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En España no hay un único «Archivo General de la Guerra Civil» (Ni falta que hace) (2a parte)

Henar Alonso @henararch – Técnica Facultativa Superior de Archivos. Ministerio de Defensa.

Este artículo es la continuación de En España no hay un único «Archivo General de la Guerra Civil» (Ni falta que hace)

Los dos principales archivos a los que hay que recurrir para cualquier estudio sobre la Guerra Civil y la represión durante la Dictadura de Franco son el  Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca (CDMH) y el Archivo General Militar de Ávila (AGMAV). Sin embargo,  no son los únicos que contienen fondos documentales de interés para quienes investigan. 

Dentro del Sistema Archivístico de la Defensa, es decir, los archivos que gestiona este Ministerio, tienen una relevancia especial tanto el Archivo General e Histórico de la Defensa como los demás archivos históricos e intermedios de los Ejércitos de Tierra y del Aire y de la Armada. Entre ellos, destacan especialmente los siguientes:

Archivo General e Histórico de la Defensa (AGHD)

Su fondo principal son los procedimientos militares sumarísimos del Tribunal Militar Territorial 1º, inventariados ya y disponibles online los listados de encausados del Ejército de Tierra correspondientes a las provincias de Albacete, Alicante, Castellón, Madrid y Valencia. Son una fuente de primer orden para investigar la represión posterior a la Guerra Civil. 

Los sumarísimos de los demás Tribunales Militares Territoriales (TMTs) se pueden localizar a través de la Guía para la localización de los procedimientos judiciales incoados por la Justicia Militar a raíz de la Guerra Civil y durante la etapa franquista , aunque en la actualidad solo están disponibles los inventarios con los nombres de los encausados de los sumarísimos que se conservan en el Archivo Intermedio Militar Noroeste, del TMT4, y los correspondientes a Cataluña del TMT3. Dichos procedimientos del TMT1, TMT3 y TMT4 están integrados en la base de datos de ihr.world. El Archivo Histórico del Ejército del Aire también dispone online de los encausados de la aviación republicana y los expedientes de depuración del personal civil al servicio de la aviación militar. 

Archivo General Militar de Guadalajara (AGMG)

Dispone de fondos y expedientes de unidades disciplinarias (Expedientes de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores y de Batallones Disciplinarios de Trabajadores Penados), de Prisiones Militares, y de los Campos de Concentración de Miranda de Ebro y la Alcazaba de Zeluán, tal y como puede consultarse online en su cuadro de clasificación. En la base de datos de ihr.world están los nombres de parte de los índices del AGMG de personas integrantes de dichos Batallones Disciplinarios de Trabajadores  (en total, 138.000),  incluidos los Penados de la 1ª Agrupación prisiones (3.000), los de la Prisión Militar de Montjuïc, Barcelona (3.400) y el Campo de Concentración de Zeluán, Marruecos (1.000). 

Entre el resto de los Archivos de la Administración General del Estado, que incluyen tanto los archivos históricos nacionales dependientes del Ministerio de Cultura como los archivos históricos de los diferentes ministerios, también encontramos fondos relacionados con la Guerra Civil y la Dictadura Franquista. Sin ánimo de ser exhaustivos, destacaremos los siguientes:

Archivo Histórico Nacional (AHN)

Entre sus Fondos Contemporáneos del Poder Judicial incluye documentación sobre los Tribunales Populares y Jurados de Urgencia y de Guardia de Madrid, del Gobierno de la República, que estaban incorporados a la Causa General como pruebas de cargo. En sus Archivos Personales se encuentran los de algunas personalidades relevantes del conflicto armado, como Manuel Azaña, Vicente Rojo, Diego Martínez Barrio, José Giral…

Archivo General de la Administración (AGA)

El AGA, en Alcalá de Henares. Dispone de dos pequeños pero interesantes fondos de la Junta Delegada de Defensa de Madrid y del Ministerio de Defensa Nacional, junto al gran fondo compuesto por los organismos centrales, periféricos y colegiados del denominado “Movimiento Nacional”, indispensable para el estudio social de la posguerra y el Franquismo. El AGA, a pesar de ser teóricamente un archivo intermedio, que debería transferir al AHN sus fondos de conservación permanente, conserva tal cantidad de documentación sobre organismos públicos durante la Guerra Civil y el Franquismo aún sin describir, que hace imposible una valoración más ajustada de los mismos, aunque son especialmente relevantes los fondos de la época de la guerra y postguerra de los Ministerios del Interior y Asuntos Exteriores.

Sistema de Archivos del Ministerio del Interior

Pese a lo complicado de su accesibilidad real, son especialmente interesantes los fondos de la Dirección General de la Guardia Civil, Dirección General de Seguridad/Dirección General de la Policía y las Direcciones Generales de Presidios/Prisiones/Instituciones Penitenciarias.

Entonces ¿si quiero hacer una investigación sobre la Guerra Civil tengo que recorrerme todos los archivos? No, si sabes lo que quieres hacer y dónde están las fuentes que necesitas consultar. Para facilitar esa tarea, os ofrecemos una 

Guía rápida de acceso a los fondos documentales de la Guerra Civil en los archivos españoles

Quiero investigar…

1. Aspectos militares de la GC

Archivo General Militar de Ávila; Archivo General Militar de Segovia (Expedientes personales de oficiales); Archivo General Militar de Guadalajara (Expedientes personales de tropa); Archivo Histórico del Ejército del Aire; Centro Documental de la Memoria Histórica.

2. Represión posterior a la GC

Centro Documental de la Memoria Histórica; Archivo General e Histórico de la Defensa; Archivo General Militar de Guadalajara; Archivos Militares Intermedios de Ferrol, Barcelona, Sevilla, Valencia, Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias; Archivo General e Histórico del Aire; Archivo General de la Administración; Archivo General del Ministerio del Interior.

3. Implicaciones sociales y/o políticas de la GC

Centro Documental de la Memoria Histórica; Archivo General de la Administración; Archivo General del Ministerio del Interior.

4. La GC en mi localidad

Archivo General Militar de Ávila; Centro Documental de la Memoria Histórica; Archivos Histórico Provinciales; Archivos Municipales.

5. Historias personales de la GC

Secciones de Archivos Privados y Familiares y de Colecciones de los Archivos Histórico Nacionales del Ministerio de Cultura (CDMH, AHN, AGA) y del Sistema Archivístico de la Defensa (AGMAV, AGHD).

¿Y por qué no hace falta un “Archivo General de la Guerra Civil Española”?

