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Masacre de Atocha: 44 años después

El 24 de enero de 1977 tres terroristas de extrema derecha irrumpieron pasadas las diez y media de la noche en un despacho de abogados laboralistas del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en la madrileña calle de Atocha. Abrieron fuego y asesinaron a los abogados laboralistas Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo. También mataron al estudiante de derecho Serafín Holgado y al administrativo Ángel Rodríguez Leal. Además, en el atentado fueron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Lola González Ruiz.

En un contexto de violencia política, impunidad de la extrema derecha y agitación social, la masacre se produjo como reacción al paulatino avance en derechos y libertades durante la transición a una democracia constitucional tras la muerte de Franco en noviembre de 1975. El objetivo habría sido desestabilizar el frágil gobierno de Adolfo Suárez. Pero el terrible atentado terrorista no provocó violencia, sino la unidad de la izquierda: más de cien mil personas acompañaron al cortejo fúnebre en silencio.

«Hasta siempre en la libertad por la que disteis la vida», tituló el Mundo Obrero, órgano (y periódico) del Comité Central del Partido Comunista después del funeral. El 9 de abril de 1977, el presidente Adolfo Suárez ordenó la legalización del Partido Comunista.

Décadas más tarde podemos constatar el impacto de la masacre, y el papel relevante de otros abogados de Atocha, compañeros/as de los asesinados, en la protección de los derechos civiles en nuestra democracia. La memoria de ese asesinato perdura también en la Fundación Abogados de Atocha y en Comisiones Obreras. Ambos acaban de colaborar en la publicación de un libro que creemos importante y oportuno reseñar.

Es conocido que Manuela Carmena escapó de la masacre porque cambió la sede de su reunión. Juan José del Águila, también posteriormente magistrado, estaba convocado a esa misma reunión, como cuenta en justiciaydictadura. com.

El Tribunal de Orden Público (TOP) y su papel en la represión del tardofranquismo

El abogado laboralista y luego magistrado de lo social, hoy ya jubilado, Juan José del Águila, publicó en el año 2001 en la Editorial Planeta la que sería primera edición de un libro fundamental para conocer la represión política arbitrada a través del Tribunal de Orden Público. El libro tuvo una buena acogida entre los lectores especializados, fue presentado por el autor en varias instituciones, desde el Colegio de Abogados de Madrid, el Ateneo, el Club de Amigos de la Unesco y en el local que hoy ocupa la Fundación de Abogados de Atocha, entonces de la secretaría de Formación y Empleo de la Unión Sindical Madrid Región (USMR) de CCOO. Ese libro debió resultar incómodo para demasiada gente allí nombrada y el caso es que, pese a seguir con un buen impacto de ventas, fue retirado del mercado por la editorial y saldada y destruida la edición. Felizmente hoy el autor, tras la posibilidad de incorporar nuevos materiales judiciales al trabajo realizado, ha podido presentar una segunda edición actualizada que está ya en las librerías y de la que Enrique Lillo ha hecho una reseña, publicada anteriormente en el blog Según Antonio Baylos [Madrid, 6 Noviembre 2020] junto con este párrafo. Agradecemos a ambos su permiso para reproducirla.

COMENTARIOS AL LIBRO DE JUAN JOSÉ DEL ÁGUILA, EL TOP. LA REPRESIÓN DE LA LIBERTAD 1963-1977, 2ª edición

por Enrique Lillo Pérez

El libro ha sido editado por la Fundación Abogados de Atocha, creada por la Unión Sindical de Madrid Región CCOO, con el apoyo del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y con el apoyo del Consejo General de la Abogacía, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y evidentemente CCOO Madrid.

En esta 2ª edición el prologo de la misma es realizado por la Presidenta Emérita del Tribunal Constitucional y Catedrática del Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid, Dª María Emilia Casas Baamonde.

Juan José del Águila fue abogado laboralista y penalista, e intervino habitualmente en defensa de los procesados ante el tribunal de orden público.

Es gran conocedor y estudioso de todo lo relativo a la represión y a los mecanismos e instituciones de la dictadura franquista. De los funcionarios públicos, policiales (Brigada Político Social), militares (juzgados militares especiales para la represión de la masonería y el comunismo, contra las actividades extremistas y juzgados sobre responsabilidades políticas, consejo de guerra y auditores militares y autoridades judiciales militares, como los capitanes generales de las regiones militares) y judiciales (tribunal de orden público y sus precedentes cronológicos descubiertos por la investigación de Juanjo del Águila, como son los juzgados de instrucción de febrero de 1956 y de mayo de 1957, desempeñados por jueces de 1ª instancia e instrucción de Madrid, que habían sido designados por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, presidia por el Presidente José Castan Tobeñas, y con competencia para instruir sumarios por supuesto delitos de reunión ilegal, publicación de impresos clandestinos y de propaganda ilegal).

La lectura del libro es obligada para todo ciudadano/a que quiera conocer, como parte indispensable de nuestra memoria histórica y de la propia memoria democrática, los mecanismos institucionales utilizados por la represión franquista a través de las torturas practicadas por miembros de la brigada político social u otros funcionarios públicos o militares, y de los encarcelamientos decretados por los órganos institucionales antes descritos, así como las masivas condenas a muerte que fueron acordadas en consejos de guerra sumarísimos y sin garantías procesales ninguna.

En la actuación de aquellos órganos represivos no concurría de manera alguna los requisitos imprescindibles en cuanto a imparcialidad del órgano juzgador, derecho de defensa a través de letrado, presunción de inocencia superada solo con prueba de cargo valida y suficiente y practicada ante el órgano judicial y derecho al recurso. Requisitos imprescindibles para poder calificar la existencia de una justicia que actúa con objetividad y con imparcialidad y conforme a un principio estricto de legalidad en la tipificación de los hechos acreditados mediante prueba válida practicada en el acto de juicio oral con inmediación y defensa del acusado.

El análisis exhaustivo de Juanjo del Águila tiene un rigor histórico y jurídico insuperable. El mismo rigor con que viene realizando publicaciones en su blog personal de https://justiciaydictadura.com/  que resulta también de imprescindible consulta para entender la realidad de la represión política y de la violencia institucional en la dictadura de Franco, y para entender sus instrumentos y mecanismos, lo que constituye un deber imprescindible y necesario para recuperar una memoria histórica y democrática en España.

En el prologó de María Emilia Casas se afirma que resulta fundamental un relanzamiento del nuevo libro, que debe ocupar el lugar que debería haber ocupado la 1ª edición publicada por Editorial Planeta y con prologó de Gregorio Peces Barba.

Con esta nueva edición Juan José del Águila se ha convertido en una de las voces más autorizadas de la historiografía sobre las jurisdicciones especiales del ordenamiento de excepción de la dictadura franquista y sin lugar a dudas en la voz más autorizada sobre el tribunal de orden público. Ha realizado una gran labor de examen y publicidad de las sentencias y actuaciones del tribunal de orden público y de las muchísimas personas que fueron condenadas, encarceladas por decisión de este tribunal y de sus actuaciones, así como de las actividades realizadas por la brigada político social a través de sus atestados e informe, sin que la práctica de tortura realizada por la misma, hubieran sido nunca fiscalizadas o restringidas por el tribunal de orden público, sino totalmente legitimadas por el mismo.

El libro se detiene en el examen del caso Julián Grimau, que fue fusilado [Nota: en abril de 1963] tras un consejo de guerra sumarísimo y de nuevo sin ninguna garantía procesal, sentencia que fue confirmada por la autoridad judicial militar máxima entonces, que era el capitán general de Madrid, García Valiño, y sin que tuviera ninguna clase de recurso contra esta decisión. La resolución de condena de muerte fue confirmada expresamente por Franco y el gobierno entonces existente, negándosele el indulto reclamado desde muchas instancias internaciones e incluso por el Papa Pablo VI, y a pesar de la noble y fundada defensa que de Julián Grimau hizo el militar asignado para la defensa Alejandro Rebollo.

La detención de Julián Grimau, cualificado dirigente del Partido Comunista de España, dio lugar, no solo a su tortura, sino a muchos montajes mentirosos. Como los hechos publicados en la prensa entonces existente como el Diario ABC, que afirmaban falsamente que Julián Grimau se había intentado suicidar tirándose por la ventana de la Dirección General de Seguridad, y que este intento fue lo que provocó las múltiples lesiones y patologías que como consecuencia de la tortura tenía.

Juanjo del Águila desmenuza en su libro los detalles importantes, y además tras la lectura de las memorias políticas de Fraga Iribarne [Nota: entonces Ministro de Información y Turismo] y de otros documentos históricos, llega a la conclusión de que por iniciativa del dictador Franco y de sus más apasionados y fanáticos colaboradores se retrasó maliciosamente la publicidad del proyecto de ley del gobierno sobre la creación del Tribunal de Orden Público.

Este proyecto atribuía la competencia para enjuiciamiento de hechos que venían conociéndose por la jurisdicción militar de los consejos de guerra al citado tribunal.

Por ello se acordó silenciar el acuerdo del Consejo de Ministros sobre aprobación del citado proyecto de ley a que se consumara la ejecución y asesinato de Julián Grimau, que de esta manera se convirtió en un crimen de Estado.

Si hubiera tramitado el proyecto de ley del gobierno sobre creación del Tribunal de Orden Público en la fecha en que Fraga indicó en sus memorias políticas, el asunto de Grimau sometido a la jurisdicción militar, primero a través de la actuación del juez militar de instrucción para la represión de actividades extremistas y comunistas, Coronel Eymar, y posteriormente a través del Consejo de Guerra celebrado en la región militar de Madrid, se debería haber paralizado y haberse remitido todas las actuaciones al Tribunal de Orden Público de inminente creación y entrada en funcionamiento.

