡tanto!, que se diría,
al divorciarlas, que es de carne mía.

A escasos metros de la casa podemos encontrar la Fundación Cultural Miguel Hernández.  Además de acoger exposiciones y actos de carácter cultural, exhibe diversas piezas originales, así como diarios de la época en la que autor publicaba o se le mencionaba. 

22 agosto 1937. Nuestra Bandera.

Gracias a la digitalización de publicaciones históricas en el Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas de los Archivos Estatales, aquí puede leerse íntegramente el artículo Miguel Hernández en el Ateneo. Un gran poeta del pueblo en la guerra, en la página 5 del diario Nuestra Bandera, órgano del Partido Comunista, del 22 de agosto de 1937.

22 agosto 1937. Nuestra Bandera. Portada.

Pero los tributos a la memoria del ilustre poeta no se quedan aquí. Desde 2012 , quienes habitan el barrio de San Isidro lo hacen rodeados de murales que escenifican la obra del poeta:  El sol, la rosa y el niño, las nanas de Cebolla o Vientos del pueblo son algunos de los muchos poemas que hacen relucir las fachadas del barrio.

Aunque el apoyo  institucional a esta iniciativa es reciente, el origen de los murales se remonta al Homenaje de los pueblos de España a Miguel Hernández , una iniciativa popular que se realizó por primera vez en 1976. Por aquel entonces, un grupo de escritores y artistas de distintas vertientes y orígenes tiñeron a este humilde barrio del color de la memoria. Entre ellos había  personajes tan ilustres como el escultor Antonio Ballester, los pintores José Luis Cacho y  Mario Candela Vicedo, y el pintor ceramista  Arcadio Blasco, entre otros.  

Orihuela, octubre 2021. FOTO: Antón Alexandre Jiménez

Hoy en día, el barrio es un museo al aire libre que cualquiera puede visitar por su cuenta, aunque el ayuntamiento ofrece una visita guiada a aquellos que así lo deseen. En marzo de cada año, conmemorando la fecha de la muerte del poeta se realizan distintos actos culturales en el barrio: cuidado de los murales, concurso de fotografía, conciertos.

En Orihuela y otras localidades de la zona de la Vega Baja puede seguirse también la llamada Senda del poeta, en memoria de quien un día pintó sus calles de esperanza. Tiene como objetivo rememorar la figura de Miguel Hernández con cantos, charlas, lecturas y visitas guiadas.

Miguel Hernández pasó por dos consejos de guerra [cuyas referencias podéis encontrar en nuestra base de datos aquí]. Su condena a muerte fue conmutada a 30 años [ver referencia aquí], pero murió enfermo de tuberculosis en la cárcel de Alicante a los 32 años. Fue triste e injustamente sepultado en el olvido durante décadas.

La cadena SER le dedicó el año pasado una serie de podcasts tomando como punto de referencia la documentación de sus dos procesos, que custodia el Archivo General e Histórico de Defensa. Podéis escuchar la serie Miguel Hernandez: Dos procesos contra un poeta en los siguientes enlaces. No nos han funcionado los de la web de la emisora:

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FOTO: Patio de la Casa Museo Miguel Hernández. Autoría: Antón Alexandre Jiménez

El silencio roto: Así sonaban las cárceles franquistas

Laura Cuesta / Núria Noguera (con la colaboración de Guillermo Nasarre)

Hoy 21 de junio, para conmemorar el Día Europeo de la Música, publicamos un artículo dedicado al proyecto El Silencio Roto, de Elsa Calero-Carramolino. Este recoge las experiencias musicales en recintos de detención política (prisiones, hospitales penitenciarios y campos de concentración), durante la dictadura de Francisco Franco. A modo de página web, el proyecto recoge 73 biografías de personas vinculadas al ámbito musical que fueron represaliadas, 176 fichas catalográficas de obras que fueron compuestas en prisión, y un índice topográfico de 211 centros de retención donde tuvieron lugar estas prácticas. De las 73 personas, 56 fueron músicos, y hemos incorporado sus nombres a la base de datos como tales en el conjunto de datos Músicos encarcelados durante la dictadura.

La recuperación de estas biografías forma parte de la tesis doctoral de la autora: Prácticas musicales en el ecosistema sonoro penitenciario franquista (1938-1948): propaganda, contrapropaganda y clandestinidad

Después de graduarse en Historia y Ciencias de la Música, Elsa Calero se interesó por las relaciones entre música y poder en el siglo XX. La idea del proyecto surgió  por el programa de Televisión Española El coro de la cárcel: “Pensé que si ahora se hace música en las prisiones, quizá en la época de la Guerra Civil y el franquismo, que es la que a mí más me interesaba, también se componía música”, explica la autora. También tuvo en cuenta la música de los campos de concentración nazis: “Hace un par de años tuvo lugar la exposición Auschwitz. No hace mucho. No muy lejos  y me hizo reflexionar que en España hace menos y lo tenemos mucho más cerca”. El Silencio Roto es el resultado de muchos años de investigación y de un afán de divulgación de la historia que, durante años, se había mantenido en el silencio. “

«Ha sido también mi forma de agradecer a todas las personas que me han contado sus historias y han compartido su vida conmigo. Lo he entendido como un acto de devolverles su vida a ellos”.

Respecto a las fuentes utilizadas en el proyecto, Calero asegura que han sido su “caballo de batalla” durante toda la investigación: se ha tenido que mover entre las oficiales y no oficiales. En cuanto a las oficiales, la primera fuente a la que tuvo acceso fue el semanario Redención, un periódico escrito por y para los presos, donde aparecían las actividades musicales que se llevaban a cabo en las cárceles; pero también accedió al Archivo de Instituciones Penitenciarias, las memorias de la Dirección General de Prisiones, el Boletín Oficial de la Dirección General de Instituciones, archivos históricos provinciales entre otros.