Pues porque de nada serviría intentar agrupar en un solo macrocentro de archivo todos los fondos documentales que hemos visto que existen sobre el asunto en varios archivos del país. Sí sería conveniente, quizá, y creemos que en esa línea deberían ir las propuestas de modificación de la Ley de Memoria Histórica en este sentido, la creación de un acceso web unificado a todos los fondos aludidos. Un verdadero Portal de Fuentes Documentales de la Guerra Civil y el Franquismo, incluyendo enlaces también a las iniciativas de datos abiertos sobre el tema como IHR World, Todos los Nombres o Brunete en la Memoria, y  a fondos bibliográficos y hemerotecas históricas.

No queremos acabar este artículo sin hacer una breve alusión a los principales archivos privados, de fundaciones, universidades, partidos políticos o personales, que también contienen información relevante sobre el la Guerra Civil y la Dictadura Franquista, la mayoría de ellos a disposición del público. Es cierto que tenemos serias dudas de que se cumpla la legalidad vigente en relación a parte de la documentación que en algunos casos conservan alguna de estas instituciones, pero no es este el momento y el lugar para hablar de ese espinoso tema…

Foto: Frente de Madrid. Servicio sanitario en la capital y en el Frente. El General Miaja con los jefes de Sanidad Militar visitando el importante donativo sanitario al ejército republicano por Central Sanitaria Internacional. Reportajes Gráficos Luis Vidal. Valencia. Biblioteca Nacional de España. Licencia CC-BY-NC-SA

En España no hay un único «Archivo General de la Guerra Civil» (Ni falta que hace)

Henar Alonso @henararch – Técnica Facultativa Superior de Archivos. Ministerio de Defensa.

Cada vez son más frecuentes las publicaciones de investigadores sobre aspectos concretos de la Guerra Civil y el Franquismo, algunas de ellas, incluso, con una relevante presencia mediática, multiplicada por el efecto de las redes sociales. La mayoría de ellas, además, necesariamente hacen referencia a fuentes documentales originales, y, por consiguiente, o al menos así debería ser siempre, citan los archivos donde se conservan y donde las han consultado.

Y aquí es cuando los archiveros, algunas veces y a través de esas redes sociales, nos echamos las manos a la cabeza… Entendemos perfectamente que ese tipo de trabajos de investigación no son sencillos, llevan tiempo y esfuerzos de personas que, en la mayoría de los casos, no perciben ningún tipo de ayuda ni retribución por ellos, y a veces se pierde un poco la relación de los documentos con su propio contexto. Y es que, en materia de documentos y archivos, el contexto es mucho más importante de lo que parece.

Como declaramos en el título, en nuestro país no hay, como tal, un único “Archivo General de la Guerra Civil”, sino muchos fondos documentales sobre el tema repartidos en muchos archivos, tanto de carácter nacional, como regionales, provinciales, locales, públicos, privados… La gente suele considerar el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca como el “Archivo de la Guerra Civil”, cuando la realidad es que ese centro alberga los fondos documentales que durante algunos años fueron una sección del Archivo Histórico Nacional, denominada primero “Sección Guerra Civil” y posteriormente “Archivo General de la Guerra Civil”. Esto generó la confusión que señalamos.

El Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca (CDMH) conserva los fondos provenientes de los Servicios Documentales de la Presidencia del Gobierno y del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo de época franquista, y los incorporados con posterioridad a 1979, incluyendo los trasladados desde otros archivos a raíz de la promulgación de la Ley de Memoria Histórica de 2007. En su archivo, por lo tanto, se conserva fundamentalmente la documentación generada por tres de las Jurisdicciones Especiales que se crearon durante la Dictadura con fines represivos: 

La Causa General es el nombre dado a un extenso procedimiento judicial  iniciado en 1940 para investigar los crímenes cometidos en España entre 1931 y 1939, período  al que la Dictadura de Franco se refería como «la dominación roja».  Los 1.953 legajos de la Causa General se conservan en 4000 cajas. Son más de un millón de páginas digitalizadas y accesibles desde el enlace clicando en el icono de la flecha.

Junto a esos tres grandes bloques procedentes de las instituciones gestoras de las incautaciones y recopilaciones de documentos que el bando sublevado llevó a cabo durante la Guerra Civil, hay un grupo de fondos de instituciones públicas, tanto del bando republicano como del nacional, a los que se suman numerosos archivos privados, personales, familiares e institucionales, así como colecciones y fuentes orales, que han ido incrementándose con el tiempo y numerosas donaciones.

Todo ello puede consultarse online en su Cuadro de Clasificación, que, además, enlaza con su descripción y digitalización (si existe) en el Portal de Archivos Españoles, con la particularidad de que la Causa General aún se consulta en esa web como dependiente del Archivo Histórico Nacional, aunque físicamente la documentación ya está en el Centro Documental de la Memoria Histórica. También es interesante consultar los micrositios web de las bases de datos del CDMH, donde se encuentra información sobre Víctimas de la Guerra Civil y Represaliados del franquismo, Militares y miembros de fuerzas de orden público republicanas, Muertos y desaparecidos del Ejército de Tierra de la República o Deportados en campos de concentración nazis. Podemos concluir, por lo tanto, que el CDMH es el archivo, más que de la “Guerra Civil”, de la represión posterior.

Si hay algo que pueda parecerse más a un “Archivo de la Guerra Civil Española” es el Archivo General Militar de Ávila (AGMAV), uno de los cuatro archivos históricos del Ejército de Tierra. Y lo es porque es allí donde se conserva la documentación de carácter militar del conflicto armado, tanto del gobierno de la República como de los sublevados. Conserva información sobre sus unidades militares, la evolución de las operaciones bélicas, los servicios de información militar, mapas, planos y fotografías de la contienda y también expedientes personales de quienes se alistaron en el bando sublevado a través de las Jefaturas de Milicias. Sus fondos proceden, en parte, de los que gestionó desde el final de la guerra el Servicio Histórico Militar del Ministerio de Defensa. Ya en julio de ese año, el  General Franco había dado orden a todas sus unidades de recoger la documentación de carácter militar, tanto la propia como la incautada al Ejército Republicano, para formar con ella el “Archivo de la Guerra de Liberación”. 

Junto a ese primer bloque de documentación, el archivo abulense conserva los expedientes personales de los voluntarios alistados en las Milicias Nacionales, incluyendo los de la División Española de Voluntarios o División Azul (creada en 1941 para apoyar al ejército nazi contra la Unión Soviética); la documentación de los extintos Ministerio del Ejército, Capitanías Generales de Regiones Militares y Gobiernos Militares; y documentación de establecimientos militares, tales como Hospitales, Academias y Fábricas de Armas. Completa sus fondos con archivos privados y familiares y colecciones. Su cuadro de clasificación se puede consultar online, y también su historia y organización.

Si bien estos son los dos principales archivos a los que hay que recurrir para cualquier estudio sobre la Guerra Civil y la represión durante la dictadura de Franco, no son los únicos que contienen fondos documentales de interés para los investigadores. A ellos nos referiremos en una próxima entrada en esta misma web.

