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La farsa del proceso de Burgos de 1970

El consejo de guerra a dieciséis presuntos miembros de ETA en Burgos en diciembre de 1970 provocó manifestaciones y huelgas en España, y protestas en Europa y otros lugares. Los franquistas de línea dura del llamado bunker las utilizaron para atacar a los «modernizadores» del Opus Dei en el gobierno español y para presionar a Franco para que aplicara de nuevo la severa represión de los años de la posguerra. El juicio, en sesiones abiertas a las que asistían periodistas extranjeros, y la crisis consiguiente, socavaron una imagen que la dictadura había cultivado cuidadosamente en el exterior: la de un régimen benevolente que presidía la modernización de España. Publicamos este relato de la crisis y su trascendencia en la historia del franquismo cuando se cumple el quincuagésimo aniversario del inicio del juicio, el 3 de diciembre de 1970.

Aunque los orígenes de ETA se remontan a principios de la década de 1950, no fue hasta finales de la de 1960 cuando el grupo lanzó una serie de ataques violentos contra objetivos en las provincias vascas españolas. En relación con el Proceso de Burgos, los más importantes ocurrieron en 1968. En junio un agente de la Guardia Civil resultó muerto en un tiroteo. En agosto Melitón Manzanas, jefe de la Brigada Político-Social (la policía política del régimen) de San Sebastián-Donostia fue asesinado en la puerta de su casa en Irun. En consecuencia, en Gipuzkoa se impuso el estado de excepción y la acción policial en las provincias vascas produjo la detención masiva de sospechosos. A lo largo de 1969 y 1970 se aplicaron largas penas de prisión a los condenados en consejo de guerra en Burgos (capital de la VI Región Militar), por delitos como distribuir propaganda de ETA y asistir a reuniones ilegales.

Durante los años sesenta, el régimen franquista había intentado presentar en el exterior una imagen muy diferente a la de su brutal origen durante la Guerra Civil y la represión de la posguerra. Algunos periodistas extranjeros, como el británico George Hills, aceptaron la versión del régimen, que presentaba a Franco como un benevolente hombre de familia. El periodista estadounidense Benjamin Welles, por ejemplo, escribió que Franco llevaba «zapatos deportivos blancos y negros y un traje de verano» cuando lo entrevistó en julio de 1962 (Benjamin Welles, The Gentle Anarchy, 1965, p. 369).

El contraste con lo que estaba ocurriendo en Burgos no podía ser mayor. En la mayoría de países, los consejos de guerra estaban -y están-, restringidos al personal militar acusado de delitos militares. En España, por el contrario,  los militares sublevados habían proclamado la ley marcial en julio de 1936 y esta se impuso hasta 1948. Durante y después de la Guerra Civil, los consejos de guerra, que a menudo duraban unos minutos, dictaron duras penas, incluida la pena de muerte, a miles de personas cuya representación legal corría a cargo de oficiales del ejército [ver Los Sumarísimos]. Incluso después de superada la ley marcial, los tribunales militares continuaron en uso especialmente para las personas acusadas ​​en virtud del Decreto de 1960 sobre rebelión militar, bandidaje y terrorismo; delitos que, en otros países, eran tratados por tribunales civiles.

La tensión creció en España antes del juicio. El 22 de noviembre, los obispos de Bilbao y San Sebastián emitieron una carta pastoral conjunta declarando ilegítima toda violencia y pidiendo la conmutación de las condenas a muerte solicitadas durante la instrucción. Estallaron huelgas en todo el País Vasco y en otras partes de España. El 30 de noviembre, en una escena sin precedentes desde la Guerra Civil, manifestantes ocuparon la Plaza Catalunya de Barcelona y se enfrentaron a la policía en las Ramblas. Al día siguiente, el secuestro por parte de ETA de Eugen Beihl, cónsul honorario de Alemania Occidental en San Sebastián-Donostia, atrajo la atención de toda Europa.

