Poco antes de la medianoche del 12 de septiembre de 1923, el teniente general Miguel Primo de Rivera, Capitán General de Cataluña, declaró la ley marcial y anunció su toma del poder. El 15 de septiembre, tras destituir al Gobierno en funciones, el rey Alfonso XIII nombró a Primo Presidente del Gobierno. Con motivo del centenario del Golpe de Estado de 1923, publicamos este artículo en el blog, centrado en el papel de la conflictividad social en Barcelona entre 1919 y 1923, que allanó el camino hacia el Golpe .
A menudo se considera que el régimen parlamentario establecido en 1876 aportó estabilidad política a España. Sin embargo, a partir de 1917, dicho régimen entró en un periodo de crisis continua. En algunos aspectos, el propio sistema político y los retos a los que se enfrentó después de 1917 pueden compararse con los de otros países de Europa Occidental en la misma época, como Italia, el Reino Unido y Alemania. A pesar de la adopción del sufragio universal masculino en 1890, la política española estaba dominada por las clases terratenientes y empresariales. Ejercían su influencia de tres formas: presionando a los votantes, especialmente en las zonas rurales; mediante la cámara alta parlamentaria, con senadores designados [por derecho propio o vitalicios] para controlar a la cámara baja de senadores electos; y por el poder continuado de la monarquía.
Los años inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial fueron testigo de conflictos sociales y políticos en toda Europa, en parte como consecuencia de los efectos de la propia guerra y en parte por la desmovilización de las tropas en la posguerra y a los intentos de restaurar el orden político y social del mundo anterior a la guerra. Los efectos de la Revolución Rusa provocaron una inestabilidad adicional: a pesar de la escasez de información fiable sobre los acontecimientos en Rusia, las noticias de la toma del poder por los bolcheviques inspiraron a muchos grupos izquierdistas de toda Europa y aterrorizaron a los miembros de las clases acomodadas. Hacia 1917, los dos partidos aristocráticos (liberales y conservadores) en que se basaba el sistema estaban muy fracturados. Esto dificultaba la formación de un gobierno con mayoría estable en las Cortes y brindaba a Alfonso XIII la oportunidad de ejercer una mayor influencia política. En este contexto, los efímeros gobiernos españoles de la posguerra se enfrentaron a una serie de retos que habrían puesto a prueba a cualquier régimen, siendo uno de ellos el intento de controlar el territorio de Marruecos asignado a España en los acuerdos internacionales de 1904 y 1912.
Si bien España había permanecido neutral, los efectos de la Primera Guerra Mundial habían sido profundos, trastocando la estructura política de preguerra, generando un auge económico que vio cómo se obtenían enormes beneficios por la exportación de bienes a británicos y franceses, acompañado de una elevada inflación que exacerbó la lucha de la población urbana y rural en situación de rápida industrialización. Aunque esto afectó a todos los sectores de la sociedad española, este proceso fue especialmente acusado en Barcelona, como señala Francisco J. Romero Salvadó:
Durante los años de la guerra, ninguna otra ciudad española experimentó tal disparidad entre los pocos ricos y las masas trabajadoras. El auge industrial reportó beneficios extraordinarios a los magnates del textil, financieros y empresarios de Barcelona….. Al mismo tiempo, la clase trabajadora sufría mucha presión, soportaba largos turnos en las fábricas y, con sus salarios bajos, apenas podía permitirse el aumento de los precios de los productos de primera necesidad y de los alquileres.
The Foundations of Civil War: Revolution, Social Conflict and Reaction in Liberal Spain, 1916–1923. Routledge, 2008, p. 126
Aunque los años entre 1919 y 1921 se conocen como el «Trienio Bolchevique», sobre todo por las huelgas y revueltas rurales en Andalucía -que fueron sofocadas con gran violencia y supusieron el despliegue de 20.000 soldados al mando del general Manuel Barrera-, la crisis de la posguerra se centró, quizá no sorprendentemente, en Barcelona. En palabras de Romero Salvadó:
La mayor metrópoli del país, con diversos antecedentes de movilización laboral; la capital catalana, aparecía como el paradigma de todas las contradicciones y tensiones de este proceso modernizador: inmigración masiva, brecha creciente entre una burguesía enriquecida y un proletariado paupérrimo, fuertes sentimientos nacionalistas, una guarnición local inquieta y una desconfianza generalizada hacia la administración central, distante y nada representativa.