EN ESPAÑA NO HAY UN ÚNICO «ARCHIVO GENERAL DE LA GUERRA CIVIL» (NI FALTA QUE HACE) (2A PARTE)

Fotos: Salamanca (actual edificio del Centro Documental de la Memoria Histórica), noviembre 1937. Exposición del Documento Nacional. 1er Año Triunfal. FOTO DESLESPRO. Biblioteca Nacional de España. Licencia CC-BY-NC-SA

Expedición a Inglaterra: niños y niñas vascos en Gran Bretaña

La Guerra Civil alteró para siempre la vida de toda una generación de niños y niñas. Muchas criaturas se vieron forzadas al exilio, ya fuera temporal o permanente. Casi 4.000 niños y niñas vascos se convirtieron en refugiados en Gran Bretaña. Para conmemorar el aniversario de su partida el viernes 21 de mayo de 1937, relatamos su experiencia.

Ese día el Habana zarpó desde Santurce, 14 km al norte de Bilbao,  transportando hacia un futuro incierto a 3.826 niños refugiados que escapaban del asalto de las fuerzas de Franco a la ciudad. En dicho barco de vapor, fletado por el gobierno vasco, les acompañaban 120 señoritas, 80 docentes, 16 sacerdotes y 2 médicos. El buque, construido para transportar solo 800 pasajeros, tuvo un viaje difícil: encontraron tormenta en el Golfo de Vizcaya, llegando a Southampton la mañana del domingo 23 de mayo. Después del desembarco, una flota de autobuses municipales llevó a los niños a un campamento en North Stoneham, preparado apresuradamente para ellos a las afueras de Southampton. [Ver reportaje de 1937 con imágenes de su llegada a Inglaterra]

Cuando el fallido golpe militar de julio de 1936 dio paso a la Guerra Civil, el gobierno británico, dominado por los conservadores, adoptó una política de «no intervención». Sin embargo, en cuestión de días se crearon en toda Gran Bretaña grupos locales de apoyo al gobierno republicano en su lucha contra la rebelión militar. En otoño, los representantes de dichos grupos constituyeron el National Joint Committee for Spanish Relief (Comité británico de ayuda a España).

Al llegar la primavera de 1937, el apoyo a la República se centró en la difícil situación del País Vasco, bloqueado por la armada de Franco y amenazado por el avance del ejército insurgente. La prensa británica informó ampliamente de la destrucción de Guernica el 26 de abril por la Legión Cóndor alemana. Lo hizo especialmente George Steer, corresponsal de «The Times», que había visitado la ciudad horas después del bombardeo. [Lee el artículo original de Steer].

Incluso antes de la destrucción de Guernica se temía por la población civil de Bilbao: la ciudad, que albergaba a unos 100.000 refugiados, estaba siendo bombardeada a diario. Desde principios de abril, se hicieron planes para evacuar a parte de las mujeres y niños. Se recibieron ofertas para aceptar refugiados desde varios países como Francia y la Unión Soviética. En Gran Bretaña, los principales miembros del Comité británico de ayuda a España crearon separadamente un Comité para los Niños Vascos (Basque Children’s Committee), presidido por la Duquesa de Atholl, diputada del partido conservador, para organizar la evacuación de parte de los niños y niñas. Leah Manning, ex diputada laborista, fue enviada a Bilbao para organizarlo en abril, y a principios de mayo la siguieron dos médicos y dos enfermeras de habla hispana. Se invitó a las familias a solicitar la inclusión de sus hijos. En plena crisis de mayo de 1937, fue una decisión angustiante de importantes consecuencias: en algunos casos, los niños que marcharon no volvieron a ver sus padres durante años y algunos los vieron entonces por última vez.

El gobierno británico aceptó a regañadientes la llegada de 2.000 niños y niñas de entre seis y doce años, a condición de que no se utilizara dinero público en ellos, y entendiendo que su estancia se limitaría a unos pocos meses. Pronto hubo más de 2.000 peticiones en Bilbao y la duquesa de Atholl persuadió al gobierno para que aumentara el número de aceptados a 4.000. Resaltando la amenaza que los soldados de Franco suponían para las adolescentes, consiguió que el gobierno aumentara la edad de los refugiados hasta dieciséis años, y que hubiera mayor proporción femenina entre los mayores. Tras la búsqueda desesperada de un lugar para albergarlos, se recibió la oferta de tres terrenos que abarcaban 12 hectáreas en North Stoneham, cerca de Southampton. Los voluntarios trabajaron apresuradamente para erigir carpas y construir las instalaciones necesarias, incluido los suministros de gas y agua. El Ministerio de Guerra proporcionó las carpas y las cocinas de campaña, y cobró por su alquiler.

Las dificultades iniciales a que se enfrentaron los niños en North Stoneham centran los relatos de la vida allí: la extraña comida, el idioma, la vida en tiendas de campaña y las fuertes lluvias que inundaron el campamento a los pocos días de su llegada. También son indicativos de los traumas que la experiencia de guerra había causado a los niños (muchos, por ejemplo, corrieron a esconderse cuando un pequeño avión sobrevoló el campamento para fotografiarlo). La caída de Bilbao ante las fuerzas insurgentes el 19 de junio causó conmoción porque niños y niñas temieron por sus familias: varios centenares se escaparon del campamento ese día.

North Stoneham era un campo temporal. Pronto se llegó a acuerdos para dispersar a grupos de niños por todo el país. 1.200 fueron alojados en comunidades dirigidas por la Iglesia Católica. El resto fue trasladado a unos 70 hogares (conocidos como «colonias») gestionados por grupos de la comunidad local, después de invitar a los niños y niñas a optar entre lugares de los que a menudo no sabían nada. Inevitablemente, había grandes diferencias entre las colonias, según los recursos de cada comunidad de acogida. Algunas colonias fueron claramente inadecuadas, el Comité para los Niños Vascos las cerró, y los niños fueron transferidos a otras.

No todo el mundo veía a los niños y niñas refugiados con buenos ojos. Los partidarios de Franco argumentaban que permitir la estancia de niños refugiados en Gran Bretaña era una forma de apoyo a la República. Se creó el grupo Amigos de la España Nacionalista, que contó entre sus miembros con varios parlamentarios conservadores para presionar por su repatriación. Los periódicos de derechas afirmaron que los niños eran comunistas, violentos y rebeldes: incluso un editorial del Daily Mail los describió como «pequeños desgraciados potencialmente asesinos». En el verano de 1937, algunos muchachos de dos de las colonias estuvieron involucrados en molestias a residentes locales, lo que proporcionó más munición. Después de la caída de Bilbao, la Iglesia Católica, que había dado apoyo a la evacuación, se unió a la campaña para devolver a niños y niñas rápidamente.