En el juicio, de una semana de duración, estuvieron presentes siete periodistas españoles, cuyos relatos apoyaban al régimen, y trece corresponsales extranjeros. Entre los dieciséis acusados había dos mujeres y dos sacerdotes. Los abogados, que se ganaron la admiración de los corresponsales extranjeros por su valentía, ayudaron a los acusados ​​a desvelar los objetivos de ETA y a denunciar las torturas policiales. La fiscalía centró su caso en el asesinato de Manzanas y lo basó principalmente en confesiones obtenidas bajo tortura. Al iniciarse el interrogatorio por parte de los abogados defensores el tercer día, los acusados retiraron sus confesiones, describieron gráficamente cómo habían sido torturados y denunciaron la represión estatal a los vascos. Esto produjo la suspensión de la vista del día siguiente y, al reanudarse el juicio, se impidió a los acusados ​​hacer declaraciones generales o desviarse de las preguntas. El periodista francés Edouard de Blaye describió la reacción del último imputado, Mario Onaindia,  durante su interrogatorio:

Gritando Gora Euskadi Askatuta (‘Viva el País Vasco Libre’), el preso saltó al estrado y trató de agarrar un hacha que había entre las pruebas documentales amontonadas en el suelo. Alarmados, dos de los magistrados desenvainaron sus espadas. Uno de los policías levantó su revólver y apuntó al prisionero, pero lo bajó por temor a darles a los jueces. Onaindia, derribado e inmovilizado, quedó rápidamente indefenso. Mientras tanto, en la sala del tribunal, se produjo un gran alboroto. Los quince prisioneros, encadenados juntos, se enzarzaron en un forcejeo con los guardianes a su cargo. Una vez sometidos, empezaron a cantar a coro el viejo himno vasco Euzko gudarik gera … Desde los bancos públicos se alzaban los gritos: “¡Asesinos! ¡Viva ETA! «

Edouard de Blaye, Franco and the Politics of Spain, 1976, pp. 296-7

Se pidió que la gente abandonara la sala y, cuando el juicio se reanudó a puerta cerrada, el proceso fue muy breve. Los abogados defensores se negaron a llamar a los veinticinco testigos que tenían previsto presentar. En su discurso, el fiscal pidió la pena de muerte para seis de los acusados ​​y 752 años de prisión.

Durante las tres semanas siguientes, los siete jueces consideraron su veredicto a puerta cerrada. Mientras Beihl permanecía rehén en un lugar secreto en Francia y los prisioneros esperaban el veredicto, aumentó la tensión en toda España. El 12 de diciembre, trescientas personalidades de la cultura catalana se encerraron en la abadía de Montserrat, emitieron un manifiesto de protesta, y marcharon el 14 de diciembre para evitar que se asaltara la abadía. El Vaticano y varios gobiernos europeos pidieron clemencia.

Los franquistas de línea dura también reaccionaron. El 14 de diciembre, tras una reunión de altos mandos del ejército, una delegación de cuatro capitanes generales visitó a Franco en El Pardo para expresar la preocupación de los militares respecto a la situación. Horas más tarde se suspendió el habeas corpus, permitiendo la detención indefinida de los presos. En un contexto de reuniones de protesta en toda Europa, el 16 de diciembre se organizó una gran manifestación franquista en la Plaza de Oriente de Madrid, y se trasladó a trabajadores rurales desde distintos lugares en autobús a la ciudad para el evento. Durante los días siguientes, se produjeron manifestaciones similares a favor del régimen en otras ciudades importantes. El espectáculo de grandes multitudes dando saludos fascistas y cantando el Cara el Sol (himno falangista), en escenas que recuerdan a la Italia fascista y la Alemania nazi, no hicieron más que contribuir al impacto del proceso en Europa occidental. La semana del 28 de diciembre, el no-do, que se proyectaba en todos los cines españoles antes de la película, mostró imágenes de esas multitudes en Madrid [ver ese no-do aquí].

El día de Navidad, sin conocerse la decisión de los jueces, ETA liberó a Eugen Biehl. Tres días después, finalmente, se anunció el veredicto: uno de los dieciséis acusados ​​fue absuelto, tres recibieron dos condenas a muerte cada uno; otros tres fueron condenados a muerte y, entre todos ellos acumularon un total de más de 500 años de prisión. Después de una reunión de gabinete dos días después, Franco anunció su decisión de conmutar las penas de muerte.

La crisis marcó un punto de inflexión en lo que más tarde supondría la desintegración del régimen franquista ya que, ante la inminente muerte del dictador, el búnker aunó fuerzas contra los partidarios de la «modernización». Como ha escrito Paul Preston, “la torpeza del régimen había unido a la oposición como nunca antes; la Iglesia era profundamente crítica y los franquistas más progresistas estaban empezando a abandonar lo que veían como un barco que se hunde. ”(Preston, Franco, 1993, p. 754). El juicio fue también un episodio desastroso de relaciones públicas pues recordó a la gente y a los gobiernos de toda Europa occidental y América los orígenes de la dictadura y su crónico carácter represivo y violento [Ver aquí videos de archivo de las manifestaciones en Londres y en París].

