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El peso del pasado ausente

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Hoy 15 de junio es el aniversario de las elecciones generales de 1977, las primeras celebradas en España tras la muerte del General Franco y un importante punto de referencia en la transición que siguió a la dictadura. Para marcar esta fecha, IHR publica esta reseña de un nuevo libro de Sebastiaan Faber, Profesor de Estudios Españoles en Oberlin College, Ohio. 

En años recientes ha sido habitual atribuir muchas características de la política española a las limitaciones de la transición. Algunas personas han demandado una reforma de la Constitución de 1978 y una segunda transición. La exhumación de los restos de Franco y su traslado del Valle de los Caídos en Octubre de 2019 [Ver ¿Dónde murieron los trasladados al Valle de los Caídos? ] atrajo rápidamente la atención de los medios de comunicación internacionales. Faber utiliza el simbólico significado de dicho traslado como punto de partida para una discusión sobre la España contemporánea y la influencia del franquismo en su problemático siglo veintiuno. Esta influencia se puede resumir con las palabras del historiador Jaume Claret:

(H)ablando en términos generales, podemos decir que para la sociedad española -para la España democrática- el pasado está ausente. En el sentido que simplemente no existe. Y, sin embargo, el peso de ese pasado ausente es innegable (p.231).

El libro se basa en entrevistas hechas a una variedad de observadores/as españoles/as, la mayoría periodistas e historiadores/as durante 2019-2020. Faber no reivindica que abarquen toda la diversidad de opiniones existente en España: remarca que la mayoría de personas entrevistadas «se identifican como progresistas y no conservadoras» pero defiende este aspecto añadiendo que: «el debate sobre las cuestiones que motivan este libro ha sido más intenso y variado en la Izquierda que en la derecha» (p. 21).  De hecho, los diversos enfoques y opiniones de las personas entrevistadas lo convierten en un estimulante debate que da qué pensar y será de interesante lectura tanto en España como en los países anglosajones.  

En el libro se debaten los legados de la dictadura y de la transición en términos institucionales (por ejemplo, el fracaso de la reforma tanto de la judicatura como de las universidades) y sociológicos. 

No todos los entrevistados consideran igualmente importantes esos legados. El periodista José Antonio Zarzalejos atribuye gran parte de la polarización política actual de España a la negativa del Partido Popular a aceptar su derrota en las elecciones de 2004. Tal vez valga la pena señalar que Vox -y, en menor medida, el Partido Popular- se han mostrado igualmente reacios a aceptar la legitimidad del actual gobierno liderado por los socialistas. Otro entrevistado, el crítico cultural Ignacio Echevarría, argumenta que los políticos de izquierdas han exagerado la importancia del legado franquista con fines políticos, y atribuye muchos de los rasgos de la España moderna a su patrón de desarrollo en los últimos 200 años. 

A pesar de los desacuerdos entre los participantes en el libro, surgen temas comunes; entre ellos, la falta de reformas institucionales tras la muerte de Franco. Una de las consecuencias de ello, según el periodista Guillem Martínez, es el «constitucionalismo», que él considera como una «interpretación reaccionaria» de la Constitución, utilizada para defender los mitos tanto de la dictadura como de la Transición (p. 84). El juez Joaquim Bosch destaca la falta de independencia judicial, que atribuye en parte al hecho de que los jueces sepan que el ascenso a la más alta judicatura depende de que consigan el apoyo de uno de los dos principales partidos políticos. Las universidades del país también se mantuvieron intactas durante la transición, y algunas de ellas se han visto afectadas por escándalos en los últimos años. El historiador Luis de Guezala contrasta la destrucción del sistema de enseñanza superior durante la depuración franquista tras la Guerra Civil con la ausencia de cambios de personal tras la muerte de Franco. 

Varios entrevistados, entre ellos la periodista Cristina Fallarás, subrayan el modo en que las principales corporaciones empresariales de España descienden de empresas que se beneficiaron de las políticas de la dictadura de Franco: la expropiación de bienes de los partidarios de la República, la dependencia del trabajo forzado tras la Guerra Civil y la represión del movimiento obrero en connivencia con el régimen. Varios comentaristas destacan que pervive la influencia de las grandes corporaciones en gran parte de la prensa española, y esto se suma al poder que todavía ejerce el gobierno español sobre la radiodifusión.  

Faber identifica diversas asunciones respecto a la democracia y también el lenguaje de la política entre los legados menos obvios de la dictadura. Como señala, muchos políticos de derechas y sus partidarios todavía utilizan expresiones que datan de la dictadura; por ejemplo, se refieren despectivamente a la gente de izquierdas como «rojos», mientras etiquetan a los partidarios de la independencia vasca y catalana como «separatistas» o agentes de la «anti-España». Guillem Martínez sostiene que el problema no es el franquismo en sí, sino que la cultura democrática española ha «normalizado» tanto el franquismo que la sociedad no es consciente de la influencia de la dictadura. Se estigmatizó la política, y mucha gente desestima los temas considerados «políticos» como algo indecoroso y partidista. 

Al mismo tiempo, es evidente, como sostienen muchos de quienes colaboran en el libro, que rasgos destacables que se atribuyen a la dictadura ya existían en España mucho antes. El historiador Ricard Vinyes señala que el franquismo se limitó a heredar las ideas y opiniones más conservadoras y reaccionarias de períodos anteriores. El historiador del derecho Sebastián Martín coincide, e identifica entre ellas una visión jerárquica de la sociedad y una visión «uniforme» e «imperial» de España como sociedad católica. Emilio Silva, uno de los fundadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (AHRM), coincide en esto y añade que el franquismo bloqueó -y sigue bloqueando- la modernización del país.  

Existe un acuerdo casi unánime respecto a la insuficiente enseñanza escolar de la historia de la España del siglo XX, y la necesidad urgente de un tratamiento más amplio y mejor fundado . Aunque la Guerra Civil y la dictadura están en el plan de estudios, aparecen al final en un programa sobrecargado. Por ello, a menudo no se cubren, quizá para alivio de parte del profesorado, ya que se consideran temas controvertidos políticamente. En cualquier caso, gran parte del profesorado no tiene suficiente formación para impartir estos temas. Fernando Hernández Sánchez, formador de profesorado de secundaria, señala que, en la práctica heredada del tardofranquismo de explicar la Guerra Civil como una lucha “entre dos bandos” no sólo se evita mencionar que la guerra se inició con una revuelta militar contra un gobierno elegido democráticamente, sino que también se contribuye a perpetuar una equivalencia moral en la línea de «ambos bandos tuvieron la culpa» y «ambos bandos cometieron atrocidades». Hernández describe el conocimiento del pasado por parte de la población como un «agujero negro», según él en aumento. Señala que tal ignorancia del pasado es terreno abonado para el crecimiento de los mitos de la derecha.    

Aunque el Gobierno ha anunciado medidas en este contexto, las personas entrevistadas por Faber no son optimistas respecto a que finalmente se adopten. Guillem Martínez pide que se legisle para obligar a los tribunales a anular las sentencias dictadas por los tribunales de la dictadura franquista, porque estas sentencias expresan la idea de que el franquismo era una forma legítima de autoridad. Sostiene que la ley de 2017 aprobada por la Generalitat de Cataluña que anulaba las sentencias franquistas fue «falaz» porque la anulación de sentencias no es función de los parlamentos  [Ver Víctimas del franquismo en Catalunya, finalmente en opendata]. Lógicamente, cualquier anulación de este tipo por parte de los tribunales plantearía la cuestión de la incautación por parte de la dictadura de los bienes de quienes habían apoyado a la República. Antonio Maestre pide la revocación del Decreto Ley de Incautación de Bienes Materiales de 1936 que autorizaba dicha confiscación. 

Es difícil hacer justicia en una reseña a la variedad y complejidad de los argumentos presentados en este breve libro. En la conclusión, Faber apunta que, en algunos aspectos, España no es el único país que se enfrenta a estos retos. Como argumenta, muchos otros países, a menudo vistos desde España como «normales», también tienen problemas para lidiar con su conflictivo pasado violento, ya sea en relación con una dictadura, el dominio imperial o la esclavitud. También señala que la derecha populista de todo el mundo quiere presentar la historia como un motivo de orgullo para la ciudadanía, ensalzando a los «héroes» del pasado. Vox no es único en esto, ni plantea una novedad en el contexto español. Es un punto relevante y, aunque la mayoría de los lectores buscarán ayuda en este libro para entender la España contemporánea, mucho de lo escrito debería hacer reflexionar a quien lea desde otro país sobre su propia sociedad y la celebración de versiones míticas de cualquier historia nacional propia.  

Sebastiaan Faber, Exhuming Franco: Spain’s Spanish Transition (Vanderbilt University Press, 2021)

La publicación de una edición española está prevista en 2022.

[Traducción del inglés: Concha Catalan]

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Nuevo Buscador de Represaliados de la Guerra Civil

Uno de los logros  del mundo digital es que la ciudadanía podemos  agregar nuestra propia tecnología si un producto de la burocracia administrativa resulta ser inútil para nuestro propósito . Así ha hecho Hernán Fernández, ingeniero de proyectos en el sector del agua, que en su tiempo libre libera datos de la Guerra Civil y el Franquismo.  

El Buscador de Represaliados de la Guerra Civil española, desarrollado por Hernán, indexa registros existentes en documentos de archivo, otras fuentes oficiales e investigadores independientes. Uno de sus logros destacables es indexar 2,5 millones de registros del Fichero de la Secretaría General y de la Sección Político Social de los Servicios Documentales de Presidencia de Gobierno (1937-1967) del Portal de Archivos Españoles (PARES), desde donde son accesibles junto a los de otros archivos.  

El Fichero de PARES está formado por 69 ficheros ordenados alfabéticamente. Contiene fichas de personas susceptibles de ser represaliadas por su pasado contrario a la implantación de la dictadura franquista  [“contrario al Movimiento Nacional”, según la descripción de PARES] y también fichas de quienes tenían alguna vinculación con el régimen franquista: los gobernadores civiles, procuradores en Cortes, alcaldes, delegados de la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET de las JONS), funcionarios, etc.