El título del semanario hacía referencia al sistema de redención de penas por el trabajo, que se mantuvo durante todo el régimen franquista: un sistema de «explotación laboral» y de «trabajo forzado de los presos políticos», según el historiador Javier Rodrigo. A cada recluso-trabajador se abrirá una libreta para ir anotando en ella los trabajos que realizaban y las horas que invertían en cada uno [Para más información: La redención de penas por el trabajo en el ordenamiento jurídico español, por Francisco Bueno Arús]

Cartilla de redención del músico José Fernández Campos. Imagen cedida por Elsa Calero-Carramolino

A nivel de fuentes no oficiales, la investigación de Calero-Carramolino se ha basado en archivos personales de los presos, donde ha encontrado lo que se hacía de forma clandestina. La investigadora critica que “la memoria oral está muy castigada en España porque se le atribuyen connotaciones muy negativas y no se les da suficiente crédito a los testigos de la Guerra Civil”. Además, cuenta que durante la tesis, las biografías las tuvo que justificar muchísimo porque siempre había la observación de que no eran tan exactas como un documento. “Pero los documentos que se redactaban también tenían una intención propagandística”, reflexiona.  Calero subraya también que la memoria oral “ha sobrevivido bastante bien”, pues, aunque se ha perdido mucha música de aquel periodo, se ha conservado el texto de muchas obras.

Partitura y letra de «Oh Libertad» escrita en 1939 en la Prisión Modelo de Valencia por Ángel Bernat poco antes de ser fusilado. La partitura y la letra están escritas en papel higiénico. Fondo personal de la familia Bernat-Santonja. Imagen cedida por Elsa Calero

Metodológicamente, el proyecto se ha ido configurando a través de dos ejes, uno cronológico y otro centrado en el tipo de música compuesta por los presos. En cuanto a la cronología, Calero revela su intención inicial de abarcar todo el periodo de la dictadura franquista: “Tuve que hacer un primer corte en el año 63 pensando en el Tribunal de Orden Público, con el que cambiaron muchas cosas en los modos de sentencia y en la propia forma de percibir lo que era el sistema de redención de penas” [Ver Masacre de Atocha: 44 años después]. Tras ese primer corte, Calero tuvo que volver a reducir el tiempo abarcable en el proyecto, quedándose finalmente con los 10 años que transcurren entre 1938 y 1948.

El proyecto divide, a su vez, los diez años estudiados en dos periodos: 1938-1943 y 1944-1948. Esta división se justifica por las circunstancias contextuales del periodo histórico. En 1937, explica la autora, aparece el Decreto 281 para la redención de penas por el trabajo y en 1938 ya encontramos las primeras evidencias de que hay música en las cárceles. Por otro lado, en 1944 aparece el Código Penal, lo que supone una primera regulación de todo lo que se había venido haciendo los años anteriores.

“Tanto de la parte oficial como de la parte no oficial, ya había orquestas, ya se cantaban himnos. Los propios presos empiezan a componer contrahimnos como un síntoma de protesta y preservación de su identidad (…) En 1948 aparece el Reglamento Interno de los Servicios de Prisiones y ahí se vuelve a recoger, con algunas modificaciones, lo que era la vida penitenciaria. Y por eso también yo cierro la tesis ahí”.

En cuanto al eje centrado en el tipo de música, Calero ha dividido las obras y biografías recogidas en oficiales y no oficiales. La parte oficial recoge todo aquello que proponía el Estado a nivel propagandístico: 

“La música respondía a un afán de castigo, pero también a un afán de reeducación, es decir, querían reeducar a los presos para convertirlos en ciudadanos de bien para el nuevo Estado”.

Esta forma de comprender la reeducación se enmarca dentro del régimen de autocracia de la Dictadura, momento en el que España debía abastecerse de lo que tenía; también de los ciudadanos y la masa intelectual. En este contexto encontramos el caso paradigmático de Agapito Marazuela (1891-1983), folclorista y musicólogo español, que después de pasar seis años en prisión fue reconocido como Premio Nacional de Música por el régimen.

“Pasan de ser represaliados a ganar premios porque el franquismo consideraba que habían redimido su condena”, cuenta Calero. Se configuraba, por tanto, como una forma de expropiar la obra de los autores: “La obra por la que te condenamos ahora merece este premio y tú ya quedas marcado como de nuestro lado. Te hemos resignificado, con lo cual también has quedado aislado si es que tenías algún círculo subversivo”, añade la autora.

Por otro lado, encontramos la música no oficial, que Calero ha dividido entre lo subversivo y lo clandestino. Lo subversivo hace referencia a aquellas piezas que los presos componían a modo de protesta directa contra la situación que vivían: 

“Esto se ve muy bien en los himnos políticos que les obligaban a cantar desde el régimen. Modificaban las letras y, por ejemplo, en el Cara Sol cantaban Cara al suelo con la camisa caqui”. 

Además de la modificación de letras, dentro de lo subversivo encontramos también un repertorio amplio de canciones protesta, donde los presos se quejaban de las condiciones de vida de la cárcel, el hambre, la falta de higiene, el frío o la soledad. En cuanto a la música clandestina, esta se refiere a las obras que los presos componían para elevar, de algún modo, su yo creativo. 

“Es el arte por el arte, sin ninguna intención política ni propagandística. Son piezas que están hechas de espaldas al Estado pero que a ellos les cohesiona como comunidad”.