Los quince presos condenados fueron liberados en virtud de la Ley de Amnistía de 1977. Tres de los condenados a muerte jugarían más tarde un papel importante en la política española. Entre 1993 y 2000 Mario Onaindia fue senador por Euskadiko Ezkerra, después de ser diputado en el Parlamento vasco, donde también lo fueron Eduardo Uriarte y Jokin Goristidi; Uriarte entre 1980 y 1988 por Euskadiko Ezkerra y Goristidi entre 1980 y 1994 por Herri Batasuna. Además, Itziar Aizpurua, condenada a quince años de prisión, representó a Herri Batasuna en el Parlamento vasco de 1982 a 1986 y de 1994 a 1998, y en el Congreso entre 1986 y 1993.
Tres de los abogados defensores también tuvieron carreras parlamentarias después de la muerte de Franco. Gregorio Peces Barba, fue diputado socialista desde 1977 y presidente del Congreso de los Diputados entre 1982 y 1986, además de miembro de la Ponencia constitucional a la que se encargó la elaboración del texto de la Constitución española de 1978. Juan María Bandrés representó a Euskadiko Ezkerra como senador entre 1977 y 1979 y luego estuvo en el Congreso entre 1979 y 1989. Josep Solé Barberà fue también diputado en el Congreso por el Partido Comunista entre 1979 y 1982.

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Imagen: El Diario de Burgos. Biblioteca Virtual de Castilla y León.

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Expedición a Inglaterra: niños y niñas vascos en Gran Bretaña

La Guerra Civil alteró para siempre la vida de toda una generación de niños y niñas. Muchas criaturas se vieron forzadas al exilio, ya fuera temporal o permanente. Casi 4.000 niños y niñas vascos se convirtieron en refugiados en Gran Bretaña. Para conmemorar el aniversario de su partida el viernes 21 de mayo de 1937, relatamos su experiencia.

Ese día el Habana zarpó desde Santurce, 14 km al norte de Bilbao,  transportando hacia un futuro incierto a 3.826 niños refugiados que escapaban del asalto de las fuerzas de Franco a la ciudad. En dicho barco de vapor, fletado por el gobierno vasco, les acompañaban 120 señoritas, 80 docentes, 16 sacerdotes y 2 médicos. El buque, construido para transportar solo 800 pasajeros, tuvo un viaje difícil: encontraron tormenta en el Golfo de Vizcaya, llegando a Southampton la mañana del domingo 23 de mayo. Después del desembarco, una flota de autobuses municipales llevó a los niños a un campamento en North Stoneham, preparado apresuradamente para ellos a las afueras de Southampton. [Ver reportaje de 1937 con imágenes de su llegada a Inglaterra]

Cuando el fallido golpe militar de julio de 1936 dio paso a la Guerra Civil, el gobierno británico, dominado por los conservadores, adoptó una política de «no intervención». Sin embargo, en cuestión de días se crearon en toda Gran Bretaña grupos locales de apoyo al gobierno republicano en su lucha contra la rebelión militar. En otoño, los representantes de dichos grupos constituyeron el National Joint Committee for Spanish Relief (Comité británico de ayuda a España).

Al llegar la primavera de 1937, el apoyo a la República se centró en la difícil situación del País Vasco, bloqueado por la armada de Franco y amenazado por el avance del ejército insurgente. La prensa británica informó ampliamente de la destrucción de Guernica el 26 de abril por la Legión Cóndor alemana. Lo hizo especialmente George Steer, corresponsal de «The Times», que había visitado la ciudad horas después del bombardeo. [Lee el artículo original de Steer].