Una de las fichas de Federico García Lorca en el Fichero de la Secretaría General y de la Sección Político Social en el Portal de Archivos Españoles

Este nuevo buscador es inédito porque incorpora un algoritmo que identifica resultados similares, pensado expresamente para facilitar la búsqueda de personas con apellidos habituales pero útil en todos los casos. A Hernán lo motivó una inquietud personal: los apellidos de algunos de sus familiares represaliados son muy comunes, lo que dificulta aun más la búsqueda de documentación.  Ahora lo ha solucionado para sí mismo y para el resto del mundo.

Recomendamos emplear este Buscador de Represaliados de la Guerra Civil española , recientemente vinculado al proyecto de largo recorrido combatientes.es , porque en el momento de publicar estas líneas, los registros en común con la base de datos de ihr.world  rondan solo los 600.000. En la base de datos de ihr.world, cada búsqueda da como resultado una página de 25 registros y entre ellos están los exactos (no siempre los primeros) y los más similares.  

En el nuevo buscador, los resultados se presentan en tres columnas. En la central, aparecen registros exactamente iguales al término de búsqueda y desde cada uno de ellos se redirige a la fuente original. En la columna derecha, aparecen listados todos los registros similares. Esto es muy útil porque en muchas ocasiones hay errores tipográficos en la transcripción. Ahora bien, pueden llegar a ser varios miles. 

Por ello, es útil la columna de la izquierda, que filtra la de la derecha y proporciona los registros más similares a nuestra búsqueda según varios parámetros.

Deseamos al Buscador de Represaliados de la Guerra Civil española mucho éxito y desde aquí, como siempre, estamos dispuestas a colaborar por el bien común.

FOTOS: Zosimo Barriales Merino (izq) y Domingo Lopez Blanco (dcha), cedidas por su bisnieto Hernán.

«Prison of Women» (Cárcel de mujeres), por Tomasa Cuevas

En un artículo de 2019 reseñamos el libro de Tomasa Cuevas Cárcel de Mujeres 1939-1945. Mencionamos que había sido publicado en inglés en 1998 con el título Prison of Women: Testimonies of War and Resistance in Spain, 1939-1975 (State University of New York Press, 1998). Nos equivocamos, pues Prison of Women es un libro diferente a cualquiera de los libros de Tomasa Cuevas publicados en español. 

Hoy, con motivo del 23 de abril, Día del Libro y Diada de Sant Jordi en Catalunya, publicamos este artículo para llamar la atención sobre un libro que probablemente será desconocido para nuestros lectores, y para destacar la notable vida y obra de Tomasa Cuevas (1917–2007) y de algunas de sus compañeras de prisión cuyas historias también se relatan.

Mary E. Giles, historiadora de Estados Unidos y autora de varios libros sobre la Inquisición en España tradujo Cárcel de Mujeres 1939-1945 al inglés. En una introducción explica cómo, por casualidad, en 1989, encontró el libro en una librería madrileña. Cinco años después, a través de una amistad en común, acordó encontrarse con la autora y pasaron tres días juntas seleccionando y organizando material de las tres publicaciones españolas de Cuevas. 

Prison of Women es el resultado de ese trabajo. Es a la vez una autobiografía de Cuevas y un retrato de aspectos de la dictadura en gran parte olvidados en España. Aunque la propia historia de Cuevas determina la estructura del libro, once de los veintitrés capítulos son extractos de entrevistas que grabó a finales de la década de 1970 con algunas de las mujeres a quienes había conocido en la cárcel.

Cuevas creció en Guadalajara y comenzó a trabajar a los nueve años en un taller de géneros de punto. A los diecisiete años era miembro del Partido Comunista de España. Pasó la Guerra Civil en una variedad de trabajos, algunos en hospitales. Al final de la guerra fue detenida tras ser reconocida y denunciada por un vecino de Guadalajara al ir a tomar un tren con destino a Madrid. En un consejo de guerra colectivo se la sentenció a treinta años de prisión y ahí comenzó su recorrido por el mundo de pesadilla del sistema penitenciario del régimen franquista. Su condena se redujo posteriormente a veinte años y en 1944 fue puesta en libertad condicional y obligada a vivir en Barcelona. Nuevamente arrestada en 1945 por reiniciar su actividad en el Partido Comunista, fue liberada en 1946 y vivió bajo nombres falsos hasta 1953, cuando escapó para vivir en Francia. En 1961, tras la detención en España de su marido, también militante del Partido Comunista, se le permitió volver a vivir en Barcelona.

Uno de los aspectos sobresalientes del libro de Cuevas es su retrato de la solidaridad mostrada entre las presas: la ayuda a las mujeres mayores y a las de mayor riesgo, el reparto de los paquetes de comida recibidos de los familiares, el apoyo a aquellas en espera de juicio y las actividades organizadas en la prisión para mantener la moral. En una prisión, por ejemplo, las reclusas más jóvenes jugaban cada noche a simular un juicio contra Franco, echando a suertes quién debía asumir el odiado papel del dictador.

Cuevas fue enviada a siete cárceles diferentes. En las cárceles de mujeres de Madrid y Barcelona, las presas se beneficiaban de visitantes que estaban en contacto con la red clandestina de apoyo a las presas del Partido Comunista. La mayoría de las cárceles fuera de Madrid y Barcelona estaban en conventos, donde –con una excepción–, parece que las monjas eran más duras con las presas que los guardias. La peor prisión fue la del pequeño pueblo vasco de Amorebieta, que las presas llamaban “el cementerio de las vivas”. Cuevas fue una de las 450 mujeres que llegaron una noche de 1942 a la ya abarrotada cárcel después de un viaje de un día en tren desde Santander. Así describe la escena a la mañana siguiente:

“Por la mañana pudimos ver los rostros de las mujeres en Amorebieta. Tenían la piel tan amarilla que parecían pertenecer a otra raza. Era obvio que se estaban consumiendo… La prisión era un infierno. Parecía como si las mujeres de Santander hubiésemos comido de restaurante todos los días”

Prison of Women, p. 86

En pleno invierno de 1940, se había enviado  a Cuevas y otras 350 mujeres desde Madrid hasta la localidad vasca de Durango en un tren de carga (primero tuvieron que limpiarlo, ya que se había utilizado para transportar animales). Después de viajar durante tres días llegaron al pequeño pueblo de Zumárraga, donde tuvieron que esperar durante la noche para cambiar de tren:

“Hacía mucho frío, e incluso antes de llegar a Zumárraga veíamos el suelo todo blanco de nieve … Cuando el pueblo se enteró de que había presas políticas en la estación, mucha gente se apresuró a venir a vernos e incluso a traernos cosas.”

Prison of Women, p. 51

“Todos los días llegaban nuevos grupos [de presas] a Durango … No había suficientes cárceles en toda España para tantas presas. Por eso, conventos como el de Durango se convirtieron en cárceles. Al final se alojó a más de dos mil mujeres en el convento reconvertido en cárcel de Durango junto a decenas y decenas de niños y niñas de edades que iban desde unos pocos meses –algunos habían nacido en la cárcel– hasta los tres y cuatro años”

Prison of Women, p. 52

Según su relato, cuando la población de Durango lo supo, se organizaron para proporcionar hogares a los menores de dos años hasta que sus familiares pudieran recogerlos. Recuerda que cuando la prisión se cerró, un año después, y los prisioneros fueron enviados a otro lugar, muchos lugareños se reunieron en la estación de tren para llevarles comida para el viaje. Quizás valga la pena recordar el nivel de represión en España en ese momento para valorar tales demostraciones de coraje y apoyo a las presas políticas: tan solo cuatro años antes, en abril de 1937, aviones de la Legión Cóndor alemana habían destruido Durango en un ataque muy similar al llevado a cabo en Guernica.

En las entrevistas a las compañeras de prisión se cuentan las historias de mujeres igualmente excepcionales y de la dureza de sus vidas. Entre ellas, las de Nieves Waldemer Santisteban, que dio a luz en la cárcel de Guadalajara; Rosario Sánchez Mora, que había ayudado a ensamblar toscas bombas usando dinamita durante la Guerra Civil y que perdió una mano en el proceso; Esperanza Martínez, detenida tras pasar un tiempo en la montaña con la guerrilla que combatió la dictadura en la década de 1940; y María del Carmen Cuesta , que era menor de edad cuando fue sentenciada a los quince años por pertenecer a las Juventudes Socialistas Unificadas, ala del Partido Comunista. También están las historias de tres mujeres: Victoria Pujolar, Adelaida Abarca and Angelita Ramos – que escaparon de la prisión de Les Corts en Barcelona y cruzaron la frontera hacia Francia.

Las historias de vida que se describen en este libro no son típicas de todas las mujeres que estuvieron en prisión durante los años de posguerra. Muchas de las entrevistadas por Cuevas habían sido miembros del Partido Comunista, y la propia Cuevas continuó activa en el partido y en la resistencia a la dictadura hasta después de la muerte de Franco en 1975. Sin embargo, su retrato de un aspecto a menudo olvidado de la dictadura franquista y de algunas de las vidas extraordinarias de mujeres que sobrevivieron a la represión de la posguerra, Prison of Women merece ser más conocido y, quizás incluso, ser traducido como tal al español.

(traducción del inglés: Carlos Terraga)

Puede leer parte del libro en inglés aquí

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Los devotos y los desplazados: Una nueva historia de las Brigadas Internacionales

Durante la Guerra Civil miles de personas de otros países se ofrecieron como voluntarias para luchar por la República Española contra los insurgentes liderados por el general Franco. La mayoría de ellos se unieron a las Brigadas Internacionales. Se solía reclutar a los voluntarios a través de los partidos comunistas de sus propios países. Viajaban a España cruzando la frontera francesa, a menudo ilegalmente, o en barco desde Marsella. Hubo alrededor de 35.000 voluntarios en total, aunque menos de la mitad participaron simultáneamente en la contienda. Los reclutas procedían de muchos países, destacando en número los procedentes de Francia, Polonia, Italia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Yugoslavia y Checoslovaquia. Aunque una pequeña minoría eran escritores, artistas e intelectuales, la mayoría era de clase trabajadora. La mayor parte tenía poca formación o experiencia militar y, a su llegada a España, fueron enviados a Albacete para su formación. Lucharon en la mayoría de las principales batallas de la Guerra Civil. El 8 de febrero de 1939, cuando Cataluña fue ocupada por las fuerzas de Franco, las últimas unidades de las Brigadas cruzaron la frontera española hacia Francia. Con motivo de este aniversario, reseñamos el libro Las Brigadas Internacionales: Fascismo, libertad y la guerra civil española, por Giles Tremlett  (Editorial Debate, 2020), publicado el pasado mes de octubre en inglés y español. 