Gran parte de la música que se compuso en las cárceles durante el periodo analizado se creó con la finalidad de ser interpretada y cantada en el momento. Así, la oralidad y brevedad eran elementos indispensables: “Cuanto más corto mejor, porque facilitaba la memoria oral y se ahorraba papel. Se lo iban cantando unos a otros y esto facilitaba el aprendizaje”, reseña la autora.

Pero también encontramos autores de obras mayores, como es el caso de Eduardo Rincón García (1924-), cuya formación musical empezó en la cárcel.

El compositor Eduardo Rincón en la Prisión Central de Burgos en 1963. Fondo personal de Eduardo Rincón. Imagen cedida por Elsa Calero.

“Compuso varios cuartetos y alguna sinfonía, alguna canción para piano también. El interés estaba en el acto de escribir en sí, entendido también como una fórmula de estudio propia para el autor”.

Esta forma de entrenar el “músculo musical”, como lo denomina Calero, es más común en aquellos presos que eran músicos antes de entrar en la cárcel: “Encontramos el caso de Tomàs Gil i Membrado (1915-2014), que según contaba lo escribía todo de memoria como una forma de ejercitar sus conocimientos musicales”.

En cuanto a la forma de crear y escribir las obras, reseñar que a los presos no se les proporcionaba papel ni siquiera para escribir a las familias. 

“La música, en tanto que es un lenguaje codificado, les daba muchos problemas porque si desde la cárcel descubrían una partitura, pensaban que estaban mandado un mensaje encriptado”. 

De este modo, los presos podían componer las piezas en trozos de papel que conseguían en su día a día, como el envoltorio de la comida, el papel higiénico o el reverso del papel de fumar. La autora también destaca que esto sucedía en las cárceles de hombres, mientras que en las de mujeres predominaban las piezas orales. 

“La tasa de analfabetismo en las mujeres era mayor, con lo cual no tiene sentido que hablemos de escribir letras o partituras porque no las van a saber interpretar. Ellas se movían por memoria oral, creaban de forma oral, transmitían de forma oral. Así que a medida que han ido muriendo todos esos relatos se han ido perdiendo porque no se ha llegado a tiempo a registrarlos”. 

Por otro lado, señala que a las presas se les añadía el “componente de sexualización de la pena”, es decir, no se las proveía de asuntos higiénicos, así que el papel que tenían lo necesitaban también para sus bebés o la menstruación.  A pesar de esto, si nos fijamos en los datos, la actividad musical de los hombres y la de las mujeres es pareja, aunque había menos presas.

“Los hombres firmaban sus piezas mucho más que las mujeres, ellas firmaban más como colectivo en pro de esa memoria oral. Al final de la música que componían cada una añadía una frase” 

Calero subraya que hicieron mucho repertorio político porque estaban muy familiarizadas con la canción popular, sobretodo con la copa, cuplé, canción española y variantes. «A la hora de responder con mensajes políticos no les era  complicado construir sus propias canciones imitando sus estilos pues simplemente cambiando la letra”. 

Elsa Calero analiza la dificultad de acceder a los archivos en España, “si comparamos con otros países, en algunos casos me ha sido más fácil consultar documentación fuera que dentro”, explica la investigadora. También destaca que  la ley de protección de datos y las interpretaciones que se hacen sobre la norma, han interferido en su investigación “por parte de las instituciones”. Además destaca que no ha podido identificar a muchas personas por no poder acceder a la documentación:  no podía saber el año de la defunción sin consultar los archivos. “En la web aparecen 73 personas: son las que he podido identificar medianamente bien; encontrar, encontré muchos más”, recalca la autora. 

“El problema es que en España somos muy acomodaticios, en la obra Ay Carmela hay una frase de Carmela que dice: los españoles cuando tenéis el estómago lleno os olvidáis de todo lo demás. También señala que otro gran problema es el dispendio económico que supone solicitar documentación de archivo en España. Esto supone descartar archivos y quizá de lo que prescindes podría aportar información importante para la investigación. 

“Es muy caro obtener documentación en fotocopias o digitalizada de los archivos; yo me he gastado miles de euros durante mi investigación”. 

Elsa Calero-Carramolino ha creado una lista de reproducción de música de El Silencio Roto en spotify y podéis escucharla aquí

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FOTO: Prisioneros en la cárcel de Porlier, Madrid. Entrega de una biblioteca y celebración del día de la Virgen de las Mercedes Fecha entre 1936 y 1939/ Biblioteca Digital Hispánica

Masacre de Atocha: 44 años después

El 24 de enero de 1977 tres terroristas de extrema derecha irrumpieron pasadas las diez y media de la noche en un despacho de abogados laboralistas del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en la madrileña calle de Atocha. Abrieron fuego y asesinaron a los abogados laboralistas Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo. También mataron al estudiante de derecho Serafín Holgado y al administrativo Ángel Rodríguez Leal. Además, en el atentado fueron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Lola González Ruiz.

En un contexto de violencia política, impunidad de la extrema derecha y agitación social, la masacre se produjo como reacción al paulatino avance en derechos y libertades durante la transición a una democracia constitucional tras la muerte de Franco en noviembre de 1975. El objetivo habría sido desestabilizar el frágil gobierno de Adolfo Suárez. Pero el terrible atentado terrorista no provocó violencia, sino la unidad de la izquierda: más de cien mil personas acompañaron al cortejo fúnebre en silencio.

«Hasta siempre en la libertad por la que disteis la vida», tituló el Mundo Obrero, órgano (y periódico) del Comité Central del Partido Comunista después del funeral. El 9 de abril de 1977, el presidente Adolfo Suárez ordenó la legalización del Partido Comunista.