Incluso antes de la destrucción de Guernica se temía por la población civil de Bilbao: la ciudad, que albergaba a unos 100.000 refugiados, estaba siendo bombardeada a diario. Desde principios de abril, se hicieron planes para evacuar a parte de las mujeres y niños. Se recibieron ofertas para aceptar refugiados desde varios países como Francia y la Unión Soviética. En Gran Bretaña, los principales miembros del Comité británico de ayuda a España crearon separadamente un Comité para los Niños Vascos (Basque Children’s Committee), presidido por la Duquesa de Atholl, diputada del partido conservador, para organizar la evacuación de parte de los niños y niñas. Leah Manning, ex diputada laborista, fue enviada a Bilbao para organizarlo en abril, y a principios de mayo la siguieron dos médicos y dos enfermeras de habla hispana. Se invitó a las familias a solicitar la inclusión de sus hijos. En plena crisis de mayo de 1937, fue una decisión angustiante de importantes consecuencias: en algunos casos, los niños que marcharon no volvieron a ver sus padres durante años y algunos los vieron entonces por última vez.

El gobierno británico aceptó a regañadientes la llegada de 2.000 niños y niñas de entre seis y doce años, a condición de que no se utilizara dinero público en ellos, y entendiendo que su estancia se limitaría a unos pocos meses. Pronto hubo más de 2.000 peticiones en Bilbao y la duquesa de Atholl persuadió al gobierno para que aumentara el número de aceptados a 4.000. Resaltando la amenaza que los soldados de Franco suponían para las adolescentes, consiguió que el gobierno aumentara la edad de los refugiados hasta dieciséis años, y que hubiera mayor proporción femenina entre los mayores. Tras la búsqueda desesperada de un lugar para albergarlos, se recibió la oferta de tres terrenos que abarcaban 12 hectáreas en North Stoneham, cerca de Southampton. Los voluntarios trabajaron apresuradamente para erigir carpas y construir las instalaciones necesarias, incluido los suministros de gas y agua. El Ministerio de Guerra proporcionó las carpas y las cocinas de campaña, y cobró por su alquiler.

Las dificultades iniciales a que se enfrentaron los niños en North Stoneham centran los relatos de la vida allí: la extraña comida, el idioma, la vida en tiendas de campaña y las fuertes lluvias que inundaron el campamento a los pocos días de su llegada. También son indicativos de los traumas que la experiencia de guerra había causado a los niños (muchos, por ejemplo, corrieron a esconderse cuando un pequeño avión sobrevoló el campamento para fotografiarlo). La caída de Bilbao ante las fuerzas insurgentes el 19 de junio causó conmoción porque niños y niñas temieron por sus familias: varios centenares se escaparon del campamento ese día.

North Stoneham era un campo temporal. Pronto se llegó a acuerdos para dispersar a grupos de niños por todo el país. 1.200 fueron alojados en comunidades dirigidas por la Iglesia Católica. El resto fue trasladado a unos 70 hogares (conocidos como «colonias») gestionados por grupos de la comunidad local, después de invitar a los niños y niñas a optar entre lugares de los que a menudo no sabían nada. Inevitablemente, había grandes diferencias entre las colonias, según los recursos de cada comunidad de acogida. Algunas colonias fueron claramente inadecuadas, el Comité para los Niños Vascos las cerró, y los niños fueron transferidos a otras.

No todo el mundo veía a los niños y niñas refugiados con buenos ojos. Los partidarios de Franco argumentaban que permitir la estancia de niños refugiados en Gran Bretaña era una forma de apoyo a la República. Se creó el grupo Amigos de la España Nacionalista, que contó entre sus miembros con varios parlamentarios conservadores para presionar por su repatriación. Los periódicos de derechas afirmaron que los niños eran comunistas, violentos y rebeldes: incluso un editorial del Daily Mail los describió como «pequeños desgraciados potencialmente asesinos». En el verano de 1937, algunos muchachos de dos de las colonias estuvieron involucrados en molestias a residentes locales, lo que proporcionó más munición. Después de la caída de Bilbao, la Iglesia Católica, que había dado apoyo a la evacuación, se unió a la campaña para devolver a niños y niñas rápidamente.

En cualquier caso, la mayoría de las colonias logró establecer buenas relaciones con las comunidades locales. Los equipos de fútbol de los muchachos de las colonias jugaron partidos contra equipos locales, y algunas colonias organizaron conciertos con canciones y bailes vascos para recaudar fondos. Hubo grandes diferencias entre la experiencia de unos niños y otros. Algunas colonias recibieron más apoyo de la comunidad local y otras menos. Dos de las más destacadas fueron la de Cambridge y la de Caerleon, al sur de Gales.

