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Rectificació: Els expedients del ministeri d’educació

En nuestro trabajo valoramos el rigor de la información y por ello nos parece importante rectificar los errores. Escribimos esto para rectificar nuestro artículo anterior, ahora titulado  Con los expedientes de Educación, superamos un millón de registros.

Los registros de más de medio millón de expedientes del Ministerio de Educación que obtuvimos como expedientes de depuración son, en su mayoría, expedientes de titulación.

Lo descubrimos solicitando un expediente de una persona supuestamente depurada al Archivo General de la Administración (AGA). 

El Archivo del Ministerio de Educación explica:”Al unir las bases de datos de depuración y de titulación de quién era depurado y quién había recibido un título, se mezcló de una forma que hizo imposible separar las dos categorías” (*)

En 49.045 expedientes de la base de datos original consta la palabra “depuración”, mayoritariamente en el campo Tipo de expediente. Por ello, a partir de ahora, podrán encontrarse en nuestra base de datos dos conjuntos de datos:

Ambos tipos de expediente se encuentran en el Archivo General de la Administración, donde fueron transferidos desde el Archivo Central del Ministerio de Educación. 

El 50% de los nombres con al menos un expediente de depuración dispone también de un expediente de titulación. 

Según fuentes del Archivo, en algunos casos la depuración y la titulación se incluían en el mismo expediente. Hemos mantenido únicamente duplicados una decena de casos, cuando hemos constatado que coincidían nombre y apellidos, número de legajo y número de expediente, y en Tipo de expediente constaba tanto Depuración como Titulación.  

Consideramos que es útil seguir facilitando el acceso a todos los expedientes para facilitar la tarea de quien tenga interés en reconstruir su pasado familiar. 

(*) Texto modificado tras obtener más información del Archivo de Educación (27 abril 2021)


 El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor

Confucio

Massacre d’Atocha: 44 anys després

El 24 de enero de 1977 tres terroristas de extrema derecha irrumpieron pasadas las diez y media de la noche en un despacho de abogados laboralistas del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en la madrileña calle de Atocha. Abrieron fuego y asesinaron a los abogados laboralistas Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo. También mataron al estudiante de derecho Serafín Holgado y al administrativo Ángel Rodríguez Leal. Además, en el atentado fueron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Lola González Ruiz.

En un contexto de violencia política, impunidad de la extrema derecha y agitación social, la masacre se produjo como reacción al paulatino avance en derechos y libertades durante la transición a una democracia constitucional tras la muerte de Franco en noviembre de 1975. El objetivo habría sido desestabilizar el frágil gobierno de Adolfo Suárez. Pero el terrible atentado terrorista no provocó violencia, sino la unidad de la izquierda: más de cien mil personas acompañaron al cortejo fúnebre en silencio.

“Hasta siempre en la libertad por la que disteis la vida”, tituló el Mundo Obrero, órgano (y periódico) del Comité Central del Partido Comunista después del funeral. El 9 de abril de 1977, el presidente Adolfo Suárez ordenó la legalización del Partido Comunista.

Décadas más tarde podemos constatar el impacto de la masacre, y el papel relevante de otros abogados de Atocha, compañeros/as de los asesinados, en la protección de los derechos civiles en nuestra democracia. La memoria de ese asesinato perdura también en la Fundación Abogados de Atocha y en Comisiones Obreras. Ambos acaban de colaborar en la publicación de un libro que creemos importante y oportuno reseñar.

Es conocido que Manuela Carmena escapó de la masacre porque cambió la sede de su reunión. Juan José del Águila, también posteriormente magistrado, estaba convocado a esa misma reunión, como cuenta en justiciaydictadura. com.

El Tribunal de Orden Público (TOP) y su papel en la represión del tardofranquismo

El abogado laboralista y luego magistrado de lo social, hoy ya jubilado, Juan José del Águila, publicó en el año 2001 en la Editorial Planeta la que sería primera edición de un libro fundamental para conocer la represión política arbitrada a través del Tribunal de Orden Público. El libro tuvo una buena acogida entre los lectores especializados, fue presentado por el autor en varias instituciones, desde el Colegio de Abogados de Madrid, el Ateneo, el Club de Amigos de la Unesco y en el local que hoy ocupa la Fundación de Abogados de Atocha, entonces de la secretaría de Formación y Empleo de la Unión Sindical Madrid Región (USMR) de CCOO. Ese libro debió resultar incómodo para demasiada gente allí nombrada y el caso es que, pese a seguir con un buen impacto de ventas, fue retirado del mercado por la editorial y saldada y destruida la edición. Felizmente hoy el autor, tras la posibilidad de incorporar nuevos materiales judiciales al trabajo realizado, ha podido presentar una segunda edición actualizada que está ya en las librerías y de la que Enrique Lillo ha hecho una reseña, publicada anteriormente en el blog Según Antonio Baylos [Madrid, 6 Noviembre 2020] junto con este párrafo. Agradecemos a ambos su permiso para reproducirla.

COMENTARIOS AL LIBRO DE JUAN JOSÉ DEL ÁGUILA, EL TOP. LA REPRESIÓN DE LA LIBERTAD 1963-1977, 2ª edición

por Enrique Lillo Pérez

El libro ha sido editado por la Fundación Abogados de Atocha, creada por la Unión Sindical de Madrid Región CCOO, con el apoyo del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y con el apoyo del Consejo General de la Abogacía, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y evidentemente CCOO Madrid.

En esta 2ª edición el prologo de la misma es realizado por la Presidenta Emérita del Tribunal Constitucional y Catedrática del Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid, Dª María Emilia Casas Baamonde.

Juan José del Águila fue abogado laboralista y penalista, e intervino habitualmente en defensa de los procesados ante el tribunal de orden público.

Es gran conocedor y estudioso de todo lo relativo a la represión y a los mecanismos e instituciones de la dictadura franquista. De los funcionarios públicos, policiales (Brigada Político Social), militares (juzgados militares especiales para la represión de la masonería y el comunismo, contra las actividades extremistas y juzgados sobre responsabilidades políticas, consejo de guerra y auditores militares y autoridades judiciales militares, como los capitanes generales de las regiones militares) y judiciales (tribunal de orden público y sus precedentes cronológicos descubiertos por la investigación de Juanjo del Águila, como son los juzgados de instrucción de febrero de 1956 y de mayo de 1957, desempeñados por jueces de 1ª instancia e instrucción de Madrid, que habían sido designados por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, presidia por el Presidente José Castan Tobeñas, y con competencia para instruir sumarios por supuesto delitos de reunión ilegal, publicación de impresos clandestinos y de propaganda ilegal).

