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El procés de burgos de 1970

El consejo de guerra a dieciséis presuntos miembros de ETA en Burgos en diciembre de 1970 provocó manifestaciones y huelgas en España, y protestas en Europa y otros lugares. Los franquistas de línea dura del llamado bunker las utilizaron para atacar a los “modernizadores” del Opus Dei en el gobierno español y para presionar a Franco para que aplicara de nuevo la severa represión de los años de la posguerra. El juicio, en sesiones abiertas a las que asistían periodistas extranjeros, y la crisis consiguiente, socavaron una imagen que la dictadura había cultivado cuidadosamente en el exterior: la de un régimen benevolente que presidía la modernización de España. Publicamos este relato de la crisis y su trascendencia en la historia del franquismo cuando se cumple el quincuagésimo aniversario del inicio del juicio, el 3 de diciembre de 1970.

Aunque los orígenes de ETA se remontan a principios de la década de 1950, no fue hasta finales de la de 1960 cuando el grupo lanzó una serie de ataques violentos contra objetivos en las provincias vascas españolas. En relación con el Proceso de Burgos, los más importantes ocurrieron en 1968. En junio un agente de la Guardia Civil resultó muerto en un tiroteo. En agosto Melitón Manzanas, jefe de la Brigada Político-Social (la policía política del régimen) de San Sebastián-Donostia fue asesinado en la puerta de su casa en Irun. En consecuencia, en Gipuzkoa se impuso el estado de excepción y la acción policial en las provincias vascas produjo la detención masiva de sospechosos. A lo largo de 1969 y 1970 se aplicaron largas penas de prisión a los condenados en consejo de guerra en Burgos (capital de la VI Región Militar), por delitos como distribuir propaganda de ETA y asistir a reuniones ilegales.

Durante los años sesenta, el régimen franquista había intentado presentar en el exterior una imagen muy diferente a la de su brutal origen durante la Guerra Civil y la represión de la posguerra. Algunos periodistas extranjeros, como el británico George Hills, aceptaron la versión del régimen, que presentaba a Franco como un benevolente hombre de familia. El periodista estadounidense Benjamin Welles, por ejemplo, escribió que Franco llevaba “zapatos deportivos blancos y negros y un traje de verano” cuando lo entrevistó en julio de 1962 (Benjamin Welles, The Gentle Anarchy, 1965, p. 369).

El contraste con lo que estaba ocurriendo en Burgos no podía ser mayor. En la mayoría de países, los consejos de guerra estaban -y están-, restringidos al personal militar acusado de delitos militares. En España, por el contrario,  los militares sublevados habían proclamado la ley marcial en julio de 1936 y esta se impuso hasta 1948. Durante y después de la Guerra Civil, los consejos de guerra, que a menudo duraban unos minutos, dictaron duras penas, incluida la pena de muerte, a miles de personas cuya representación legal corría a cargo de oficiales del ejército [ver Los Sumarísimos]. Incluso después de superada la ley marcial, los tribunales militares continuaron en uso especialmente para las personas acusadas ​​en virtud del Decreto de 1960 sobre rebelión militar, bandidaje y terrorismo; delitos que, en otros países, eran tratados por tribunales civiles.

La tensión creció en España antes del juicio. El 22 de noviembre, los obispos de Bilbao y San Sebastián emitieron una carta pastoral conjunta declarando ilegítima toda violencia y pidiendo la conmutación de las condenas a muerte solicitadas durante la instrucción. Estallaron huelgas en todo el País Vasco y en otras partes de España. El 30 de noviembre, en una escena sin precedentes desde la Guerra Civil, manifestantes ocuparon la Plaza Catalunya de Barcelona y se enfrentaron a la policía en las Ramblas. Al día siguiente, el secuestro por parte de ETA de Eugen Beihl, cónsul honorario de Alemania Occidental en San Sebastián-Donostia, atrajo la atención de toda Europa.

