Un año más, la asociación Innovación y Derechos Humanos, miembro de la Coalición ProAcceso, hemos celebrado el Día Internacional del Acceso a la Información el 28 de septiembre.

Durante el V Congreso Internacional de Transparencia, nos hemos adherido a la Declaración de la UNED de los Consejos y Comisionados de la Transparencia en España, en la que se pronuncian en los siguientes términos:

Reiteramos a los Gobiernos y Autoridades de todos los ámbitos territoriales y niveles de Administración, a los representantes políticos nacionales, autonómicos o locales y a todas las organizaciones políticas, las mismas demandas que planteamos hace justo un año respecto del apoyo intenso y decidido a la política de transparencia y acceso a la información pública.
(…) la demanda de reconocimiento explícito y apoyo intenso a nuestro trabajo y funciones y al fortalecimiento y mejora de
nuestras organizaciones y su dotación de recursos.

Además, hemos dado nuestro apoyo a la Declaración de la Coalición ProAcceso, que podéis leer íntegramente en el enlace. De la misma, queremos destacar lo siguiente:

Desde la Coalición también damos la bienvenida al borrador del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto, que se encuentra abierto a consulta pública hasta mediados de octubre de 2020, y que contiene entre sus compromisos fortalecer la Ley de Transparencia;

Por todo ello, hacemos un llamado al Gobierno de España para que:

• Reconozca el derecho de acceso a la información como derecho fundamental, y adopte una ley orgánica de transparencia;
• El derecho abarque a todas las entidades públicas y todos los poderes del Estado, incluyendo los poderes legislativo y judicial;
• El derecho aplique a toda la información en manos de entidades públicas, salvo las que se vean afectadas de manera justificada por uno o varios límites, y se elimine el artículo 18.1.b de la ley de Transparencia que excluye cierta información del alcance de la ley;
• No existan otras causas que limiten el derecho distintas a las excepciones que señalan los estándares internacionales, para ello debe eliminarse la Disposición Adicional Primera (puntos 2 y 3) y, de esta forma, asegurar que la ley aplique a todas las solicitudes sobre cualquier información o documento en manos de cualquier entidad pública;
• Elimine el requisito de identificación para poder ejercer el derecho de acceso a la información. Debe garantizar que sea un derecho al alcance de todas y todos, sencillo de ejercer, sin formalismos burocráticos y donde no se requiera la utilización de aplicaciones informáticas;
• Los órganos garantes del derecho cuenten con las facultades suficientes para supervisar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y puedan sancionar a aquellas instituciones que no las cumplen. Además, el Consejo de Transparencia y el resto de los órganos garantes en España deben contar con los recursos humanos y financieros necesarios para hacer frente a su labor;
• Se publique más información de forma proactiva, en formatos reutilizables y con lenguaje sencillo, especialmente aquella información que es de mayor interés público y ha sido solicitada frecuentemente por la ciudadanía;
• Firme y ratifique el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a los Documentos Públicos, que entrará en vigor el 1 de diciembre de 2020.