Décadas más tarde podemos constatar el impacto de la masacre, y el papel relevante de otros abogados de Atocha, compañeros/as de los asesinados, en la protección de los derechos civiles en nuestra democracia. La memoria de ese asesinato perdura también en la Fundación Abogados de Atocha y en Comisiones Obreras. Ambos acaban de colaborar en la publicación de un libro que creemos importante y oportuno reseñar.

Es conocido que Manuela Carmena escapó de la masacre porque cambió la sede de su reunión. Juan José del Águila, también posteriormente magistrado, estaba convocado a esa misma reunión, como cuenta en justiciaydictadura. com.

El Tribunal de Orden Público (TOP) y su papel en la represión del tardofranquismo

El abogado laboralista y luego magistrado de lo social, hoy ya jubilado, Juan José del Águila, publicó en el año 2001 en la Editorial Planeta la que sería primera edición de un libro fundamental para conocer la represión política arbitrada a través del Tribunal de Orden Público. El libro tuvo una buena acogida entre los lectores especializados, fue presentado por el autor en varias instituciones, desde el Colegio de Abogados de Madrid, el Ateneo, el Club de Amigos de la Unesco y en el local que hoy ocupa la Fundación de Abogados de Atocha, entonces de la secretaría de Formación y Empleo de la Unión Sindical Madrid Región (USMR) de CCOO. Ese libro debió resultar incómodo para demasiada gente allí nombrada y el caso es que, pese a seguir con un buen impacto de ventas, fue retirado del mercado por la editorial y saldada y destruida la edición. Felizmente hoy el autor, tras la posibilidad de incorporar nuevos materiales judiciales al trabajo realizado, ha podido presentar una segunda edición actualizada que está ya en las librerías y de la que Enrique Lillo ha hecho una reseña, publicada anteriormente en el blog Según Antonio Baylos [Madrid, 6 Noviembre 2020] junto con este párrafo. Agradecemos a ambos su permiso para reproducirla.

COMENTARIOS AL LIBRO DE JUAN JOSÉ DEL ÁGUILA, EL TOP. LA REPRESIÓN DE LA LIBERTAD 1963-1977, 2ª edición

por Enrique Lillo Pérez

El libro ha sido editado por la Fundación Abogados de Atocha, creada por la Unión Sindical de Madrid Región CCOO, con el apoyo del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y con el apoyo del Consejo General de la Abogacía, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y evidentemente CCOO Madrid.

En esta 2ª edición el prologo de la misma es realizado por la Presidenta Emérita del Tribunal Constitucional y Catedrática del Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid, Dª María Emilia Casas Baamonde.

Juan José del Águila fue abogado laboralista y penalista, e intervino habitualmente en defensa de los procesados ante el tribunal de orden público.

Es gran conocedor y estudioso de todo lo relativo a la represión y a los mecanismos e instituciones de la dictadura franquista. De los funcionarios públicos, policiales (Brigada Político Social), militares (juzgados militares especiales para la represión de la masonería y el comunismo, contra las actividades extremistas y juzgados sobre responsabilidades políticas, consejo de guerra y auditores militares y autoridades judiciales militares, como los capitanes generales de las regiones militares) y judiciales (tribunal de orden público y sus precedentes cronológicos descubiertos por la investigación de Juanjo del Águila, como son los juzgados de instrucción de febrero de 1956 y de mayo de 1957, desempeñados por jueces de 1ª instancia e instrucción de Madrid, que habían sido designados por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, presidia por el Presidente José Castan Tobeñas, y con competencia para instruir sumarios por supuesto delitos de reunión ilegal, publicación de impresos clandestinos y de propaganda ilegal).

La lectura del libro es obligada para todo ciudadano/a que quiera conocer, como parte indispensable de nuestra memoria histórica y de la propia memoria democrática, los mecanismos institucionales utilizados por la represión franquista a través de las torturas practicadas por miembros de la brigada político social u otros funcionarios públicos o militares, y de los encarcelamientos decretados por los órganos institucionales antes descritos, así como las masivas condenas a muerte que fueron acordadas en consejos de guerra sumarísimos y sin garantías procesales ninguna.

En la actuación de aquellos órganos represivos no concurría de manera alguna los requisitos imprescindibles en cuanto a imparcialidad del órgano juzgador, derecho de defensa a través de letrado, presunción de inocencia superada solo con prueba de cargo valida y suficiente y practicada ante el órgano judicial y derecho al recurso. Requisitos imprescindibles para poder calificar la existencia de una justicia que actúa con objetividad y con imparcialidad y conforme a un principio estricto de legalidad en la tipificación de los hechos acreditados mediante prueba válida practicada en el acto de juicio oral con inmediación y defensa del acusado.

El análisis exhaustivo de Juanjo del Águila tiene un rigor histórico y jurídico insuperable. El mismo rigor con que viene realizando publicaciones en su blog personal de https://justiciaydictadura.com/  que resulta también de imprescindible consulta para entender la realidad de la represión política y de la violencia institucional en la dictadura de Franco, y para entender sus instrumentos y mecanismos, lo que constituye un deber imprescindible y necesario para recuperar una memoria histórica y democrática en España.

En el prologó de María Emilia Casas se afirma que resulta fundamental un relanzamiento del nuevo libro, que debe ocupar el lugar que debería haber ocupado la 1ª edición publicada por Editorial Planeta y con prologó de Gregorio Peces Barba.