En cualquier caso, la mayoría de las colonias logró establecer buenas relaciones con las comunidades locales. Los equipos de fútbol de los muchachos de las colonias jugaron partidos contra equipos locales, y algunas colonias organizaron conciertos con canciones y bailes vascos para recaudar fondos. Hubo grandes diferencias entre la experiencia de unos niños y otros. Algunas colonias recibieron más apoyo de la comunidad local y otras menos. Dos de las más destacadas fueron la de Cambridge y la de Caerleon, al sur de Gales.

Los 29 niños de Cambridge eran huérfanos de familias de milicianos socialistas. Al principio vivieron en una vicaría de grandes dimensiones fuera de la ciudad, antes de mudarse a una gran casa cerca de la estación de ferrocarril (donde una placa azul sigue recordándolo). Recibieron clases del personal de la Universidad de Cambridge y en el verano de 1937 pasaron un mes en la costa de Norfolk como invitados de los padres de John Cornford, que había muerto como miembro de las Brigadas Internacionales. Su maestra de música, Rosita Bal, había estudiado con Manuel de Falla, y los niños interpretaron canciones y bailes vascos durante conciertos en Londres y en otros lugares.

La colonia de Caerleon se benefició de los estrechos vínculos entre Vizcaya y el sur de Gales, desarrollados en el siglo XIX al ritmo de la industrialización de ambas zonas (el mineral de hierro de Vizcaya se exportaba al sur de Gales y los barcos regresaban cargados de carbón galés para su uso en las acerías vascas). La Federación de Mineros del Sur de Gales apoyó financieramente la colonia de Caerleon, junto a miembros de las iglesias metodista y bautista locales y la pequeña comunidad española de Cardiff. Los niños y niñas recibieron enseñanza tanto en español como en inglés, crearon su propio diario (Cambria House Journal) y dieron conciertos en ciudades del sur de Gales. En el verano de 1938, las familias de los mineros locales les invitaron a pasar con ellos una semana de vacaciones. Su equipo de fútbol se ganó una reputación como «los chicos vascos» y «los invencibles». El edificio que albergaba la colonia los recuerda también con una placa azul.

El regreso de los niños a España a menudo fue un proceso complicado. En algunos casos, uno o ambos padres habían muerto o estaban en campos de refugiados en Cataluña o en Francia. Las cartas de los padres pidiéndoles a los niños que regresaran se escribieron en algunos casos claramente bajo la presión de las autoridades franquistas. Poco a poco, sin embargo, la mayoría de los niños se reunieron con sus familias, aunque esto se hizo más difícil después del estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939. Finalmente, permanecieron en Gran Bretaña unos 400 niños, ya fuera porque no tenían familias a las que regresar o porque al llegar a los 16 años decidieron quedarse. En 1945 solo quedaba una de las colonias, en Carshalton (Surrey), y se cerró poco después. Aunque el Comité para los Niños Vascos finalmente se disolvió en 1951, los descendientes de los que permanecieron crearon en 2002 la Asociación para los niños vascos británicos [BCA ‘37: The Association for the UK Basque Children].

Foto: Niños vascos en Stoneham, cerca de Southampton (Inglaterra). Biblioteca Nacional de España. Licencia CC-BY-NC-SA

La Coalición ProAcceso pide mejor acceso a la información durante la pandemia de coronavirus

Innovación y Derechos Humanos, como miembro de la Coalición Pro Acceso, junto a una veintena de organizaciones, pide al Gobierno que garantice el ejercicio del derecho de acceso a la información, después de que se hayan suspendido los plazos administrativos por el estado de alarma, declarado el pasado 14 de marzo con motivo de la crisis del coronavirus. 

La Coalición ProAcceso, a la que ihr.world se adhirió en marzo de 2017, es una iniciativa de Access-Info , que defiende y promueve el derecho al acceso a la información en Europa. Asociaciones de archiver@s, periodistas, abogad@s, y otros colectivos ciudadanos. La defensa del acceso a la información ha sido siempre un asunto clave en los proyectos de nuestra asociación desde sus inicios. Al final de este artículo podéis ver el listado de todas las organizaciones y descubrir quiénes son clicando en los enlaces.

Pedimos modificaciones legislativas, la participación de l@s archiver@s en la gestión del acceso a la información, la creación de una web que centralice la información oficial de la covid-19, la publicación de datos abiertos y la garantía de la protección de la privacidad en el seguimiento digital.

El acceso a la información es fundamental

En una carta dirigida a la Ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, los miembros de la Coalición Pro Acceso denunciamos los efectos que esta pandemia está teniendo sobre la transparencia y el acceso a la información, un derecho fundamental que debe ser protegido especialmente en tiempos de crisis. Si queremos que los ciudadanos confíen en las instituciones, es imprescindible que estos conozcan sus actuaciones y aseguren la adecuada rendición de cuentas por parte del gobierno. 

La gravedad de la situación generada por la pandemia de la covid-19 ha hecho que el Gobierno tome medidas excepcionales como la suspensión de los plazos administrativos, algo que también ha ocurrido en muchos países europeos y americanos. Sin embargo, también existen ejemplos de buenas prácticas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, que demuestran que, a pesar de las circunstancias, es posible cumplir con este derecho: 

  • En Argentina, se ha modificado la suspensión para mantener los plazos de respuesta a las solicitudes de acceso a la información; 
  • El Consejo de la Unión Europea y la Comisión mantienen el plazo de 15 días, aunque reconocen que pueden darse leves retrasos en algunos casos;

La Coalición Pro Acceso reitera al Gobierno central la necesidad de adoptar las siguientes medidas

  • Modificar el Real Decreto 463/2020, incluyendo el derecho de acceso a la información entre las excepciones de suspensión de plazos administrativos;
  • Instar a las unidades de información de la Administración General del Estado, y mientras dure el estado de alarma, a responder de forma prioritaria a todas aquellas solicitudes relacionadas con la covid-19, en base a lo establecido en el apartado cuarto de la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto, que permite la continuación de procedimientos administrativos relacionados con la pandemia; 
  • Continuar, en la medida de lo posible, con la tramitación de las solicitudes recibidas antes o durante el estado de alarma no relacionadas con la pandemia, evitando que la resolución se prolongue en el tiempo. 
  • Documentar debidamente la toma de decisiones y las actuaciones públicas que se lleven a cabo, así como asegurar la correcta gestión de toda la información. 
  • En caso de requerir un refuerzo de personal para la tramitación de solicitudes de acceso a la información, permitir la colaboración de los archiveros de la Función Pública conforme a lo previsto en la Disposición Adicional Decimoctava del Real Decreto – Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la covid-19. 