Aparte de las memorias de ex brigadistas, ha habido muchas publicaciones sobre las Brigadas Internacionales. La mayoría se ha centrado en voluntarios de países concretos o, en algunos casos, en los de ciudades concretas. Lo que distingue a este volumen de Giles Tremlett, ex corresponsal de The Guardian en Madrid, es que intenta abarcar a todos los brigadistas, independientemente de sus países de origen. En este sentido, es «internacional» pero, a diferencia de los relatos anteriores de este tipo, se ha beneficiado de la apertura de los Archivos Estatales de Rusia, utilizados ampliamente por el autor junto con archivos de otros lugares, incluidos los de Polonia, Países Bajos, España, Reino Unido y Estados Unidos. 

El libro está organizado cronológicamente en una serie de episodios con un tiempo específico, pero muchos de estos episodios se utilizan para explorar temas y problemas más amplios. Aunque las Brigadas se crearon formalmente en otoño de 1936, Tremlett inicia su relato con voluntarios anteriores. La mayoría estaban en Barcelona en el momento del golpe militar de julio de 1936, cuando la ciudad se preparaba para celebrar la inauguración de la “Olimpiada Popular” (organizada en protesta por las “Olimpíadas nazis” en Berlín). Entre los extranjeros que se unieron inmediatamente a las milicias para resistir frente a los sublevados hubo algunos de los deportistas. Tremlett finaliza su relato, tras la derrota militar de la República a principios de 1939, con una discusión sobre las experiencias de los voluntarios en la posguerra. 

Poster Olimpiada popular. Autor: Lewy, Fritz, 1893-1950; Contribución: Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria. Fuente: CRAI Pavelló de la República (Universitat de Barcelona)

La investigación de Tremlett en los archivos soviéticos revela que los voluntarios provenían de más países de los que se había establecido anteriormente, de sesenta y cinco de los estados soberanos independientes existentes entonces. 

Como explica en la introducción, la mayoría de los voluntarios provienen de dos categorías superpuestas de personas: «los devotos» y «los desplazados». Los devotos eran a menudo, pero no siempre, miembros del Partido Comunista. Los líderes del partido intentaron aprobar a los voluntarios según su motivación, experiencia militar, opiniones políticas y aptitud física, y más de la mitad de los voluntarios fueron miembros del partido. 

Sin embargo, en la década de 1930, Europa albergaba a un gran número de refugiados políticos de regímenes represivos. Aunque los más recientes eran Alemania y Austria, también hubo refugiados que escaparon de la represión política y el antisemitismo en Italia, Polonia, Hungría, Yugoslavia y otros lugares. Las comunidades de refugiados más numerosas incluían a quienes habían huido de los pogromos antisemitas en el Imperio Ruso y las personas desplazadas por la Revolución Rusa o por el colapso de los Imperios austrohúngaro y alemán tras la Primera Guerra Mundial. A estos debían añadirse los inmigrantes económicos, especialmente después de la caída de Wall Street de 1929 y el inicio de la Gran Depresión.  

La importancia de tales comunidades de refugiados para el reclutamiento queda clara en el relato de Tremlett, particularmente en el caso de los voluntarios polacos. Había grandes comunidades polacas fuera de Polonia, especialmente en Francia y Bélgica. Sólo alrededor del veinte por ciento de los brigadistas polacos fueron reclutados directamente desde Polonia; el resto provenía de lugares tan lejanos como Argentina. Unos 350 voluntarios polacos llegaron de Bélgica, de los cuales 131 eran judíos. De los 1.900 voluntarios de Bélgica, 800 eran, de hecho, inmigrantes recientes en ese país. Los judíos representaron alrededor del diez por ciento de todos los voluntarios, incluidos 200 de los de Bélgica. Los voluntarios de fuera de Europa también procedían con frecuencia de comunidades de inmigrantes: la mayoría de los voluntarios ucranianos, por ejemplo, procedían de Canadá. 

¿Qué peso tuvo la contribución de las Brigadas al esfuerzo bélico general de los republicanos? Tremlett evita con razón exagerar su papel. Desempeñaron un papel crucial para evitar que las fuerzas de Franco tomaran Madrid en el invierno de 1936-37. En las batallas del Jarama en febrero de 1937 y en Guadalajara unas semanas después, ayudaron a detener los intentos de los rebeldes de rodear la capital. Fueron utilizados como tropas de choque durante la guerra y desplegados en la mayoría de las batallas clave. El personal médico extranjero, a menudo mujeres, adscrito a las Brigadas, desempeñó un papel crucial en el establecimiento y entrenamiento de los servicios médicos de las fuerzas republicanas. Sin embargo, las Brigadas siempre fueron desplegadas como parte del ejército republicano y su contribución fue limitada. No combatieron en el Frente Norte, donde el País Vasco, Santander y Asturias quedaron aislados del resto del territorio republicano. A medida que avanzaba la guerra y la República entrenaba un nuevo ejército, se redujo la importancia relativa de las Brigadas. Las cinco brigadas se volvieron cada vez menos “internacionales” a medida que sus filas aumentaron con tropas españolas y algunos de los brigadistas supervivientes fueron desplegados tras las primeras líneas, en algunos casos entrenando a reclutas españoles.  

El régimen de Franco y algunos historiadores fuera de España han retratado a las Brigadas como un ejército comunista bajo el control de Moscú. La importancia de los miembros del partido, especialmente entre los oficiales y comisarios políticos, es bien conocida. Pero cada unidad tenía su propio carácter político: Tremlett retrata el Batallón Thälmann, de habla alemana, como más influenciado por la dirección del Partido Comunista que el Batallón Garibaldi, cuya dirección reflejaba la naturaleza más diversa del antifascismo italiano. Mientras figuras como el francés André Marty y el italiano Luigi Longo desempeñaron papeles clave en la base de las Brigadas en Albacete, los “asesores” soviéticos ocuparon muchos de los principales puestos militares. Entre ellos, los más importantes no fueron rusos sino húngaros, polacos y ucranianos, que operaban bajo nombres falsos. Estos incluían al húngaro Paul Lukacs, el ucraniano Emilio Kléber y el general polaco Walter, quienes habían servido en el Ejército Rojo. 

Las Brigadas sufrieron una tasa de mortalidad muy alta: alrededor de una cuarta parte de los voluntarios del Reino Unido, Francia y Canadá murieron, y Tremlett estima las muertes totales aproximadamente en un veinte por ciento, con una alta proporción de supervivientes heridos. El motivo queda claro en el relato de Tremlett: se usó a las Brigadas como tropas de choque, especialmente en los primeros meses cuando la República se esforzaba por entrenar un ejército para reemplazar a las milicias improvisadas que habían resistido el golpe militar. Esto implicó que a menudo se arrojara a los brigadistas a la batalla con un entrenamiento mínimo y con armamento anticuado. Hasta su retirada en septiembre de 1938, continuaron involucrados en gran parte de los combates más duros, con las consiguientes bajas. Su captura por parte de los ejércitos de Franco, especialmente durante la retirada republicana en Aragón a principios de 1938, a menudo resultó en ejecución inmediata, aunque cientos sobrevivieron para utilizarse en intercambios de prisioneros después de ser sometidos a un trato brutal en San Pedro de Cardeña, cerca de Burgos.   

San Pedro de Cardeña (Burgos). 22 de septiembre de 1938. Prisioneros internacionales. Ministerio del Interior / Sección técnica. Biblioteca Nacional de España. Imágenes bajo licencia CC-BY.

La retirada de las Brigadas se produjo en septiembre de 1938. Al mes siguiente se organizó un gran desfile en Barcelona, donde “La Pasionaria” (Dolores Ibarruri) les dirigió un célebre discurso de despedida. Posteriormente, los destinos de los brigadistas tomaron rumbos diferentes, como describe Tremlett en uno de los capítulos más interesantes. Algunos, como los británicos, estadounidenses, franceses y canadienses, regresaron a casa, a menudo para ser tratados con sospecha; en la década de 1950 fueron acusados ​​de «antifascismo prematuro» en los Estados Unidos. Sus antiguos camaradas de Alemania, Italia y otras dictaduras europeas fueron a menudo menos afortunados. En enero de 1939, unos 3.200 voluntarios, principalmente alemanes, italianos, polacos y otros europeos del este todavía estaban en España porque regresar a sus propios países significaba el encarcelamiento o la muerte. A medida que las fuerzas de Franco avanzaban sobre Barcelona, ​​se les pidió que regresaran al campo de batalla en un vano intento de ayudar a evitar la derrota militar.

En marzo de 1939, tras la caída de Cataluña, más de 5.700 brigadistas estaban retenidos en campos de internamiento franceses. Algunos jugarían un papel importante en la Resistencia francesa; otros serían deportados a campos nazis, donde pocos sobrevivieron. Algunos de los voluntarios polacos hicieron el viaje a través del norte de África hasta la URSS, donde Stalin reclutó un ejército polaco contra Alemania. La contribución de algunos brigadistas también fue importante en otros países, participando por ejemplo en las fuerzas partisanas que operaron en Italia y Yugoslavia, donde los cuatro ejércitos partisanos de Tito estaban dirigidos por ex brigadistas. Algunos de los europeos del este sobrevivieron para desempeñar papeles políticos importantes después de 1945, sobre todo en la República Democrática Alemana, donde seis ex brigadistas se convertirían en ministros del gobierno, mientras que otros desempeñaron funciones clave en el ejército y las fuerzas de seguridad. 

Más de ochenta años después, ¿cómo vemos a quienes se ofrecieron como voluntarios y arriesgaron sus vidas en las Brigadas Internacionales? En el pasado, muchos escritores los vieron como figuras heroicas que dejaron sus países de origen y se arriesgaron a morir para detener la propagación del fascismo. Para el régimen de Franco –y para los protagonistas de la Guerra Fría en Occidente– eran meros aventureros o un ejército invasor de marxistas bajo el control de Moscú. Tremlett logra evitar una u otra caracterización, señalando que no todos eran buenas personas y que, como en cualquier gran grupo, había cobardes y psicópatas, así como quienes estaban dispuestos a arriesgar su vida en virtud de una causa noble. Este reconocimiento de la diversidad de los brigadistas, así como la amplitud de las fuentes utilizadas, hacen de esta una historia de las Brigadas genuinamente internacional, que debe ser leída por cualquier interesado en la Guerra Civil o en la Europa de entreguerras. 