Por ello, se retrasó maliciosamente la aprobación por el gobierno de Franco de 1963 del proyecto de ley de creación y entrada en funcionamiento de Tribunal de Orden Público. Para de esta manera la condena a muerte de Julián Grimau predeterminada fuera cumplida y ejecutada.

Además de este retraso malicioso y prevaricador de la fecha en que oficialmente se aprueba el proyecto de ley antes citado, que es posterior a la fecha en que el gobierno decide realmente la aprobación del proyecto de ley, según las fuentes documentales utilizadas por Juanjo del Águila, el libro comentado desvela otros aspectos transcendentales, como la utilización de supuestos denuncias anónimas contra Julián Grimau que se formulan después de su detención y tortura ante la brigada político social de Barcelona, y que son la base para su condena, atribuyéndole supuestos hechos delictivos protagonizados durante la guerra civil.

Juanjo del Águila describe también el papel de Ruiz Jiménez, Procurador de las Cortes franquistas, en su enmienda a la totalidad contra la citada ley de creación del Tribunal de Orden Público, invocando para ello la declaración universal de derechos humanos y le encíclica de Juan XXIII (Cardenal Roncalli) “Pacem in terris”, publicada el 11 de abril de 1963.

El estudio de Juanjo del Águila realizado en esta transcendental obra penetra también en la descripción sociológica de los ciudadanos/as sometidos a enjuiciamiento y condena del Tribunal de Orden Público, con sus mecanismos habituales de prisión provisional en vez de libertad provisional y cumplimiento de la condena durante el recurso de Casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y validación como prueba de cargo de los informes y notas de la brigada político social, olvidándose de la regla procesal de que la prueba válida para una condena penal es exclusivamente la practicada en el acto de juicio oral, y no los informes gubernativos previos.

En esta descripción sociológica se analiza los muchísimos trabajadores, obreros, sindicalistas, técnicos, profesionales y estudiantes que sufrieron la represión. Muchos de ellos no eran militantes políticos o sindicales habituales, sino personas que se había limitado a participar en reivindicaciones laborales o sociales de mejoras sobre el mínimo nivel de vida entonces existente, o que habían expresado su opinión en asambleas o habían participado en manifestaciones de protesta o de difusión escrita u oral de sus problemas.

Resulta claro por tanto, que la actuación del Tribunal de Orden Público era la de represión y castigo con la cárcel, por el ejercicio individual o colectivo de derechos fundamentales protegidos ya en los años 60 y 70 por los textos internaciones de declaración de derechos humanos, o convenios internacionales de la OIT (entre otros, el derecho a la libertad sindical, derecho a la libertad de expresión, de información, de negociación colectiva, derecho a protagonizar acciones de conflicto para conseguir mejoras).

El Tribunal de Orden Público estaba integrado por jueces profesionales y  el autor analiza el papel negativo de la cúpula judicial de la dictadura y de la fiscalía del Tribunal Supremo, en relación con estos mecanismos de represión.

Su actuación fue de convalidación y aplicación de los mismos, con lo cual no solo fueron los miembros del Tribunal de Orden Público, que muchos de ellos ascendieron durante la transición política al Tribunal Supremo, los que participaron en la represión, sino también las cúpulas de las estructuras judiciales, sobre todo de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con el papel destacado de Adolfo de Miguel que llegó a Presidente de esa Sala, y que en 1981-82 fue el defensor del militar golpista Milans del Bosch.

Estos hechos históricos no deben ser olvidados, porque forman parte de la memoria democrática e histórica de la lucha contra la dictadura franquista, la cual gozó siempre no solo del apoyo de los mandos militares, sino de quienes controlaban las estructuras judiciales, el ministerio fiscal, y los propios aparatos policiales, especialmente la brigada político social.

Para terminar hay que señalar que a diferencia de otros países europeos, nuestro país durante los años 60 y 70 no gozó de la denominada edad de oro del derecho del trabajo y de la seguridad social, con el estado de bienestar que se fue consolidando en Europa tras la victoria en la II Guerra Mundial contra los nazis.

En nuestro país se mantuvo durante muchos años la pobreza y miseria, y no se reconocieron los derechos colectivos y humanos antes indicados durante el tiempo de la dictadura.

Lo que si se conoció fue unas actuaciones totalmente ejemplares y épicas que debe ser reivindicada hoy en día por la sociedad civil española de muchos trabajadores, sindicalistas especialmente de CCOO, estudiantes, técnicos y profesionales que se atrevieron a reclamar sus derechos y defenderlos y a reclamar la libertad y la igualdad consustanciales con la democracia. En este contexto de actuación ejemplar y épica, los entonces abogados laboralistas, entre otros Juanjo del Águila, mediante la defensa de los trabajadores en Magistratura de Trabajo y de trabajadores, sindicalistas, estudiantes y técnicos ante el Tribunal de Orden Público, tuvieron un papel que no ser olvidado y que forma parte de la memoria histórica y democrática del país.

Por ello, hay que leer este libro.

FOTO: El cortejo fúnebre de los abogados de Atocha. Madrid, 26 de enero de 1977. Autor desconocido. Public domain.

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La farsa del proceso de Burgos de 1970

El consejo de guerra a dieciséis presuntos miembros de ETA en Burgos en diciembre de 1970 provocó manifestaciones y huelgas en España, y protestas en Europa y otros lugares. Los franquistas de línea dura del llamado bunker las utilizaron para atacar a los «modernizadores» del Opus Dei en el gobierno español y para presionar a Franco para que aplicara de nuevo la severa represión de los años de la posguerra. El juicio, en sesiones abiertas a las que asistían periodistas extranjeros, y la crisis consiguiente, socavaron una imagen que la dictadura había cultivado cuidadosamente en el exterior: la de un régimen benevolente que presidía la modernización de España. Publicamos este relato de la crisis y su trascendencia en la historia del franquismo cuando se cumple el quincuagésimo aniversario del inicio del juicio, el 3 de diciembre de 1970.

Aunque los orígenes de ETA se remontan a principios de la década de 1950, no fue hasta finales de la de 1960 cuando el grupo lanzó una serie de ataques violentos contra objetivos en las provincias vascas españolas. En relación con el Proceso de Burgos, los más importantes ocurrieron en 1968. En junio un agente de la Guardia Civil resultó muerto en un tiroteo. En agosto Melitón Manzanas, jefe de la Brigada Político-Social (la policía política del régimen) de San Sebastián-Donostia fue asesinado en la puerta de su casa en Irun. En consecuencia, en Gipuzkoa se impuso el estado de excepción y la acción policial en las provincias vascas produjo la detención masiva de sospechosos. A lo largo de 1969 y 1970 se aplicaron largas penas de prisión a los condenados en consejo de guerra en Burgos (capital de la VI Región Militar), por delitos como distribuir propaganda de ETA y asistir a reuniones ilegales.

Durante los años sesenta, el régimen franquista había intentado presentar en el exterior una imagen muy diferente a la de su brutal origen durante la Guerra Civil y la represión de la posguerra. Algunos periodistas extranjeros, como el británico George Hills, aceptaron la versión del régimen, que presentaba a Franco como un benevolente hombre de familia. El periodista estadounidense Benjamin Welles, por ejemplo, escribió que Franco llevaba «zapatos deportivos blancos y negros y un traje de verano» cuando lo entrevistó en julio de 1962 (Benjamin Welles, The Gentle Anarchy, 1965, p. 369).

El contraste con lo que estaba ocurriendo en Burgos no podía ser mayor. En la mayoría de países, los consejos de guerra estaban -y están-, restringidos al personal militar acusado de delitos militares. En España, por el contrario,  los militares sublevados habían proclamado la ley marcial en julio de 1936 y esta se impuso hasta 1948. Durante y después de la Guerra Civil, los consejos de guerra, que a menudo duraban unos minutos, dictaron duras penas, incluida la pena de muerte, a miles de personas cuya representación legal corría a cargo de oficiales del ejército [ver Los Sumarísimos]. Incluso después de superada la ley marcial, los tribunales militares continuaron en uso especialmente para las personas acusadas ​​en virtud del Decreto de 1960 sobre rebelión militar, bandidaje y terrorismo; delitos que, en otros países, eran tratados por tribunales civiles.

La tensión creció en España antes del juicio. El 22 de noviembre, los obispos de Bilbao y San Sebastián emitieron una carta pastoral conjunta declarando ilegítima toda violencia y pidiendo la conmutación de las condenas a muerte solicitadas durante la instrucción. Estallaron huelgas en todo el País Vasco y en otras partes de España. El 30 de noviembre, en una escena sin precedentes desde la Guerra Civil, manifestantes ocuparon la Plaza Catalunya de Barcelona y se enfrentaron a la policía en las Ramblas. Al día siguiente, el secuestro por parte de ETA de Eugen Beihl, cónsul honorario de Alemania Occidental en San Sebastián-Donostia, atrajo la atención de toda Europa.