La lectura del libro es obligada para todo ciudadano/a que quiera conocer, como parte indispensable de nuestra memoria histórica y de la propia memoria democrática, los mecanismos institucionales utilizados por la represión franquista a través de las torturas practicadas por miembros de la brigada político social u otros funcionarios públicos o militares, y de los encarcelamientos decretados por los órganos institucionales antes descritos, así como las masivas condenas a muerte que fueron acordadas en consejos de guerra sumarísimos y sin garantías procesales ninguna.

En la actuación de aquellos órganos represivos no concurría de manera alguna los requisitos imprescindibles en cuanto a imparcialidad del órgano juzgador, derecho de defensa a través de letrado, presunción de inocencia superada solo con prueba de cargo valida y suficiente y practicada ante el órgano judicial y derecho al recurso. Requisitos imprescindibles para poder calificar la existencia de una justicia que actúa con objetividad y con imparcialidad y conforme a un principio estricto de legalidad en la tipificación de los hechos acreditados mediante prueba válida practicada en el acto de juicio oral con inmediación y defensa del acusado.

El análisis exhaustivo de Juanjo del Águila tiene un rigor histórico y jurídico insuperable. El mismo rigor con que viene realizando publicaciones en su blog personal de https://justiciaydictadura.com/  que resulta también de imprescindible consulta para entender la realidad de la represión política y de la violencia institucional en la dictadura de Franco, y para entender sus instrumentos y mecanismos, lo que constituye un deber imprescindible y necesario para recuperar una memoria histórica y democrática en España.

En el prologó de María Emilia Casas se afirma que resulta fundamental un relanzamiento del nuevo libro, que debe ocupar el lugar que debería haber ocupado la 1ª edición publicada por Editorial Planeta y con prologó de Gregorio Peces Barba.

Con esta nueva edición Juan José del Águila se ha convertido en una de las voces más autorizadas de la historiografía sobre las jurisdicciones especiales del ordenamiento de excepción de la dictadura franquista y sin lugar a dudas en la voz más autorizada sobre el tribunal de orden público. Ha realizado una gran labor de examen y publicidad de las sentencias y actuaciones del tribunal de orden público y de las muchísimas personas que fueron condenadas, encarceladas por decisión de este tribunal y de sus actuaciones, así como de las actividades realizadas por la brigada político social a través de sus atestados e informe, sin que la práctica de tortura realizada por la misma, hubieran sido nunca fiscalizadas o restringidas por el tribunal de orden público, sino totalmente legitimadas por el mismo.

El libro se detiene en el examen del caso Julián Grimau, que fue fusilado [Nota: en abril de 1963] tras un consejo de guerra sumarísimo y de nuevo sin ninguna garantía procesal, sentencia que fue confirmada por la autoridad judicial militar máxima entonces, que era el capitán general de Madrid, García Valiño, y sin que tuviera ninguna clase de recurso contra esta decisión. La resolución de condena de muerte fue confirmada expresamente por Franco y el gobierno entonces existente, negándosele el indulto reclamado desde muchas instancias internaciones e incluso por el Papa Pablo VI, y a pesar de la noble y fundada defensa que de Julián Grimau hizo el militar asignado para la defensa Alejandro Rebollo.

La detención de Julián Grimau, cualificado dirigente del Partido Comunista de España, dio lugar, no solo a su tortura, sino a muchos montajes mentirosos. Como los hechos publicados en la prensa entonces existente como el Diario ABC, que afirmaban falsamente que Julián Grimau se había intentado suicidar tirándose por la ventana de la Dirección General de Seguridad, y que este intento fue lo que provocó las múltiples lesiones y patologías que como consecuencia de la tortura tenía.

Juanjo del Águila desmenuza en su libro los detalles importantes, y además tras la lectura de las memorias políticas de Fraga Iribarne [Nota: entonces Ministro de Información y Turismo] y de otros documentos históricos, llega a la conclusión de que por iniciativa del dictador Franco y de sus más apasionados y fanáticos colaboradores se retrasó maliciosamente la publicidad del proyecto de ley del gobierno sobre la creación del Tribunal de Orden Público.

Este proyecto atribuía la competencia para enjuiciamiento de hechos que venían conociéndose por la jurisdicción militar de los consejos de guerra al citado tribunal.

Por ello se acordó silenciar el acuerdo del Consejo de Ministros sobre aprobación del citado proyecto de ley a que se consumara la ejecución y asesinato de Julián Grimau, que de esta manera se convirtió en un crimen de Estado.

Si hubiera tramitado el proyecto de ley del gobierno sobre creación del Tribunal de Orden Público en la fecha en que Fraga indicó en sus memorias políticas, el asunto de Grimau sometido a la jurisdicción militar, primero a través de la actuación del juez militar de instrucción para la represión de actividades extremistas y comunistas, Coronel Eymar, y posteriormente a través del Consejo de Guerra celebrado en la región militar de Madrid, se debería haber paralizado y haberse remitido todas las actuaciones al Tribunal de Orden Público de inminente creación y entrada en funcionamiento.

Por ello, se retrasó maliciosamente la aprobación por el gobierno de Franco de 1963 del proyecto de ley de creación y entrada en funcionamiento de Tribunal de Orden Público. Para de esta manera la condena a muerte de Julián Grimau predeterminada fuera cumplida y ejecutada.

Además de este retraso malicioso y prevaricador de la fecha en que oficialmente se aprueba el proyecto de ley antes citado, que es posterior a la fecha en que el gobierno decide realmente la aprobación del proyecto de ley, según las fuentes documentales utilizadas por Juanjo del Águila, el libro comentado desvela otros aspectos transcendentales, como la utilización de supuestos denuncias anónimas contra Julián Grimau que se formulan después de su detención y tortura ante la brigada político social de Barcelona, y que son la base para su condena, atribuyéndole supuestos hechos delictivos protagonizados durante la guerra civil.