En el juicio, de una semana de duración, estuvieron presentes siete periodistas españoles, cuyos relatos apoyaban al régimen, y trece corresponsales extranjeros. Entre los dieciséis acusados había dos mujeres y dos sacerdotes. Los abogados, que se ganaron la admiración de los corresponsales extranjeros por su valentía, ayudaron a los acusados ​​a desvelar los objetivos de ETA y a denunciar las torturas policiales. La fiscalía centró su caso en el asesinato de Manzanas y lo basó principalmente en confesiones obtenidas bajo tortura. Al iniciarse el interrogatorio por parte de los abogados defensores el tercer día, los acusados retiraron sus confesiones, describieron gráficamente cómo habían sido torturados y denunciaron la represión estatal a los vascos. Esto produjo la suspensión de la vista del día siguiente y, al reanudarse el juicio, se impidió a los acusados ​​hacer declaraciones generales o desviarse de las preguntas. El periodista francés Edouard de Blaye describió la reacción del último imputado, Mario Onaindia,  durante su interrogatorio:

Gritando Gora Euskadi Askatuta (‘Viva el País Vasco Libre’), el preso saltó al estrado y trató de agarrar un hacha que había entre las pruebas documentales amontonadas en el suelo. Alarmados, dos de los magistrados desenvainaron sus espadas. Uno de los policías levantó su revólver y apuntó al prisionero, pero lo bajó por temor a darles a los jueces. Onaindia, derribado e inmovilizado, quedó rápidamente indefenso. Mientras tanto, en la sala del tribunal, se produjo un gran alboroto. Los quince prisioneros, encadenados juntos, se enzarzaron en un forcejeo con los guardianes a su cargo. Una vez sometidos, empezaron a cantar a coro el viejo himno vasco Euzko gudarik gera … Desde los bancos públicos se alzaban los gritos: “¡Asesinos! ¡Viva ETA! “Edouard de Blaye, Franco and the Politics of Spain, 1976, pp. 296-7

Se pidió que la gente abandonara la sala y, cuando el juicio se reanudó a puerta cerrada, el proceso fue muy breve. Los abogados defensores se negaron a llamar a los veinticinco testigos que tenían previsto presentar. En su discurso, el fiscal pidió la pena de muerte para seis de los acusados ​​y 752 años de prisión.

Durante las tres semanas siguientes, los siete jueces consideraron su veredicto a puerta cerrada. Mientras Beihl permanecía rehén en un lugar secreto en Francia y los prisioneros esperaban el veredicto, aumentó la tensión en toda España. El 12 de diciembre, trescientas personalidades de la cultura catalana se encerraron en la abadía de Montserrat, emitieron un manifiesto de protesta, y marcharon el 14 de diciembre para evitar que se asaltara la abadía. El Vaticano y varios gobiernos europeos pidieron clemencia.

Los franquistas de línea dura también reaccionaron. El 14 de diciembre, tras una reunión de altos mandos del ejército, una delegación de cuatro capitanes generales visitó a Franco en El Pardo para expresar la preocupación de los militares respecto a la situación. Horas más tarde se suspendió el habeas corpus, permitiendo la detención indefinida de los presos. En un contexto de reuniones de protesta en toda Europa, el 16 de diciembre se organizó una gran manifestación franquista en la Plaza de Oriente de Madrid, y se trasladó a trabajadores rurales desde distintos lugares en autobús a la ciudad para el evento. Durante los días siguientes, se produjeron manifestaciones similares a favor del régimen en otras ciudades importantes. El espectáculo de grandes multitudes dando saludos fascistas y cantando el Cara el Sol (himno falangista), en escenas que recuerdan a la Italia fascista y la Alemania nazi, no hicieron más que contribuir al impacto del proceso en Europa occidental. La semana del 28 de diciembre, el no-do, que se proyectaba en todos los cines españoles antes de la película, mostró imágenes de esas multitudes en Madrid [ver ese no-do aquí].

El día de Navidad, sin conocerse la decisión de los jueces, ETA liberó a Eugen Biehl. Tres días después, finalmente, se anunció el veredicto: uno de los dieciséis acusados ​​fue absuelto, tres recibieron dos condenas a muerte cada uno; otros tres fueron condenados a muerte y, entre todos ellos acumularon un total de más de 500 años de prisión. Después de una reunión de gabinete dos días después, Franco anunció su decisión de conmutar las penas de muerte.