La base de datos más completa de integrantes de las Brigadas Internacionales es SIDBRINT, de la Universitat de Barcelona, que incluye información de más de 30.000 personas voluntarias. 

Giles Tremlett, Las Brigadas Internacionales: Fascismo, Libertad y la Guerra Civil Española (Editorial Debate, 2020).

SOBRE LA FOTO DE SAN PEDRO DE CARDEÑA [Nota añadida 4 marzo 2021] La foto muestra a prisioneros de guerra de las Brigadas Internacionales dando el saludo fascista. Esto se exigió a todos los prisioneros, españoles y no españoles, en San Pedro y en otros campos de prisioneros. Según el voluntario estadounidense Carl Geiser, que estuvo preso en San Pedro entre abril de 1938 y febrero de 1939, los brigadistas encarcelados -principalmente británicos y estadounidenses- acordaron entre ellos dar el saludo fascista para evitar las palizas que se daban a los presos que se negaban. Agrega que “los sargentos ignoraban los saludos torpes con tal de que no se cerrara el puño” (Carl Geiser, Prisoners of the Good Fight, 1986, p. 129). La obligación de dar el saludo fascista acompañado por el grito del nombre del dictador, y también las palizas administradas a los prisioneros, forman parte de las numerosas contravenciones de la Convención de Ginebra de 1929 sobre el trato a los prisioneros de guerra por parte de los militares rebeldes.

[Traducción del inglés: Carlos Terraga]

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FOTO DE PORTADA: Despedida de miembros de la Brigada Internacional XV, posiblemente el Batallón Inglés, durante la Batalla del Ebro en el campo de fútbol de Marçà (Tarragona), Octubre 1938. Autoría: Concern Illustrated Daily Courier – Illustration Archive, Public domain, via Wikimedia Commons.

Masacre de Atocha: 44 años después

El 24 de enero de 1977 tres terroristas de extrema derecha irrumpieron pasadas las diez y media de la noche en un despacho de abogados laboralistas del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en la madrileña calle de Atocha. Abrieron fuego y asesinaron a los abogados laboralistas Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo. También mataron al estudiante de derecho Serafín Holgado y al administrativo Ángel Rodríguez Leal. Además, en el atentado fueron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Lola González Ruiz.

En un contexto de violencia política, impunidad de la extrema derecha y agitación social, la masacre se produjo como reacción al paulatino avance en derechos y libertades durante la transición a una democracia constitucional tras la muerte de Franco en noviembre de 1975. El objetivo habría sido desestabilizar el frágil gobierno de Adolfo Suárez. Pero el terrible atentado terrorista no provocó violencia, sino la unidad de la izquierda: más de cien mil personas acompañaron al cortejo fúnebre en silencio.

«Hasta siempre en la libertad por la que disteis la vida», tituló el Mundo Obrero, órgano (y periódico) del Comité Central del Partido Comunista después del funeral. El 9 de abril de 1977, el presidente Adolfo Suárez ordenó la legalización del Partido Comunista.

Décadas más tarde podemos constatar el impacto de la masacre, y el papel relevante de otros abogados de Atocha, compañeros/as de los asesinados, en la protección de los derechos civiles en nuestra democracia. La memoria de ese asesinato perdura también en la Fundación Abogados de Atocha y en Comisiones Obreras. Ambos acaban de colaborar en la publicación de un libro que creemos importante y oportuno reseñar.

Es conocido que Manuela Carmena escapó de la masacre porque cambió la sede de su reunión. Juan José del Águila, también posteriormente magistrado, estaba convocado a esa misma reunión, como cuenta en justiciaydictadura. com.

El Tribunal de Orden Público (TOP) y su papel en la represión del tardofranquismo

El abogado laboralista y luego magistrado de lo social, hoy ya jubilado, Juan José del Águila, publicó en el año 2001 en la Editorial Planeta la que sería primera edición de un libro fundamental para conocer la represión política arbitrada a través del Tribunal de Orden Público. El libro tuvo una buena acogida entre los lectores especializados, fue presentado por el autor en varias instituciones, desde el Colegio de Abogados de Madrid, el Ateneo, el Club de Amigos de la Unesco y en el local que hoy ocupa la Fundación de Abogados de Atocha, entonces de la secretaría de Formación y Empleo de la Unión Sindical Madrid Región (USMR) de CCOO. Ese libro debió resultar incómodo para demasiada gente allí nombrada y el caso es que, pese a seguir con un buen impacto de ventas, fue retirado del mercado por la editorial y saldada y destruida la edición. Felizmente hoy el autor, tras la posibilidad de incorporar nuevos materiales judiciales al trabajo realizado, ha podido presentar una segunda edición actualizada que está ya en las librerías y de la que Enrique Lillo ha hecho una reseña, publicada anteriormente en el blog Según Antonio Baylos [Madrid, 6 Noviembre 2020] junto con este párrafo. Agradecemos a ambos su permiso para reproducirla.

COMENTARIOS AL LIBRO DE JUAN JOSÉ DEL ÁGUILA, EL TOP. LA REPRESIÓN DE LA LIBERTAD 1963-1977, 2ª edición

por Enrique Lillo Pérez

El libro ha sido editado por la Fundación Abogados de Atocha, creada por la Unión Sindical de Madrid Región CCOO, con el apoyo del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y con el apoyo del Consejo General de la Abogacía, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y evidentemente CCOO Madrid.

En esta 2ª edición el prologo de la misma es realizado por la Presidenta Emérita del Tribunal Constitucional y Catedrática del Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid, Dª María Emilia Casas Baamonde.

Juan José del Águila fue abogado laboralista y penalista, e intervino habitualmente en defensa de los procesados ante el tribunal de orden público.

Es gran conocedor y estudioso de todo lo relativo a la represión y a los mecanismos e instituciones de la dictadura franquista. De los funcionarios públicos, policiales (Brigada Político Social), militares (juzgados militares especiales para la represión de la masonería y el comunismo, contra las actividades extremistas y juzgados sobre responsabilidades políticas, consejo de guerra y auditores militares y autoridades judiciales militares, como los capitanes generales de las regiones militares) y judiciales (tribunal de orden público y sus precedentes cronológicos descubiertos por la investigación de Juanjo del Águila, como son los juzgados de instrucción de febrero de 1956 y de mayo de 1957, desempeñados por jueces de 1ª instancia e instrucción de Madrid, que habían sido designados por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, presidia por el Presidente José Castan Tobeñas, y con competencia para instruir sumarios por supuesto delitos de reunión ilegal, publicación de impresos clandestinos y de propaganda ilegal).

La lectura del libro es obligada para todo ciudadano/a que quiera conocer, como parte indispensable de nuestra memoria histórica y de la propia memoria democrática, los mecanismos institucionales utilizados por la represión franquista a través de las torturas practicadas por miembros de la brigada político social u otros funcionarios públicos o militares, y de los encarcelamientos decretados por los órganos institucionales antes descritos, así como las masivas condenas a muerte que fueron acordadas en consejos de guerra sumarísimos y sin garantías procesales ninguna.

En la actuación de aquellos órganos represivos no concurría de manera alguna los requisitos imprescindibles en cuanto a imparcialidad del órgano juzgador, derecho de defensa a través de letrado, presunción de inocencia superada solo con prueba de cargo valida y suficiente y practicada ante el órgano judicial y derecho al recurso. Requisitos imprescindibles para poder calificar la existencia de una justicia que actúa con objetividad y con imparcialidad y conforme a un principio estricto de legalidad en la tipificación de los hechos acreditados mediante prueba válida practicada en el acto de juicio oral con inmediación y defensa del acusado.

El análisis exhaustivo de Juanjo del Águila tiene un rigor histórico y jurídico insuperable. El mismo rigor con que viene realizando publicaciones en su blog personal de https://justiciaydictadura.com/  que resulta también de imprescindible consulta para entender la realidad de la represión política y de la violencia institucional en la dictadura de Franco, y para entender sus instrumentos y mecanismos, lo que constituye un deber imprescindible y necesario para recuperar una memoria histórica y democrática en España.

En el prologó de María Emilia Casas se afirma que resulta fundamental un relanzamiento del nuevo libro, que debe ocupar el lugar que debería haber ocupado la 1ª edición publicada por Editorial Planeta y con prologó de Gregorio Peces Barba.

Con esta nueva edición Juan José del Águila se ha convertido en una de las voces más autorizadas de la historiografía sobre las jurisdicciones especiales del ordenamiento de excepción de la dictadura franquista y sin lugar a dudas en la voz más autorizada sobre el tribunal de orden público. Ha realizado una gran labor de examen y publicidad de las sentencias y actuaciones del tribunal de orden público y de las muchísimas personas que fueron condenadas, encarceladas por decisión de este tribunal y de sus actuaciones, así como de las actividades realizadas por la brigada político social a través de sus atestados e informe, sin que la práctica de tortura realizada por la misma, hubieran sido nunca fiscalizadas o restringidas por el tribunal de orden público, sino totalmente legitimadas por el mismo.

El libro se detiene en el examen del caso Julián Grimau, que fue fusilado [Nota: en abril de 1963] tras un consejo de guerra sumarísimo y de nuevo sin ninguna garantía procesal, sentencia que fue confirmada por la autoridad judicial militar máxima entonces, que era el capitán general de Madrid, García Valiño, y sin que tuviera ninguna clase de recurso contra esta decisión. La resolución de condena de muerte fue confirmada expresamente por Franco y el gobierno entonces existente, negándosele el indulto reclamado desde muchas instancias internaciones e incluso por el Papa Pablo VI, y a pesar de la noble y fundada defensa que de Julián Grimau hizo el militar asignado para la defensa Alejandro Rebollo.

La detención de Julián Grimau, cualificado dirigente del Partido Comunista de España, dio lugar, no solo a su tortura, sino a muchos montajes mentirosos. Como los hechos publicados en la prensa entonces existente como el Diario ABC, que afirmaban falsamente que Julián Grimau se había intentado suicidar tirándose por la ventana de la Dirección General de Seguridad, y que este intento fue lo que provocó las múltiples lesiones y patologías que como consecuencia de la tortura tenía.