Asimismo, para asegurar la transparencia de las actuaciones de las instituciones públicas deben: 

  • Crear una página web o una sección en el Portal de Transparencia dedicada exclusivamente a la covid-19, donde se publique de manera proactiva y centralizada toda la información relacionada con la gestión de la pandemia (sanitaria, legal, laboral, económica, científica, presupuestaria, medioambiental…) a nivel nacional, autonómico y local, ofreciendo los datos con la mayor desagregación posible (barrios). Se priorizará aquella información requerida de forma más recurrente en las solicitudes. Todos los datos deberán publicarse en formatos abiertos y reutilizables, con sus respectivos metadatos, y deberán ser incluidos, además, en un catálogo especial sobre la covid-19 en el portal datos.gob.es
  • Publicar proactivamente y de forma inmediata: 
    • la conformación del o de los comités científicos, así como los informes en los cuales se basan las decisiones tomadas por el Gobierno; 
    • toda la información relacionada con la contratación pública de emergencia, incluyendo intermediarios, beneficiarios, contratos, liquidación, ejecución, etc. 
    • Mantener un soporte digital de toda la información relacionada con la covid-19 que permita la trazabilidad de las acciones realizadas y, por ende, garantice la adecuada rendición de cuentas.
  • Garantizar la protección de la privacidad, asegurando que el seguimiento y la vigilancia digital usada para proteger la salud de los ciudadanos sea una medida temporal y supervisada constantemente por especialistas y miembros de la sociedad civil, permitiendo una completa transparencia del uso dado a los datos recolectados

Entidades que nos adherimos a la petición

La misión de la escuela es transformar el país

La educación universal se considera una de las más importantes responsabilidades del Estado hoy en día. Sin embargo, se trata de un avance relativamente reciente. Este 14 de abril, para conmemorar el aniversario de la proclamación de la Segunda República en 1931, escribimos sobre cómo los primeros gobiernos de la República se esforzaron en combatir los altos índices de analfabetismo mediante el establecimiento de un sistema de educación primaria universal.

España fue uno de los primeros estados europeos en reconocer la importancia de la educación universal. La Constitución de 1812 estableció que cada pueblo debía tener una escuela primaria y la Ley Moyano de 1857 convirtió en obligatoria la asistencia a la escuela hasta los nueve años. Sin embargo, tales ambiciosos objetivos no se reflejaban en la realidad. El Estado confiaba en la Iglesia para gran parte de la educación, tanto primaria como secundaria, y entre sus escuelas había algunas de las más prestigiosas. En 1931 el Ministerio de Educación estimó que había 32.680 escuelas y que eran necesarias 27.151 más. Basándose en el supuesto de que, de promedio, cada escuela primaria rural tendría una clase de 50 alumnos, había un déficit de un millón de plazas en escuelas primarias

Esta carencia de escuelas repercutía directamente en la elevada tasa de analfabetismo de adultos, estimada en un 30 por ciento, alcanzando el 60 por ciento en algunas provincias [ver detalle]. Como en cualquier sociedad con un porcentaje tan alto de analfabetismo, las personas alfabetizadas probablemente tampoco eran muy capaces. No sorprende que estos promedios ocultaran grandes desviaciones: entre diferentes clases sociales, entre zonas urbanas y rurales (la alfabetización tendía a ser más alta en las ciudades) y también entre diferentes zonas del país (el norte de España estaba en general más alfabetizado que el sur). El analfabetismo también afectó en mayor medida a las mujeres: la tasa general de analfabetismo de adultos en la provincia de Zaragoza era del 30%, pero el 62% de los analfabetos eran mujeres,  según el Museo Pedagógico de Aragón.

Para los líderes políticos de la Segunda República, la alfabetización universal era fundamental. El proyecto republicano no aspiraba únicamente a reemplazar la monarquía como forma de gobierno sino también principalmente a modernizar España. La modernización suponía formar una ciudadanía alfabetizada e informada que sería capaz de ejercer las responsabilidades necesarias para apoyar un sistema de gobierno representativo. Esto lo reconoció, por ejemplo, Manuel Azaña, proclamado Primer Ministro en octubre de 1933, al declarar que «la escuela estatal debería ser el escudo de la República». El Director General de Educación Primaria, Rodolfo Llopis, también destacó el papel de la educación en un discurso en Zaragoza en diciembre de 1932:

«La misión de la escuela es transformar el país en estos momentos (…) que los que estaban condenados a ser súbditos, puedan ser ciudadanos conscientes de una República» (fuente).

Estas palabras se reflejaron en varios artículos de la Constitución de 1931, que establecía: «El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada«. Según el Artículo 48, la educación primaria debía ser «gratuita y obligatoria«. La enseñanza debía ser «laica» y “se inspirará en ideales de solidaridad humana”.

Dada la escasez de escuelas primarias, el nuevo gobierno planeó y adquirió casi de inmediato el compromiso de construir 5.000 nuevas escuelas primarias al año a lo largo de los siguientes cinco años. Los municipios debían proporcionar tierras, mientras el gobierno contribuiría a los costes de construcción y el pago de los salarios de los maestros. A principios de 1932, el Ministro de Educación anunció la construcción de más de 7.000 nuevas escuelas. Sin embargo, pronto se redujo el ritmo de construcción, en parte por restricciones financieras y en parte por conflicto con la Iglesia y las consecuencias políticas del mismo. Así, en 1932 se construyeron 2.580; en 1933, 3.990; y en 1934-35 (los dos años de gobierno de centro-derecha), 3.421 en total. Esto representó un total de 9.991 en cuatro años. Esta cifra debe compararse con el total de 11.128 nuevas escuelas abiertas bajo la monarquía desde 1900 a 1930.

Los ministros del gobierno más vinculados a este programa de construcción, fortalecimiento y modernización del sistema escolar fueron Marcelino Domingo, Ministro de Educación entre abril y octubre de 1931, y Fernando de los Ríos, quien lo sucedió desde octubre de 1931 hasta la caída del gobierno de Azaña en octubre de 1933.

Por supuesto, las nuevas escuelas requerían más maestros y el Ministerio lanzó un programa para seleccionar y dar formación a 7.000 personas con título de licenciado sin experiencia docente. También se tomaron medidas para mejorar el estatus y el salarios de los maestros, que eran notablemente bajos, reflejándose esto en la expresión “pasar más hambre que un maestro de escuela”. Así, obtuvieron el estatuto de “funcionarios públicos” por la Constitución y vieron cómo aumentaba su salario en un 15% entre 1931 y 1933. 

De hecho, se vio a los maestros como figuras clave en la consolidación de la República: como destacó la Revista de Pedagogía en mayo de 1931: «Los educadores españoles estamos, como nadie, obligados a ser los defensores más entusiastas de la República. Tenemos el deber de llevar a las escuelas las ideas esenciales en que se apoya: libertad, autonomía, solidaridad, civilidad. [fuente] Como destaca Carlos París:

“Surge así toda una generación de maestros identificados con la República. El régimen franquista tomó tan buena nota de ello, que prohibió la enseñanza a todas las personas que la habían ejercido en la zona republicana durante la Guerra Civil” [fuente]

También se tomaron medidas para mejorar y ampliar la educación secundaria, incluida la construcción de nuevas escuelas. Las escuelas secundarias mixtas reemplazarían las segregadas. Esta medida provocó la oposición de numerosas familias, especialmente en algunas zonas rurales y ciudades más pequeñas. Más tarde, la dictadura de Franco prohibió la coeducación.