Los 29 niños de Cambridge eran huérfanos de familias de milicianos socialistas. Al principio vivieron en una vicaría de grandes dimensiones fuera de la ciudad, antes de mudarse a una gran casa cerca de la estación de ferrocarril (donde una placa azul sigue recordándolo). Recibieron clases del personal de la Universidad de Cambridge y en el verano de 1937 pasaron un mes en la costa de Norfolk como invitados de los padres de John Cornford, que había muerto como miembro de las Brigadas Internacionales. Su maestra de música, Rosita Bal, había estudiado con Manuel de Falla, y los niños interpretaron canciones y bailes vascos durante conciertos en Londres y en otros lugares.

La colonia de Caerleon se benefició de los estrechos vínculos entre Vizcaya y el sur de Gales, desarrollados en el siglo XIX al ritmo de la industrialización de ambas zonas (el mineral de hierro de Vizcaya se exportaba al sur de Gales y los barcos regresaban cargados de carbón galés para su uso en las acerías vascas). La Federación de Mineros del Sur de Gales apoyó financieramente la colonia de Caerleon, junto a miembros de las iglesias metodista y bautista locales y la pequeña comunidad española de Cardiff. Los niños y niñas recibieron enseñanza tanto en español como en inglés, crearon su propio diario (Cambria House Journal) y dieron conciertos en ciudades del sur de Gales. En el verano de 1938, las familias de los mineros locales les invitaron a pasar con ellos una semana de vacaciones. Su equipo de fútbol se ganó una reputación como «los chicos vascos» y «los invencibles». El edificio que albergaba la colonia los recuerda también con una placa azul.

El regreso de los niños a España a menudo fue un proceso complicado. En algunos casos, uno o ambos padres habían muerto o estaban en campos de refugiados en Cataluña o en Francia. Las cartas de los padres pidiéndoles a los niños que regresaran se escribieron en algunos casos claramente bajo la presión de las autoridades franquistas. Poco a poco, sin embargo, la mayoría de los niños se reunieron con sus familias, aunque esto se hizo más difícil después del estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939. Finalmente, permanecieron en Gran Bretaña unos 400 niños, ya fuera porque no tenían familias a las que regresar o porque al llegar a los 16 años decidieron quedarse. En 1945 solo quedaba una de las colonias, en Carshalton (Surrey), y se cerró poco después. Aunque el Comité para los Niños Vascos finalmente se disolvió en 1951, los descendientes de los que permanecieron crearon en 2002 la Asociación para los niños vascos británicos [BCA ‘37: The Association for the UK Basque Children].

Foto: Niños vascos en Stoneham, cerca de Southampton (Inglaterra). Biblioteca Nacional de España. Licencia CC-BY-NC-SA

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La misión de la escuela es transformar el país

La educación universal se considera una de las más importantes responsabilidades del Estado hoy en día. Sin embargo, se trata de un avance relativamente reciente. Este 14 de abril, para conmemorar el aniversario de la proclamación de la Segunda República en 1931, escribimos sobre cómo los primeros gobiernos de la República se esforzaron en combatir los altos índices de analfabetismo mediante el establecimiento de un sistema de educación primaria universal.

España fue uno de los primeros estados europeos en reconocer la importancia de la educación universal. La Constitución de 1812 estableció que cada pueblo debía tener una escuela primaria y la Ley Moyano de 1857 convirtió en obligatoria la asistencia a la escuela hasta los nueve años. Sin embargo, tales ambiciosos objetivos no se reflejaban en la realidad. El Estado confiaba en la Iglesia para gran parte de la educación, tanto primaria como secundaria, y entre sus escuelas había algunas de las más prestigiosas. En 1931 el Ministerio de Educación estimó que había 32.680 escuelas y que eran necesarias 27.151 más. Basándose en el supuesto de que, de promedio, cada escuela primaria rural tendría una clase de 50 alumnos, había un déficit de un millón de plazas en escuelas primarias. 

Esta carencia de escuelas repercutía directamente en la elevada tasa de analfabetismo de adultos, estimada en un 30 por ciento, alcanzando el 60 por ciento en algunas provincias [ver detalle]. Como en cualquier sociedad con un porcentaje tan alto de analfabetismo, las personas alfabetizadas probablemente tampoco eran muy capaces. No sorprende que estos promedios ocultaran grandes desviaciones: entre diferentes clases sociales, entre zonas urbanas y rurales (la alfabetización tendía a ser más alta en las ciudades) y también entre diferentes zonas del país (el norte de España estaba en general más alfabetizado que el sur). El analfabetismo también afectó en mayor medida a las mujeres: la tasa general de analfabetismo de adultos en la provincia de Zaragoza era del 30%, pero el 62% de los analfabetos eran mujeres,  según el Museo Pedagógico de Aragón.