En el juicio, de una semana de duración, estuvieron presentes siete periodistas españoles, cuyos relatos apoyaban al régimen, y trece corresponsales extranjeros. Entre los dieciséis acusados había dos mujeres y dos sacerdotes. Los abogados, que se ganaron la admiración de los corresponsales extranjeros por su valentía, ayudaron a los acusados ​​a desvelar los objetivos de ETA y a denunciar las torturas policiales. La fiscalía centró su caso en el asesinato de Manzanas y lo basó principalmente en confesiones obtenidas bajo tortura. Al iniciarse el interrogatorio por parte de los abogados defensores el tercer día, los acusados retiraron sus confesiones, describieron gráficamente cómo habían sido torturados y denunciaron la represión estatal a los vascos. Esto produjo la suspensión de la vista del día siguiente y, al reanudarse el juicio, se impidió a los acusados ​​hacer declaraciones generales o desviarse de las preguntas. El periodista francés Edouard de Blaye describió la reacción del último imputado, Mario Onaindia,  durante su interrogatorio:

Gritando Gora Euskadi Askatuta (‘Viva el País Vasco Libre’), el preso saltó al estrado y trató de agarrar un hacha que había entre las pruebas documentales amontonadas en el suelo. Alarmados, dos de los magistrados desenvainaron sus espadas. Uno de los policías levantó su revólver y apuntó al prisionero, pero lo bajó por temor a darles a los jueces. Onaindia, derribado e inmovilizado, quedó rápidamente indefenso. Mientras tanto, en la sala del tribunal, se produjo un gran alboroto. Los quince prisioneros, encadenados juntos, se enzarzaron en un forcejeo con los guardianes a su cargo. Una vez sometidos, empezaron a cantar a coro el viejo himno vasco Euzko gudarik gera … Desde los bancos públicos se alzaban los gritos: “¡Asesinos! ¡Viva ETA! «

Edouard de Blaye, Franco and the Politics of Spain, 1976, pp. 296-7

Se pidió que la gente abandonara la sala y, cuando el juicio se reanudó a puerta cerrada, el proceso fue muy breve. Los abogados defensores se negaron a llamar a los veinticinco testigos que tenían previsto presentar. En su discurso, el fiscal pidió la pena de muerte para seis de los acusados ​​y 752 años de prisión.

Durante las tres semanas siguientes, los siete jueces consideraron su veredicto a puerta cerrada. Mientras Beihl permanecía rehén en un lugar secreto en Francia y los prisioneros esperaban el veredicto, aumentó la tensión en toda España. El 12 de diciembre, trescientas personalidades de la cultura catalana se encerraron en la abadía de Montserrat, emitieron un manifiesto de protesta, y marcharon el 14 de diciembre para evitar que se asaltara la abadía. El Vaticano y varios gobiernos europeos pidieron clemencia.

Los franquistas de línea dura también reaccionaron. El 14 de diciembre, tras una reunión de altos mandos del ejército, una delegación de cuatro capitanes generales visitó a Franco en El Pardo para expresar la preocupación de los militares respecto a la situación. Horas más tarde se suspendió el habeas corpus, permitiendo la detención indefinida de los presos. En un contexto de reuniones de protesta en toda Europa, el 16 de diciembre se organizó una gran manifestación franquista en la Plaza de Oriente de Madrid, y se trasladó a trabajadores rurales desde distintos lugares en autobús a la ciudad para el evento. Durante los días siguientes, se produjeron manifestaciones similares a favor del régimen en otras ciudades importantes. El espectáculo de grandes multitudes dando saludos fascistas y cantando el Cara el Sol (himno falangista), en escenas que recuerdan a la Italia fascista y la Alemania nazi, no hicieron más que contribuir al impacto del proceso en Europa occidental. La semana del 28 de diciembre, el no-do, que se proyectaba en todos los cines españoles antes de la película, mostró imágenes de esas multitudes en Madrid [ver ese no-do aquí].

El día de Navidad, sin conocerse la decisión de los jueces, ETA liberó a Eugen Biehl. Tres días después, finalmente, se anunció el veredicto: uno de los dieciséis acusados ​​fue absuelto, tres recibieron dos condenas a muerte cada uno; otros tres fueron condenados a muerte y, entre todos ellos acumularon un total de más de 500 años de prisión. Después de una reunión de gabinete dos días después, Franco anunció su decisión de conmutar las penas de muerte.

La crisis marcó un punto de inflexión en lo que más tarde supondría la desintegración del régimen franquista ya que, ante la inminente muerte del dictador, el búnker aunó fuerzas contra los partidarios de la «modernización». Como ha escrito Paul Preston, “la torpeza del régimen había unido a la oposición como nunca antes; la Iglesia era profundamente crítica y los franquistas más progresistas estaban empezando a abandonar lo que veían como un barco que se hunde. ”(Preston, Franco, 1993, p. 754). El juicio fue también un episodio desastroso de relaciones públicas pues recordó a la gente y a los gobiernos de toda Europa occidental y América los orígenes de la dictadura y su crónico carácter represivo y violento [Ver aquí videos de archivo de las manifestaciones en Londres y en París].

Los quince presos condenados fueron liberados en virtud de la Ley de Amnistía de 1977. Tres de los condenados a muerte jugarían más tarde un papel importante en la política española. Entre 1993 y 2000 Mario Onaindia fue senador por Euskadiko Ezkerra, después de ser diputado en el Parlamento vasco, donde también lo fueron Eduardo Uriarte y Jokin Goristidi; Uriarte entre 1980 y 1988 por Euskadiko Ezkerra y Goristidi entre 1980 y 1994 por Herri Batasuna. Además, Itziar Aizpurua, condenada a quince años de prisión, representó a Herri Batasuna en el Parlamento vasco de 1982 a 1986 y de 1994 a 1998, y en el Congreso entre 1986 y 1993.
Tres de los abogados defensores también tuvieron carreras parlamentarias después de la muerte de Franco. Gregorio Peces Barba, fue diputado socialista desde 1977 y presidente del Congreso de los Diputados entre 1982 y 1986, además de miembro de la Ponencia constitucional a la que se encargó la elaboración del texto de la Constitución española de 1978. Juan María Bandrés representó a Euskadiko Ezkerra como senador entre 1977 y 1979 y luego estuvo en el Congreso entre 1979 y 1989. Josep Solé Barberà fue también diputado en el Congreso por el Partido Comunista entre 1979 y 1982.

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Imagen: El Diario de Burgos. Biblioteca Virtual de Castilla y León.

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Barcelona: 800 días bajo las bombas

10 de noviembre, martes – A las diez y cuarto de la noche cundió cierta alarma en la ciudad, efecto de haberse percibido el eco de unos cañonazos al parecer lejanos. Se dijo oficialmente que un guardacostas había disparado once cañonazos sobre un sospechoso que navegaba con las luces apagadas.

El año: 1936. La ciudad: Barcelona. El autor: el periodista Tomás Caballé i Clos en su libro Barcelona roja. Dietario de la revolución (julio 1936 – enero 1939). Es un extracto de la crónica del primer intento de bombardeo de la ciudad, confirmado también por el dietario de un marinero del barco Canarias; citado por Joan Vilarroya en Els bombardeigs de Barcelona durant la Guerra Civil (1936-1939) [PAMSA, 1999].

El mapa interactivo

Coincidiendo con el 79º aniversario del primer bombardeo aéreo nocturno en la ciudad de Barcelona, el laboratorio de datos BTVDatalab de Barcelona Televisió creó en 2016 un mapa interactivo que disecciona los datos disponibles sobre bombas, refugios y víctimas en la ciudad. Innovation and Human Rights recoge y mantiene online este trabajo desde 2017. Hace 84 años de este primer intento de bombardeo en Barcelona, y queremos recordarlo. 

El mapa interactivo permite visualizar los datos en tres capas: sobre un mapa de la época, extraído del Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona y elaborado por Vicenç Martorell en 1930, sobre el plano actual de Barcelona, y sobre la imagen satélite de la ciudad. 

Además de localizar los más de 500 puntos concretos donde se produjeron los bombardeos, perpetrados principalmente por la Aviazione Legionaria italiana bajo el mando de las tropas sublevadas, el mapa permite visualizar la ubicación de los principales refugios antiaéreos construidos en la ciudad de Barcelona por la Junta de Defensa Pasiva y la ciudadanía. 

Para la ubicación de los bombardeos, se partió de los datos del libro Perill de bombardeig, de Santiago y Elisenda Albertí, que utilizaron la documentación de la Junta de Defensa Pasiva conservada en el Archivo Municipal Contemporaneo de Barcelona. 

Respecto a los refugios antiaéreos, se incluyen los 1.354 catalogados por el Ayuntamiento de Barcelona en su Carta Arqueológica de la ciudad. Pulsa en el título para acceder al mapa interactivo. 

El vídeo resumen

Un resumen de tres minutos reproduce de forma audiovisual y cronológicamente los 19 bombardeos más mortíferos de la Guerra Civil, dando visibilidad al número de víctimas, que gracias a la exhaustiva investigación de historiadores como Joan Vilarroya podemos contabilizar en 2.404. De ellas, 2.071 se han podido identificar con nombres y apellidos, y están incluidas en la base de datos centralizada de la Guerra Civil y el franquismo. Pulsa sobre el título para acceder al vídeo resumen [para ver las imágenes, desde un ordenador, no desde el móvil]. 

El webdoc

“Barcelona: 800 días bajo las bombas” es un webdoc que profundiza en la memoria de las víctimas y el coste humano de la Guerra Civil en la ciudad. Actualmente está disponible solamente en italiano. Podéis acceder clicando en el título. 

Las secciones incluyen: Historias de vida de siete víctimas, El primer bombardeo naval, Los primeros bombardeos aéreos, Los peores bombardeos (en marzo de 1938), La Aviazione legionaria italiana y La defensa antiaérea, entre otros. Podéis acceder al webdoc clicando en el título. 

FOTO: Bombardeo aéreo de Barcelona el 17 de marzo de 1938, visto desde un bombardero italiano. Public domain.

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La duquesa defensora de la república

Durante la Guerra Civil, la República Española recibió el apoyo de muchas personas en otros países. Probablemente, uno de sus defensores más inesperados fue la duquesa de Atholl, aristócrata y diputada del parlamento británico. Para conmemorar el 60 aniversario de su muerte, el 21 de octubre de 1960, publicamos este artículo, que destaca el apoyo de la duquesa a la República e ilustra el amplio apoyo que la República recibió en todo el mundo.