Las reformas educativas de la República avivaron serias disputas con la Iglesia y provocaron la hostilidad de muchos devotos católicos. El artículo 26 de la Constitución prohibía dar clases a las órdenes religiosas. En 1931, el Ministerio de Educación solicitó a los ayuntamientos las cifras de alumnado que asistía a escuelas primarias religiosas. El total llegó a 350.000. Reemplazar la educación católica, de nuevo sobre la base de cincuenta alumnos por escuela, iba a requerir que el Estado construyera 7.000 escuelas adicionales. Además, la Iglesia era propietaria de unas 300 escuelas secundarias, con unos 20.000 alumnos. A diferencia de las escuelas primarias, el gobierno no pudo reemplazarlas de inmediato por falta de personal cualificado para sustituir a los miembros de las órdenes religiosas que impartían clases allí. Sin embargo, antes de poder resolver este problema, el gobierno de Azaña fue reemplazado por una administración de centroderecha dirigida por Alejandro Lerroux, que ignoró esta disposición constitucional.

FOTO: Escuela de José Sánchez Rosa, maestro racionalista andaluz seguidor del modelo propugnado por Francisco Ferrer Guardia. Imagen tomada en la Sevilla de 1936, poco antes de la rebelión militar, autoproclamada con el nombre de ‘Alzamiento Nacional’. Autor: Franciscojosecuevasnoa [CC BY-SA]

Pioneras: las primeras diputadas españolas: Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken

El nuevo gobierno español, anunciado en enero, incluye a 11 ministras de un total de 22 ministerios. Sin embargo, la participación de las mujeres en los más altos niveles de gobierno en España es un avance reciente. Con motivo del Día Internacional de la Mujer 2020, Innovación y Derechos Humanos quiere recordar a las primeras tres diputadas del Parlamento español, todas ellas elegidas para las Cortes Constituyentes de la Segunda República en 1931.

Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken fueron elegidas como diputadas bajo la ley electoral de 1890 que restringía el voto a los hombres [pero permitía a las mujeres presentarse como candidatas]. Las mujeres solo pudieron votar tras constituirse la nueva República, aprobada por las Cortes Constituyentes en diciembre de 1931, y lo hicieron por primera vez en las elecciones generales de noviembre de 1933.

Paul Preston ha señalado que «la presión para el voto de la mujer no procedía de ningún movimiento colectivo de mujeres sino de una pequeña élite de mujeres cultas y de algunos hombres políticos progresistas, sobre todo del partido socialista» (Palomas de Guerra, Ed. DeBolsillo, 2004). La principal promotora del sufragio femenino fue Clara Campoamor, que formó parte de la comisión que redactó la constitución y dirigió el debate a favor de la igualdad legal de las mujeres en las Cortes en octubre de 1931. El artículo 36, que otorgaría el voto a las mujeres a la edad de 23 años en los mismos términos que a los hombres, se aprobó en las Cortes por 161 votos a 121, principalmente por el apoyo del Partido Socialista. (Lee aquí la Constitución de 1931)

Antes de ser elegida en junio de 1931 por Madrid como diputada del Partido Radical, Clara Campoamor se había hecho un nombre en la década de 1920 como abogada. Nacida en Madrid en 1888 de padres de clase trabajadora, se graduó en 1924 y luego se especializó en asuntos de paternidad y matrimonio, en un momento anterior a la legalización del divorcio. En 1928, contribuyó a establecer la Federación Internacional de Mujeres Abogadas (International Federation of Women Lawyers). Fue la primera mujer en intervenir ante el Tribunal Supremo y, en 1931, fue la primera mujer en dirigirse a las Cortes durante la República. Su campaña por el sufragio femenino no solo topó con la oposición de la Iglesia y la hostilidad de la opinión conservadora, sino también con  la mayoría de los miembros de su propio partido. Fue derrotada en las elecciones de 1933 y abandonó el Partido Radical poco después, en protesta por sus políticas cada vez más derechistas. En 1933-1934 se desempeñó brevemente como Directora General de Beneficencia y Asistencia Social. En 1936, temiendo por su seguridad, abandonó España y se estableció en Lausana, Suiza, donde murió en 1972.

Las otras dos mujeres diputadas en las Cortes Constituyentes, Victoria Kent y Margarita Nelken, se opusieron al sufragio femenino en 1931, aunque esta última solo fue elegida en segunda vuelta (elección parcial)  en octubre de 1931 y no formó parte de las Cortes a tiempo para los debates sobre el Artículo 36. Tanto Kent como Nelken argumentaron que las mujeres no estaban ni social ni políticamente preparadas para votar y que, estando muchas mujeres bajo la influencia de la Iglesia, darían apoyo a partidos hostiles a la República. Como sostuvo Victoria Kent durante el debate, «no es cuestión de capacidad; es cuestión de oportunidad para la República». Tanto Kent como Nelken tenían un impresionante historial como activistas por los derechos de las mujeres y la justicia social. Su temor sobre las consecuencias del sufragio femenino es quizás muestra de la fuerte oposición a que se enfrentó la República a los pocos meses de su proclamación.

Victoria Kent nació en Málaga en 1891. Fue una de las primeras mujeres en acceder a la abogacía en España y se hizo famosa por ser la primera en ejercer como abogada ante un tribunal militar, defendiendo con éxito a Álvaro de Albornoz en su consejo de guerra, después del intento de alzarse contra la monarquía en Jaca en diciembre de 1930. Después de la proclamación de la Segunda República en abril de 1931, Albornoz se convirtió en Ministro de Justicia y Kent fue elegida como diputada por el Partido  Radical Socialista. Como Directora General de Prisiones entre 1931 y 1934, implementó importantes reformas para mejorar las condiciones carcelarias, incluyendo la construcción de la nueva prisión de Ventas en Madrid para mujeres (lee aquí sobre su inauguración).

Aunque perdió su escaño cuando los partidos de derecha ganaron las elecciones en 1933, volvió a las Cortes en febrero de 1936, esta vez como diputada de Izquierda Republicana en Jaén. Durante la Guerra Civil, trabajó en la embajada española en París, ayudando a niños refugiados del conflicto. Después de la invasión alemana de Francia, vivió bajo una identidad falsa, evitando la deportación a España, donde los tribunales franquistas la investigaron en su ausencia. En 1948 se mudó a México y luego a Nueva York, donde vivió hasta su muerte en 1987. Una de las estaciones de ferrocarril de Málaga lleva su nombre.