Para los líderes políticos de la Segunda República, la alfabetización universal era fundamental. El proyecto republicano no aspiraba únicamente a reemplazar la monarquía como forma de gobierno sino también principalmente a modernizar España. La modernización suponía formar una ciudadanía alfabetizada e informada que sería capaz de ejercer las responsabilidades necesarias para apoyar un sistema de gobierno representativo. Esto lo reconoció, por ejemplo, Manuel Azaña, proclamado Primer Ministro en octubre de 1933, al declarar que «la escuela estatal debería ser el escudo de la República». El Director General de Educación Primaria, Rodolfo Llopis, también destacó el papel de la educación en un discurso en Zaragoza en diciembre de 1932:

«La misión de la escuela es transformar el país en estos momentos (…) que los que estaban condenados a ser súbditos, puedan ser ciudadanos conscientes de una República» (fuente).

Estas palabras se reflejaron en varios artículos de la Constitución de 1931, que establecía: «El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada«. Según el Artículo 48, la educación primaria debía ser «gratuita y obligatoria«. La enseñanza debía ser «laica» y “se inspirará en ideales de solidaridad humana”.

Dada la escasez de escuelas primarias, el nuevo gobierno planeó y adquirió casi de inmediato el compromiso de construir 5.000 nuevas escuelas primarias al año a lo largo de los siguientes cinco años. Los municipios debían proporcionar tierras, mientras el gobierno contribuiría a los costes de construcción y el pago de los salarios de los maestros. A principios de 1932, el Ministro de Educación anunció la construcción de más de 7.000 nuevas escuelas. Sin embargo, pronto se redujo el ritmo de construcción, en parte por restricciones financieras y en parte por conflicto con la Iglesia y las consecuencias políticas del mismo. Así, en 1932 se construyeron 2.580; en 1933, 3.990; y en 1934-35 (los dos años de gobierno de centro-derecha), 3.421 en total. Esto representó un total de 9.991 en cuatro años. Esta cifra debe compararse con el total de 11.128 nuevas escuelas abiertas bajo la monarquía desde 1900 a 1930.

Los ministros del gobierno más vinculados a este programa de construcción, fortalecimiento y modernización del sistema escolar fueron Marcelino Domingo, Ministro de Educación entre abril y octubre de 1931, y Fernando de los Ríos, quien lo sucedió desde octubre de 1931 hasta la caída del gobierno de Azaña en octubre de 1933.

Por supuesto, las nuevas escuelas requerían más maestros y el Ministerio lanzó un programa para seleccionar y dar formación a 7.000 personas con título de licenciado sin experiencia docente. También se tomaron medidas para mejorar el estatus y el salarios de los maestros, que eran notablemente bajos, reflejándose esto en la expresión “pasar más hambre que un maestro de escuela”. Así, obtuvieron el estatuto de “funcionarios públicos” por la Constitución y vieron cómo aumentaba su salario en un 15% entre 1931 y 1933. 

De hecho, se vio a los maestros como figuras clave en la consolidación de la República: como destacó la Revista de Pedagogía en mayo de 1931: «Los educadores españoles estamos, como nadie, obligados a ser los defensores más entusiastas de la República. Tenemos el deber de llevar a las escuelas las ideas esenciales en que se apoya: libertad, autonomía, solidaridad, civilidad.” [fuente] Como destaca Carlos París:

“Surge así toda una generación de maestros identificados con la República. El régimen franquista tomó tan buena nota de ello, que prohibió la enseñanza a todas las personas que la habían ejercido en la zona republicana durante la Guerra Civil” [fuente]

También se tomaron medidas para mejorar y ampliar la educación secundaria, incluida la construcción de nuevas escuelas. Las escuelas secundarias mixtas reemplazarían las segregadas. Esta medida provocó la oposición de numerosas familias, especialmente en algunas zonas rurales y ciudades más pequeñas. Más tarde, la dictadura de Franco prohibió la coeducación.