The Foundations of Civil War, 2008, p. 139
La gran huelga de 44 días en La Canadiense, o La Canadenca, (cuyo nombre oficial era Barcelona Traction, Light and Power Company Limited), entre febrero y abril de 1919, tuvo una importancia fundamental en la experiencia de posguerra de la ciudad. Las huelgas de solidaridad de los trabajadores del textil y de los servicios públicos sumieron a la ciudad en la oscuridad: los tranvías dejaron de funcionar y los comercios cerraron. La protesta demostró el poder de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), federación sindical anarcosindicalista que fue capaz de imponer el cumplimiento de la huelga. En condiciones de escasa violencia, la federación fue capaz de reunir tal apoyo a la huelga que incluso el sindicato de impresores pudo bloquear la publicación de un decreto del Teniente General Milans del Bosch, por el que se militarizaban los servicios públicos. Dicho decreto tenía como objetivo reclutar obligatoriamente a trabajadores, que después iban a poder ser procesados en consejo de guerra.
Milans presionó al gobierno para que declarara la ley marcial, pero el Primer Ministro, el Conde de Romanones, se negó y buscó una solución de compromiso, que incluía la promesa de introducir la jornada laboral máxima de ocho horas (por primera vez en toda Europa para todos los trabajadores). Sin embargo, la resolución del conflicto se vio socavada por la resistencia de muchos líderes empresariales y de los oficiales del ejército destacados en la ciudad, dirigidos por el propio Milans. Argumentando que eran necesarias medidas drásticas para acabar con el poder de la CNT, consideraban que la respuesta del gobierno de Romanones era débil, y que los dejaba indefensos ante una amenaza de revolución, denunciaron que la introducción de la jornada de ocho horas recompensaba a los alborotadores.
Aunque Romanones había sustituido al Gobernador Civil y al Jefe de Policía por figuras más conciliadoras, éstos pronto entraron en conflicto con Milans y con el Gobernador Militar, el general Severiano Martínez Anido, y se vieron obligados a tomar el tren de regreso a Madrid, medida que provocó la dimisión del Primer Ministro. Esto, como sostiene Romero Salvadó, fue un «golpe de estado en todo menos en el nombre» (The Foundations of Civil War, 2008, p. 198) y recibió el apoyo entusiasta de las principales instituciones de la clase empresarial catalana, en particular el Fomento del Trabajo Nacional (FTN) y la Federación Patronal de Cataluña.
La huelga de La Canadiense marcó la pauta del conflicto de los cuatro años siguientes y puede considerarse que allanó el camino hacia el golpe de Estado 1923. Aterrorizados por el poder de la CNT, muchos de los grandes industriales se sintieron secuestrados por una banda de delincuentes durante la huelga de La Canadiense y estaban decididos a reafirmar su control sobre la mano de obra. Como señala Romero Salvadó «en una época de política de masas y movilización popular, las viejas clases dirigentes se percibían cada vez más incapaces de contener la avalancha revolucionaria y defender el orden social» (The Foundations of Civil War, p.191).
Incluso antes de la huelga de La Canadiense, los empresarios habían empezado a movilizarse. Las quejas por la falta de una fuerza policial adecuada no eran nuevas (con una población de 700.000 habitantes, la ciudad sólo contaba con 1.000 agentes), pero a principios de 1919 los líderes empresariales y el ejército establecieron una nueva fuerza policial paralela. Se le dio el antiguo nombre catalán de Somatén, que hacía referencia a una milicia rural medieval. Aunque la nueva fuerza afirmaba ser una fuerza interclasista de «ciudadanos patriotas», entre sus dirigentes figuraban figuras como el conde de Godó, el marqués de Comillas y Francesc Cambó. Un antiguo jefe de policía que había sido destituido por su papel como espía alemán durante la guerra, Manuel Bravo Portillo, creó otra fuerza más oscura con apoyo del ejército. Esta fuerza llevó a cabo una guerra sucia contra los miembros de la CNT, a quienes sometía a arrestos, palizas y, ocasionalmente, asesinaba, a menudo utilizando la información recogida en el llamado Fichero Lasarte, un fichero de miembros de la CNT elaborado a partir de fuentes clandestinas. En octubre de 1919, se organizó un nuevo movimiento sindical paralelo, conocido como Sindicatos Libres, de nuevo con el apoyo del ejército, en un intento de desafiar el dominio de la CNT en la fuerza laboral.