La crisis marcó un punto de inflexión en lo que más tarde supondría la desintegración del régimen franquista ya que, ante la inminente muerte del dictador, el búnker aunó fuerzas contra los partidarios de la “modernización”. Como ha escrito Paul Preston, “la torpeza del régimen había unido a la oposición como nunca antes; la Iglesia era profundamente crítica y los franquistas más progresistas estaban empezando a abandonar lo que veían como un barco que se hunde. ”(Preston, Franco, 1993, p. 754). El juicio fue también un episodio desastroso de relaciones públicas pues recordó a la gente y a los gobiernos de toda Europa occidental y América los orígenes de la dictadura y su crónico carácter represivo y violento [Ver aquí videos de archivo de las manifestaciones en Londres y en París].

Los quince presos condenados fueron liberados en virtud de la Ley de Amnistía de 1977. Tres de los condenados a muerte jugarían más tarde un papel importante en la política española. Entre 1993 y 2000 Mario Onaindia fue senador por Euskadiko Ezkerra, después de ser diputado en el Parlamento vasco, donde también lo fueron Eduardo Uriarte y Jokin Goristidi; Uriarte entre 1980 y 1988 por Euskadiko Ezkerra y Goristidi entre 1980 y 1994 por Herri Batasuna. Además, Itziar Aizpurua, condenada a quince años de prisión, representó a Herri Batasuna en el Parlamento vasco de 1982 a 1986 y de 1994 a 1998, y en el Congreso entre 1986 y 1993.
Tres de los abogados defensores también tuvieron carreras parlamentarias después de la muerte de Franco. Gregorio Peces Barba, fue diputado socialista desde 1977 y presidente del Congreso de los Diputados entre 1982 y 1986, además de miembro de la Ponencia constitucional a la que se encargó la elaboración del texto de la Constitución española de 1978. Juan María Bandrés representó a Euskadiko Ezkerra como senador entre 1977 y 1979 y luego estuvo en el Congreso entre 1979 y 1989. Josep Solé Barberà fue también diputado en el Congreso por el Partido Comunista entre 1979 y 1982.

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Imagen: El Diario de Burgos. Biblioteca Virtual de Castilla y León.

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La missió de l’escola és transformar el país

L’educació universal es considera una de les més importants responsabilitats de l’Estat avui en dia. No obstant, es tracta d’un avanç relativament recent. Avui, 14 d’abril, per commemorar l’aniversari de la proclamació de la Segona República l’any 1931, escrivim sobre com els seus primers governs es van esforçar per combatre l’alt índex d’analfabetisme mitjançant l’establiment d’un sistema d’educació primària universal.

Espanya va ser un dels primers estats europeus en reconèixer la importància de l’educació universal. La Constitució de 1812 va establir que cada poble havia de tenir una escola primària i la Llei Moyano de 1857 va convertir en obligatòria l’assistència a l’escola fins als nou anys. Tot i això, aquests ambiciosos objectius no es veien reflectits en la realitat. L’Estat confiava en l’Església per una gran part de l’educació, tant primària com secundària, i entre les seves escoles hi havia algunes de les més prestigioses. L’any 1931 el Ministeri d’Educació va estimar que hi havia 32.680 escoles i eren necessàries 27.151 més. Basant-se en el supòsit que, de mitjana, cada escola primària rural tindria una classe de 50 alumnes, hi havia un dèficit d’un milió de places a les escoles primàries

Aquesta manca d’escoles repercutia directament en l’elevada taxa d’analfabetisme dels adults, estimada en un 30 per cent, arribant al 60 per cent en algunes províncies [veure detall]. Com en qualsevol societat amb un percentatge tan alt d’analfabetisme, les persones alfabetitzades probablement tampoc eren molt capaces. No sorprèn que aquestes mitjanes ocultessin grans desviacions: entre diferents classes socials, entre zones urbanes i rurals (l’alfabetització tendia a ser més alta a les ciutats) i també entre diferents zones del país (el nord d’Espanya estava en general més alfabetitzat que el sud). L’analfabetisme també va afectar en major mesura a les dones: per exemple, la taxa general d’analfabetisme d’adults a la província de Saragossa era del 30%, però el 62% de les persones analfabetes eren dones, segons el Museo Pedagógico de Aragón.