Juanjo del Águila describe también el papel de Ruiz Jiménez, Procurador de las Cortes franquistas, en su enmienda a la totalidad contra la citada ley de creación del Tribunal de Orden Público, invocando para ello la declaración universal de derechos humanos y le encíclica de Juan XXIII (Cardenal Roncalli) “Pacem in terris”, publicada el 11 de abril de 1963.

El estudio de Juanjo del Águila realizado en esta transcendental obra penetra también en la descripción sociológica de los ciudadanos/as sometidos a enjuiciamiento y condena del Tribunal de Orden Público, con sus mecanismos habituales de prisión provisional en vez de libertad provisional y cumplimiento de la condena durante el recurso de Casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y validación como prueba de cargo de los informes y notas de la brigada político social, olvidándose de la regla procesal de que la prueba válida para una condena penal es exclusivamente la practicada en el acto de juicio oral, y no los informes gubernativos previos.

En esta descripción sociológica se analiza los muchísimos trabajadores, obreros, sindicalistas, técnicos, profesionales y estudiantes que sufrieron la represión. Muchos de ellos no eran militantes políticos o sindicales habituales, sino personas que se había limitado a participar en reivindicaciones laborales o sociales de mejoras sobre el mínimo nivel de vida entonces existente, o que habían expresado su opinión en asambleas o habían participado en manifestaciones de protesta o de difusión escrita u oral de sus problemas.

Resulta claro por tanto, que la actuación del Tribunal de Orden Público era la de represión y castigo con la cárcel, por el ejercicio individual o colectivo de derechos fundamentales protegidos ya en los años 60 y 70 por los textos internaciones de declaración de derechos humanos, o convenios internacionales de la OIT (entre otros, el derecho a la libertad sindical, derecho a la libertad de expresión, de información, de negociación colectiva, derecho a protagonizar acciones de conflicto para conseguir mejoras).

El Tribunal de Orden Público estaba integrado por jueces profesionales y  el autor analiza el papel negativo de la cúpula judicial de la dictadura y de la fiscalía del Tribunal Supremo, en relación con estos mecanismos de represión.

Su actuación fue de convalidación y aplicación de los mismos, con lo cual no solo fueron los miembros del Tribunal de Orden Público, que muchos de ellos ascendieron durante la transición política al Tribunal Supremo, los que participaron en la represión, sino también las cúpulas de las estructuras judiciales, sobre todo de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con el papel destacado de Adolfo de Miguel que llegó a Presidente de esa Sala, y que en 1981-82 fue el defensor del militar golpista Milans del Bosch.

Estos hechos históricos no deben ser olvidados, porque forman parte de la memoria democrática e histórica de la lucha contra la dictadura franquista, la cual gozó siempre no solo del apoyo de los mandos militares, sino de quienes controlaban las estructuras judiciales, el ministerio fiscal, y los propios aparatos policiales, especialmente la brigada político social.

Para terminar hay que señalar que a diferencia de otros países europeos, nuestro país durante los años 60 y 70 no gozó de la denominada edad de oro del derecho del trabajo y de la seguridad social, con el estado de bienestar que se fue consolidando en Europa tras la victoria en la II Guerra Mundial contra los nazis.

En nuestro país se mantuvo durante muchos años la pobreza y miseria, y no se reconocieron los derechos colectivos y humanos antes indicados durante el tiempo de la dictadura.

Lo que si se conoció fue unas actuaciones totalmente ejemplares y épicas que debe ser reivindicada hoy en día por la sociedad civil española de muchos trabajadores, sindicalistas especialmente de CCOO, estudiantes, técnicos y profesionales que se atrevieron a reclamar sus derechos y defenderlos y a reclamar la libertad y la igualdad consustanciales con la democracia. En este contexto de actuación ejemplar y épica, los entonces abogados laboralistas, entre otros Juanjo del Águila, mediante la defensa de los trabajadores en Magistratura de Trabajo y de trabajadores, sindicalistas, estudiantes y técnicos ante el Tribunal de Orden Público, tuvieron un papel que no ser olvidado y que forma parte de la memoria histórica y democrática del país.

Por ello, hay que leer este libro.

FOTO: El cortejo fúnebre de los abogados de Atocha. Madrid, 26 de enero de 1977. Autor desconocido. Public domain.

Amb els expedients d’Educació superem el milió de registres

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Para celebrar el cuarto aniversario de Innovación y Derechos Humanos, hemos incorporado un total de 562.298 registros de expedientes del Ministerio de Educación en nuestra base de datos. Los hemos dividido en dos conjuntos de datos. 49.045 expedientes son de Depuración de maestros/as y 513.253 son expedientes de Titulación del Ministerio de Educación. Así, la base de datos de ihr.world llega a 1.282.626 registros buscables por nombre y apellido.

Los registros de “maestros/as depurados” son expedientes de depuración abiertos a profesionales de la Educación que fueron apartados de su cargo de manera fulminante tras la victoria de las fuerzas sublevadas, a medida que fueron avanzando posiciones durante la Guerra Civil después del golpe de estado y especialmente en la posguerra. 

[Nota 9 marzo 2021: En la versión anterior de este artículo se mencionaba un número mayor de registros y un único conjunto de datos. Explicamos la rectificación en este artículo]

Nunca hasta ahora había sido tan accesible la referencia a estos expedientes de depuración. La base de datos es un gran trabajo que elaboró durante años el Archivo Central de Educación (ACME), aunque actualmente los expedientes están en el Archivo General de la Administración (AGA) de Alcalá de Henares, adonde fueron transferidos. 

La depuración no se refiere únicamente a los maestros/as de Primera Enseñanza o de Secundaria, o de la Escuela Normal (lo que hoy sería Magisterio). Se incluyen también las Universidades, las Escuelas de Ingeniería y Arquitectura, las Escuelas Técnicas, las Escuelas de Comercio, las Escuelas Taller; y no solo el profesorado sino también ayudantes, auxiliares, administrativos/as, porteros/as y cualquiera vinculado a la Enseñanza de una manera u otra a quien alcanzó la depuración, se apartó de su cargo y se incoó un expediente. 