En el periodo comprendido entre la dimisión de Romanones, en abril de 1919, y septiembre de 1923, España tuvo ocho gobiernos diferentes que intentaron hacer frente a la situación de la ciudad. Algunos, como el de Antonio Maura (abril-julio de 1919), apoyaron a la élite barcelonesa y a la cúpula militar en sus intentos de destruir a la CNT. El sucesor de Maura, Joaquín Sánchez de Toca (julio-diciembre de 1919) adoptó un enfoque diferente, intentando reconocer al movimiento obrero e incorporarlo al proceso legal, aislando así a los sectores violentos de la CNT. Con 15.000 miembros de la CNT en prisión, el nuevo Gobernador Civil, Julio Amado, inició negociaciones con las principales figuras de la CNT y puso fin a la ley marcial. A continuación se decretó una amnistía general, se implantó la jornada laboral de ocho horas y se creó una Comisión Mixta de Trabajo (un comité de arbitraje con representantes de los obreros y la patronal).
En noviembre de 1919, al no conseguir que el gobierno les apoyara en la destrucción del movimiento obrero, los industriales catalanes iniciaron un cierre patronal parcial. La Patronal denunció lo que consideraba complicidad del gobierno con los sindicatos y llamó a los «hombres de orden» a tomar el poder. (The Foundations of Civil War, p. 206). Tras levantar temporalmente el cierre patronal a mediados de noviembre, la patronal amenazó con un cierre patronal total a partir del 1 de diciembre, a menos que el gobierno cerrara todas las centrales obreras y detuviera a los dirigentes sindicales. Ante esta situación, el gobierno de Sánchez de Toca se derrumbó unos días más tarde. A pesar del nombramiento de un nuevo gobierno y del nombramiento del conde Salvatierra, de línea dura, como nuevo Gobernador Civil, los grupos empresariales catalanes no quedaron satisfechos: cuando Milans del Bosch se vio obligado a dimitir en febrero de 1920, se convocó un cierre simbólico de un día de todos los comercios de Barcelona en señal de protesta y se pidió la intervención del rey.
La alianza entre la cúpula del ejército y las clases empresariales desempeñó un papel fundamental en el fomento de la violencia que hizo famosa a Barcelona. Aunque la violencia se extendió desde Barcelona a otras ciudades industriales de España, su nivel fue mucho menor. Un escritor contemporáneo enumeró un total de 225 muertos y 733 heridos en actos violentos en Barcelona en los años 1917-1921 (B. Martin, The Agony of Modernisation, 1990, citando a J. M. Farré Morego, Las atentados sociales en España, 1922). Entre los objetivos de las bandas anarquistas se encontraban industriales y directivos: en un espectacular atentado perpetrado el 5 de enero de 1920, se atacó el coche en el que viajaba el presidente de la sección catalana de la Patronal, Félix Graupera, resultando heridos Graupera y su chófer, y muerto un agente de policía. El cierre de todos los sindicatos y la detención de unos 1.500 miembros de la CNT a principios de 1920, así como las actividades violentas de las fuerzas policiales y del Somatén, aumentaron la influencia de las bandas violentas dentro del movimiento anarquista y redujeron la de líderes sindicalistas como Salvador Segui y Angel Pestaña. Entre las víctimas de la violencia anarquista figuran el conde Salvatierra, ex gobernador civil de Barcelona, asesinado en agosto de 1920; y el presidente del Gobierno desde mayo de 1920, Eduardo Dato, asesinado por un escuadrón anarquista en Madrid en marzo de 1921. Cabe destacar que los escuadrones antiobreros no limitaron sus objetivos a los sectores violentos del movimiento anarquista: entre sus víctimas estuvieron el carismático y popular líder sindicalista Salvador Segui (marzo de 1923) y Ángel Pestaña, que resultó herido pero sobrevivió al intento de asesinato en agosto de 1922. [Lee más sobre ellos en nuestra reseña Apóstoles y Asesinos]
Tras la dimisión de Milans del Bosch, los empresarios catalanes encontraron un nuevo adalid militar de línea dura en el general Martínez Anido, que se convirtió en Gobernador Civil en noviembre de 1920, tras la presión que ejercieron sobre el gobierno. Durante las tres primeras semanas de 1921, un total de veintiún miembros de la CNT fueron asesinados en aplicación de la llamada Ley de fugas, práctica según la cual se acribillaba a los presos de los que se informaba que habían intentado fugarse. Además, para descongestionar las prisiones de la ciudad, grupos de presos maniatados eran conducidos cada semana fuera de Barcelona por guardias montados y obligados a caminar hasta prisiones a lo largo del país.