Per als líders polítics de la Segona República, l’alfabetització universal era fonamental. El projecte republicà no aspirava únicament a reemplaçar la monarquia com a forma de govern sinó també principalment a modernitzar Espanya. La modernització suposava formar una ciutadania alfabetitzada i informada que seria capaç d’exercir les responsabilitats necessàries per donar suport a un sistema de govern representatiu. Això ho va reconèixer, per exemple, Manuel Azaña, proclamat Primer Ministre a l’octubre de 1933, al declarar que “l’escola estatal hauria de ser l’escut de la República”

El director general d’Educació Primària, Rodolfo Llopis, també va destacar el paper de l’educació en un discurs a Saragossa el desembre de 1932:

“La missió de l’escola és transformar el país en aquests moments (…) que els que estaven condemnats a ser súbdits, puguin ser ciutadans conscients d’una República” [font].

Aquestes paraules es van reflectir en diversos articles de la Constitució de 1931, que establia: “El servei de la cultura és una atribució essencial de l’Estat, i el prestarà mitjançant institucions educatives enllaçades a través del sistema de l’escola unificada”. Segons l’Article 48, l’educació primària havia de ser “gratuïta i obligatòria“. L’ensenyament havia de ser “laic” i “inspirant-se en ideals de solidaritat humana”

Degut a l’escassetat d’escoles primàries, el nou govern va planejar i va adquirir gairebé immediatament el compromís de construir 5.000 noves escoles primàries a l’any durant el transcurs dels següents cinc anys. Els municipis havien de proporcionar terres, mentre el govern contribuiria als costos de construcció i al pagament dels sous dels mestres. A principis de l’any 1932, el Ministre d’Educació va anunciar la construcció de més de 7.000 noves escoles. Tot i això, aviat es va reduir el ritme de construcció, en part per restriccions financeres i en part degut al conflicte amb l’Església i les conseqüències polítiques d’aquest. Així, l’any 1932 es van construir 2.580; l’any 1933, 3.990; i els anys 1934-35 (els dos anys de govern de centre-dreta), es van construir 3.421. Això representava un total de 9.991 en quatre anys. Aquesta xifra s’ha de comparar amb el total de 11.128 noves escoles obertes sota la monarquia des de l’any 1900 fins l’any 1930.

Els ministres de govern més vinculats a aquest programa de construcció, enfortiment i modernització del sistema escolar van ser Marcelino Domingo, Ministre d’Educació entre abril i octubre de 1931, i Fernando de los Ríos, qui el va succeir des d’octubre de 1931 fins a la caiguda del govern d’Azaña l’octubre de 1933.

Per descomptat, les noves escoles requerien més mestres i el Ministeri va llançar un programa per seleccionar i formar 7.000 persones amb títol de llicenciat sense experiència docent. També es van prendre mesures per millorar l’estatus i els sous dels mestres, que eren notablement baixos, reflectint això en l’expressió “passar més gana que un mestre d’escola”. Així, van obtenir l’estatut de “funcionaris públics” per la Constitució i van veure com va augmentar el seu sou en un 15% entre els anys 1931 i 1933. 

De fet, es va veure als mestres com a figures clau en la consolidació de la República: com va destacar la Revista de Pedagogia al maig de 1931: “Els educadors espanyols estem obligats a ser els defensors més entusiastes de la República. Tenim el deure de portar a les escoles les idees essencials en què es recolza: llibertat, autonomia, solidaritat i civilitat.[font]. Com destaca Carlos París:

“Sorgeix així tota una generació de mestres identificats amb la República. El règim franquista va prendre tan bona nota d’això, que va prohibir exercir la docència a totes les persones que l’havien exercit a la zona republicana durant la Guerra Civil”. [font]

També es van prendre mesures per millorar i ampliar l’educació secundària, incloent la construcció de noves escoles. Les escoles secundàries mixtes reemplaçarien les segregades. Aquesta mesura va provocar l’oposició de nombroses famílies, especialment en algunes zones rurals i ciutats més petites. Més tard, la dictadura de Franco va prohibir la coeducació.

Les reformes educatives de la República van avivar serioses disputes amb l’Església i van provocar l’hostilitat de molts devots catòlics. L’article 26 de la Constitució prohibia donar classes als ordes religiosos. L’any 1931, el Ministeri d’Educació va sol·licitar als ajuntaments les xifres de l’alumnat que assistia a escoles primàries religioses. El total va arribar a 350.000. Substituir l’educació catòlica, de nou sobre la base de 50 alumnes per escola, haguès requerit que l’Estat construís 7.000 escoles addicionals. A més, l’Església era propietària d’unes 300 escoles secundàries, amb uns 20.000 alumnes. A diferència de les escoles primàries, el govern no va poder substituir immediatament aquestes per manca de personal qualificat per reemplaçar els membres dels ordes religiosos que impartien classes allà. No obstant això, abans de poder resoldre aquest problema, el govern d’Azaña va ser reemplaçat per una administració de centre-dreta dirigida per Alejandro Lerroux, que va ignorar aquesta disposició constitucional.