Son más de medio millón de expedientes y cubren las especialidades más variadas: no solo maestro/a, sino también perito industrial, profesor mercantil, ingeniero, arquitecto, veterinario, ajustador, tornero, capataz y muchas más. Estamos analizando los datos y próximamente podremos ofrecer más información. 

Tal como explicamos en un artículo anterior, la misión de la escuela republicana era transformar el país. Hubo una generación de maestros y maestras identificados con la República. Los militares sublevados quisieron acabar con las ideas esenciales en que esta se apoyaba: libertad, autonomía, solidaridad, civilidad, que se reflejaba en la escuela. 

La República española fue pionera en hacer posibles dos situaciones muy relevantes que hoy en día se dan por supuestas en nuestro país y en otros de nuestro entorno: la educación pública, laica y mixta; y el papel relevante de las mujeres en la sociedad. Por ello, la dictadura se ensañó con los maestros y las maestras. 

Se ejecutó a un número indeterminado de ellos, sobre todo durante la Guerra Civil y al inicio de la posguerra, a menudo de la manera más cruel y arbitraria, como explicó Maria Antonia Iglesias en Maestros de la República. Los otros santos, los otros mártires (La Esfera de Libros, 2006). Allí cuenta las biografías de Arximiro Rico (Baleira, Lugo), Ceferino Farfante y Balbina Gayo (Cangas del Narcea, Asturias), Bernardo Pérez Manteca (Fuentesaúco, Zamora), Miguel Castel Barrabés (Sant Bartomeu del Grau, Barcelona), José María Morante Benlloch (Carcaixent, Valencia), Gerardo Muñoz Muñoz (Móstoles, Madrid), Severiano Núñez García (Jaraiz de la Vera, Cáceres), Teófilo Azabal Molina (Jerez de la Frontera, Cádiz), Carmen Lafuente (Cantillana, Sevilla) y José Rodríguez Aniceto (El Arahal, Sevilla). 

A medida que los militares sublevados avanzaban por la península y tomaban posiciones, no solo apresaban a soldados, sino también a representantes políticos y sociales. Además, apartaban a los maestros de sus cargos. Inicialmente, se prohibió impartir enseñanza a todas las personas que habían ejercido en la zona republicana durante la Guerra Civil. Tan pronto como el ocho de noviembre de 1936, se crean por el Decreto 66 las Comisiones Depuradoras del personal de la Enseñanza, de cuatro tipos: (1) Personal Universitario; (2) Escuelas de Ingenieros y Arquitectos; (3) Enseñanza Media, Inspectores, profesorado de Escuelas Normales y Personal de las Secciones Administrativas; y (4) Magisterio Primario. De estas dos últimas había una comisión por cada provincia, mientras que las dos primeras eran únicas.

Sobre la historiografía de la depuración de la enseñanza, supone un hito en 1997 la tesis doctoral La escuela y el Estado Nuevo. La depuración del magisterio nacional (1936-1943) de Francisco Morente Valero, actualmente profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona, en la que se incluyó un anexo con 20.000 nombres, siendo tan solo una muestra.  En 2017, Jesús Manuel García Díaz leyó su tesis La depuración del Magisterio nacional en A Coruña, y allí describe ampliamente los estudios generalistas y de ámbito local sobre la depuración de la Enseñanza hasta entonces (páginas 24-62).  

Este conjunto de datos se une a los mayores incorporados hasta la fecha en la base de datos de ihr.world, buscable por nombre y apellido, que cuenta también con:

entre muchos otros que se pueden explorar en la sección Conjuntos de datos.

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FOTO: Escuela en España antes de 1936. Una maestra entre sus alumnos. Autoría desconocida. Wikipedia. Dominio público.

Dia internacional de l’accés a la informació

Un any més, l’associació Innovación y Derechos Humanos, membre de la Coalición ProAcceso, hem celebrat el Dia Internacional de l’Accés a la Informació el 28 de setembre.

Durant el V Congrés Internacional de Transparència, ens hem adherit a la Declaració de la UNED dels Consells i Comissionats de la Transparència a Espanya, en la qual es pronuncien en els termes següents:

Reiteramos a los Gobiernos y Autoridades de todos los ámbitos territoriales y niveles de Administración, a los representantes políticos nacionales, autonómicos o locales y a todas las organizaciones políticas, las mismas demandas que planteamos hace justo un año respecto del apoyo intenso y decidido a la política de transparencia y acceso a la información pública.
(…) la demanda de reconocimiento explícito y apoyo intenso a nuestro trabajo y funciones y al fortalecimiento y mejora de
nuestras organizaciones y su dotación de recursos.

A més, hem donat el nostre recolzament a la Declaració de la Coalición ProAcceso, que podeu llegir íntegrament en l’enllaç. En volem destacar el següent:

Des de la Coalició també donem la benvinguda a l’esborrany del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto, que es troba obert a consulta pública fins mitjans d’octubre de 2020, i que conté entre els seus compromisos enfortir la Llei estatal de Transparència;

Per tot això, fem una crida al Govern d’Espanya per a que:

  • Reconegui el dret a l’accés a la informació com a dret fonamental, i adopti una llei orgànica de transparència;
  • El dret abasti totes les entitats públiques i privades i tots els poders de l’Estat, incloent els poders legislatiu i judicial; 
  • El dret s’apliqui a tota la informació en mans d’entitats públiques, excepte les que estiguin afectades de manera justificada per un o diversos límits, i s’elimini l’article 18.1 de la llei de Transparència que exclou certa informació a l’abast de la llei;
  • No existeixin altres causes que limitin el dret diferents a les excepcions que assenyalen els estàndards internacionals; per això s’han d’eliminar la Disposició Adicional Primera (punts 2 i 3) i, d’aquesta manera, asegurar que la llei s’apliqui a totes les sol·licituds sobre qualsevol informació o document en mans de qualsevol ens públic; 
  • Elimini el requisit d’identificació per a poder exercir el dret d’accés a la informació. Ha de garantir que sigui un dret a l’abast de totes i tots, senzill d’exercir, sense formalismes burocràtics i on no es requereixi la utilització d’aplicacions informàtiques
  • Els òrgans garants del dret comptin amb les facultats suficients per a supervisar el compliment de les obligacions de transparència i poder sancionar aquelles institucions que no les compleixin. A més, el Consell de Transparència i la resta dels òrgans garants a Espanya han de comptar amb els recursos humans i financers necessaris per dur a terme la seva tasca
  • Es publiqui més informació de forma proactiva, en formats reutilitzables i amb llenguatge senzill, especialment aquella informació que es de major interès públic i ha estat sol·licitada freqüentment per  la ciutadania;
  • Signi i ratifiqui el Conveni del Consell d’Europa sobre Accés als Documents Públics, que entrarà en vigor l’1 de desembre de 2020. 