Si bien estas políticas represivas debilitaron al movimiento obrero, nunca recibieron apoyo de forma unánime por parte de los líderes parlamentarios de Madrid. Los dos últimos gobiernos antes del golpe de 1923, encabezados por José Sánchez Guerra (marzo-diciembre de 1922) y Manuel García Prieto, que le sustituyó en diciembre de 1922, intentaron una política de «normalización», poniendo fin a la ley marcial, restaurando las libertades civiles e intentando introducir una legislación sobre convenios colectivos laborales. Al mismo tiempo, Salvador Segui y otros intentaban reconstruir la CNT y alejarla de la violencia de las bandas anarquistas, pero su muerte provocó un resurgimiento de la actividad terrorista de jóvenes pistoleros como Buenaventura Durruti. Su atentado más espectacular fue el asesinato del cardenal Soldevilla de Zaragoza en junio de 1923. Al mismo tiempo, pistoleros vinculados a los Sindicatos Libres y a la policía habían reanudado los atentados contra miembros de la CNT. Pestaña señaló más tarde que la mayoría de sus objetivos eran figuras opuestas al terrorismo. Como señala Romero Salvadó, «Segui, como dirigente más capaz de reconstruir el movimiento anarcosindicalista, era a quien había que eliminar» (The Foundations of Civil War, p. 279).
La respuesta del FTN, la patronal y la cúpula del ejército en Barcelona al nuevo planteamiento de los gobiernos de Sánchez Guerra y García Prieto era previsible. En marzo de 1923, los líderes industriales catalanes lideran una campaña para bloquear el intento del gobierno de introducir una legislación sobre convenios colectivos (que habría proporcionado un papel legal al movimiento obrero). Tras la destitución de Martínez Anido como Gobernador Civil en noviembre de 1922, los grupos empresariales empezaron a buscar un nuevo defensor, al que encontraron en la persona del recién nombrado Capitán General, Miguel Primo de Rivera.
Tras una nueva huelga de transportes en Barcelona en mayo de 1923 que paralizó la ciudad, el FTN denunció al gobierno no sólo por tolerar la situación sino por proteger a las bandas de la CNT y proclamó a Primo como su único salvador posible. Los días 12 y 13 de septiembre, después de que Primo anunciara su golpe Estado en Barcelona, le acompañaron y alentaron muchos de los principales líderes empresariales de la ciudad, y su movimiento fue acogido con satisfacción por el FTN y la Patronal. En su partida hacia Madrid para reunirse con el rey Alfonso XIII y jurar el cargo de Primer Ministro, fue despedido por unos 4.000 ciudadanos prósperos. Su apoyo no era sorprendente: desde 1919, en alianza con líderes militares como Milans del Bosch y Martínez Anido, habían forzado la dimisión de dos gobiernos españoles, además de resistido y socavado cualquier gobierno que no estuviera dispuesto a seguir las políticas represivas que ellos hubieran bendecido. Junto con sus aliados empresariales en otras partes de España, acababan de abandonar el régimen parlamentario establecido en 1876.
Tras el golpe, Milans del Bosch y Martínez Anido siguieron desempeñando papeles importantes en la política de represión en España. Milans del Bosch fue Gobernador Civil de Barcelona entre 1924 y la dimisión de Primo de Rivera en enero de 1930. Martínez Anido fue Ministro de Gobernación y Vicepresidente del Consejo de Ministros entre 1924 y enero de 1930. Entre enero de 1938 y su muerte en diciembre de 1938 fue Ministro de Orden Público bajo el régimen franquista.
Traducción del artículo realizada con la versión gratuita del traductor DeepL y revisión de Concha Catalan.
FOTO: El rey Alfonso XIII (izq.) y el teniente general Miguel Primo de Rivera, por autor desconocido. Bundesarchiv, Bild 102-09411 CC BY-SA 3.0 DE, CC BY-SA 3.0 DE. Se ha editado la imagen para su encaje.