Juanjo del Águila desmenuza en su libro los detalles importantes, y además tras la lectura de las memorias políticas de Fraga Iribarne [Nota: entonces Ministro de Información y Turismo] y de otros documentos históricos, llega a la conclusión de que por iniciativa del dictador Franco y de sus más apasionados y fanáticos colaboradores se retrasó maliciosamente la publicidad del proyecto de ley del gobierno sobre la creación del Tribunal de Orden Público.

Este proyecto atribuía la competencia para enjuiciamiento de hechos que venían conociéndose por la jurisdicción militar de los consejos de guerra al citado tribunal.

Por ello se acordó silenciar el acuerdo del Consejo de Ministros sobre aprobación del citado proyecto de ley a que se consumara la ejecución y asesinato de Julián Grimau, que de esta manera se convirtió en un crimen de Estado.

Si hubiera tramitado el proyecto de ley del gobierno sobre creación del Tribunal de Orden Público en la fecha en que Fraga indicó en sus memorias políticas, el asunto de Grimau sometido a la jurisdicción militar, primero a través de la actuación del juez militar de instrucción para la represión de actividades extremistas y comunistas, Coronel Eymar, y posteriormente a través del Consejo de Guerra celebrado en la región militar de Madrid, se debería haber paralizado y haberse remitido todas las actuaciones al Tribunal de Orden Público de inminente creación y entrada en funcionamiento.

Por ello, se retrasó maliciosamente la aprobación por el gobierno de Franco de 1963 del proyecto de ley de creación y entrada en funcionamiento de Tribunal de Orden Público. Para de esta manera la condena a muerte de Julián Grimau predeterminada fuera cumplida y ejecutada.

Además de este retraso malicioso y prevaricador de la fecha en que oficialmente se aprueba el proyecto de ley antes citado, que es posterior a la fecha en que el gobierno decide realmente la aprobación del proyecto de ley, según las fuentes documentales utilizadas por Juanjo del Águila, el libro comentado desvela otros aspectos transcendentales, como la utilización de supuestos denuncias anónimas contra Julián Grimau que se formulan después de su detención y tortura ante la brigada político social de Barcelona, y que son la base para su condena, atribuyéndole supuestos hechos delictivos protagonizados durante la guerra civil.

Juanjo del Águila describe también el papel de Ruiz Jiménez, Procurador de las Cortes franquistas, en su enmienda a la totalidad contra la citada ley de creación del Tribunal de Orden Público, invocando para ello la declaración universal de derechos humanos y le encíclica de Juan XXIII (Cardenal Roncalli) “Pacem in terris”, publicada el 11 de abril de 1963.

El estudio de Juanjo del Águila realizado en esta transcendental obra penetra también en la descripción sociológica de los ciudadanos/as sometidos a enjuiciamiento y condena del Tribunal de Orden Público, con sus mecanismos habituales de prisión provisional en vez de libertad provisional y cumplimiento de la condena durante el recurso de Casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y validación como prueba de cargo de los informes y notas de la brigada político social, olvidándose de la regla procesal de que la prueba válida para una condena penal es exclusivamente la practicada en el acto de juicio oral, y no los informes gubernativos previos.

En esta descripción sociológica se analiza los muchísimos trabajadores, obreros, sindicalistas, técnicos, profesionales y estudiantes que sufrieron la represión. Muchos de ellos no eran militantes políticos o sindicales habituales, sino personas que se había limitado a participar en reivindicaciones laborales o sociales de mejoras sobre el mínimo nivel de vida entonces existente, o que habían expresado su opinión en asambleas o habían participado en manifestaciones de protesta o de difusión escrita u oral de sus problemas.

Resulta claro por tanto, que la actuación del Tribunal de Orden Público era la de represión y castigo con la cárcel, por el ejercicio individual o colectivo de derechos fundamentales protegidos ya en los años 60 y 70 por los textos internaciones de declaración de derechos humanos, o convenios internacionales de la OIT (entre otros, el derecho a la libertad sindical, derecho a la libertad de expresión, de información, de negociación colectiva, derecho a protagonizar acciones de conflicto para conseguir mejoras).

El Tribunal de Orden Público estaba integrado por jueces profesionales y  el autor analiza el papel negativo de la cúpula judicial de la dictadura y de la fiscalía del Tribunal Supremo, en relación con estos mecanismos de represión.

Su actuación fue de convalidación y aplicación de los mismos, con lo cual no solo fueron los miembros del Tribunal de Orden Público, que muchos de ellos ascendieron durante la transición política al Tribunal Supremo, los que participaron en la represión, sino también las cúpulas de las estructuras judiciales, sobre todo de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con el papel destacado de Adolfo de Miguel que llegó a Presidente de esa Sala, y que en 1981-82 fue el defensor del militar golpista Milans del Bosch.

Estos hechos históricos no deben ser olvidados, porque forman parte de la memoria democrática e histórica de la lucha contra la dictadura franquista, la cual gozó siempre no solo del apoyo de los mandos militares, sino de quienes controlaban las estructuras judiciales, el ministerio fiscal, y los propios aparatos policiales, especialmente la brigada político social.

Para terminar hay que señalar que a diferencia de otros países europeos, nuestro país durante los años 60 y 70 no gozó de la denominada edad de oro del derecho del trabajo y de la seguridad social, con el estado de bienestar que se fue consolidando en Europa tras la victoria en la II Guerra Mundial contra los nazis.

En nuestro país se mantuvo durante muchos años la pobreza y miseria, y no se reconocieron los derechos colectivos y humanos antes indicados durante el tiempo de la dictadura.

Lo que si se conoció fue unas actuaciones totalmente ejemplares y épicas que debe ser reivindicada hoy en día por la sociedad civil española de muchos trabajadores, sindicalistas especialmente de CCOO, estudiantes, técnicos y profesionales que se atrevieron a reclamar sus derechos y defenderlos y a reclamar la libertad y la igualdad consustanciales con la democracia. En este contexto de actuación ejemplar y épica, los entonces abogados laboralistas, entre otros Juanjo del Águila, mediante la defensa de los trabajadores en Magistratura de Trabajo y de trabajadores, sindicalistas, estudiantes y técnicos ante el Tribunal de Orden Público, tuvieron un papel que no ser olvidado y que forma parte de la memoria histórica y democrática del país.

Por ello, hay que leer este libro.

FOTO: El cortejo fúnebre de los abogados de Atocha. Madrid, 26 de enero de 1977. Autor desconocido. Public domain.

La farsa del proceso de Burgos de 1970

El consejo de guerra a dieciséis presuntos miembros de ETA en Burgos en diciembre de 1970 provocó manifestaciones y huelgas en España, y protestas en Europa y otros lugares. Los franquistas de línea dura del llamado bunker las utilizaron para atacar a los «modernizadores» del Opus Dei en el gobierno español y para presionar a Franco para que aplicara de nuevo la severa represión de los años de la posguerra. El juicio, en sesiones abiertas a las que asistían periodistas extranjeros, y la crisis consiguiente, socavaron una imagen que la dictadura había cultivado cuidadosamente en el exterior: la de un régimen benevolente que presidía la modernización de España. Publicamos este relato de la crisis y su trascendencia en la historia del franquismo cuando se cumple el quincuagésimo aniversario del inicio del juicio, el 3 de diciembre de 1970.

Aunque los orígenes de ETA se remontan a principios de la década de 1950, no fue hasta finales de la de 1960 cuando el grupo lanzó una serie de ataques violentos contra objetivos en las provincias vascas españolas. En relación con el Proceso de Burgos, los más importantes ocurrieron en 1968. En junio un agente de la Guardia Civil resultó muerto en un tiroteo. En agosto Melitón Manzanas, jefe de la Brigada Político-Social (la policía política del régimen) de San Sebastián-Donostia fue asesinado en la puerta de su casa en Irun. En consecuencia, en Gipuzkoa se impuso el estado de excepción y la acción policial en las provincias vascas produjo la detención masiva de sospechosos. A lo largo de 1969 y 1970 se aplicaron largas penas de prisión a los condenados en consejo de guerra en Burgos (capital de la VI Región Militar), por delitos como distribuir propaganda de ETA y asistir a reuniones ilegales.

Durante los años sesenta, el régimen franquista había intentado presentar en el exterior una imagen muy diferente a la de su brutal origen durante la Guerra Civil y la represión de la posguerra. Algunos periodistas extranjeros, como el británico George Hills, aceptaron la versión del régimen, que presentaba a Franco como un benevolente hombre de familia. El periodista estadounidense Benjamin Welles, por ejemplo, escribió que Franco llevaba «zapatos deportivos blancos y negros y un traje de verano» cuando lo entrevistó en julio de 1962 (Benjamin Welles, The Gentle Anarchy, 1965, p. 369).

El contraste con lo que estaba ocurriendo en Burgos no podía ser mayor. En la mayoría de países, los consejos de guerra estaban -y están-, restringidos al personal militar acusado de delitos militares. En España, por el contrario,  los militares sublevados habían proclamado la ley marcial en julio de 1936 y esta se impuso hasta 1948. Durante y después de la Guerra Civil, los consejos de guerra, que a menudo duraban unos minutos, dictaron duras penas, incluida la pena de muerte, a miles de personas cuya representación legal corría a cargo de oficiales del ejército [ver Los Sumarísimos]. Incluso después de superada la ley marcial, los tribunales militares continuaron en uso especialmente para las personas acusadas ​​en virtud del Decreto de 1960 sobre rebelión militar, bandidaje y terrorismo; delitos que, en otros países, eran tratados por tribunales civiles.

La tensión creció en España antes del juicio. El 22 de noviembre, los obispos de Bilbao y San Sebastián emitieron una carta pastoral conjunta declarando ilegítima toda violencia y pidiendo la conmutación de las condenas a muerte solicitadas durante la instrucción. Estallaron huelgas en todo el País Vasco y en otras partes de España. El 30 de noviembre, en una escena sin precedentes desde la Guerra Civil, manifestantes ocuparon la Plaza Catalunya de Barcelona y se enfrentaron a la policía en las Ramblas. Al día siguiente, el secuestro por parte de ETA de Eugen Beihl, cónsul honorario de Alemania Occidental en San Sebastián-Donostia, atrajo la atención de toda Europa.