La Coalición ProAcceso demana millor accés a la informació durant la pandèmia de coronavirus

Innovació i Drets Humans, com a membre de la Coalición Pro Acceso, amb una vintena d’organizacions, demana al Govern espanyol que garanteixi l’exercici del dret d’accés a la informació, després que s’hagin suspès els plaços administratius per l’estat d’alarma, declarat el passat 14 de març amb motiu de la crisi del coronavirus. 

La Coalición ProAcceso, a la qual ihr.world va adherir-se el març de 2017, és una iniciativa d’Access-Info , que defensa i promou el dret a l’accés a la informació a tot Europa. Diverses associacions d’arxivers, periodistes, advocats, i altres col·lectius ciutadans s’han afegit a la petició. La defensa de l’accés a la informació ha estat sempre un tema clau en els projectes de la nostra associació des dels seus inicis. Al final d’aquest article podeu veure el llistat de totes les organitzacions i descubrir qui són clicant als enllaços.

Demanem modificacions legislatives, la participació dels arxivers en la gestió de l’accés a la informació, la creació d’un web que centralitzi la informació oficial de la covid-19, la publicació de dades obertes i la garantia de la protecció de la privacitat en el seguiment digital.

El acceso a la información es fundamental

En una carta dirigida a la Ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, los miembros de la Coalición Pro Acceso denunciamos los efectos que esta pandemia está teniendo sobre la transparencia y el acceso a la información, un derecho fundamental que debe ser protegido especialmente en tiempos de crisis. Si queremos que los ciudadanos confíen en las instituciones, es imprescindible que estos conozcan sus actuaciones y aseguren la adecuada rendición de cuentas por parte del gobierno. 

La gravedad de la situación generada por la pandemia de la covid-19 ha hecho que el Gobierno tome medidas excepcionales como la suspensión de los plazos administrativos, algo que también ha ocurrido en muchos países europeos y americanos. Sin embargo, también existen ejemplos de buenas prácticas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, que demuestran que, a pesar de las circunstancias, es posible cumplir con este derecho: 

  • En Argentina, se ha modificado la suspensión para mantener los plazos de respuesta a las solicitudes de acceso a la información; 
  • El Consejo de la Unión Europea y la Comisión mantienen el plazo de 15 días, aunque reconocen que pueden darse leves retrasos en algunos casos;

La Coalición Pro Acceso reitera al Gobierno central la necesidad de adoptar las siguientes medidas

  • Modificar el Real Decreto 463/2020, incluyendo el derecho de acceso a la información entre las excepciones de suspensión de plazos administrativos;
  • Instar a las unidades de información de la Administración General del Estado, y mientras dure el estado de alarma, a responder de forma prioritaria a todas aquellas solicitudes relacionadas con la covid-19, en base a lo establecido en el apartado cuarto de la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto, que permite la continuación de procedimientos administrativos relacionados con la pandemia; 
  • Continuar, en la medida de lo posible, con la tramitación de las solicitudes recibidas antes o durante el estado de alarma no relacionadas con la pandemia, evitando que la resolución se prolongue en el tiempo. 
  • Documentar debidamente la toma de decisiones y las actuaciones públicas que se lleven a cabo, así como asegurar la correcta gestión de toda la información. 
  • En caso de requerir un refuerzo de personal para la tramitación de solicitudes de acceso a la información, permitir la colaboración de los archiveros de la Función Pública conforme a lo previsto en la Disposición Adicional Decimoctava del Real Decreto – Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la covid-19. 

Asimismo, para asegurar la transparencia de las actuaciones de las instituciones públicas deben: 

  • Crear una página web o una sección en el Portal de Transparencia dedicada exclusivamente a la covid-19, donde se publique de manera proactiva y centralizada toda la información relacionada con la gestión de la pandemia (sanitaria, legal, laboral, económica, científica, presupuestaria, medioambiental…) a nivel nacional, autonómico y local, ofreciendo los datos con la mayor desagregación posible (barrios). Se priorizará aquella información requerida de forma más recurrente en las solicitudes. Todos los datos deberán publicarse en formatos abiertos y reutilizables, con sus respectivos metadatos, y deberán ser incluidos, además, en un catálogo especial sobre la covid-19 en el portal datos.gob.es
  • Publicar proactivamente y de forma inmediata: 
    • la conformación del o de los comités científicos, así como los informes en los cuales se basan las decisiones tomadas por el Gobierno; 
    • toda la información relacionada con la contratación pública de emergencia, incluyendo intermediarios, beneficiarios, contratos, liquidación, ejecución, etc. 
    • Mantener un soporte digital de toda la información relacionada con la covid-19 que permita la trazabilidad de las acciones realizadas y, por ende, garantice la adecuada rendición de cuentas.
  • Garantizar la protección de la privacidad, asegurando que el seguimiento y la vigilancia digital usada para proteger la salud de los ciudadanos sea una medida temporal y supervisada constantemente por especialistas y miembros de la sociedad civil, permitiendo una completa transparencia del uso dado a los datos recolectados

Entidades que nos adherimos a la petición

Carta al President Sánchez

Benvolgut President del Govern que finalment tenim,
El camí cap al que volem aconseguir és ardu i tortuós, també per a la societat civil. Aquest any l’associació sense ànim de lucre Innovació i Drets Humans (a internet ihr.world) ens hem esforçat molt i ens hem portat molt bé: tenim 700.000 registres online a la base de dades centralitzada de la Guerra Civil i el franquisme, tots referenciats a arxius i investigacions, sense el suport de cap administració.

Ens va indignar la dificultat de familiars de persones desaparegudes i represaliades per accedir a informació. Per això, hem donat accés a gairebé mig milió de registres nominals de procediments judicials militars entre 1936 i 1975, i més de 130.000 de batallons disciplinaris de soldats treballadors entre d’altres (Explora la base de dades).