Las reformas educativas de la República avivaron serias disputas con la Iglesia y provocaron la hostilidad de muchos devotos católicos. El artículo 26 de la Constitución prohibía dar clases a las órdenes religiosas. En 1931, el Ministerio de Educación solicitó a los ayuntamientos las cifras de alumnado que asistía a escuelas primarias religiosas. El total llegó a 350.000. Reemplazar la educación católica, de nuevo sobre la base de cincuenta alumnos por escuela, iba a requerir que el Estado construyera 7.000 escuelas adicionales. Además, la Iglesia era propietaria de unas 300 escuelas secundarias, con unos 20.000 alumnos. A diferencia de las escuelas primarias, el gobierno no pudo reemplazarlas de inmediato por falta de personal cualificado para sustituir a los miembros de las órdenes religiosas que impartían clases allí. Sin embargo, antes de poder resolver este problema, el gobierno de Azaña fue reemplazado por una administración de centroderecha dirigida por Alejandro Lerroux, que ignoró esta disposición constitucional.

FOTO: Escuela de José Sánchez Rosa, maestro racionalista andaluz seguidor del modelo propugnado por Francisco Ferrer Guardia. Imagen tomada en la Sevilla de 1936, poco antes de la rebelión militar, autoproclamada con el nombre de ‘Alzamiento Nacional’. Autor: Franciscojosecuevasnoa [CC BY-SA]

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Pioneras: las primeras diputadas españolas: Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken

El nuevo gobierno español, anunciado en enero, incluye a 11 ministras de un total de 22 ministerios. Sin embargo, la participación de las mujeres en los más altos niveles de gobierno en España es un avance reciente. Con motivo del Día Internacional de la Mujer 2020, Innovación y Derechos Humanos quiere recordar a las primeras tres diputadas del Parlamento español, todas ellas elegidas para las Cortes Constituyentes de la Segunda República en 1931.

Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken fueron elegidas como diputadas bajo la ley electoral de 1890 que restringía el voto a los hombres [pero permitía a las mujeres presentarse como candidatas]. Las mujeres solo pudieron votar tras constituirse la nueva República, aprobada por las Cortes Constituyentes en diciembre de 1931, y lo hicieron por primera vez en las elecciones generales de noviembre de 1933.

Paul Preston ha señalado que «la presión para el voto de la mujer no procedía de ningún movimiento colectivo de mujeres sino de una pequeña élite de mujeres cultas y de algunos hombres políticos progresistas, sobre todo del partido socialista» (Palomas de Guerra, Ed. DeBolsillo, 2004). La principal promotora del sufragio femenino fue Clara Campoamor, que formó parte de la comisión que redactó la constitución y dirigió el debate a favor de la igualdad legal de las mujeres en las Cortes en octubre de 1931. El artículo 36, que otorgaría el voto a las mujeres a la edad de 23 años en los mismos términos que a los hombres, se aprobó en las Cortes por 161 votos a 121, principalmente por el apoyo del Partido Socialista. (Lee aquí la Constitución de 1931)

Antes de ser elegida en junio de 1931 por Madrid como diputada del Partido Radical, Clara Campoamor se había hecho un nombre en la década de 1920 como abogada. Nacida en Madrid en 1888 de padres de clase trabajadora, se graduó en 1924 y luego se especializó en asuntos de paternidad y matrimonio, en un momento anterior a la legalización del divorcio. En 1928, contribuyó a establecer la Federación Internacional de Mujeres Abogadas (International Federation of Women Lawyers). Fue la primera mujer en intervenir ante el Tribunal Supremo y, en 1931, fue la primera mujer en dirigirse a las Cortes durante la República. Su campaña por el sufragio femenino no solo topó con la oposición de la Iglesia y la hostilidad de la opinión conservadora, sino también con  la mayoría de los miembros de su propio partido. Fue derrotada en las elecciones de 1933 y abandonó el Partido Radical poco después, en protesta por sus políticas cada vez más derechistas. En 1933-1934 se desempeñó brevemente como Directora General de Beneficencia y Asistencia Social. En 1936, temiendo por su seguridad, abandonó España y se estableció en Lausana, Suiza, donde murió en 1972.