FOTO: Escola de José Sánchez Rosa, mestre racionalista andalús seguidor del model propugnat per Francesc Ferrer Guàrdia. Imatge presa a Sevilla el 1936, poc abans de la rebel·lió militar, autoproclamada amb el nom de ‘Alzamiento Nacional’. Autor: Franciscojosecuevasnoa [CC BY-SA]

[Traducció del castellà per Lara Regojo]

Pioneres: les primeres diputades espanyoles: Clara Campoamor, Victoria Kent i Margarita Nelken

El nou govern espanyol, anunciat el gener, inclou a 11 ministres d’un total de 22 ministeris. No obstant, la participació de les dones en els nivells més alts de govern d’Espanya és un avenç recent. Amb motiu del Dia Internacional de la Dona 2020,  Innovació i Drets Humans vol recordar a les primeres diputades del Parlament espanyol, totes elles escollides per les Corts Constituents de la Segona República el 1931

Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken van ser escollides com a diputades sota la llei electoral de 1890, que restringia el vot als homes però permetia a les dones presentar-se com a candidates. Les dones només van poder votar després de constituir-se la nova República, aprovada per les Corts Constituents el desembre de 1931, i ho van fer per primera vegada en les eleccions generals de novembre de 1933.  

Paul Preston ha assenyalat que “la pressió per al vot de la dona no provenia de cap moviment col·lectiu de dones sinó d’una elit de dones educades i d’alguns homes polítics progressistes, sobretot del partit socialista” (Palomas de Guerra, Ed. DeBolsillo, 2004). La principal promotora del sufragi femení va ser Clara Campoamor, que formà part de la comissió que va redactar la Constitució i dirigí el debat a favor de la igualtat legal de les dones en les Corts l’octubre de 1931. L’article 36, que atorga el vot de la dona a l’edat de 23 anys en els mateixos termes que els homes, es va aprovar a les Corts  per 161 vots a 121, principalment pel suport del Partit Socialista. (Llegeix aquí la Constitució de 1931).

Abans de ser escollida el juny de 1931 per Madrid com a diputada del Partit Radical, Clara Campoamor es va fer un nom en la dècada del 1920 com advocada. Nascuda a Madrid el 1888 de pares de classe treballadora, es va graduar el 1924 i després es va especialitzar en assumptes de paternitat i matrimoni, en un moment anterior a la legalització del divorci. El 1928 va contribuir a establir la Federació Internacional de Dones Advocades (International Federation of Women Lawyers). Va ser la primera dona en intervenir davant el Tribunal Suprem i, el 1931, va ser la primera en dirigir-se a les Corts durant la República. La seva campanya pel sufragi femení no només va topar amb la oposició de l’Església i l’hostilitat de l’opinió conservadora, sinó també amb la majoria dels membres del seu propi partit. Va ser derrotada en les eleccions de 1933 i va abandonar el Partit Radical poc desprès, en protesta per les seves polítiques cada cop més de dretes. El 1933-1934 va exercir breument com a Directora General de Beneficència i Assistència Social. El 1936, tement per la seva seguretat, va abandonar Espanya i es va establir a Lausana, Suïssa, on va morir el 1972.   

Les altres dues dones diputades en les Corts Constituents, Victoria Kent i Margarita Nelken, es van oposar al sufragi femení el 1931, tot i que la darrera només va ser escollida en segona volta (elecció parcial) l’octubre de 1931 i no havia format part de les Corts a temps pels debats sobre l’Article 36. Tant Kent com Nelken van argumentar que les dones no estaven ni social ni políticament preparades per votar i, com que moltes dones estaven sota la influència de l’església, donarien suport a partits hostils a la República. Com va sostenir Victoria Kent durant el debat “no és qüestió de capacitat; és qüestió d’oportunitat per a la República”. Tant Kent com Nelken tenien un impressionant historial com activistes pels drets de la dona i la justícia social. La seva por a les conseqüències del sufragi femení és potser una bona mostra de la forta oposició a què es va enfrontar la República als pocs mesos de la seva proclamació. 