No ens deixem influir per la publicitat. Si bé el que demanem per al 2020 exigeix ​​valentia política, no escalabrarà les arques de l’Estat:

  • Desbloquejar al Congrés la iniciativa de modificació de la Llei de Secrets Oficials 9/1968 i que s’estableixi la desclassificació automàtica de documents després d’un màxim de 50 anys com en altres països del nostre entorn. O bé elaborar una Llei d’Arxius.
  • Dotar tots els arxius dels recursos humans i econòmics necessaris per a gestionar i descriure els fons encara ocults del període de la Guerra Civil i la dictadura franquista.
  • Publicar o donar permís per a reutilitzar les bases de dades i els instruments de descripció dels arxius sobre repressió, especialment des de la Subdirección General de Archivos Estatales
  • Acabar amb totes les barreres a l’accés a la documentació, especialment a la històrica, que pateixen els que volen investigar Guerra Civil i franquisme des de fa dècades. En aquest cas, el dret d’accés ha de prevaler sobre la protecció de dades personals; que consti per llei.
  • Acabar amb les fundacions que custodien documents de tots els ex caps d’Estat i de govern. Que la documentació s’integri en arxius públics.

Aquest any continuarem treballant per a que la innovació millori la protecció als drets humans fonamentals, especialment el dret a obtenir informació pública, i confiem que Vostès també.

Quedem a l’espera de la seva resposta. Salutacions cordials,
Innovación y Derechos Humanos (info@ihr.world)

Tres anys reivindicant el dret d’accés a la informació

Avui Dia Internacional dels Drets Humans, tot l’equip d’Innovation and Human Rights celebrem el tercer aniversari de la nostra associació sense ànim de lucre. Compartim la nostra satisfacció per haver creat i mantenir online la base de dades centralitzada de víctimes i persones represaliades durant la Guerra Civil i el franquisme , que a dia d’avui integra 700.000 registres referenciats a arxius i investigacions. També manifestem la nostra determinació a continuar. 

El big data de la repressió

Fins al moment, la majoria de registres, en concret 485.136, són de procediments judicials militars procedents de diversos arxius del Ministeri de Defensa, que hem centralitzat per primera vegada. Corresponen únicament a l’Exércit de Terra a onze províncies de l’Estat espanyol

Promoure l’accés a la documentació de la Guerra Civil i perseverar en la construcció de la base de dades no sempre ha estat fàcil. No hem rebut suport econòmic de cap administració pública. Sovint hem topat amb límits a l’accés perquè el reglament general de protecció de dades s’interpreta de la manera més estricta possible. A més, el nostre treball és atípic: trobem dades històriques ja publicades i les homogeneitzem per fer-les buscables. 

Treball en equip

Res del que hem fet hauria estat possible sense: (1) totes i cadascuna de les estupendes persones que formen part o han col·laborat amb Innovation and Human Rights: professionals del Periodisme, la Informàtica, la Història i l’Arxivística, entre d’altres. (2) la feina dels arxius, i els seus professionals que descriuen la documentació i la faciliten a tothom que investiga (3) els/les autors/es que han contribuït a enriquir la base de dades amb el fruit de les seves investigacions (4) les personas que sempre ens han recolzat, cadascuna des de la seva posició; elles saben qui són. No només arxivers/es, historiadors/es, informàtics/ques, associacions de víctimes i d’altres, amb qui mantenim un contacte continuat, sinó també persones anònimes que ens descobreixen, ens escriuen i, o bé agraeixen la nostra feina altruista o bé ens encarreguen alguna feina que ens permet sobreviure com associació. 

Fent xarxa 

També estem molt satisfetes i agraïdes perquè hem signat convenis de col·laboració amb l’Associació d’Arxivers i Gestors Documentals de Catalunya, la Universidad de Santiago de Compostela, el CRAI Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona (UB), la Fundación Pablo Iglesias i, recentement, la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB). A més, hem rebut estudiants en pràctiques de Periodisme i Història de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Actualment estem ampliant aquests acords.  

L’embrió d’IHR va ser el projecte multimèdia 800 dies sota les bombes , sobre la Guerra Civil a Barcelona, per a betevé (llavors Barcelona Televisió), que incorporava una base de dades de persones mortes per bombardeig. Ja llavors ens va indignar que fos tan difícil pels familiars de les víctimes accedir a informació, vuitanta anys després. El novembre de 2017 vam presentar la base de dades, en aquell moment amb 224.000 registres online, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Aquell dia m’acompanyaren Guillermo Blasco, soci fundador, i Javier Rodrigo, Doctor en Història i expert en feixismes, guerra civil i violència col·lectiva, que va destacar la importància d’una iniciativa que permetès creuar dades i enriquir el coneixement històric. 

Objectius 2020 

A curt plaç, acabarem de documentar la nostra metodologia per a que el nostre treball es pugui replicar i per a millorar la nostra productivitat.  “El principal repte és que cada conjunt de dades té una estructura diferent que sovint ve determinada pel seu contingut,” diu Carla Ymbern, experta en Periodisme de Dades, a IHR des de 2017. “Verifiquem que no hi hagi valors duplicats o incomplets, i que no se n’hagi omès cap al convertir el fitxer en dades reutilitzables. Quan tenim la certesa que les dades són correctes, identifiquem els camps rellevantes i netegem les dades aplicant uns criteris establerts”. 

Busquem també seguir incrementant el volum de dades, que hem triplicat en dos anys. Treballem per establir noves aliances i llençar més projectes. A mig plaç, es manté el repte de millorar el concepte i l’accesibilitat de la base de dades per a poder creuar més dades. Centralitzar tots els camps de la informació suposarà un salt qualitatiu per contribuïr a la investigació historiogràfica. 

La nostra ambició és global, no es centra en un àrea geogràfica. “Espanya i la seva gent han estat molt generoses amb mi des de la meva primera visita el 1974 –en paraules de Charlie Nurse, historiador que elabora la versió anglesa d’aquest web des de Cambridge–. Crec que aquest projecte ajuda a la societat espanyola a entendre i asumir el seu passat més recent”. Com a conclusió, es mantenen els nostres objectius de facilitar l’accés a la informació, difondre el treball dels arxius i contribuïr a la investigació històrica.