Nacida en una familia aristocrática escocesa en 1874, Katharine Marjory Ramsay se convirtió en duquesa de Atholl en 1917 cuando su esposo heredó el ducado. Se había formado como pianista en el Royal College of Music de Londres en su juventud pero, tras su matrimonio, se dedicó al servicio público. Antes de 1914, fue miembro de un comité que examinó los problemas de la prestación de servicios de salud en las Highlands e islas de Escocia, escasamente pobladas. Durante la Primera Guerra Mundial ayudó a organizar los servicios de enfermería para el ejército británico.

En 1923 fue elegida para el parlamento como diputada conservadora por Kinross & West Perthshire, el distrito electoral escocés al que pertenecía Blair Atholl, la propiedad familiar, en un escaño que anteriormente había ocupado su esposo. Ascendió rápidamente. De 1924 a 1929 fue ministra de Educación, siendo la segunda mujer en ocupar el cargo de ministra en el gobierno británico. Hay algo de ironía en esto: las mujeres podían votar desde 1918, pero antes de 1914 la duquesa se había opuesto abiertamente al sufragio femenino, argumentando que las mujeres aún no tenían la educación suficiente.

A finales de la década de 1920, centró su atención en los problemas internacionales. Apoyó una campaña para prevenir la mutilación genital femenina en las colonias británicas de África Oriental y se preocupó por los acontecimientos en la URSS: su libro The Conscription of A People (1931) sacó a la luz y denunció las prácticas soviéticas de trabajo forzado. A pesar de su hostilidad hacia la URSS, después de leer Mein Kampf de Hitler, decidió que la Alemania nazi era una amenaza aun mayor para la paz europea. Esto marcó su apoyo a la República española tras el fracaso del intento de golpe militar en julio de 1936.

En sus memorias, Men and Politics, publicadas en 1941, el periodista estadounidense Louis Fischer valoró la contribución de la duquesa a la campaña británica en apoyo de la República con las siguientes palabras:

“Con un vestido de seda negro pasado de moda que le llegaba hasta la punta de los zapatos, en las reuniones sobre España, se sentaba en la tarima con comunistas, socialistas de izquierda, trabajadores y brigadistas internacionales discapacitados para reclamar ayuda para los republicanos. Interrogaba a todos cuantos habían estado en España, prestaba atención a sus palabras y anotaba muchas de ellas en un libro, repleto de su letra ilegible «.

Men and Politics, págs. 440-441

Se convirtió en presidenta del Joint National Committee for Spanish Relief (NJC), creado en noviembre de 1936 para coordinar el trabajo de los innumerables grupos establecidos en Gran Bretaña para proporcionar ayuda humanitaria a la República. Como presidenta, trabajó con personas de orígenes diversos y con opiniones políticas muy diferentes a la suya, incluidas Ellen Wilkinson y Leah Manning, ambas miembros izquierdistas del Partido Laborista, e Isabel Brown, una miembro prominente del partido comunista británico. En abril de 1937, una delegación parlamentaria de Atholl, Wilkinson y la diputada independiente Eleanor Rathbone visitó Barcelona, ​​Valencia y Madrid. En Valencia conocieron a soldados italianos que habían sido hechos prisioneros durante la Batalla de Guadalajara (marzo de 1937) por ser miembros del ejército de Franco. Madrid estaba bajo un intenso bombardeo artillero pero los llevaron a presenciar los combates en la Casa del Campo. Poco después de su regreso, la duquesa de Atholl se convirtió en presidenta del Comité para los Niños Vascos (Basque Children’s Committee), que organizó la evacuación de casi 4.000 niños y niñas desde Bilbao para alojarlos en Gran Bretaña, tal como explicamos en Expedición a Inglaterra: Niños y niñas vascos en Inglaterra.

Su apoyo a la República hizo que los periódicos de derechas de Gran Bretaña la bautizaran como la «Duquesa Roja», a pesar de ser una figura muy conservadora y una fuerte defensora del Imperio Británico. En 1935 había dimitido temporalmente del partido conservador en el parlamento en protesta por la legislación para introducir el autogobierno local en la India, colonia británica entonces, ya que temía que esto condujera a su independencia. Louis Fischer, a quien invitó a tomar el té en la Cámara de los Comunes en 1937, llegó a la conclusión de que “no es una radical” (Men and Politics, página 440).

Su apoyo a la República la motivó a escribir un libro sobre la Guerra Civil, Searchlight on Spain, que se publicó en rústica en junio de 1938, vendiendo más de 100.000 copias en un mes. En contraste, unos meses antes, el ahora famoso Homenaje a Cataluña de George Orwell vendió menos de mil copias cuando se publicó. Orwell hizo una reseña de Searchlight on Spain para la revista Time and Tide en julio de 1938 y la describió como «una breve historia popular de la guerra española» que estaba «escrita de manera simple y bien documentada» Orwell in Spain (2001, página 304 de la edición inglesa. Existen dos ediciones españolas en Austral y Tusquets).

Searchlight on Spain incluyó un capítulo sobre la “España insurgente” que, admitió, no había podido visitar. Basando sus comentarios “en libros de otros que la habían visitado” (Searchlight on Spain, página xi), destacó la represión generalizada y la negativa de la autoridad insurgente a permitir reportajes independientes. En su último capítulo concluyó:

“Si Barcelona, ​​Valencia y Madrid caen en manos de los insurgentes, probablemente serán indescriptibles las barbaridades que se perpetrarán. Si se aplasta a los republicanos españoles, significa el fin de la libertad, la justicia y la cultura, y el exterminio sin piedad de todos quienes les otorgan importancia”.

Searchlight on Spain, pág. 316

También advirtió de los peligros de una victoria insurgente en el caso de una guerra europea más amplia que, en 1938, parecía cada vez más probable. Señaló que Francia estaría rodeada por tres potencias hostiles (Alemania, Italia y España), y destacó el peligro que esto iba a suponer para Gran Bretaña. Señaló -con gran acierto, como probarían los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial- la potencial amenaza para la navegación británica de los submarinos alemanes repostando a lo largo de la costa de Galicia.

Los temores de la duquesa respecto la Alemania nazi habían ido en aumento durante sus visitas a varios estados de Europa central a lo largo de 1937 y 1938. Entre ellos, Austria, adonde fue poco antes de la anexión nazi en marzo de 1938; y Checoslovaquia, que visitó en julio de 1938. Dos meses después de dicha visita, en septiembre de 1938, Neville Chamberlain, primer ministro británico, y Edouard Daladier, primer ministro francés , aceptaron en Munich la demanda de Hitler de ocupar la parte de Checoslovaquia conocida como los Sudetes. Cuando se firmó el Acuerdo, ella estaba de viaje en Canadá y Estados Unidos, realizando una extensa gira, hablando en reuniones públicas, como parte de una campaña de recaudación de fondos para enviar barcos con alimentos en apoyo de la República Española.

Para entonces, su apoyo a la República española y sus críticas a la política exterior británica habían provocado su expulsión del Partido Conservador, que gobernaba. Después del Acuerdo de Munich, renunció a su escaño para que se convocara una elección parcial en su circunscripción, en la que se presentó como candidata. Su único oponente era del Partido Conservador, porque tanto el Partido Laborista como el Liberal retiraron sus candidaturas y la apoyaron. Sus críticas a la política exterior de Chamberlain y al Acuerdo de No Intervención que impedía al gobierno republicano español comprar armas legalmente centraron su campaña electoral. Obtuvo el apoyo de miembros prominentes del mundo artístico y literario británico; entre ellos, Gerald Brenan y Sir Peter Chalmers-Mitchell. Ambos habían estado viviendo en Málaga al estallar la Guerra Civil. Winston Churchill, otro oponente del Acuerdo de Munich, la llamaba regularmente, pero evitó acudir a los actos de la campaña electoral. La votación se celebró el 21 de diciembre, después de dos días de fuertes nevadas, y el candidato conservador obtuvo una estrecha victoria. Esto puso fin a la carrera política de la duquesa, pero no su defensa de la República española ni de los derechos humanos.

En enero de 1939 fue una de las firmantes de una carta conjunta al periódico The Times con la petición de que se permitiera al gobierno republicano comprar armas legalmente. Tras la derrota de la República, visitó los campos del sur de Francia donde estaban confinados cientos de miles de refugiados españoles. En mayo de 1939, viajó también al puerto francés de Sête para ser testigo de la salida del Sinaia, que el  Joint National Committee for Spanish Relief (NJC) había fletado para transportar refugiados republicanos a México.

Después de la Segunda Guerra Mundial, ayudó a establecer la British League for European Freedom (Liga Británica para la libertad de Europa), que presidió. La Liga hizo campaña para exponer la situación de los derechos humanos en Europa del Este después de caer bajo el dominio soviético. Sus memorias, Working Partnership, se publicaron en 1958, dos años antes de su muerte. Tal vez sorprende que tuviera relativamente poco que decir sobre su trabajo en apoyo de la República española. No obstante, como Louis Fischer escribió en 1941:

«[la duquesa de Atholl] había ido a Madrid y desde aquel momento trabajó tan duro para la España leal como cualquier otro en el reino”.

Men and Politics, página 440

[Traducción: Concha Catalan]

Foto: Katharine Marjory Stewart-Murray (née Ramsay), Duchess of Atholl by Howard Coster. Half-plate film negative, 1938. © National Portrait Gallery, London NPG x12264. (CC BY-NC-ND 3.0)

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Día internacional del acceso a la información

Un año más, la asociación Innovación y Derechos Humanos, miembro de la Coalición ProAcceso, hemos celebrado el Día Internacional del Acceso a la Información el 28 de septiembre.