Con esta nueva edición Juan José del Águila se ha convertido en una de las voces más autorizadas de la historiografía sobre las jurisdicciones especiales del ordenamiento de excepción de la dictadura franquista y sin lugar a dudas en la voz más autorizada sobre el tribunal de orden público. Ha realizado una gran labor de examen y publicidad de las sentencias y actuaciones del tribunal de orden público y de las muchísimas personas que fueron condenadas, encarceladas por decisión de este tribunal y de sus actuaciones, así como de las actividades realizadas por la brigada político social a través de sus atestados e informe, sin que la práctica de tortura realizada por la misma, hubieran sido nunca fiscalizadas o restringidas por el tribunal de orden público, sino totalmente legitimadas por el mismo.

El libro se detiene en el examen del caso Julián Grimau, que fue fusilado [Nota: en abril de 1963] tras un consejo de guerra sumarísimo y de nuevo sin ninguna garantía procesal, sentencia que fue confirmada por la autoridad judicial militar máxima entonces, que era el capitán general de Madrid, García Valiño, y sin que tuviera ninguna clase de recurso contra esta decisión. La resolución de condena de muerte fue confirmada expresamente por Franco y el gobierno entonces existente, negándosele el indulto reclamado desde muchas instancias internaciones e incluso por el Papa Pablo VI, y a pesar de la noble y fundada defensa que de Julián Grimau hizo el militar asignado para la defensa Alejandro Rebollo.

La detención de Julián Grimau, cualificado dirigente del Partido Comunista de España, dio lugar, no solo a su tortura, sino a muchos montajes mentirosos. Como los hechos publicados en la prensa entonces existente como el Diario ABC, que afirmaban falsamente que Julián Grimau se había intentado suicidar tirándose por la ventana de la Dirección General de Seguridad, y que este intento fue lo que provocó las múltiples lesiones y patologías que como consecuencia de la tortura tenía.

Juanjo del Águila desmenuza en su libro los detalles importantes, y además tras la lectura de las memorias políticas de Fraga Iribarne [Nota: entonces Ministro de Información y Turismo] y de otros documentos históricos, llega a la conclusión de que por iniciativa del dictador Franco y de sus más apasionados y fanáticos colaboradores se retrasó maliciosamente la publicidad del proyecto de ley del gobierno sobre la creación del Tribunal de Orden Público.

Este proyecto atribuía la competencia para enjuiciamiento de hechos que venían conociéndose por la jurisdicción militar de los consejos de guerra al citado tribunal.

Por ello se acordó silenciar el acuerdo del Consejo de Ministros sobre aprobación del citado proyecto de ley a que se consumara la ejecución y asesinato de Julián Grimau, que de esta manera se convirtió en un crimen de Estado.

Si hubiera tramitado el proyecto de ley del gobierno sobre creación del Tribunal de Orden Público en la fecha en que Fraga indicó en sus memorias políticas, el asunto de Grimau sometido a la jurisdicción militar, primero a través de la actuación del juez militar de instrucción para la represión de actividades extremistas y comunistas, Coronel Eymar, y posteriormente a través del Consejo de Guerra celebrado en la región militar de Madrid, se debería haber paralizado y haberse remitido todas las actuaciones al Tribunal de Orden Público de inminente creación y entrada en funcionamiento.

Por ello, se retrasó maliciosamente la aprobación por el gobierno de Franco de 1963 del proyecto de ley de creación y entrada en funcionamiento de Tribunal de Orden Público. Para de esta manera la condena a muerte de Julián Grimau predeterminada fuera cumplida y ejecutada.

Además de este retraso malicioso y prevaricador de la fecha en que oficialmente se aprueba el proyecto de ley antes citado, que es posterior a la fecha en que el gobierno decide realmente la aprobación del proyecto de ley, según las fuentes documentales utilizadas por Juanjo del Águila, el libro comentado desvela otros aspectos transcendentales, como la utilización de supuestos denuncias anónimas contra Julián Grimau que se formulan después de su detención y tortura ante la brigada político social de Barcelona, y que son la base para su condena, atribuyéndole supuestos hechos delictivos protagonizados durante la guerra civil.

Juanjo del Águila describe también el papel de Ruiz Jiménez, Procurador de las Cortes franquistas, en su enmienda a la totalidad contra la citada ley de creación del Tribunal de Orden Público, invocando para ello la declaración universal de derechos humanos y le encíclica de Juan XXIII (Cardenal Roncalli) “Pacem in terris”, publicada el 11 de abril de 1963.

El estudio de Juanjo del Águila realizado en esta transcendental obra penetra también en la descripción sociológica de los ciudadanos/as sometidos a enjuiciamiento y condena del Tribunal de Orden Público, con sus mecanismos habituales de prisión provisional en vez de libertad provisional y cumplimiento de la condena durante el recurso de Casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y validación como prueba de cargo de los informes y notas de la brigada político social, olvidándose de la regla procesal de que la prueba válida para una condena penal es exclusivamente la practicada en el acto de juicio oral, y no los informes gubernativos previos.

En esta descripción sociológica se analiza los muchísimos trabajadores, obreros, sindicalistas, técnicos, profesionales y estudiantes que sufrieron la represión. Muchos de ellos no eran militantes políticos o sindicales habituales, sino personas que se había limitado a participar en reivindicaciones laborales o sociales de mejoras sobre el mínimo nivel de vida entonces existente, o que habían expresado su opinión en asambleas o habían participado en manifestaciones de protesta o de difusión escrita u oral de sus problemas.