En el juicio, de una semana de duración, estuvieron presentes siete periodistas españoles, cuyos relatos apoyaban al régimen, y trece corresponsales extranjeros. Entre los dieciséis acusados había dos mujeres y dos sacerdotes. Los abogados, que se ganaron la admiración de los corresponsales extranjeros por su valentía, ayudaron a los acusados ​​a desvelar los objetivos de ETA y a denunciar las torturas policiales. La fiscalía centró su caso en el asesinato de Manzanas y lo basó principalmente en confesiones obtenidas bajo tortura. Al iniciarse el interrogatorio por parte de los abogados defensores el tercer día, los acusados retiraron sus confesiones, describieron gráficamente cómo habían sido torturados y denunciaron la represión estatal a los vascos. Esto produjo la suspensión de la vista del día siguiente y, al reanudarse el juicio, se impidió a los acusados ​​hacer declaraciones generales o desviarse de las preguntas. El periodista francés Edouard de Blaye describió la reacción del último imputado, Mario Onaindia,  durante su interrogatorio:

Gritando Gora Euskadi Askatuta (‘Viva el País Vasco Libre’), el preso saltó al estrado y trató de agarrar un hacha que había entre las pruebas documentales amontonadas en el suelo. Alarmados, dos de los magistrados desenvainaron sus espadas. Uno de los policías levantó su revólver y apuntó al prisionero, pero lo bajó por temor a darles a los jueces. Onaindia, derribado e inmovilizado, quedó rápidamente indefenso. Mientras tanto, en la sala del tribunal, se produjo un gran alboroto. Los quince prisioneros, encadenados juntos, se enzarzaron en un forcejeo con los guardianes a su cargo. Una vez sometidos, empezaron a cantar a coro el viejo himno vasco Euzko gudarik gera … Desde los bancos públicos se alzaban los gritos: “¡Asesinos! ¡Viva ETA! «

Edouard de Blaye, Franco and the Politics of Spain, 1976, pp. 296-7

Se pidió que la gente abandonara la sala y, cuando el juicio se reanudó a puerta cerrada, el proceso fue muy breve. Los abogados defensores se negaron a llamar a los veinticinco testigos que tenían previsto presentar. En su discurso, el fiscal pidió la pena de muerte para seis de los acusados ​​y 752 años de prisión.

Durante las tres semanas siguientes, los siete jueces consideraron su veredicto a puerta cerrada. Mientras Beihl permanecía rehén en un lugar secreto en Francia y los prisioneros esperaban el veredicto, aumentó la tensión en toda España. El 12 de diciembre, trescientas personalidades de la cultura catalana se encerraron en la abadía de Montserrat, emitieron un manifiesto de protesta, y marcharon el 14 de diciembre para evitar que se asaltara la abadía. El Vaticano y varios gobiernos europeos pidieron clemencia.

Los franquistas de línea dura también reaccionaron. El 14 de diciembre, tras una reunión de altos mandos del ejército, una delegación de cuatro capitanes generales visitó a Franco en El Pardo para expresar la preocupación de los militares respecto a la situación. Horas más tarde se suspendió el habeas corpus, permitiendo la detención indefinida de los presos. En un contexto de reuniones de protesta en toda Europa, el 16 de diciembre se organizó una gran manifestación franquista en la Plaza de Oriente de Madrid, y se trasladó a trabajadores rurales desde distintos lugares en autobús a la ciudad para el evento. Durante los días siguientes, se produjeron manifestaciones similares a favor del régimen en otras ciudades importantes. El espectáculo de grandes multitudes dando saludos fascistas y cantando el Cara el Sol (himno falangista), en escenas que recuerdan a la Italia fascista y la Alemania nazi, no hicieron más que contribuir al impacto del proceso en Europa occidental. La semana del 28 de diciembre, el no-do, que se proyectaba en todos los cines españoles antes de la película, mostró imágenes de esas multitudes en Madrid [ver ese no-do aquí].

El día de Navidad, sin conocerse la decisión de los jueces, ETA liberó a Eugen Biehl. Tres días después, finalmente, se anunció el veredicto: uno de los dieciséis acusados ​​fue absuelto, tres recibieron dos condenas a muerte cada uno; otros tres fueron condenados a muerte y, entre todos ellos acumularon un total de más de 500 años de prisión. Después de una reunión de gabinete dos días después, Franco anunció su decisión de conmutar las penas de muerte.

La crisis marcó un punto de inflexión en lo que más tarde supondría la desintegración del régimen franquista ya que, ante la inminente muerte del dictador, el búnker aunó fuerzas contra los partidarios de la «modernización». Como ha escrito Paul Preston, “la torpeza del régimen había unido a la oposición como nunca antes; la Iglesia era profundamente crítica y los franquistas más progresistas estaban empezando a abandonar lo que veían como un barco que se hunde. ”(Preston, Franco, 1993, p. 754). El juicio fue también un episodio desastroso de relaciones públicas pues recordó a la gente y a los gobiernos de toda Europa occidental y América los orígenes de la dictadura y su crónico carácter represivo y violento [Ver aquí videos de archivo de las manifestaciones en Londres y en París].

Los quince presos condenados fueron liberados en virtud de la Ley de Amnistía de 1977. Tres de los condenados a muerte jugarían más tarde un papel importante en la política española. Entre 1993 y 2000 Mario Onaindia fue senador por Euskadiko Ezkerra, después de ser diputado en el Parlamento vasco, donde también lo fueron Eduardo Uriarte y Jokin Goristidi; Uriarte entre 1980 y 1988 por Euskadiko Ezkerra y Goristidi entre 1980 y 1994 por Herri Batasuna. Además, Itziar Aizpurua, condenada a quince años de prisión, representó a Herri Batasuna en el Parlamento vasco de 1982 a 1986 y de 1994 a 1998, y en el Congreso entre 1986 y 1993.
Tres de los abogados defensores también tuvieron carreras parlamentarias después de la muerte de Franco. Gregorio Peces Barba, fue diputado socialista desde 1977 y presidente del Congreso de los Diputados entre 1982 y 1986, además de miembro de la Ponencia constitucional a la que se encargó la elaboración del texto de la Constitución española de 1978. Juan María Bandrés representó a Euskadiko Ezkerra como senador entre 1977 y 1979 y luego estuvo en el Congreso entre 1979 y 1989. Josep Solé Barberà fue también diputado en el Congreso por el Partido Comunista entre 1979 y 1982.

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Imagen: El Diario de Burgos. Biblioteca Virtual de Castilla y León.

Barcelona: 800 días bajo las bombas

10 de noviembre, martes – A las diez y cuarto de la noche cundió cierta alarma en la ciudad, efecto de haberse percibido el eco de unos cañonazos al parecer lejanos. Se dijo oficialmente que un guardacostas había disparado once cañonazos sobre un sospechoso que navegaba con las luces apagadas.

El año: 1936. La ciudad: Barcelona. El autor: el periodista Tomás Caballé i Clos en su libro Barcelona roja. Dietario de la revolución (julio 1936 – enero 1939). Es un extracto de la crónica del primer intento de bombardeo de la ciudad, confirmado también por el dietario de un marinero del barco Canarias; citado por Joan Vilarroya en Els bombardeigs de Barcelona durant la Guerra Civil (1936-1939) [PAMSA, 1999].

El mapa interactivo

Coincidiendo con el 79º aniversario del primer bombardeo aéreo nocturno en la ciudad de Barcelona, el laboratorio de datos BTVDatalab de Barcelona Televisió creó en 2016 un mapa interactivo que disecciona los datos disponibles sobre bombas, refugios y víctimas en la ciudad. Innovation and Human Rights recoge y mantiene online este trabajo desde 2017. Hace 84 años de este primer intento de bombardeo en Barcelona, y queremos recordarlo. 

El mapa interactivo permite visualizar los datos en tres capas: sobre un mapa de la época, extraído del Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona y elaborado por Vicenç Martorell en 1930, sobre el plano actual de Barcelona, y sobre la imagen satélite de la ciudad. 

Además de localizar los más de 500 puntos concretos donde se produjeron los bombardeos, perpetrados principalmente por la Aviazione Legionaria italiana bajo el mando de las tropas sublevadas, el mapa permite visualizar la ubicación de los principales refugios antiaéreos construidos en la ciudad de Barcelona por la Junta de Defensa Pasiva y la ciudadanía. 

Para la ubicación de los bombardeos, se partió de los datos del libro Perill de bombardeig, de Santiago y Elisenda Albertí, que utilizaron la documentación de la Junta de Defensa Pasiva conservada en el Archivo Municipal Contemporaneo de Barcelona

Respecto a los refugios antiaéreos, se incluyen los 1.354 catalogados por el Ayuntamiento de Barcelona en su Carta Arqueológica de la ciudad. Pulsa en el título para acceder al mapa interactivo

El vídeo resumen

Un resumen de tres minutos reproduce de forma audiovisual y cronológicamente los 19 bombardeos más mortíferos de la Guerra Civil, dando visibilidad al número de víctimas, que gracias a la exhaustiva investigación de historiadores como Joan Vilarroya podemos contabilizar en 2.404. De ellas, 2.071 se han podido identificar con nombres y apellidos, y están incluidas en la base de datos centralizada de la Guerra Civil y el franquismo. Pulsa sobre el título para acceder al vídeo resumen [para ver las imágenes, desde un ordenador, no desde el móvil]. 

El webdoc

Barcelona: 800 días bajo las bombas” es un webdoc que profundiza en la memoria de las víctimas y el coste humano de la Guerra Civil en la ciudad. Actualmente está disponible solamente en italiano. Podéis acceder clicando en el título. 

Las secciones incluyen: Historias de vida de siete víctimas, El primer bombardeo naval, Los primeros bombardeos aéreos, Los peores bombardeos (en marzo de 1938), La Aviazione legionaria italiana y La defensa antiaérea, entre otros. Podéis acceder al webdoc clicando en el título. 

FOTO: Bombardeo aéreo de Barcelona el 17 de marzo de 1938, visto desde un bombardero italiano. Public domain.