Durante el V Congreso Internacional de Transparencia, nos hemos adherido a la Declaración de la UNED de los Consejos y Comisionados de la Transparencia en España, en la que se pronuncian en los siguientes términos:

Reiteramos a los Gobiernos y Autoridades de todos los ámbitos territoriales y niveles de Administración, a los representantes políticos nacionales, autonómicos o locales y a todas las organizaciones políticas, las mismas demandas que planteamos hace justo un año respecto del apoyo intenso y decidido a la política de transparencia y acceso a la información pública.
(…) la demanda de reconocimiento explícito y apoyo intenso a nuestro trabajo y funciones y al fortalecimiento y mejora de
nuestras organizaciones y su dotación de recursos.

Además, hemos dado nuestro apoyo a la Declaración de la Coalición ProAcceso, que podéis leer íntegramente en el enlace. De la misma, queremos destacar lo siguiente:

Desde la Coalición también damos la bienvenida al borrador del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto, que se encuentra abierto a consulta pública hasta mediados de octubre de 2020, y que contiene entre sus compromisos fortalecer la Ley de Transparencia;

Por todo ello, hacemos un llamado al Gobierno de España para que:

  • Reconozca el derecho de acceso a la información como derecho fundamental, y adopte una ley orgánica de transparencia;
  • El derecho abarque a todas las entidades públicas y todos los poderes del Estado, incluyendo los poderes legislativo y judicial;
  • El derecho aplique a toda la información en manos de entidades públicas, salvo las que se vean afectadas de manera justificada por uno o varios límites, y se elimine el artículo 18.1.b de la ley de Transparencia que excluye cierta información del alcance de la ley;
  • No existan otras causas que limiten el derecho distintas a las excepciones que señalan los estándares internacionales, para ello debe eliminarse la Disposición Adicional Primera (puntos 2 y 3) y, de esta forma, asegurar que la ley aplique a todas las solicitudes sobre cualquier información o documento en manos de cualquier entidad pública;
  • Elimine el requisito de identificación para poder ejercer el derecho de acceso a la información. Debe garantizar que sea un derecho al alcance de todas y todos, sencillo de ejercer, sin formalismos burocráticos y donde no se requiera la utilización de aplicaciones informáticas;
  • Los órganos garantes del derecho cuenten con las facultades suficientes para supervisar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y puedan sancionar a aquellas instituciones que no las cumplen. Además, el Consejo de Transparencia y el resto de los órganos garantes en España deben contar con los recursos humanos y financieros necesarios para hacer frente a su labor;
  • Se publique más información de forma proactiva, en formatos reutilizables y con lenguaje sencillo, especialmente aquella información que es de mayor interés público y ha sido solicitada frecuentemente por la ciudadanía;
  • Firme y ratifique el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a los Documentos Públicos, que entrará en vigor el 1 de diciembre de 2020.

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En España no hay un único «Archivo General de la Guerra Civil» (Ni falta que hace) (2a parte)

Henar Alonso @henararch – Técnica Facultativa Superior de Archivos. Ministerio de Defensa.

Este artículo es la continuación de En España no hay un único «Archivo General de la Guerra Civil» (Ni falta que hace)

Los dos principales archivos a los que hay que recurrir para cualquier estudio sobre la Guerra Civil y la represión durante la Dictadura de Franco son el  Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca (CDMH) y el Archivo General Militar de Ávila (AGMAV). Sin embargo,  no son los únicos que contienen fondos documentales de interés para quienes investigan. 

Dentro del Sistema Archivístico de la Defensa, es decir, los archivos que gestiona este Ministerio, tienen una relevancia especial tanto el Archivo General e Histórico de la Defensa como los demás archivos históricos e intermedios de los Ejércitos de Tierra y del Aire y de la Armada. Entre ellos, destacan especialmente los siguientes:

Archivo General e Histórico de la Defensa (AGHD)

Su fondo principal son los procedimientos militares sumarísimos del Tribunal Militar Territorial 1º, inventariados ya y disponibles online los listados de encausados del Ejército de Tierra correspondientes a las provincias de Albacete, Alicante, Castellón, Madrid y Valencia. Son una fuente de primer orden para investigar la represión posterior a la Guerra Civil. 

Los sumarísimos de los demás Tribunales Militares Territoriales (TMTs) se pueden localizar a través de la Guía para la localización de los procedimientos judiciales incoados por la Justicia Militar a raíz de la Guerra Civil y durante la etapa franquista , aunque en la actualidad solo están disponibles los inventarios con los nombres de los encausados de los sumarísimos que se conservan en el Archivo Intermedio Militar Noroeste, del TMT4, y los correspondientes a Cataluña del TMT3. Dichos procedimientos del TMT1, TMT3 y TMT4 están integrados en la base de datos de ihr.world. El Archivo Histórico del Ejército del Aire también dispone online de los encausados de la aviación republicana y los expedientes de depuración del personal civil al servicio de la aviación militar. 

Archivo General Militar de Guadalajara (AGMG)

Dispone de fondos y expedientes de unidades disciplinarias (Expedientes de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores y de Batallones Disciplinarios de Trabajadores Penados), de Prisiones Militares, y de los Campos de Concentración de Miranda de Ebro y la Alcazaba de Zeluán, tal y como puede consultarse online en su cuadro de clasificación. En la base de datos de ihr.world están los nombres de parte de los índices del AGMG de personas integrantes de dichos Batallones Disciplinarios de Trabajadores  (en total, 138.000),  incluidos los Penados de la 1ª Agrupación prisiones (3.000), los de la Prisión Militar de Montjuïc, Barcelona (3.400) y el Campo de Concentración de Zeluán, Marruecos (1.000). 

Entre el resto de los Archivos de la Administración General del Estado, que incluyen tanto los archivos históricos nacionales dependientes del Ministerio de Cultura como los archivos históricos de los diferentes ministerios, también encontramos fondos relacionados con la Guerra Civil y la Dictadura Franquista. Sin ánimo de ser exhaustivos, destacaremos los siguientes:

Archivo Histórico Nacional (AHN)

Entre sus Fondos Contemporáneos del Poder Judicial incluye documentación sobre los Tribunales Populares y Jurados de Urgencia y de Guardia de Madrid, del Gobierno de la República, que estaban incorporados a la Causa General como pruebas de cargo. En sus Archivos Personales se encuentran los de algunas personalidades relevantes del conflicto armado, como Manuel Azaña, Vicente Rojo, Diego Martínez Barrio, José Giral…

Archivo General de la Administración (AGA)

El AGA, en Alcalá de Henares. Dispone de dos pequeños pero interesantes fondos de la Junta Delegada de Defensa de Madrid y del Ministerio de Defensa Nacional, junto al gran fondo compuesto por los organismos centrales, periféricos y colegiados del denominado “Movimiento Nacional”, indispensable para el estudio social de la posguerra y el Franquismo. El AGA, a pesar de ser teóricamente un archivo intermedio, que debería transferir al AHN sus fondos de conservación permanente, conserva tal cantidad de documentación sobre organismos públicos durante la Guerra Civil y el Franquismo aún sin describir, que hace imposible una valoración más ajustada de los mismos, aunque son especialmente relevantes los fondos de la época de la guerra y postguerra de los Ministerios del Interior y Asuntos Exteriores.

Sistema de Archivos del Ministerio del Interior

Pese a lo complicado de su accesibilidad real, son especialmente interesantes los fondos de la Dirección General de la Guardia Civil, Dirección General de Seguridad/Dirección General de la Policía y las Direcciones Generales de Presidios/Prisiones/Instituciones Penitenciarias.

Entonces ¿si quiero hacer una investigación sobre la Guerra Civil tengo que recorrerme todos los archivos? No, si sabes lo que quieres hacer y dónde están las fuentes que necesitas consultar. Para facilitar esa tarea, os ofrecemos una 

Guía rápida de acceso a los fondos documentales de la Guerra Civil en los archivos españoles

Quiero investigar…

1. Aspectos militares de la GC

Archivo General Militar de Ávila; Archivo General Militar de Segovia (Expedientes personales de oficiales); Archivo General Militar de Guadalajara (Expedientes personales de tropa); Archivo Histórico del Ejército del Aire; Centro Documental de la Memoria Histórica.

2. Represión posterior a la GC

Centro Documental de la Memoria Histórica; Archivo General e Histórico de la Defensa; Archivo General Militar de Guadalajara; Archivos Militares Intermedios de Ferrol, Barcelona, Sevilla, Valencia, Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias; Archivo General e Histórico del Aire; Archivo General de la Administración; Archivo General del Ministerio del Interior.

3. Implicaciones sociales y/o políticas de la GC

Centro Documental de la Memoria Histórica; Archivo General de la Administración; Archivo General del Ministerio del Interior.

4. La GC en mi localidad

Archivo General Militar de Ávila; Centro Documental de la Memoria Histórica; Archivos Histórico Provinciales; Archivos Municipales.

5. Historias personales de la GC

Secciones de Archivos Privados y Familiares y de Colecciones de los Archivos Histórico Nacionales del Ministerio de Cultura (CDMH, AHN, AGA) y del Sistema Archivístico de la Defensa (AGMAV, AGHD).

¿Y por qué no hace falta un “Archivo General de la Guerra Civil Española”?