485.136 causes militars obertes contra presumptes “rojos”: el big data de la repressió

Des de l’associació sense ànim de lucre Innovation and Human Rights creiem que l’accés a la informació és un dret fonamental, reconegut per la legislació internacional, per moltes constitucions i per més de 80 lleis nacionals de tot el món, que implica el dret de tota persona a sol·licitar i rebre informació d’entitats públiques. 

Avui volem explicar-vos que estem facilitant l’accés a les dades de gairebé mig milió de procedimients judicials militars oberts a 11 províncies d’Espanya durant la Guerra Civil i el franquisme entre 1936 i 1975, segons dades del Ministeri de Defensa. Estem treballant per a donar accés a aquest tipus de dades de diverses províncies més. 

“L’accés a la informació és fonamental per a trencar amb el silenci i el desconeixement que encara hi ha respecte a la nostra història recent”

Innovation and Human Rights porta des de 2016 recopilant i republicant dades fins ara disperses, integrant-les a una base de dades centralitzada de la Guerra Civil i el franquisme. Ara són buscables a un clic.

La nostra base de dades ha superat els 700.000 registres i cadascun dirigeix a la seva font documental i a una pàgina de referència que explica d’on procedeix el conjunt de dades, la seva autoria i com accedir a la documentació original o a la informació. Principalment, els conjunts de dades es basen en índexs elaborats pels propis arxius, però també comptem amb dades d’investigacions històriques de zones com La Rioja, Aragó, Catalunya i Madrid compartides per les seves autores per aquest projecte (Explora la secció Conjunts de dades per més detalls). 

“Moltes persones ni saben que els seus familiars van ser represaliats; es sorprenen molt quan troben els seus noms i accedeixen a la documentació”

Fins el moment s’han integrat dades dels Tribunals Territorials Militars Primer (Madrid, Albacete, Alacant, Castelló, València), Tercer (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona) i Quart (León, Zamora), que ja eren públics des de les pàgines de l‘Archivo General e Histórico de Defensa, l‘ Arxiu Nacional de Catalunya i l’ Archivo Intermedio Militar Noroeste respectivament. Explora la nostra base de dades des d’aquí per més detall)

Es pot buscar per nom i cognom. Des de cada registre s’obté informació sobre com accedir a la documentació original, si està en un arxiu; o a la referència d’un llibre, tesi doctoral o article acadèmic. Amb les dades de la repressió a Catalunya, Innovation and Human Rights ha elaborat també l’exposició virtual Sumaríssims en femení.

Aclaració important: Són 485.136 registres de causes, no persones. Una causa pot agrupar desenes de persones. Igualment, a una persona se le poden haver obert 2, 3, 4, 5… causes. En la majoria de casos, el registre no especifica quin va ser el resultat o sentència.

L’associació compta amb un equip de treball interdisciplinar majoritariament femení amb professionals de Periodisme, Informàtica, Història, Arxivística i Estadística.

Hem difòs el nostre treball a congressos i tenim tres objectius:

  1. Facilitar l’accés a la informació sobre víctimes i persones represaliades.
  2. Difundir el treball dels arxius per promoure el seu coneixement i l’accés a la documentació.
  3. Contribuïr a la investigació històrica, per la possibilitat de compartir i creuar les dades.

“Ens va escriure una persona dient que, buscant dades d’un familiar, n’havia trobat sis. Una altra afirmà que no hi hauria ningú, fins que va teclejar el seu cognom, que era molt poc habitual.”

A més, la base de dades integra també entre d’altres els noms de

Foto: Rendició de milicians republicans a Somosierra, Madrid. Succés després de la Batalla de Guadarrama el 1936. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía [Google Arts & Culture].

Declaració de Málaga sobre transparència 2019

L’associació Innovación y Derechos Humanos ens hem adherit com entitat de la societat civil a la Declaración de los Consejos y Comisionados de Transparencia, aquest any a Málaga, un any més, després de la Declaració de Cádiz el 2018, de la qual també vam escriure aquí.

En el tema que ens ocupa –la documentació als arxius de l’època de la Guerra Civil i el franquisme–, constatem la manca de voluntat política i d’amplitud de mires pel que respecta al fonamental Dret a la Informació Pública i al Dret a Saber, del qual hem celebrat el Dia Internacional la passada setmana.

Els esforços aillats de difusió d’informació que duen a terme persones pioneres i rellevants per a nosaltres en el món de la cultura, no en relació al seu càrrec, sinó per la seva dedicació, des d’arxius i altres organismes són el que ens fa perseverar.

Destaquem el paràgraf següent de la Declaració, subscrita fins ara per 32 entitats de la societat civil per les quals és rellevant d’una manera o altra el Dret a l’accés a la informació pública, entre elles Access-info, que defen i promou el dret a l’accés a la informació pública a tot Europa:

“Así, más allá de que todos los gobiernos, el estatal y los autonómicos, se hayan declarado comprometidos con la transparencia y el buen gobierno, lo cierto es que, pasada la efervescencia de la entrada en vigor de la ley, su implicación ha ido perdiendo peso en estos últimos años, y los Consejos y Comisionados de Transparencia se han resentido especialmente por ello, al crecer exponencialmente la demanda de la ciudadanía de su amparo por la vulneración de su derecho a saber, sin que reciban de los poderes públicos la adecuada dotación de medios para satisfacerla. Por ello, debemos llamar la atención pública y advertir de que dejar morir de inanición a los Consejos y Comisionados de Transparencia, encargados de defender los derechos de la ciudadanía ante la opacidad de las administraciones públicas, es una decisión política que, si no responde a la intención de eludir su control, en cualquier caso, tiene ese efecto.”

I també el paràgraf de conclusió:

“Ponemos de manifiesto la necesidad de que se nos conceda un protagonismo cierto y efectivo en la propuesta y puesta en práctica de las medidas que puedan diseñarse en el futuro para ampliar el campo de la normativa actual, extremar el rigor en la lucha contra el fraude y las prácticas corruptas y responder de forma adecuada a las peticiones y demandas de la ciudadanía a favor de mayor transparencia en el funcionamiento de nuestras instituciones, de regeneración de nuestra vida pública y de mayor integridad en el comportamiento de nuestros gobernantes, representantes y toda clase de servidores públicos.”