Las otras dos mujeres diputadas en las Cortes Constituyentes, Victoria Kent y Margarita Nelken, se opusieron al sufragio femenino en 1931, aunque esta última solo fue elegida en segunda vuelta (elección parcial)  en octubre de 1931 y no formó parte de las Cortes a tiempo para los debates sobre el Artículo 36. Tanto Kent como Nelken argumentaron que las mujeres no estaban ni social ni políticamente preparadas para votar y que, estando muchas mujeres bajo la influencia de la Iglesia, darían apoyo a partidos hostiles a la República. Como sostuvo Victoria Kent durante el debate, «no es cuestión de capacidad; es cuestión de oportunidad para la República». Tanto Kent como Nelken tenían un impresionante historial como activistas por los derechos de las mujeres y la justicia social. Su temor sobre las consecuencias del sufragio femenino es quizás muestra de la fuerte oposición a que se enfrentó la República a los pocos meses de su proclamación.

Victoria Kent nació en Málaga en 1891. Fue una de las primeras mujeres en acceder a la abogacía en España y se hizo famosa por ser la primera en ejercer como abogada ante un tribunal militar, defendiendo con éxito a Álvaro de Albornoz en su consejo de guerra, después del intento de alzarse contra la monarquía en Jaca en diciembre de 1930. Después de la proclamación de la Segunda República en abril de 1931, Albornoz se convirtió en Ministro de Justicia y Kent fue elegida como diputada por el Partido  Radical Socialista. Como Directora General de Prisiones entre 1931 y 1934, implementó importantes reformas para mejorar las condiciones carcelarias, incluyendo la construcción de la nueva prisión de Ventas en Madrid para mujeres (lee aquí sobre su inauguración).

Aunque perdió su escaño cuando los partidos de derecha ganaron las elecciones en 1933, volvió a las Cortes en febrero de 1936, esta vez como diputada de Izquierda Republicana en Jaén. Durante la Guerra Civil, trabajó en la embajada española en París, ayudando a niños refugiados del conflicto. Después de la invasión alemana de Francia, vivió bajo una identidad falsa, evitando la deportación a España, donde los tribunales franquistas la investigaron en su ausencia. En 1948 se mudó a México y luego a Nueva York, donde vivió hasta su muerte en 1987. Una de las estaciones de ferrocarril de Málaga lleva su nombre.

Cuando Margarita Nelken ingresó a las Cortes como diputada socialista de Badajoz en 1931, ya era una famosa crítica de arte, novelista y defensora de los derechos de las mujeres. Nacida en Madrid en 1894 en una familia de ricos inmigrantes judíos, su libro La condición social de la mujer en España (1919) denunció la posición subordinada de las mujeres en la sociedad española y argumentó que solo se conseguirían derechos para las mujeres si triunfaba el movimiento revolucionario. El libro produjo tal escándalo que se debatió en las Cortes y fue condenado por el obispo de Lleida (Lee más aquí, en relación con la historia de las maestras Pepita y Elisa Úriz Pi). Los periódicos y políticos de derecha la calumniaron, acusándola de extranjera y promiscua. Una vez elegida diputada de Badajoz, hizo suya la causa de los trabajadores sin tierra e hizo campaña por la reforma agraria. Su experiencia en Badajoz, incluidas la resistencia de los terratenientes a las reformas laborales de 1931-1933, la violencia de derechas y el fraude electoral en las elecciones de 1933, la llevaron a unirse al ala más radical del Partido Socialista. Fue reelegida para las Cortes en 1933 y 1936. En otoño de 1936, con Madrid amenazada por las fuerzas sublevadas, se quedó en la capital, ayudando a organizar la defensa de la ciudad. En 1937 se había unido al Partido Comunista, pero sus relaciones con el partido fueron muy tensas y fue expulsada en 1942.  Al final de la Guerra Civil ocupó cargos primero en Valencia y luego en Barcelona, ​​dejando la última ciudad poco antes de la entrada de las tropas franquistas en enero de 1939. Después de la guerra se estableció en México, donde se ganó la vida como crítica de arte, apoyando a su madre, hija y nieta. Murió allí en 1968.

En total, solo nueve mujeres fueron elegidas para uno o más de los tres parlamentos de la Segunda República. De ellas, cinco representaron al Partido Socialista (Julia Álvarez, Veneranda García-Blanco, María Lejarraga, Margarita Nelken y Matilde de la Torre), dos al Partido Radical Socialista (Clara Campoamor y Victoria Kent), una al Partido Comunista (Dolores Ibarruri) y una a la Confederación Española de Derechas Autónomas -CEDA (Francisca Bohigas Gavilanes).

Fotografías: [De izquierda a derecha] Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken. Autoría: Estudio Alfonso. Fuente: Archivo General de la Administración en el Portal de Archivos Españoles.