Pues porque de nada serviría intentar agrupar en un solo macrocentro de archivo todos los fondos documentales que hemos visto que existen sobre el asunto en varios archivos del país. Sí sería conveniente, quizá, y creemos que en esa línea deberían ir las propuestas de modificación de la Ley de Memoria Histórica en este sentido, la creación de un acceso web unificado a todos los fondos aludidos. Un verdadero Portal de Fuentes Documentales de la Guerra Civil y el Franquismo, incluyendo enlaces también a las iniciativas de datos abiertos sobre el tema como IHR World, Todos los Nombres o Brunete en la Memoria, y  a fondos bibliográficos y hemerotecas históricas.

No queremos acabar este artículo sin hacer una breve alusión a los principales archivos privados, de fundaciones, universidades, partidos políticos o personales, que también contienen información relevante sobre el la Guerra Civil y la Dictadura Franquista, la mayoría de ellos a disposición del público. Es cierto que tenemos serias dudas de que se cumpla la legalidad vigente en relación a parte de la documentación que en algunos casos conservan alguna de estas instituciones, pero no es este el momento y el lugar para hablar de ese espinoso tema…

Foto: Frente de Madrid. Servicio sanitario en la capital y en el Frente. El General Miaja con los jefes de Sanidad Militar visitando el importante donativo sanitario al ejército republicano por Central Sanitaria Internacional. Reportajes Gráficos Luis Vidal. Valencia. Biblioteca Nacional de España. Licencia CC-BY-NC-SA

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En España no hay un único «Archivo General de la Guerra Civil» (Ni falta que hace)

Henar Alonso @henararch – Técnica Facultativa Superior de Archivos. Ministerio de Defensa.

Cada vez son más frecuentes las publicaciones de investigadores sobre aspectos concretos de la Guerra Civil y el Franquismo, algunas de ellas, incluso, con una relevante presencia mediática, multiplicada por el efecto de las redes sociales. La mayoría de ellas, además, necesariamente hacen referencia a fuentes documentales originales, y, por consiguiente, o al menos así debería ser siempre, citan los archivos donde se conservan y donde las han consultado.

Y aquí es cuando los archiveros, algunas veces y a través de esas redes sociales, nos echamos las manos a la cabeza… Entendemos perfectamente que ese tipo de trabajos de investigación no son sencillos, llevan tiempo y esfuerzos de personas que, en la mayoría de los casos, no perciben ningún tipo de ayuda ni retribución por ellos, y a veces se pierde un poco la relación de los documentos con su propio contexto. Y es que, en materia de documentos y archivos, el contexto es mucho más importante de lo que parece.

Como declaramos en el título, en nuestro país no hay, como tal, un único “Archivo General de la Guerra Civil”, sino muchos fondos documentales sobre el tema repartidos en muchos archivos, tanto de carácter nacional, como regionales, provinciales, locales, públicos, privados… La gente suele considerar el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca como el “Archivo de la Guerra Civil”, cuando la realidad es que ese centro alberga los fondos documentales que durante algunos años fueron una sección del Archivo Histórico Nacional, denominada primero “Sección Guerra Civil” y posteriormente “Archivo General de la Guerra Civil”. Esto generó la confusión que señalamos.

El Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca (CDMH) conserva los fondos provenientes de los Servicios Documentales de la Presidencia del Gobierno y del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo de época franquista, y los incorporados con posterioridad a 1979, incluyendo los trasladados desde otros archivos a raíz de la promulgación de la Ley de Memoria Histórica de 2007. En su archivo, por lo tanto, se conserva fundamentalmente la documentación generada por tres de las Jurisdicciones Especiales que se crearon durante la Dictadura con fines represivos: 

La Causa General es el nombre dado a un extenso procedimiento judicial  iniciado en 1940 para investigar los crímenes cometidos en España entre 1931 y 1939, período  al que la Dictadura de Franco se refería como «la dominación roja».  Los 1.953 legajos de la Causa General se conservan en 4000 cajas. Son más de un millón de páginas digitalizadas y accesibles desde el enlace clicando en el icono de la flecha.

Junto a esos tres grandes bloques procedentes de las instituciones gestoras de las incautaciones y recopilaciones de documentos que el bando sublevado llevó a cabo durante la Guerra Civil, hay un grupo de fondos de instituciones públicas, tanto del bando republicano como del nacional, a los que se suman numerosos archivos privados, personales, familiares e institucionales, así como colecciones y fuentes orales, que han ido incrementándose con el tiempo y numerosas donaciones.

Todo ello puede consultarse online en su Cuadro de Clasificación, que, además, enlaza con su descripción y digitalización (si existe) en el Portal de Archivos Españoles, con la particularidad de que la Causa General aún se consulta en esa web como dependiente del Archivo Histórico Nacional, aunque físicamente la documentación ya está en el Centro Documental de la Memoria Histórica. También es interesante consultar los micrositios web de las bases de datos del CDMH, donde se encuentra información sobre Víctimas de la Guerra Civil y Represaliados del franquismo, Militares y miembros de fuerzas de orden público republicanas, Muertos y desaparecidos del Ejército de Tierra de la República o Deportados en campos de concentración nazis. Podemos concluir, por lo tanto, que el CDMH es el archivo, más que de la “Guerra Civil”, de la represión posterior.

Si hay algo que pueda parecerse más a un “Archivo de la Guerra Civil Española” es el Archivo General Militar de Ávila (AGMAV), uno de los cuatro archivos históricos del Ejército de Tierra. Y lo es porque es allí donde se conserva la documentación de carácter militar del conflicto armado, tanto del gobierno de la República como de los sublevados. Conserva información sobre sus unidades militares, la evolución de las operaciones bélicas, los servicios de información militar, mapas, planos y fotografías de la contienda y también expedientes personales de quienes se alistaron en el bando sublevado a través de las Jefaturas de Milicias. Sus fondos proceden, en parte, de los que gestionó desde el final de la guerra el Servicio Histórico Militar del Ministerio de Defensa. Ya en julio de ese año, el  General Franco había dado orden a todas sus unidades de recoger la documentación de carácter militar, tanto la propia como la incautada al Ejército Republicano, para formar con ella el “Archivo de la Guerra de Liberación”. 

Junto a ese primer bloque de documentación, el archivo abulense conserva los expedientes personales de los voluntarios alistados en las Milicias Nacionales, incluyendo los de la División Española de Voluntarios o División Azul (creada en 1941 para apoyar al ejército nazi contra la Unión Soviética); la documentación de los extintos Ministerio del Ejército, Capitanías Generales de Regiones Militares y Gobiernos Militares; y documentación de establecimientos militares, tales como Hospitales, Academias y Fábricas de Armas. Completa sus fondos con archivos privados y familiares y colecciones. Su cuadro de clasificación se puede consultar online, y también su historia y organización.

Si bien estos son los dos principales archivos a los que hay que recurrir para cualquier estudio sobre la Guerra Civil y la represión durante la dictadura de Franco, no son los únicos que contienen fondos documentales de interés para los investigadores. A ellos nos referiremos en una próxima entrada en esta misma web.

EN ESPAÑA NO HAY UN ÚNICO «ARCHIVO GENERAL DE LA GUERRA CIVIL» (NI FALTA QUE HACE) (2A PARTE)

Fotos: Salamanca (actual edificio del Centro Documental de la Memoria Histórica), noviembre 1937. Exposición del Documento Nacional. 1er Año Triunfal. FOTO DESLESPRO. Biblioteca Nacional de España. Licencia CC-BY-NC-SA

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Expedición a Inglaterra: niños y niñas vascos en Gran Bretaña

La Guerra Civil alteró para siempre la vida de toda una generación de niños y niñas. Muchas criaturas se vieron forzadas al exilio, ya fuera temporal o permanente. Casi 4.000 niños y niñas vascos se convirtieron en refugiados en Gran Bretaña. Para conmemorar el aniversario de su partida el viernes 21 de mayo de 1937, relatamos su experiencia.

Ese día el Habana zarpó desde Santurce, 14 km al norte de Bilbao,  transportando hacia un futuro incierto a 3.826 niños refugiados que escapaban del asalto de las fuerzas de Franco a la ciudad. En dicho barco de vapor, fletado por el gobierno vasco, les acompañaban 120 señoritas, 80 docentes, 16 sacerdotes y 2 médicos. El buque, construido para transportar solo 800 pasajeros, tuvo un viaje difícil: encontraron tormenta en el Golfo de Vizcaya, llegando a Southampton la mañana del domingo 23 de mayo. Después del desembarco, una flota de autobuses municipales llevó a los niños a un campamento en North Stoneham, preparado apresuradamente para ellos a las afueras de Southampton. [Ver reportaje de 1937 con imágenes de su llegada a Inglaterra]

Cuando el fallido golpe militar de julio de 1936 dio paso a la Guerra Civil, el gobierno británico, dominado por los conservadores, adoptó una política de «no intervención». Sin embargo, en cuestión de días se crearon en toda Gran Bretaña grupos locales de apoyo al gobierno republicano en su lucha contra la rebelión militar. En otoño, los representantes de dichos grupos constituyeron el National Joint Committee for Spanish Relief (Comité británico de ayuda a España).

Al llegar la primavera de 1937, el apoyo a la República se centró en la difícil situación del País Vasco, bloqueado por la armada de Franco y amenazado por el avance del ejército insurgente. La prensa británica informó ampliamente de la destrucción de Guernica el 26 de abril por la Legión Cóndor alemana. Lo hizo especialmente George Steer, corresponsal de «The Times», que había visitado la ciudad horas después del bombardeo. [Lee el artículo original de Steer].