La duquesa defensora de la república

Durante la Guerra Civil, la República Española recibió el apoyo de muchas personas en otros países. Probablemente, uno de sus defensores más inesperados fue la duquesa de Atholl, aristócrata y diputada del parlamento británico. Para conmemorar el 60 aniversario de su muerte, el 21 de octubre de 1960, publicamos este artículo, que destaca el apoyo de la duquesa a la República e ilustra el amplio apoyo que la República recibió en todo el mundo.

Nacida en una familia aristocrática escocesa en 1874, Katharine Marjory Ramsay se convirtió en duquesa de Atholl en 1917 cuando su esposo heredó el ducado. Se había formado como pianista en el Royal College of Music de Londres en su juventud pero, tras su matrimonio, se dedicó al servicio público. Antes de 1914, fue miembro de un comité que examinó los problemas de la prestación de servicios de salud en las Highlands e islas de Escocia, escasamente pobladas. Durante la Primera Guerra Mundial ayudó a organizar los servicios de enfermería para el ejército británico.

En 1923 fue elegida para el parlamento como diputada conservadora por Kinross & West Perthshire, el distrito electoral escocés al que pertenecía Blair Atholl, la propiedad familiar, en un escaño que anteriormente había ocupado su esposo. Ascendió rápidamente. De 1924 a 1929 fue ministra de Educación, siendo la segunda mujer en ocupar el cargo de ministra en el gobierno británico. Hay algo de ironía en esto: las mujeres podían votar desde 1918, pero antes de 1914 la duquesa se había opuesto abiertamente al sufragio femenino, argumentando que las mujeres aún no tenían la educación suficiente.

A finales de la década de 1920, centró su atención en los problemas internacionales. Apoyó una campaña para prevenir la mutilación genital femenina en las colonias británicas de África Oriental y se preocupó por los acontecimientos en la URSS: su libro The Conscription of A People (1931) sacó a la luz y denunció las prácticas soviéticas de trabajo forzado. A pesar de su hostilidad hacia la URSS, después de leer Mein Kampf de Hitler, decidió que la Alemania nazi era una amenaza aun mayor para la paz europea. Esto marcó su apoyo a la República española tras el fracaso del intento de golpe militar en julio de 1936.

En sus memorias, Men and Politics, publicadas en 1941, el periodista estadounidense Louis Fischer valoró la contribución de la duquesa a la campaña británica en apoyo de la República con las siguientes palabras:

“Con un vestido de seda negro pasado de moda que le llegaba hasta la punta de los zapatos, en las reuniones sobre España, se sentaba en la tarima con comunistas, socialistas de izquierda, trabajadores y brigadistas internacionales discapacitados para reclamar ayuda para los republicanos. Interrogaba a todos cuantos habían estado en España, prestaba atención a sus palabras y anotaba muchas de ellas en un libro, repleto de su letra ilegible «.

Men and Politics, págs. 440-441

Se convirtió en presidenta del Joint National Committee for Spanish Relief (NJC), creado en noviembre de 1936 para coordinar el trabajo de los innumerables grupos establecidos en Gran Bretaña para proporcionar ayuda humanitaria a la República. Como presidenta, trabajó con personas de orígenes diversos y con opiniones políticas muy diferentes a la suya, incluidas Ellen Wilkinson y Leah Manning, ambas miembros izquierdistas del Partido Laborista, e Isabel Brown, una miembro prominente del partido comunista británico. En abril de 1937, una delegación parlamentaria de Atholl, Wilkinson y la diputada independiente Eleanor Rathbone visitó Barcelona, ​​Valencia y Madrid. En Valencia conocieron a soldados italianos que habían sido hechos prisioneros durante la Batalla de Guadalajara (marzo de 1937) por ser miembros del ejército de Franco. Madrid estaba bajo un intenso bombardeo artillero pero los llevaron a presenciar los combates en la Casa del Campo. Poco después de su regreso, la duquesa de Atholl se convirtió en presidenta del Comité para los Niños Vascos (Basque Children’s Committee), que organizó la evacuación de casi 4.000 niños y niñas desde Bilbao para alojarlos en Gran Bretaña, tal como explicamos en Expedición a Inglaterra: Niños y niñas vascos en Inglaterra.

Su apoyo a la República hizo que los periódicos de derechas de Gran Bretaña la bautizaran como la «Duquesa Roja», a pesar de ser una figura muy conservadora y una fuerte defensora del Imperio Británico. En 1935 había dimitido temporalmente del partido conservador en el parlamento en protesta por la legislación para introducir el autogobierno local en la India, colonia británica entonces, ya que temía que esto condujera a su independencia. Louis Fischer, a quien invitó a tomar el té en la Cámara de los Comunes en 1937, llegó a la conclusión de que “no es una radical” (Men and Politics, página 440).

Su apoyo a la República la motivó a escribir un libro sobre la Guerra Civil, Searchlight on Spain, que se publicó en rústica en junio de 1938, vendiendo más de 100.000 copias en un mes. En contraste, unos meses antes, el ahora famoso Homenaje a Cataluña de George Orwell vendió menos de mil copias cuando se publicó. Orwell hizo una reseña de Searchlight on Spain para la revista Time and Tide en julio de 1938 y la describió como «una breve historia popular de la guerra española» que estaba «escrita de manera simple y bien documentada» Orwell in Spain (2001, página 304 de la edición inglesa. Existen dos ediciones españolas en Austral y Tusquets).

Searchlight on Spain incluyó un capítulo sobre la “España insurgente” que, admitió, no había podido visitar. Basando sus comentarios “en libros de otros que la habían visitado” (Searchlight on Spain, página xi), destacó la represión generalizada y la negativa de la autoridad insurgente a permitir reportajes independientes. En su último capítulo concluyó:

“Si Barcelona, ​​Valencia y Madrid caen en manos de los insurgentes, probablemente serán indescriptibles las barbaridades que se perpetrarán. Si se aplasta a los republicanos españoles, significa el fin de la libertad, la justicia y la cultura, y el exterminio sin piedad de todos quienes les otorgan importancia”.

Searchlight on Spain, pág. 316

También advirtió de los peligros de una victoria insurgente en el caso de una guerra europea más amplia que, en 1938, parecía cada vez más probable. Señaló que Francia estaría rodeada por tres potencias hostiles (Alemania, Italia y España), y destacó el peligro que esto iba a suponer para Gran Bretaña. Señaló -con gran acierto, como probarían los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial- la potencial amenaza para la navegación británica de los submarinos alemanes repostando a lo largo de la costa de Galicia.

Los temores de la duquesa respecto la Alemania nazi habían ido en aumento durante sus visitas a varios estados de Europa central a lo largo de 1937 y 1938. Entre ellos, Austria, adonde fue poco antes de la anexión nazi en marzo de 1938; y Checoslovaquia, que visitó en julio de 1938. Dos meses después de dicha visita, en septiembre de 1938, Neville Chamberlain, primer ministro británico, y Edouard Daladier, primer ministro francés , aceptaron en Munich la demanda de Hitler de ocupar la parte de Checoslovaquia conocida como los Sudetes. Cuando se firmó el Acuerdo, ella estaba de viaje en Canadá y Estados Unidos, realizando una extensa gira, hablando en reuniones públicas, como parte de una campaña de recaudación de fondos para enviar barcos con alimentos en apoyo de la República Española.

Para entonces, su apoyo a la República española y sus críticas a la política exterior británica habían provocado su expulsión del Partido Conservador, que gobernaba. Después del Acuerdo de Munich, renunció a su escaño para que se convocara una elección parcial en su circunscripción, en la que se presentó como candidata. Su único oponente era del Partido Conservador, porque tanto el Partido Laborista como el Liberal retiraron sus candidaturas y la apoyaron. Sus críticas a la política exterior de Chamberlain y al Acuerdo de No Intervención que impedía al gobierno republicano español comprar armas legalmente centraron su campaña electoral. Obtuvo el apoyo de miembros prominentes del mundo artístico y literario británico; entre ellos, Gerald Brenan y Sir Peter Chalmers-Mitchell. Ambos habían estado viviendo en Málaga al estallar la Guerra Civil. Winston Churchill, otro oponente del Acuerdo de Munich, la llamaba regularmente, pero evitó acudir a los actos de la campaña electoral. La votación se celebró el 21 de diciembre, después de dos días de fuertes nevadas, y el candidato conservador obtuvo una estrecha victoria. Esto puso fin a la carrera política de la duquesa, pero no su defensa de la República española ni de los derechos humanos.

En enero de 1939 fue una de las firmantes de una carta conjunta al periódico The Times con la petición de que se permitiera al gobierno republicano comprar armas legalmente. Tras la derrota de la República, visitó los campos del sur de Francia donde estaban confinados cientos de miles de refugiados españoles. En mayo de 1939, viajó también al puerto francés de Sête para ser testigo de la salida del Sinaia, que el  Joint National Committee for Spanish Relief (NJC) había fletado para transportar refugiados republicanos a México.

Después de la Segunda Guerra Mundial, ayudó a establecer la British League for European Freedom (Liga Británica para la libertad de Europa), que presidió. La Liga hizo campaña para exponer la situación de los derechos humanos en Europa del Este después de caer bajo el dominio soviético. Sus memorias, Working Partnership, se publicaron en 1958, dos años antes de su muerte. Tal vez sorprende que tuviera relativamente poco que decir sobre su trabajo en apoyo de la República española. No obstante, como Louis Fischer escribió en 1941:

«[la duquesa de Atholl] había ido a Madrid y desde aquel momento trabajó tan duro para la España leal como cualquier otro en el reino”.

Men and Politics, página 440

[Traducción: Concha Catalan]

Foto: Katharine Marjory Stewart-Murray (née Ramsay), Duchess of Atholl by Howard Coster. Half-plate film negative, 1938. © National Portrait Gallery, London NPG x12264. (CC BY-NC-ND 3.0)

Día internacional del acceso a la información

Un año más, la asociación Innovación y Derechos Humanos, miembro de la Coalición ProAcceso, hemos celebrado el Día Internacional del Acceso a la Información el 28 de septiembre.

Durante el V Congreso Internacional de Transparencia, nos hemos adherido a la Declaración de la UNED de los Consejos y Comisionados de la Transparencia en España, en la que se pronuncian en los siguientes términos:

Reiteramos a los Gobiernos y Autoridades de todos los ámbitos territoriales y niveles de Administración, a los representantes políticos nacionales, autonómicos o locales y a todas las organizaciones políticas, las mismas demandas que planteamos hace justo un año respecto del apoyo intenso y decidido a la política de transparencia y acceso a la información pública.
(…) la demanda de reconocimiento explícito y apoyo intenso a nuestro trabajo y funciones y al fortalecimiento y mejora de
nuestras organizaciones y su dotación de recursos.