Resulta claro por tanto, que la actuación del Tribunal de Orden Público era la de represión y castigo con la cárcel, por el ejercicio individual o colectivo de derechos fundamentales protegidos ya en los años 60 y 70 por los textos internaciones de declaración de derechos humanos, o convenios internacionales de la OIT (entre otros, el derecho a la libertad sindical, derecho a la libertad de expresión, de información, de negociación colectiva, derecho a protagonizar acciones de conflicto para conseguir mejoras).

El Tribunal de Orden Público estaba integrado por jueces profesionales y  el autor analiza el papel negativo de la cúpula judicial de la dictadura y de la fiscalía del Tribunal Supremo, en relación con estos mecanismos de represión.

Su actuación fue de convalidación y aplicación de los mismos, con lo cual no solo fueron los miembros del Tribunal de Orden Público, que muchos de ellos ascendieron durante la transición política al Tribunal Supremo, los que participaron en la represión, sino también las cúpulas de las estructuras judiciales, sobre todo de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con el papel destacado de Adolfo de Miguel que llegó a Presidente de esa Sala, y que en 1981-82 fue el defensor del militar golpista Milans del Bosch.

Estos hechos históricos no deben ser olvidados, porque forman parte de la memoria democrática e histórica de la lucha contra la dictadura franquista, la cual gozó siempre no solo del apoyo de los mandos militares, sino de quienes controlaban las estructuras judiciales, el ministerio fiscal, y los propios aparatos policiales, especialmente la brigada político social.

Para terminar hay que señalar que a diferencia de otros países europeos, nuestro país durante los años 60 y 70 no gozó de la denominada edad de oro del derecho del trabajo y de la seguridad social, con el estado de bienestar que se fue consolidando en Europa tras la victoria en la II Guerra Mundial contra los nazis.

En nuestro país se mantuvo durante muchos años la pobreza y miseria, y no se reconocieron los derechos colectivos y humanos antes indicados durante el tiempo de la dictadura.

Lo que si se conoció fue unas actuaciones totalmente ejemplares y épicas que debe ser reivindicada hoy en día por la sociedad civil española de muchos trabajadores, sindicalistas especialmente de CCOO, estudiantes, técnicos y profesionales que se atrevieron a reclamar sus derechos y defenderlos y a reclamar la libertad y la igualdad consustanciales con la democracia. En este contexto de actuación ejemplar y épica, los entonces abogados laboralistas, entre otros Juanjo del Águila, mediante la defensa de los trabajadores en Magistratura de Trabajo y de trabajadores, sindicalistas, estudiantes y técnicos ante el Tribunal de Orden Público, tuvieron un papel que no ser olvidado y que forma parte de la memoria histórica y democrática del país.

Por ello, hay que leer este libro.

FOTO: El cortejo fúnebre de los abogados de Atocha. Madrid, 26 de enero de 1977. Autor desconocido. Public domain.

En España no hay un único «Archivo General de la Guerra Civil» (Ni falta que hace) (2a parte)

Henar Alonso @henararch – Técnica Facultativa Superior de Archivos. Ministerio de Defensa.

Este artículo es la continuación de En España no hay un único «Archivo General de la Guerra Civil» (Ni falta que hace)

Los dos principales archivos a los que hay que recurrir para cualquier estudio sobre la Guerra Civil y la represión durante la Dictadura de Franco son el  Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca (CDMH) y el Archivo General Militar de Ávila (AGMAV). Sin embargo,  no son los únicos que contienen fondos documentales de interés para quienes investigan. 

Dentro del Sistema Archivístico de la Defensa, es decir, los archivos que gestiona este Ministerio, tienen una relevancia especial tanto el Archivo General e Histórico de la Defensa como los demás archivos históricos e intermedios de los Ejércitos de Tierra y del Aire y de la Armada. Entre ellos, destacan especialmente los siguientes:

Archivo General e Histórico de la Defensa (AGHD)

Su fondo principal son los procedimientos militares sumarísimos del Tribunal Militar Territorial 1º, inventariados ya y disponibles online los listados de encausados del Ejército de Tierra correspondientes a las provincias de Albacete, Alicante, Castellón, Madrid y Valencia. Son una fuente de primer orden para investigar la represión posterior a la Guerra Civil. 

Los sumarísimos de los demás Tribunales Militares Territoriales (TMTs) se pueden localizar a través de la Guía para la localización de los procedimientos judiciales incoados por la Justicia Militar a raíz de la Guerra Civil y durante la etapa franquista , aunque en la actualidad solo están disponibles los inventarios con los nombres de los encausados de los sumarísimos que se conservan en el Archivo Intermedio Militar Noroeste, del TMT4, y los correspondientes a Cataluña del TMT3. Dichos procedimientos del TMT1, TMT3 y TMT4 están integrados en la base de datos de ihr.world. El Archivo Histórico del Ejército del Aire también dispone online de los encausados de la aviación republicana y los expedientes de depuración del personal civil al servicio de la aviación militar. 

Archivo General Militar de Guadalajara (AGMG)

Dispone de fondos y expedientes de unidades disciplinarias (Expedientes de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores y de Batallones Disciplinarios de Trabajadores Penados), de Prisiones Militares, y de los Campos de Concentración de Miranda de Ebro y la Alcazaba de Zeluán, tal y como puede consultarse online en su cuadro de clasificación. En la base de datos de ihr.world están los nombres de parte de los índices del AGMG de personas integrantes de dichos Batallones Disciplinarios de Trabajadores  (en total, 138.000),  incluidos los Penados de la 1ª Agrupación prisiones (3.000), los de la Prisión Militar de Montjuïc, Barcelona (3.400) y el Campo de Concentración de Zeluán, Marruecos (1.000). 