Incluso antes de la destrucción de Guernica se temía por la población civil de Bilbao: la ciudad, que albergaba a unos 100.000 refugiados, estaba siendo bombardeada a diario. Desde principios de abril, se hicieron planes para evacuar a parte de las mujeres y niños. Se recibieron ofertas para aceptar refugiados desde varios países como Francia y la Unión Soviética. En Gran Bretaña, los principales miembros del Comité británico de ayuda a España crearon separadamente un Comité para los Niños Vascos (Basque Children’s Committee), presidido por la Duquesa de Atholl, diputada del partido conservador, para organizar la evacuación de parte de los niños y niñas. Leah Manning, ex diputada laborista, fue enviada a Bilbao para organizarlo en abril, y a principios de mayo la siguieron dos médicos y dos enfermeras de habla hispana. Se invitó a las familias a solicitar la inclusión de sus hijos. En plena crisis de mayo de 1937, fue una decisión angustiante de importantes consecuencias: en algunos casos, los niños que marcharon no volvieron a ver sus padres durante años y algunos los vieron entonces por última vez.

El gobierno británico aceptó a regañadientes la llegada de 2.000 niños y niñas de entre seis y doce años, a condición de que no se utilizara dinero público en ellos, y entendiendo que su estancia se limitaría a unos pocos meses. Pronto hubo más de 2.000 peticiones en Bilbao y la duquesa de Atholl persuadió al gobierno para que aumentara el número de aceptados a 4.000. Resaltando la amenaza que los soldados de Franco suponían para las adolescentes, consiguió que el gobierno aumentara la edad de los refugiados hasta dieciséis años, y que hubiera mayor proporción femenina entre los mayores. Tras la búsqueda desesperada de un lugar para albergarlos, se recibió la oferta de tres terrenos que abarcaban 12 hectáreas en North Stoneham, cerca de Southampton. Los voluntarios trabajaron apresuradamente para erigir carpas y construir las instalaciones necesarias, incluido los suministros de gas y agua. El Ministerio de Guerra proporcionó las carpas y las cocinas de campaña, y cobró por su alquiler.

Las dificultades iniciales a que se enfrentaron los niños en North Stoneham centran los relatos de la vida allí: la extraña comida, el idioma, la vida en tiendas de campaña y las fuertes lluvias que inundaron el campamento a los pocos días de su llegada. También son indicativos de los traumas que la experiencia de guerra había causado a los niños (muchos, por ejemplo, corrieron a esconderse cuando un pequeño avión sobrevoló el campamento para fotografiarlo). La caída de Bilbao ante las fuerzas insurgentes el 19 de junio causó conmoción porque niños y niñas temieron por sus familias: varios centenares se escaparon del campamento ese día.

North Stoneham era un campo temporal. Pronto se llegó a acuerdos para dispersar a grupos de niños por todo el país. 1.200 fueron alojados en comunidades dirigidas por la Iglesia Católica. El resto fue trasladado a unos 70 hogares (conocidos como «colonias») gestionados por grupos de la comunidad local, después de invitar a los niños y niñas a optar entre lugares de los que a menudo no sabían nada. Inevitablemente, había grandes diferencias entre las colonias, según los recursos de cada comunidad de acogida. Algunas colonias fueron claramente inadecuadas, el Comité para los Niños Vascos las cerró, y los niños fueron transferidos a otras.

No todo el mundo veía a los niños y niñas refugiados con buenos ojos. Los partidarios de Franco argumentaban que permitir la estancia de niños refugiados en Gran Bretaña era una forma de apoyo a la República. Se creó el grupo Amigos de la España Nacionalista, que contó entre sus miembros con varios parlamentarios conservadores para presionar por su repatriación. Los periódicos de derechas afirmaron que los niños eran comunistas, violentos y rebeldes: incluso un editorial del Daily Mail los describió como «pequeños desgraciados potencialmente asesinos». En el verano de 1937, algunos muchachos de dos de las colonias estuvieron involucrados en molestias a residentes locales, lo que proporcionó más munición. Después de la caída de Bilbao, la Iglesia Católica, que había dado apoyo a la evacuación, se unió a la campaña para devolver a niños y niñas rápidamente.

En cualquier caso, la mayoría de las colonias logró establecer buenas relaciones con las comunidades locales. Los equipos de fútbol de los muchachos de las colonias jugaron partidos contra equipos locales, y algunas colonias organizaron conciertos con canciones y bailes vascos para recaudar fondos. Hubo grandes diferencias entre la experiencia de unos niños y otros. Algunas colonias recibieron más apoyo de la comunidad local y otras menos. Dos de las más destacadas fueron la de Cambridge y la de Caerleon, al sur de Gales.

Los 29 niños de Cambridge eran huérfanos de familias de milicianos socialistas. Al principio vivieron en una vicaría de grandes dimensiones fuera de la ciudad, antes de mudarse a una gran casa cerca de la estación de ferrocarril (donde una placa azul sigue recordándolo). Recibieron clases del personal de la Universidad de Cambridge y en el verano de 1937 pasaron un mes en la costa de Norfolk como invitados de los padres de John Cornford, que había muerto como miembro de las Brigadas Internacionales. Su maestra de música, Rosita Bal, había estudiado con Manuel de Falla, y los niños interpretaron canciones y bailes vascos durante conciertos en Londres y en otros lugares.

La colonia de Caerleon se benefició de los estrechos vínculos entre Vizcaya y el sur de Gales, desarrollados en el siglo XIX al ritmo de la industrialización de ambas zonas (el mineral de hierro de Vizcaya se exportaba al sur de Gales y los barcos regresaban cargados de carbón galés para su uso en las acerías vascas). La Federación de Mineros del Sur de Gales apoyó financieramente la colonia de Caerleon, junto a miembros de las iglesias metodista y bautista locales y la pequeña comunidad española de Cardiff. Los niños y niñas recibieron enseñanza tanto en español como en inglés, crearon su propio diario (Cambria House Journal) y dieron conciertos en ciudades del sur de Gales. En el verano de 1938, las familias de los mineros locales les invitaron a pasar con ellos una semana de vacaciones. Su equipo de fútbol se ganó una reputación como «los chicos vascos» y «los invencibles». El edificio que albergaba la colonia los recuerda también con una placa azul.

El regreso de los niños a España a menudo fue un proceso complicado. En algunos casos, uno o ambos padres habían muerto o estaban en campos de refugiados en Cataluña o en Francia. Las cartas de los padres pidiéndoles a los niños que regresaran se escribieron en algunos casos claramente bajo la presión de las autoridades franquistas. Poco a poco, sin embargo, la mayoría de los niños se reunieron con sus familias, aunque esto se hizo más difícil después del estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939. Finalmente, permanecieron en Gran Bretaña unos 400 niños, ya fuera porque no tenían familias a las que regresar o porque al llegar a los 16 años decidieron quedarse. En 1945 solo quedaba una de las colonias, en Carshalton (Surrey), y se cerró poco después. Aunque el Comité para los Niños Vascos finalmente se disolvió en 1951, los descendientes de los que permanecieron crearon en 2002 la Asociación para los niños vascos británicos [BCA ‘37: The Association for the UK Basque Children].

Foto: Niños vascos en Stoneham, cerca de Southampton (Inglaterra). Biblioteca Nacional de España. Licencia CC-BY-NC-SA

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La Coalición ProAcceso pide mejor acceso a la información durante la pandemia de coronavirus

Innovación y Derechos Humanos, como miembro de la Coalición Pro Acceso, junto a una veintena de organizaciones, pide al Gobierno que garantice el ejercicio del derecho de acceso a la información, después de que se hayan suspendido los plazos administrativos por el estado de alarma, declarado el pasado 14 de marzo con motivo de la crisis del coronavirus. 

La Coalición ProAcceso, a la que ihr.world se adhirió en marzo de 2017, es una iniciativa de Access-Info , que defiende y promueve el derecho al acceso a la información en Europa. Asociaciones de archiver@s, periodistas, abogad@s, y otros colectivos ciudadanos. La defensa del acceso a la información ha sido siempre un asunto clave en los proyectos de nuestra asociación desde sus inicios. Al final de este artículo podéis ver el listado de todas las organizaciones y descubrir quiénes son clicando en los enlaces.

Pedimos modificaciones legislativas, la participación de l@s archiver@s en la gestión del acceso a la información, la creación de una web que centralice la información oficial de la covid-19, la publicación de datos abiertos y la garantía de la protección de la privacidad en el seguimiento digital.

El acceso a la información es fundamental

En una carta dirigida a la Ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, los miembros de la Coalición Pro Acceso denunciamos los efectos que esta pandemia está teniendo sobre la transparencia y el acceso a la información, un derecho fundamental que debe ser protegido especialmente en tiempos de crisis. Si queremos que los ciudadanos confíen en las instituciones, es imprescindible que estos conozcan sus actuaciones y aseguren la adecuada rendición de cuentas por parte del gobierno. 

La gravedad de la situación generada por la pandemia de la covid-19 ha hecho que el Gobierno tome medidas excepcionales como la suspensión de los plazos administrativos, algo que también ha ocurrido en muchos países europeos y americanos. Sin embargo, también existen ejemplos de buenas prácticas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, que demuestran que, a pesar de las circunstancias, es posible cumplir con este derecho: 

  • En Argentina, se ha modificado la suspensión para mantener los plazos de respuesta a las solicitudes de acceso a la información; 
  • El Consejo de la Unión Europea y la Comisión mantienen el plazo de 15 días, aunque reconocen que pueden darse leves retrasos en algunos casos;

La Coalición Pro Acceso reitera al Gobierno central la necesidad de adoptar las siguientes medidas

  • Modificar el Real Decreto 463/2020, incluyendo el derecho de acceso a la información entre las excepciones de suspensión de plazos administrativos;
  • Instar a las unidades de información de la Administración General del Estado, y mientras dure el estado de alarma, a responder de forma prioritaria a todas aquellas solicitudes relacionadas con la covid-19, en base a lo establecido en el apartado cuarto de la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto, que permite la continuación de procedimientos administrativos relacionados con la pandemia; 
  • Continuar, en la medida de lo posible, con la tramitación de las solicitudes recibidas antes o durante el estado de alarma no relacionadas con la pandemia, evitando que la resolución se prolongue en el tiempo. 
  • Documentar debidamente la toma de decisiones y las actuaciones públicas que se lleven a cabo, así como asegurar la correcta gestión de toda la información. 
  • En caso de requerir un refuerzo de personal para la tramitación de solicitudes de acceso a la información, permitir la colaboración de los archiveros de la Función Pública conforme a lo previsto en la Disposición Adicional Decimoctava del Real Decreto – Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la covid-19. 