Victoria Kent va néixer a Málaga el 1891. Va ser una de les primeres dones en accedir a l’advocacia a Espanya i es va fer famosa per ser la primera en exercir com advocada en un tribunal militar, defensant amb èxit a Álvaro de Albornoz en el seu consell de guerra, després que intentès alçar-se contra la monarquia a Jaca el desembre de 1930. Un cop proclamada la Segona República, l’abril de 1931, Albornoz es va convertir en Ministre de Justícia i Kent va ser escollida com a diputada pel Partit Radical Socialista. Com a Directora General de Presons entre 1931 i 1934, va implementar importants reformes per millorar les condicions carceràries, incloent la construcció de la nova Presó de Ventas a Madrid per a dones (llegeix aquí sobre la inauguració). 

Tot i que va perdre el seu escó quan els partits de dretes van guanyar les eleccions el 1933, va tornar a les Corts el febrer de 1936, aquest cop com a diputada d’Esquerra Republicana de Jaén. Durant la Guerra Civil, va treballar a l’ambaixada espanyola a Paris, ajudant a nens refugiats del conflicte. Després de la invasió alemanya a França, va viure amb una identitat falsa, evitant que la deportessin cap a Espanya, on els tribunals franquistes la investigaven en la seva absència. El 1948 es va traslladar a Mèxic i després a Nova York, on va viure fins la seva mort el 1987. Una de les estacions de ferrocarril de Málaga porta el seu nom. 

Quan Margarita Nelken va ingressar a les Corts com a diputada socialista per Badajoz el 1931, ja era una famosa crítica d’art, novel·lista i defensora dels drets de les dones. Va néixer a Madrid el 1894 en una família de immigrants jueus rics. El seu llibre La condición social de la mujer en España (1919, no ens consta traducció al català) va denunciar la posició subordinada de les dones en la societat espanyola i va argumentar que només s’aconseguirien drets per les dones si triomfava el moviment revolucionari. El llibre va produir tal escàndol que es va debatre a les Corts i va ser condemnat pel bisbe de Lleida (Llegeix més aquí, en relació amb la història de les mestres Pepita i Elisa Úriz Pi). Els diaris i polítics de dretes la van calumniar, acusant-la d’estrangera i promiscua. 

Un cop escollida diputada de Badajoz, va fer seva la causa dels treballadors sense terra, fent campanya per a la reforma agrària. La seva experiència a Badajoz, incloent la resistència dels terratinents a les reformes laborals de 1931-1933, la violència de les dretes i el frau electoral de les eleccions de 1933, la van portar a unir-se a l’ala més radical del Partit Socialista. Va ser escollida per les Corts el 1933 i el 1936. L’octubre de 1936, amb Madrid amenaçat per les forces sollevades, es va quedar a la capital, ajudant a organitzar la seva defensa. El 1937 s’havia unit al Partit Comunista, però les seves relacions amb el partit van ser molt tenses i en va ser expulsada el 1942. Al final de la Guerra Civil va ocupar càrrecs primer a València i després a Barcelona, d’on va marxar poc abans de l’entrada de les tropes franquistes el gener de 1939. Després de la guerra es va establir a Mèxic, on es va guanyar la vida com a crítica d’art, fent-se càrrec de la seva mare, filla i neta. Va morir allà el 1968.

En total, només nou dones van ser escollides per a un o més dels tres parlaments de la Segona República. D’aquestes, cinc van representar el Partit Socialista (Julia Álvarez, Veneranda García-Blanco, María Lejarraga, Margarita Nelken i Matilde de la Torre), dues al Partit Radical Socialista (Clara Campoamor i Victoria Kent), una al Partit Comunista (Dolores Ibarruri) i una a la Confederació Espanyola de Dretes Autónomes -CEDA (Francisca Bohigas Gavilanes).

Fotografies: [D’esquerra a dreta] Clara Campoamor, Victoria Kent i Margarita Nelken. Autoria: Estudio Alfonso. Font: Archivo General de la Administración al Portal de Archivos Españoles.

[Traducció del castellà per Núria Noguera]