Entre el resto de los Archivos de la Administración General del Estado, que incluyen tanto los archivos históricos nacionales dependientes del Ministerio de Cultura como los archivos históricos de los diferentes ministerios, también encontramos fondos relacionados con la Guerra Civil y la Dictadura Franquista. Sin ánimo de ser exhaustivos, destacaremos los siguientes:

Archivo Histórico Nacional (AHN)

Entre sus Fondos Contemporáneos del Poder Judicial incluye documentación sobre los Tribunales Populares y Jurados de Urgencia y de Guardia de Madrid, del Gobierno de la República, que estaban incorporados a la Causa General como pruebas de cargo. En sus Archivos Personales se encuentran los de algunas personalidades relevantes del conflicto armado, como Manuel Azaña, Vicente Rojo, Diego Martínez Barrio, José Giral…

Archivo General de la Administración (AGA)

El AGA, en Alcalá de Henares. Dispone de dos pequeños pero interesantes fondos de la Junta Delegada de Defensa de Madrid y del Ministerio de Defensa Nacional, junto al gran fondo compuesto por los organismos centrales, periféricos y colegiados del denominado “Movimiento Nacional”, indispensable para el estudio social de la posguerra y el Franquismo. El AGA, a pesar de ser teóricamente un archivo intermedio, que debería transferir al AHN sus fondos de conservación permanente, conserva tal cantidad de documentación sobre organismos públicos durante la Guerra Civil y el Franquismo aún sin describir, que hace imposible una valoración más ajustada de los mismos, aunque son especialmente relevantes los fondos de la época de la guerra y postguerra de los Ministerios del Interior y Asuntos Exteriores.

Sistema de Archivos del Ministerio del Interior

Pese a lo complicado de su accesibilidad real, son especialmente interesantes los fondos de la Dirección General de la Guardia Civil, Dirección General de Seguridad/Dirección General de la Policía y las Direcciones Generales de Presidios/Prisiones/Instituciones Penitenciarias.

Entonces ¿si quiero hacer una investigación sobre la Guerra Civil tengo que recorrerme todos los archivos? No, si sabes lo que quieres hacer y dónde están las fuentes que necesitas consultar. Para facilitar esa tarea, os ofrecemos una 

Guía rápida de acceso a los fondos documentales de la Guerra Civil en los archivos españoles

Quiero investigar…

1. Aspectos militares de la GC

Archivo General Militar de Ávila; Archivo General Militar de Segovia (Expedientes personales de oficiales); Archivo General Militar de Guadalajara (Expedientes personales de tropa); Archivo Histórico del Ejército del Aire; Centro Documental de la Memoria Histórica.

2. Represión posterior a la GC

Centro Documental de la Memoria Histórica; Archivo General e Histórico de la Defensa; Archivo General Militar de Guadalajara; Archivos Militares Intermedios de Ferrol, Barcelona, Sevilla, Valencia, Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias; Archivo General e Histórico del Aire; Archivo General de la Administración; Archivo General del Ministerio del Interior.

3. Implicaciones sociales y/o políticas de la GC

Centro Documental de la Memoria Histórica; Archivo General de la Administración; Archivo General del Ministerio del Interior.

4. La GC en mi localidad

Archivo General Militar de Ávila; Centro Documental de la Memoria Histórica; Archivos Histórico Provinciales; Archivos Municipales.

5. Historias personales de la GC

Secciones de Archivos Privados y Familiares y de Colecciones de los Archivos Histórico Nacionales del Ministerio de Cultura (CDMH, AHN, AGA) y del Sistema Archivístico de la Defensa (AGMAV, AGHD).

¿Y por qué no hace falta un “Archivo General de la Guerra Civil Española”?

Pues porque de nada serviría intentar agrupar en un solo macrocentro de archivo todos los fondos documentales que hemos visto que existen sobre el asunto en varios archivos del país. Sí sería conveniente, quizá, y creemos que en esa línea deberían ir las propuestas de modificación de la Ley de Memoria Histórica en este sentido, la creación de un acceso web unificado a todos los fondos aludidos. Un verdadero Portal de Fuentes Documentales de la Guerra Civil y el Franquismo, incluyendo enlaces también a las iniciativas de datos abiertos sobre el tema como IHR World, Todos los Nombres o Brunete en la Memoria, y  a fondos bibliográficos y hemerotecas históricas.

No queremos acabar este artículo sin hacer una breve alusión a los principales archivos privados, de fundaciones, universidades, partidos políticos o personales, que también contienen información relevante sobre el la Guerra Civil y la Dictadura Franquista, la mayoría de ellos a disposición del público. Es cierto que tenemos serias dudas de que se cumpla la legalidad vigente en relación a parte de la documentación que en algunos casos conservan alguna de estas instituciones, pero no es este el momento y el lugar para hablar de ese espinoso tema…

Foto: Frente de Madrid. Servicio sanitario en la capital y en el Frente. El General Miaja con los jefes de Sanidad Militar visitando el importante donativo sanitario al ejército republicano por Central Sanitaria Internacional. Reportajes Gráficos Luis Vidal. Valencia. Biblioteca Nacional de España. Licencia CC-BY-NC-SA

En España no hay un único «Archivo General de la Guerra Civil» (Ni falta que hace)

Henar Alonso @henararch – Técnica Facultativa Superior de Archivos. Ministerio de Defensa.

Cada vez son más frecuentes las publicaciones de investigadores sobre aspectos concretos de la Guerra Civil y el Franquismo, algunas de ellas, incluso, con una relevante presencia mediática, multiplicada por el efecto de las redes sociales. La mayoría de ellas, además, necesariamente hacen referencia a fuentes documentales originales, y, por consiguiente, o al menos así debería ser siempre, citan los archivos donde se conservan y donde las han consultado.