Cuando Margarita Nelken ingresó a las Cortes como diputada socialista de Badajoz en 1931, ya era una famosa crítica de arte, novelista y defensora de los derechos de las mujeres. Nacida en Madrid en 1894 en una familia de ricos inmigrantes judíos, su libro La condición social de la mujer en España (1919) denunció la posición subordinada de las mujeres en la sociedad española y argumentó que solo se conseguirían derechos para las mujeres si triunfaba el movimiento revolucionario. El libro produjo tal escándalo que se debatió en las Cortes y fue condenado por el obispo de Lleida (Lee más aquí, en relación con la historia de las maestras Pepita y Elisa Úriz Pi). Los periódicos y políticos de derecha la calumniaron, acusándola de extranjera y promiscua. Una vez elegida diputada de Badajoz, hizo suya la causa de los trabajadores sin tierra e hizo campaña por la reforma agraria. Su experiencia en Badajoz, incluidas la resistencia de los terratenientes a las reformas laborales de 1931-1933, la violencia de derechas y el fraude electoral en las elecciones de 1933, la llevaron a unirse al ala más radical del Partido Socialista. Fue reelegida para las Cortes en 1933 y 1936. En otoño de 1936, con Madrid amenazada por las fuerzas sublevadas, se quedó en la capital, ayudando a organizar la defensa de la ciudad. En 1937 se había unido al Partido Comunista, pero sus relaciones con el partido fueron muy tensas y fue expulsada en 1942.  Al final de la Guerra Civil ocupó cargos primero en Valencia y luego en Barcelona, ​​dejando la última ciudad poco antes de la entrada de las tropas franquistas en enero de 1939. Después de la guerra se estableció en México, donde se ganó la vida como crítica de arte, apoyando a su madre, hija y nieta. Murió allí en 1968.

En total, solo nueve mujeres fueron elegidas para uno o más de los tres parlamentos de la Segunda República. De ellas, cinco representaron al Partido Socialista (Julia Álvarez, Veneranda García-Blanco, María Lejarraga, Margarita Nelken y Matilde de la Torre), dos al Partido Radical Socialista (Clara Campoamor y Victoria Kent), una al Partido Comunista (Dolores Ibarruri) y una a la Confederación Española de Derechas Autónomas -CEDA (Francisca Bohigas Gavilanes).

Fotografías: [De izquierda a derecha] Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken. Autoría: Estudio Alfonso. Fuente: Archivo General de la Administración en el Portal de Archivos Españoles.

Carta al Presidente

Querido Presidente del Gobierno que finalmente tenemos, 

El camino hacia lo que queremos conseguir es arduo y tortuoso, también para la sociedad civil. Este año la asociación sin ánimo de lucro Innovación y Derechos Humanos (en internet ihr.world) nos hemos esforzado mucho y nos hemos portado muy bien: tenemos 700.000 registros online en la base de datos centralizada de la Guerra Civil y el franquismo, todos referenciados a archivos e investigaciones, sin el apoyo de ninguna administración. 

Nos indignó la dificultad de familiares de personas desaparecidas y represaliadas para acceder a información. Por ello, hemos dado acceso a casi medio millón de registros nominales de procedimientos judiciales militares entre 1936 y 1975, y más de 130.000 de batallones disciplinarios de soldados trabajadores entre muchos más (Explora la base de datos). 

No nos dejamos influir por la publicidad. Si bien lo que pedimos para 2020 exige valentía política, no descalabrará las arcas del Estado: 

  • Desbloquear en el Congreso la iniciativa de modificación de la Ley de Secretos Oficiales 9/1968 y que se establezca la desclasificación automática de documentos tras un máximo de 50 años como en otros países de nuestro entorno. O bien que se elabore y apruebe una Ley de Archivos.
  • Dotar a todos los archivos de los recursos humanos y económicos necesarios para gestionar y describir los fondos todavía ocultos del período de la Guerra Civil y la dictadura franquista.
  • Publicar y dar permiso para reutilizar las bases de datos y los instrumentos de descripción de los archivos sobre represión, especialmente desde la Subdirección General de Archivos Estatales
  • Acabar con todas las barreras al acceso a la documentación, especialmente a la histórica, que sufren quienes quieren investigar Guerra Civil y franquismo desde hace décadas. En este caso, el derecho de acceso debe prevalecer sobre la protección de datos personales; que conste por ley.
  • Acabar con las fundaciones que custodian documentos de todos los ex jefes de Estado y de gobierno. Que la documentación se integre en archivos públicos.

Este año vamos a continuar trabajando para que la innovación mejore la protección a los Derechos Humanos fundamentales, especialmente el derecho a obtener información pública, y confiamos en que Ustedes también.

Quedamos a la espera de su respuesta. Saludos cordiales, 

Innovación y Derechos Humanos (info@ihr.world)

Tres años reivindicando el derecho de acceso a la información

Hoy Día Internacional de los Derechos Humanos, todo el equipo de Innovation and Human Rights celebramos el tercer aniversario de nuestra asociación sin ánimo de lucro. Compartimos nuestra satisfacción por haber creado y mantener online la base de datos centralizada de víctimas y personas represaliadas durante la Guerra Civil y el franquismo , que a día de hoy integra 700.000 registros referenciados a archivos e investigaciones. También manifestamos nuestra determinación a continuar. 

El big data de la represión

Hasta el momento, la mayoría de registros, en concreto 485.136, son de procedimientos judiciales militares procedentes de diversos archivos del Ministerio de Defensa, que hemos centralizado por primera vez. Corresponden únicamente al Ejército de Tierra en once provincias españolas

Promover el acceso a la documentación de la Guerra Civil y perseverar en la base de datos no siempre ha sido fácil. No hemos recibido ayuda de ninguna administración pública. A menudo hemos topado con límites al acceso porque el reglamento general de protección de datos se interpreta de la manera más estricta posible. Además, nuestro trabajo es atípico: encontramos datos históricos ya publicados y los homogeneizamos para hacerlos buscables. 

Trabajo en equipo

Nada de lo que hemos hecho habría sido posible sin: (1) todas y cada una de las estupendas personas que forman parte o han colaborado con Innovation and Human Rights: profesionales del Periodismo, la Informática, la Historia y la Archivística, entre otros. (2) el trabajo de los archivos, y sus profesionales que describen la documentación y la facilitan a quienes investigan (3) los/as autores/as que han contribuido a enriquecer la base de datos con el fruto de sus investigaciones (4) las personas que siempre nos han prestado su apoyo, cada una desde su posición; ellas saben quienes son. No solo archiveros/as, historiadores/as, informáticos/as, asociaciones de víctimas y otros/as, con quienes mantenemos un contacto continuado, sino también personas anónimas que nos descubren, nos escriben y, o bien agradecen nuestro trabajo altruista o bien nos encargan trabajos que nos permiten sobrevivir como asociación. 