Además, hemos dado nuestro apoyo a la Declaración de la Coalición ProAcceso, que podéis leer íntegramente en el enlace. De la misma, queremos destacar lo siguiente:

Desde la Coalición también damos la bienvenida al borrador del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto, que se encuentra abierto a consulta pública hasta mediados de octubre de 2020, y que contiene entre sus compromisos fortalecer la Ley de Transparencia;

Por todo ello, hacemos un llamado al Gobierno de España para que:

  • Reconozca el derecho de acceso a la información como derecho fundamental, y adopte una ley orgánica de transparencia;
  • El derecho abarque a todas las entidades públicas y todos los poderes del Estado, incluyendo los poderes legislativo y judicial;
  • El derecho aplique a toda la información en manos de entidades públicas, salvo las que se vean afectadas de manera justificada por uno o varios límites, y se elimine el artículo 18.1.b de la ley de Transparencia que excluye cierta información del alcance de la ley;
  • No existan otras causas que limiten el derecho distintas a las excepciones que señalan los estándares internacionales, para ello debe eliminarse la Disposición Adicional Primera (puntos 2 y 3) y, de esta forma, asegurar que la ley aplique a todas las solicitudes sobre cualquier información o documento en manos de cualquier entidad pública;
  • Elimine el requisito de identificación para poder ejercer el derecho de acceso a la información. Debe garantizar que sea un derecho al alcance de todas y todos, sencillo de ejercer, sin formalismos burocráticos y donde no se requiera la utilización de aplicaciones informáticas;
  • Los órganos garantes del derecho cuenten con las facultades suficientes para supervisar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y puedan sancionar a aquellas instituciones que no las cumplen. Además, el Consejo de Transparencia y el resto de los órganos garantes en España deben contar con los recursos humanos y financieros necesarios para hacer frente a su labor;
  • Se publique más información de forma proactiva, en formatos reutilizables y con lenguaje sencillo, especialmente aquella información que es de mayor interés público y ha sido solicitada frecuentemente por la ciudadanía;
  • Firme y ratifique el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a los Documentos Públicos, que entrará en vigor el 1 de diciembre de 2020.

En España no hay un único «Archivo General de la Guerra Civil» (Ni falta que hace) (2a parte)

Henar Alonso @henararch – Técnica Facultativa Superior de Archivos. Ministerio de Defensa.

Este artículo es la continuación de En España no hay un único «Archivo General de la Guerra Civil» (Ni falta que hace)

Los dos principales archivos a los que hay que recurrir para cualquier estudio sobre la Guerra Civil y la represión durante la Dictadura de Franco son el  Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca (CDMH) y el Archivo General Militar de Ávila (AGMAV). Sin embargo,  no son los únicos que contienen fondos documentales de interés para quienes investigan. 

Dentro del Sistema Archivístico de la Defensa, es decir, los archivos que gestiona este Ministerio, tienen una relevancia especial tanto el Archivo General e Histórico de la Defensa como los demás archivos históricos e intermedios de los Ejércitos de Tierra y del Aire y de la Armada. Entre ellos, destacan especialmente los siguientes:

Archivo General e Histórico de la Defensa (AGHD)

Su fondo principal son los procedimientos militares sumarísimos del Tribunal Militar Territorial 1º, inventariados ya y disponibles online los listados de encausados del Ejército de Tierra correspondientes a las provincias de Albacete, Alicante, Castellón, Madrid y Valencia. Son una fuente de primer orden para investigar la represión posterior a la Guerra Civil. 

Los sumarísimos de los demás Tribunales Militares Territoriales (TMTs) se pueden localizar a través de la Guía para la localización de los procedimientos judiciales incoados por la Justicia Militar a raíz de la Guerra Civil y durante la etapa franquista , aunque en la actualidad solo están disponibles los inventarios con los nombres de los encausados de los sumarísimos que se conservan en el Archivo Intermedio Militar Noroeste, del TMT4, y los correspondientes a Cataluña del TMT3. Dichos procedimientos del TMT1, TMT3 y TMT4 están integrados en la base de datos de ihr.world. El Archivo Histórico del Ejército del Aire también dispone online de los encausados de la aviación republicana y los expedientes de depuración del personal civil al servicio de la aviación militar. 

Archivo General Militar de Guadalajara (AGMG)

Dispone de fondos y expedientes de unidades disciplinarias (Expedientes de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores y de Batallones Disciplinarios de Trabajadores Penados), de Prisiones Militares, y de los Campos de Concentración de Miranda de Ebro y la Alcazaba de Zeluán, tal y como puede consultarse online en su cuadro de clasificación. En la base de datos de ihr.world están los nombres de parte de los índices del AGMG de personas integrantes de dichos Batallones Disciplinarios de Trabajadores  (en total, 138.000),  incluidos los Penados de la 1ª Agrupación prisiones (3.000), los de la Prisión Militar de Montjuïc, Barcelona (3.400) y el Campo de Concentración de Zeluán, Marruecos (1.000). 

Entre el resto de los Archivos de la Administración General del Estado, que incluyen tanto los archivos históricos nacionales dependientes del Ministerio de Cultura como los archivos históricos de los diferentes ministerios, también encontramos fondos relacionados con la Guerra Civil y la Dictadura Franquista. Sin ánimo de ser exhaustivos, destacaremos los siguientes:

Archivo Histórico Nacional (AHN)

Entre sus Fondos Contemporáneos del Poder Judicial incluye documentación sobre los Tribunales Populares y Jurados de Urgencia y de Guardia de Madrid, del Gobierno de la República, que estaban incorporados a la Causa General como pruebas de cargo. En sus Archivos Personales se encuentran los de algunas personalidades relevantes del conflicto armado, como Manuel Azaña, Vicente Rojo, Diego Martínez Barrio, José Giral…

Archivo General de la Administración (AGA)

El AGA, en Alcalá de Henares. Dispone de dos pequeños pero interesantes fondos de la Junta Delegada de Defensa de Madrid y del Ministerio de Defensa Nacional, junto al gran fondo compuesto por los organismos centrales, periféricos y colegiados del denominado “Movimiento Nacional”, indispensable para el estudio social de la posguerra y el Franquismo. El AGA, a pesar de ser teóricamente un archivo intermedio, que debería transferir al AHN sus fondos de conservación permanente, conserva tal cantidad de documentación sobre organismos públicos durante la Guerra Civil y el Franquismo aún sin describir, que hace imposible una valoración más ajustada de los mismos, aunque son especialmente relevantes los fondos de la época de la guerra y postguerra de los Ministerios del Interior y Asuntos Exteriores.

Sistema de Archivos del Ministerio del Interior

Pese a lo complicado de su accesibilidad real, son especialmente interesantes los fondos de la Dirección General de la Guardia Civil, Dirección General de Seguridad/Dirección General de la Policía y las Direcciones Generales de Presidios/Prisiones/Instituciones Penitenciarias.

Entonces ¿si quiero hacer una investigación sobre la Guerra Civil tengo que recorrerme todos los archivos? No, si sabes lo que quieres hacer y dónde están las fuentes que necesitas consultar. Para facilitar esa tarea, os ofrecemos una 

Guía rápida de acceso a los fondos documentales de la Guerra Civil en los archivos españoles

Quiero investigar…

1. Aspectos militares de la GC

Archivo General Militar de Ávila; Archivo General Militar de Segovia (Expedientes personales de oficiales); Archivo General Militar de Guadalajara (Expedientes personales de tropa); Archivo Histórico del Ejército del Aire; Centro Documental de la Memoria Histórica.

2. Represión posterior a la GC

Centro Documental de la Memoria Histórica; Archivo General e Histórico de la Defensa; Archivo General Militar de Guadalajara; Archivos Militares Intermedios de Ferrol, Barcelona, Sevilla, Valencia, Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias; Archivo General e Histórico del Aire; Archivo General de la Administración; Archivo General del Ministerio del Interior.

3. Implicaciones sociales y/o políticas de la GC

Centro Documental de la Memoria Histórica; Archivo General de la Administración; Archivo General del Ministerio del Interior.

4. La GC en mi localidad

Archivo General Militar de Ávila; Centro Documental de la Memoria Histórica; Archivos Histórico Provinciales; Archivos Municipales.

5. Historias personales de la GC

Secciones de Archivos Privados y Familiares y de Colecciones de los Archivos Histórico Nacionales del Ministerio de Cultura (CDMH, AHN, AGA) y del Sistema Archivístico de la Defensa (AGMAV, AGHD).

¿Y por qué no hace falta un “Archivo General de la Guerra Civil Española”?

Pues porque de nada serviría intentar agrupar en un solo macrocentro de archivo todos los fondos documentales que hemos visto que existen sobre el asunto en varios archivos del país. Sí sería conveniente, quizá, y creemos que en esa línea deberían ir las propuestas de modificación de la Ley de Memoria Histórica en este sentido, la creación de un acceso web unificado a todos los fondos aludidos. Un verdadero Portal de Fuentes Documentales de la Guerra Civil y el Franquismo, incluyendo enlaces también a las iniciativas de datos abiertos sobre el tema como IHR World, Todos los Nombres o Brunete en la Memoria, y  a fondos bibliográficos y hemerotecas históricas.

No queremos acabar este artículo sin hacer una breve alusión a los principales archivos privados, de fundaciones, universidades, partidos políticos o personales, que también contienen información relevante sobre el la Guerra Civil y la Dictadura Franquista, la mayoría de ellos a disposición del público. Es cierto que tenemos serias dudas de que se cumpla la legalidad vigente en relación a parte de la documentación que en algunos casos conservan alguna de estas instituciones, pero no es este el momento y el lugar para hablar de ese espinoso tema…

Foto: Frente de Madrid. Servicio sanitario en la capital y en el Frente. El General Miaja con los jefes de Sanidad Militar visitando el importante donativo sanitario al ejército republicano por Central Sanitaria Internacional. Reportajes Gráficos Luis Vidal. Valencia. Biblioteca Nacional de España. Licencia CC-BY-NC-SA