Y aquí es cuando los archiveros, algunas veces y a través de esas redes sociales, nos echamos las manos a la cabeza… Entendemos perfectamente que ese tipo de trabajos de investigación no son sencillos, llevan tiempo y esfuerzos de personas que, en la mayoría de los casos, no perciben ningún tipo de ayuda ni retribución por ellos, y a veces se pierde un poco la relación de los documentos con su propio contexto. Y es que, en materia de documentos y archivos, el contexto es mucho más importante de lo que parece.

Como declaramos en el título, en nuestro país no hay, como tal, un único “Archivo General de la Guerra Civil”, sino muchos fondos documentales sobre el tema repartidos en muchos archivos, tanto de carácter nacional, como regionales, provinciales, locales, públicos, privados… La gente suele considerar el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca como el “Archivo de la Guerra Civil”, cuando la realidad es que ese centro alberga los fondos documentales que durante algunos años fueron una sección del Archivo Histórico Nacional, denominada primero “Sección Guerra Civil” y posteriormente “Archivo General de la Guerra Civil”. Esto generó la confusión que señalamos.

El Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca (CDMH) conserva los fondos provenientes de los Servicios Documentales de la Presidencia del Gobierno y del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo de época franquista, y los incorporados con posterioridad a 1979, incluyendo los trasladados desde otros archivos a raíz de la promulgación de la Ley de Memoria Histórica de 2007. En su archivo, por lo tanto, se conserva fundamentalmente la documentación generada por tres de las Jurisdicciones Especiales que se crearon durante la Dictadura con fines represivos: 

La Causa General es el nombre dado a un extenso procedimiento judicial  iniciado en 1940 para investigar los crímenes cometidos en España entre 1931 y 1939, período  al que la Dictadura de Franco se refería como «la dominación roja».  Los 1.953 legajos de la Causa General se conservan en 4000 cajas. Son más de un millón de páginas digitalizadas y accesibles desde el enlace clicando en el icono de la flecha.

Junto a esos tres grandes bloques procedentes de las instituciones gestoras de las incautaciones y recopilaciones de documentos que el bando sublevado llevó a cabo durante la Guerra Civil, hay un grupo de fondos de instituciones públicas, tanto del bando republicano como del nacional, a los que se suman numerosos archivos privados, personales, familiares e institucionales, así como colecciones y fuentes orales, que han ido incrementándose con el tiempo y numerosas donaciones.

Todo ello puede consultarse online en su Cuadro de Clasificación, que, además, enlaza con su descripción y digitalización (si existe) en el Portal de Archivos Españoles, con la particularidad de que la Causa General aún se consulta en esa web como dependiente del Archivo Histórico Nacional, aunque físicamente la documentación ya está en el Centro Documental de la Memoria Histórica. También es interesante consultar los micrositios web de las bases de datos del CDMH, donde se encuentra información sobre Víctimas de la Guerra Civil y Represaliados del franquismo, Militares y miembros de fuerzas de orden público republicanas, Muertos y desaparecidos del Ejército de Tierra de la República o Deportados en campos de concentración nazis. Podemos concluir, por lo tanto, que el CDMH es el archivo, más que de la “Guerra Civil”, de la represión posterior.

Si hay algo que pueda parecerse más a un “Archivo de la Guerra Civil Española” es el Archivo General Militar de Ávila (AGMAV), uno de los cuatro archivos históricos del Ejército de Tierra. Y lo es porque es allí donde se conserva la documentación de carácter militar del conflicto armado, tanto del gobierno de la República como de los sublevados. Conserva información sobre sus unidades militares, la evolución de las operaciones bélicas, los servicios de información militar, mapas, planos y fotografías de la contienda y también expedientes personales de quienes se alistaron en el bando sublevado a través de las Jefaturas de Milicias. Sus fondos proceden, en parte, de los que gestionó desde el final de la guerra el Servicio Histórico Militar del Ministerio de Defensa. Ya en julio de ese año, el  General Franco había dado orden a todas sus unidades de recoger la documentación de carácter militar, tanto la propia como la incautada al Ejército Republicano, para formar con ella el “Archivo de la Guerra de Liberación”. 

Junto a ese primer bloque de documentación, el archivo abulense conserva los expedientes personales de los voluntarios alistados en las Milicias Nacionales, incluyendo los de la División Española de Voluntarios o División Azul (creada en 1941 para apoyar al ejército nazi contra la Unión Soviética); la documentación de los extintos Ministerio del Ejército, Capitanías Generales de Regiones Militares y Gobiernos Militares; y documentación de establecimientos militares, tales como Hospitales, Academias y Fábricas de Armas. Completa sus fondos con archivos privados y familiares y colecciones. Su cuadro de clasificación se puede consultar online, y también su historia y organización.

Si bien estos son los dos principales archivos a los que hay que recurrir para cualquier estudio sobre la Guerra Civil y la represión durante la dictadura de Franco, no son los únicos que contienen fondos documentales de interés para los investigadores. A ellos nos referiremos en una próxima entrada en esta misma web.

EN ESPAÑA NO HAY UN ÚNICO «ARCHIVO GENERAL DE LA GUERRA CIVIL» (NI FALTA QUE HACE) (2A PARTE)

Fotos: Salamanca (actual edificio del Centro Documental de la Memoria Histórica), noviembre 1937. Exposición del Documento Nacional. 1er Año Triunfal. FOTO DESLESPRO. Biblioteca Nacional de España. Licencia CC-BY-NC-SA