Tejiendo redes 

También estamos muy satisfechas y agradecidas porque hemos firmado convenios de colaboración con la Associació d’Arxivers i Gestors Documentals de Catalunya, la Universidad de Santiago de Compostela, el CRAI Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona (UB), la Fundación Pablo Iglesias y, recientemente, la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB). Además, hemos recibido estudiantes en prácticas de Periodismo e Historia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Actualmente estamos ampliando estos acuerdos.  

El embrión de IHR fue el proyecto multimedia 800 días bajo las bombas , sobre la Guerra Civil en Barcelona, para betevé (entonces Barcelona Televisió), que incorporaba una base de datos de personas fallecidas por bombardeo. Ya entonces nos indignó que fuera tan difícil para los familiares de las víctimas acceder a información, ochenta años después. En noviembre de 2017 presentamos la base de datos, en aquel momento con 224.000 registros online, en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Aquel día me acompañaron Guillermo Blasco, socio fundador, y Javier Rodrigo, Doctor en Historia y experto en fascismos, guerra civil y violencia colectiva, que destacó la importancia de una iniciativa que permitiera cruzar datos y enriquecer el conocimiento histórico. 

Objetivos 2020 

A corto plazo, acabaremos de documentar nuestra metodología para que nuestro trabajo se pueda replicar y para mejorar nuestra productividad.  “El principal reto es que cada conjunto de datos tiene una estructura diferente que a menudo viene determinada por su contenido,” dice Carla Ymbern, experta en Periodismo de Datos, en IHR desde 2017. “Verificamos que no haya valores duplicados o incompletos, y que no se haya omitido ninguno al convertir el fichero en datos reutilizables. Cuando tenemos la certeza de que los datos son correctos, identificamos los campos relevantes y limpiamos los datos aplicando unos criterios establecidos”. 

Buscamos también seguir incrementando el volumen de datos, que hemos triplicado en dos años. Trabajamos para establecer nuevas alianzas y lanzar más proyectos. A medio plazo, se mantiene el reto de mejorar el concepto y la accesibilidad de la base de datos para poder cruzar más datos. Centralizar todos los campos de la información supondrá un salto cualitativo para contribuir a la investigación historiográfica. 

Nuestra ambición es global, no se centra en un área geográfica. “España y su gente han sido muy generosas conmigo desde mi primera visita en 1974 –en palabras de Charlie Nurse, historiador que elabora la versión inglesa de esta web desde Cambridge–. Creo que este proyecto ayuda a la sociedad española a entender y asumir su pasado más reciente». Como conclusión, se mantienen nuestros objetivos de facilitar el acceso a la información, difundir el trabajo de los archivos y contribuir a la investigación histórica.

Empezamos a colaborar con la Escuela de Archivística y gestión de documentos

La Fundación de la Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) y la asociación sin ánimo de lucro Innovación y Derechos Humanos (IHR) han firmado un convenio de colaboración para promover la organización de actividades conjuntas y la difusión de proyectos de ambas entidades. Este convenio con la FUAB, entidad que establece la estrategia de funcionamiento de los proyectos docentes de la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos (ESAGED), nos acerca al mundo académico y a la colaboración con estudiantes y profesorado del Máster en Archivística y Gestión de Documentos

Los proyectos de Innovation and Human Rights facilitan el acceso a documentación e información de la Guerra Civil y del franquismo. Tanto la mayoría de registros de la base de datos centralizada como el Proyecto sumarísimos hacen referencia a documentación conservada en archivos. 

Además de ayudar a los familiares de las víctimas a acceder a documentación, para nosotras es muy importante dar a conocer què hacen los archivos y difundir su uso social reutilizando los datos que han elaborado. 

Este objetivo se concreta ahora con la firma de este convenio, que Montserrat Balagueró, directora de Servicios Docentes de la FUAB, y Concha Catalan, cofundadora y presidenta de IHR celebraron el pasado 21 de noviembre. En el acto estuvo presente también el director de la ESAGED, Joan Pérez Ventayol, quien destacó la importancia de promover la práctica archivística para reparar injusticias.

Ya hemos iniciado una colaboración con un estudiante del  Máster en Archivística y Gestión de Documentos sobre una investigación que utiliza determinados datos en relación al exilio republicano. 

Consulta la noticia sobre el convenio en la web de la ESAGED

Foto: De izquierda a derecha, Concha Catalan y Montserrat Balagueró [por Eli Pachon]

La memoria de los archivos judiciales

Hasta el 30 de noviembre se puede visitar en la antigua Cárcel Modelo de Barcelona la exposición «La memòria del segle XX des dels arxius judicials» organizada por el Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona. 
Conforman la exposición trece plafones con imágenes de documentos de los archivos judiciales y del Registro Civil, cuyos originales se conservan en el Archivo Central y Territorial de la Ciudad de la Justicia y del Registro Civil del partido judicial de Barcelona.
Los documentos seleccionados (sumarios, sentencias, autorizaciones maritales, prohibiciones de nombres catalanes o informes policiales) nos permiten conocer la sociedad y el sistema judicial durante la Guerra Civil y el franquismo en un recorrido por cuatro ámbitos:

Víctimas de la represión durante la Guerra Civil y la posguerra

Este ámbito acoge un fragmento de la inscripción de defunción de Eduardo Barriobero, jefe de la oficina jurídica republicana, fusilado en el Campo de la Bota en 1939. También muestra el sumario de Jenny Kehr, mujer judía que se suicidó en la antigua cárcel de mujeres de Barcelona al intuir que sería deportada tras su traslado a Figueres. Hay también documentos que exponen la represión ejercida contra eclesiásticos asesinados por las patrullas de control.

La mujer durante el franquismo

Los documentos que protagonizan esta sección son autorizaciones y consentimientos que los hombres debían otorgar a las mujeres de su familia, por ejemplo, para poder viajar al extranjero, como podemos observar en la siguiente imagen:

La lengua catalana durante el franquismo

Los plafones dedicados a esta sección muestran nombres catalanes traducidos al castellano, cambios de nombres considerados ilegales y subversivos y la prohibición de inscripción onomástica en catalán.

Control social durante el franquismo

En el último ámbito pueden verse informes policiales sobre los opositores al régimen franquista y también una sentencia que muestra la represión al colectivo LGTBI aplicando la Ley de vagos y maleantes, sustituida en 1970 por la Ley sobre peligrosidad y rehabilitación social.

Los documentos que recoge la exposición ponen de manifiesto la importancia de los archivos y su papel en la sociedad formando un patrimonio único que salvaguarda la memoria histórica colectiva promoviendo la verdad, la justicia y la reparación.

En ihr.world creemos en este papel fundamental de los archivos y, por ello, cada uno de los 700.000 registros de la base de datos centralizada de la Guerra Civil y el franquismo tiene como referencia a su fuente documental.