El pasado jueves se presentó en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Memoria Democrática. Félix Bolaños,  ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática señaló durante la presentación: “Planteamos, por primera vez en una ley, la condena y el repudio al golpe de estado del 18 de julio del 36”. Se refirió también a Ascención Mendieta: “el único delito de su padre fue ser el líder de UGT en su pueblo”. Y añadió:

“Todas las fuerzas políticas deberían entender que condenar la dictadura y homenajear a sus víctimas no es ideología; es justicia; es democracia”.

Entre otros aspectos, la norma modifica el régimen jurídico del conjunto del Valle de los Caídos como paso previo a su resignificación. El pasado julio tuve la oportunidad de asistir al curso “Memoria democrática y ciudadanía: El Valle de los Caídos en perspectiva comparada”, organizado por la Escuela de Verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). 

Inauguró el curso Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática del Gobierno actual. Explicó que el nuevo Proyecto de Ley de Memoria Democrática consta de 65 artículos (puede leerse aquí). Según Martínez López, este se centra en cuatro ejes fundamentales: la nulidad de las resoluciones jurídicas como los consejos de guerra, el papel de las mujeres (que sufrieron no solo represión política sino también de género), el reconocimiento del movimiento memorialista, y la creación de un censo de todas las víctimas.

Durante los tres días del curso se desarrollaron diversas ponencias que pusieron foco en el Valle de los Caídos y en una posible resignificación del espacio. Destacamos la intervención de Francisco Etxebarría, el reputado antropólogo forense a cargo de la operación que pretende llevar a cabo una primera exhumación en el Valle de los Caídos. Este recalcó la importancia de exhumar las fosas “para consolidar los valores democráticos y los Derechos Humanos”.

Según Etxebarría, que desde el año 2000 ha tenido un papel clave en la exhumación de 900 fosas y la recuperación de 10.000 cuerpos, la intervención en el Valle se consolida como “un reto sin precedentes”. La dificultad de la actuación, puntualizó, «viene especialmente marcada por la cantidad de víctimas enterradas en un mismo lugar». Son cerca de 30.000 cuerpos repartidos en diferentes niveles. 

En 2018, incorporamos a la base de datos de ihr.world los registros de 20.324 personas cuyos cadáveres fueron trasladados al Valle. Tal y como reseñamos entonces (leer aquí ) , en muchos casos estos cuerpos fueron trasladados sin el consentimiento ni el conocimiento de sus familiares.

Pedro Fausto Canales, que también participó en el curso de verano, es uno de los familiares afectados. Contó que su padre y su tío fueron llevados al Valle sin previa autorización ni conocimiento de su familia desde la fosa de la localidad abulense de Pajares de Adaja. Ahora Fausto forma parte de una de las 77 familias que han solicitado exhumar a sus allegados del Valle de los Caídos.

Joan Pinyol es otro de estos familiares. Su abuelo materno Juan Colom Solé, republicano, fue enterrado en la fosa común del cementerio de Lleida y también trasladado sin consentimiento al Valle. Pinyol es autor del libro ‘Avi, et trauré d’aquí’ (‘Abuelo, te sacaré de aquí’), cuya edición se ha actualizado en 2021 y participó en el documental del mismo nombre, que reseñamos aquí en 2017.

Las personas que han solicitado la exhumación de sus familiares han recibido una carta del Gobierno: 

Mediante el presente escrito quiero informarles de que hoy lunes 20 de septiembre comenzarán los trabajos previos para intentar la exhumación de su familiar (…) inhumado en el Valle de los Caídos, tal y como ustedes solicitaron a través de Patrimonio Nacional.

Sabemos que ha sido un proceso largo, pero era necesario tener las garantías técnicas y jurídicas para un operativo forense que quizá sea el más complejo que se ha acometido en nuestro país.

También es importante que todos seamos conscientes de las dificultades técnicas con las que vamos a encontrarnos, más de 60 años después de los traslados, y que entrar en las criptas no garantiza necesariamente que se encuentren a las personas que se buscan. Pero la decisión política es firme y se agotarán todos los medios técnicos en la búsqueda de su familiar. 

La creación de un censo de víctimas nos parece un aspecto fundamental del nuevo Proyecto de Ley de Memoria Democrática. Martínez López especificó que ahora mismo este censo solo se estudia desde el punto de vista de la metodología. El mes pasado, Gogora (Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del País Vasco) organizó una jornada sobre víctimas de la Guerra Civil donde diversas comunidades autónomas pudieron intercambiar por primera vez sus experiencias respecto a sus propias bases de datos de fallecidos de la Guerra Civil y la dictadura.  

Para la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), el proyecto de ley actual se queda corto:

“Hay una oficina de atención a las víctimas del terrorismo. ¿Por qué no crean una oficina de atención a las víctimas del franquismo?”

Emilio Silva en La Cafetera (14/10/2021)

FOTO: El Valle de los Caídos. Autora: Laura Cuesta.