Asimismo, para asegurar la transparencia de las actuaciones de las instituciones públicas deben: 

  • Crear una página web o una sección en el Portal de Transparencia dedicada exclusivamente a la covid-19, donde se publique de manera proactiva y centralizada toda la información relacionada con la gestión de la pandemia (sanitaria, legal, laboral, económica, científica, presupuestaria, medioambiental…) a nivel nacional, autonómico y local, ofreciendo los datos con la mayor desagregación posible (barrios). Se priorizará aquella información requerida de forma más recurrente en las solicitudes. Todos los datos deberán publicarse en formatos abiertos y reutilizables, con sus respectivos metadatos, y deberán ser incluidos, además, en un catálogo especial sobre la covid-19 en el portal datos.gob.es ; 
  • Publicar proactivamente y de forma inmediata: 
    • la conformación del o de los comités científicos, así como los informes en los cuales se basan las decisiones tomadas por el Gobierno; 
    • toda la información relacionada con la contratación pública de emergencia, incluyendo intermediarios, beneficiarios, contratos, liquidación, ejecución, etc. 
    • Mantener un soporte digital de toda la información relacionada con la covid-19 que permita la trazabilidad de las acciones realizadas y, por ende, garantice la adecuada rendición de cuentas.
  • Garantizar la protección de la privacidad, asegurando que el seguimiento y la vigilancia digital usada para proteger la salud de los ciudadanos sea una medida temporal y supervisada constantemente por especialistas y miembros de la sociedad civil, permitiendo una completa transparencia del uso dado a los datos recolectados. 

Entidades que nos adherimos a la petición

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La misión de la escuela es transformar el país

La educación universal se considera una de las más importantes responsabilidades del Estado hoy en día. Sin embargo, se trata de un avance relativamente reciente. Este 14 de abril, para conmemorar el aniversario de la proclamación de la Segunda República en 1931, escribimos sobre cómo los primeros gobiernos de la República se esforzaron en combatir los altos índices de analfabetismo mediante el establecimiento de un sistema de educación primaria universal.

España fue uno de los primeros estados europeos en reconocer la importancia de la educación universal. La Constitución de 1812 estableció que cada pueblo debía tener una escuela primaria y la Ley Moyano de 1857 convirtió en obligatoria la asistencia a la escuela hasta los nueve años. Sin embargo, tales ambiciosos objetivos no se reflejaban en la realidad. El Estado confiaba en la Iglesia para gran parte de la educación, tanto primaria como secundaria, y entre sus escuelas había algunas de las más prestigiosas. En 1931 el Ministerio de Educación estimó que había 32.680 escuelas y que eran necesarias 27.151 más. Basándose en el supuesto de que, de promedio, cada escuela primaria rural tendría una clase de 50 alumnos, había un déficit de un millón de plazas en escuelas primarias. 

Esta carencia de escuelas repercutía directamente en la elevada tasa de analfabetismo de adultos, estimada en un 30 por ciento, alcanzando el 60 por ciento en algunas provincias [ver detalle]. Como en cualquier sociedad con un porcentaje tan alto de analfabetismo, las personas alfabetizadas probablemente tampoco eran muy capaces. No sorprende que estos promedios ocultaran grandes desviaciones: entre diferentes clases sociales, entre zonas urbanas y rurales (la alfabetización tendía a ser más alta en las ciudades) y también entre diferentes zonas del país (el norte de España estaba en general más alfabetizado que el sur). El analfabetismo también afectó en mayor medida a las mujeres: la tasa general de analfabetismo de adultos en la provincia de Zaragoza era del 30%, pero el 62% de los analfabetos eran mujeres,  según el Museo Pedagógico de Aragón.

Para los líderes políticos de la Segunda República, la alfabetización universal era fundamental. El proyecto republicano no aspiraba únicamente a reemplazar la monarquía como forma de gobierno sino también principalmente a modernizar España. La modernización suponía formar una ciudadanía alfabetizada e informada que sería capaz de ejercer las responsabilidades necesarias para apoyar un sistema de gobierno representativo. Esto lo reconoció, por ejemplo, Manuel Azaña, proclamado Primer Ministro en octubre de 1933, al declarar que «la escuela estatal debería ser el escudo de la República». El Director General de Educación Primaria, Rodolfo Llopis, también destacó el papel de la educación en un discurso en Zaragoza en diciembre de 1932:

«La misión de la escuela es transformar el país en estos momentos (…) que los que estaban condenados a ser súbditos, puedan ser ciudadanos conscientes de una República» (fuente).

Estas palabras se reflejaron en varios artículos de la Constitución de 1931, que establecía: «El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada«. Según el Artículo 48, la educación primaria debía ser «gratuita y obligatoria«. La enseñanza debía ser «laica» y “se inspirará en ideales de solidaridad humana”.

Dada la escasez de escuelas primarias, el nuevo gobierno planeó y adquirió casi de inmediato el compromiso de construir 5.000 nuevas escuelas primarias al año a lo largo de los siguientes cinco años. Los municipios debían proporcionar tierras, mientras el gobierno contribuiría a los costes de construcción y el pago de los salarios de los maestros. A principios de 1932, el Ministro de Educación anunció la construcción de más de 7.000 nuevas escuelas. Sin embargo, pronto se redujo el ritmo de construcción, en parte por restricciones financieras y en parte por conflicto con la Iglesia y las consecuencias políticas del mismo. Así, en 1932 se construyeron 2.580; en 1933, 3.990; y en 1934-35 (los dos años de gobierno de centro-derecha), 3.421 en total. Esto representó un total de 9.991 en cuatro años. Esta cifra debe compararse con el total de 11.128 nuevas escuelas abiertas bajo la monarquía desde 1900 a 1930.

Los ministros del gobierno más vinculados a este programa de construcción, fortalecimiento y modernización del sistema escolar fueron Marcelino Domingo, Ministro de Educación entre abril y octubre de 1931, y Fernando de los Ríos, quien lo sucedió desde octubre de 1931 hasta la caída del gobierno de Azaña en octubre de 1933.

Por supuesto, las nuevas escuelas requerían más maestros y el Ministerio lanzó un programa para seleccionar y dar formación a 7.000 personas con título de licenciado sin experiencia docente. También se tomaron medidas para mejorar el estatus y el salarios de los maestros, que eran notablemente bajos, reflejándose esto en la expresión “pasar más hambre que un maestro de escuela”. Así, obtuvieron el estatuto de “funcionarios públicos” por la Constitución y vieron cómo aumentaba su salario en un 15% entre 1931 y 1933. 

De hecho, se vio a los maestros como figuras clave en la consolidación de la República: como destacó la Revista de Pedagogía en mayo de 1931: «Los educadores españoles estamos, como nadie, obligados a ser los defensores más entusiastas de la República. Tenemos el deber de llevar a las escuelas las ideas esenciales en que se apoya: libertad, autonomía, solidaridad, civilidad.” [fuente] Como destaca Carlos París:

“Surge así toda una generación de maestros identificados con la República. El régimen franquista tomó tan buena nota de ello, que prohibió la enseñanza a todas las personas que la habían ejercido en la zona republicana durante la Guerra Civil” [fuente]

También se tomaron medidas para mejorar y ampliar la educación secundaria, incluida la construcción de nuevas escuelas. Las escuelas secundarias mixtas reemplazarían las segregadas. Esta medida provocó la oposición de numerosas familias, especialmente en algunas zonas rurales y ciudades más pequeñas. Más tarde, la dictadura de Franco prohibió la coeducación.

Las reformas educativas de la República avivaron serias disputas con la Iglesia y provocaron la hostilidad de muchos devotos católicos. El artículo 26 de la Constitución prohibía dar clases a las órdenes religiosas. En 1931, el Ministerio de Educación solicitó a los ayuntamientos las cifras de alumnado que asistía a escuelas primarias religiosas. El total llegó a 350.000. Reemplazar la educación católica, de nuevo sobre la base de cincuenta alumnos por escuela, iba a requerir que el Estado construyera 7.000 escuelas adicionales. Además, la Iglesia era propietaria de unas 300 escuelas secundarias, con unos 20.000 alumnos. A diferencia de las escuelas primarias, el gobierno no pudo reemplazarlas de inmediato por falta de personal cualificado para sustituir a los miembros de las órdenes religiosas que impartían clases allí. Sin embargo, antes de poder resolver este problema, el gobierno de Azaña fue reemplazado por una administración de centroderecha dirigida por Alejandro Lerroux, que ignoró esta disposición constitucional.

FOTO: Escuela de José Sánchez Rosa, maestro racionalista andaluz seguidor del modelo propugnado por Francisco Ferrer Guardia. Imagen tomada en la Sevilla de 1936, poco antes de la rebelión militar, autoproclamada con el nombre de ‘Alzamiento Nacional’. Autor: Franciscojosecuevasnoa [CC BY-SA]