Memòria de guerra i postguerra en femení

Seguim amb la nostra selecció de llibres relacionats amb la Guerra Civil i el franquisme, com vam fer l’any passat i amb Recomanacions de lectura estival. Després de (1) Novetats, avui parlem de (2) Memòria de guerra i postguerra en femení. Més tard seguirà (3) Treball esclau durant el franquisme. Recordeu que podeu visitar també l’exposició virtual Sumaríssims en femení.La pionera en donar a conèixer la repressió en les presons de dones durante el franquisme va ser sens dubte Tomasa Cuevas. Va ser prou valenta com per recórrer Espanya a partir de l’any 1974 gravant a les seves companyes preses polítiques explicar històries terribles per tal que no es perdessin els seus testimonis. Ho va fer amb un magnetòfon (pels millennials devia ser alguna cosa com això) i després va publicar el llibre Cárcel de mujeres (1939-1945), amb portada de Josep Guinovart. Es va reeditar íntegrament, en tres volums, com Testimonios de mujeres en las cárceles franquistas (Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2004) i una part com Presas (Icaria Editorial, 2005). A Innovation and Human Rights recordem el seu pas per la presó de Les Corts (Barcelona) aquí. Finalment s’ha aprovat el pressupost per crear un memorial a l’espai on va estar aquesta presó.

Ángeles Egido, doctora en Història, recopila testimonis descarnats de repressió cap a dones a les presons en el llibre El perdón de Franco. La represión de las mujeres en el Madrid de la posguerra (Catarata, 2009). El passat 8 de març vam incorporar les dades que aporta la seva investigació a la nostra base de dades centralitzada i ho explicàrem aquí. En el llibre, Egido descriu amb detall la commutació de les penes de mort. Era un mecanisme suposadament benèvol però cruel. Es commutava per la pena inferior de 30 anys i un dia, i no sempre s’informava a la presonera, que cada vespre havia d’escoltar els noms de les persones que s’executarien a la matinada. El llibre també analitza el paper fonamental de l’església catòlica en el manteniment del sistema carcerari . Vam descobrir aquest llibre durant el Congrés Pasados Traumáticos: Historia y Memoria en la Sociedad Digital organitzat per HISMEDI a la Universitat Carlos III de Madrid, on van convidar a Innovation and Human Rights a presentar la base de dades després d’incorporar-la al Entorno Virtual de Investigación del Laboratorio de Innovación en Humanidades (LINHD) de la UNED. Tots els vídeos del congrés aquí.

Els següents texts de memòria de la Guerra i la postguerra escrits per dones són relats biogràfics o de ficció. Creiem que són igualment vàlids per percebre la realitat vuitanta anys després, des del punt de vista de protagonistes femenines.

  • Carlota O’Neill va escriure la primera crónica del estallido de la Guerra Civil. Intel·lectual republicana, filla d’un diplomàtic mexicà i d’una escriptora i pianista espanyola; O’Neill estava de vacances a Melilla amb les seves dues filles acompanyant al seu marit, el militar Virginio Leret, cap accidental de la Base d’Hidroavions de l’Atalayón al Protectorat del Marroc. Leret va ser executat la mateixa nit del cop d’estat, encara que ella no ho va saber fins mesos més tard, després de passar un infern a la presó i estar anys sense poder recuperar a les seves filles. Ho escriu en primera persona al relat autobiogràfic Una mujer en la guerra de España (Ed. Oberon, 2004), publicada originalment des del seu exili posterior a Mèxic com Una mexicana en la guerra de España l’any 1964. Durant els anys 30, O’Neill va fundar la revista feminista Nosotras. Després de la presó, al llarg de la dura postguerra espanyola, es va guanyar la vida com escriptora amb diversos pseudònims. Aquí més informació sobre ella i un vídeo.
  • Constancia de la Mora va escriure Doble esplendor (Ed. Gadir, 2004). El llibre és la seva autobiografia. Va ser neboda néta d’Antonio Maura (president del Govern espanyol durant el reinat d’Alfons XIII). Narra la seva infància en una família privilegiada, el seu pas per una escola britànica, i com la seva inquietud social la porta al comunisme. Defensa la República sent responsable primer d’una colònia infantil i més tard des de la seva posició de delegada per a atendre la premsa estrangera. Com O’Neill, va ser esposa també d’un aviador, Ignacio Hidalgo de Cisneros, en segones núpcies. Es desplaça per diverses ciutats espanyoles i, davant la derrota, s’exilia als Estats Units convençuda de que no trigarà en tornar. El pròleg del llibre està escrit pel seu cosí germà Jorge Semprún.
  • Elena Fortún va ser l’autora de llibres infantils juvenils de gran èxit durant el franquisme, amb el personatge de Celia, una nena crítica que preguntava molt, com a protagonista. Des de la mateixa innocència i capacitat crítica que caracteritzava al personatge, a Celia en la Revolución (Ed. Renacimiento, 2016), Fortún novel·la la Guerra Civil al Madrid republicà des dels ulls de l’adolescent que va ser la nena Celia. Sorprèn aquesta novel·la sobre la Guerra Civil des de dins, des del Madrid del “no pasarán”, que podria haver sigut moltes altres ciutats retratant sense opinió ni censura la duresa del dia a dia del conflicte en la mort, la gana, la incertesa, l’escassetat de tot i la por. Va haver una primera edició però “Just després de ser publicat va desaparèixer de les llibreries, i des de llavors únicament s’han anat trobant alguns exemplars en el mercat de vell, sempre a preus fabulosos.”, segons el pròleg d’Andrés Trapiello. La història de com arriba a les nostres mans té la seva màgia: el manuscrit, escrit a llapis, el va recuperar als anys vuitanta Marisol Dorao (doctora en Filologia de la Universitat de Cádiz). Va viatjar als Estats Units i ho va obtenir de la nora d’Elena Fortún. Televisió Espanyola va crear l’any 1993 la serie Celia, sense incorporar el relat que avui ressenyem. L’Editorial Renacimiento reedita ara els llibres de Fortún, descatalogats durant anys, mentrestant els capítols de Celia a TVE es poden veure íntegres de forma gratuïta des d’aquí.

Traducció al català: Lara Regojo