La educación universal se considera una de las más importantes responsabilidades del Estado hoy en día. Sin embargo, se trata de un avance relativamente reciente. Este 14 de abril, para conmemorar el aniversario de la proclamación de la Segunda República en 1931, escribimos sobre cómo los primeros gobiernos de la República se esforzaron en combatir los altos índices de analfabetismo mediante el establecimiento de un sistema de educación primaria universal.

España fue uno de los primeros estados europeos en reconocer la importancia de la educación universal. La Constitución de 1812 estableció que cada pueblo debía tener una escuela primaria y la Ley Moyano de 1857 convirtió en obligatoria la asistencia a la escuela hasta los nueve años. Sin embargo, tales ambiciosos objetivos no se reflejaban en la realidad. El Estado confiaba en la Iglesia para gran parte de la educación, tanto primaria como secundaria, y entre sus escuelas había algunas de las más prestigiosas. En 1931 el Ministerio de Educación estimó que había 32.680 escuelas y que eran necesarias 27.151 más. Basándose en el supuesto de que, de promedio, cada escuela primaria rural tendría una clase de 50 alumnos, había un déficit de un millón de plazas en escuelas primarias. 

Esta carencia de escuelas repercutía directamente en la elevada tasa de analfabetismo de adultos, estimada en un 30 por ciento, alcanzando el 60 por ciento en algunas provincias [ver detalle]. Como en cualquier sociedad con un porcentaje tan alto de analfabetismo, las personas alfabetizadas probablemente tampoco eran muy capaces. No sorprende que estos promedios ocultaran grandes desviaciones: entre diferentes clases sociales, entre zonas urbanas y rurales (la alfabetización tendía a ser más alta en las ciudades) y también entre diferentes zonas del país (el norte de España estaba en general más alfabetizado que el sur). El analfabetismo también afectó en mayor medida a las mujeres: la tasa general de analfabetismo de adultos en la provincia de Zaragoza era del 30%, pero el 62% de los analfabetos eran mujeres,  según el Museo Pedagógico de Aragón.

Para los líderes políticos de la Segunda República, la alfabetización universal era fundamental. El proyecto republicano no aspiraba únicamente a reemplazar la monarquía como forma de gobierno sino también principalmente a modernizar España. La modernización suponía formar una ciudadanía alfabetizada e informada que sería capaz de ejercer las responsabilidades necesarias para apoyar un sistema de gobierno representativo. Esto lo reconoció, por ejemplo, Manuel Azaña, proclamado Primer Ministro en octubre de 1933, al declarar que «la escuela estatal debería ser el escudo de la República». El Director General de Educación Primaria, Rodolfo Llopis, también destacó el papel de la educación en un discurso en Zaragoza en diciembre de 1932:

«La misión de la escuela es transformar el país en estos momentos (…) que los que estaban condenados a ser súbditos, puedan ser ciudadanos conscientes de una República» (fuente).

Estas palabras se reflejaron en varios artículos de la Constitución de 1931, que establecía: «El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada«. Según el Artículo 48, la educación primaria debía ser «gratuita y obligatoria«. La enseñanza debía ser «laica» y “se inspirará en ideales de solidaridad humana”.

Dada la escasez de escuelas primarias, el nuevo gobierno planeó y adquirió casi de inmediato el compromiso de construir 5.000 nuevas escuelas primarias al año a lo largo de los siguientes cinco años. Los municipios debían proporcionar tierras, mientras el gobierno contribuiría a los costes de construcción y el pago de los salarios de los maestros. A principios de 1932, el Ministro de Educación anunció la construcción de más de 7.000 nuevas escuelas. Sin embargo, pronto se redujo el ritmo de construcción, en parte por restricciones financieras y en parte por conflicto con la Iglesia y las consecuencias políticas del mismo. Así, en 1932 se construyeron 2.580; en 1933, 3.990; y en 1934-35 (los dos años de gobierno de centro-derecha), 3.421 en total. Esto representó un total de 9.991 en cuatro años. Esta cifra debe compararse con el total de 11.128 nuevas escuelas abiertas bajo la monarquía desde 1900 a 1930.

Los ministros del gobierno más vinculados a este programa de construcción, fortalecimiento y modernización del sistema escolar fueron Marcelino Domingo, Ministro de Educación entre abril y octubre de 1931, y Fernando de los Ríos, quien lo sucedió desde octubre de 1931 hasta la caída del gobierno de Azaña en octubre de 1933.

Por supuesto, las nuevas escuelas requerían más maestros y el Ministerio lanzó un programa para seleccionar y dar formación a 7.000 personas con título de licenciado sin experiencia docente. También se tomaron medidas para mejorar el estatus y el salarios de los maestros, que eran notablemente bajos, reflejándose esto en la expresión “pasar más hambre que un maestro de escuela”. Así, obtuvieron el estatuto de “funcionarios públicos” por la Constitución y vieron cómo aumentaba su salario en un 15% entre 1931 y 1933. 

De hecho, se vio a los maestros como figuras clave en la consolidación de la República: como destacó la Revista de Pedagogía en mayo de 1931: «Los educadores españoles estamos, como nadie, obligados a ser los defensores más entusiastas de la República. Tenemos el deber de llevar a las escuelas las ideas esenciales en que se apoya: libertad, autonomía, solidaridad, civilidad.” [fuente] Como destaca Carlos París:

“Surge así toda una generación de maestros identificados con la República. El régimen franquista tomó tan buena nota de ello, que prohibió la enseñanza a todas las personas que la habían ejercido en la zona republicana durante la Guerra Civil” [fuente]

También se tomaron medidas para mejorar y ampliar la educación secundaria, incluida la construcción de nuevas escuelas. Las escuelas secundarias mixtas reemplazarían las segregadas. Esta medida provocó la oposición de numerosas familias, especialmente en algunas zonas rurales y ciudades más pequeñas. Más tarde, la dictadura de Franco prohibió la coeducación.

Las reformas educativas de la República avivaron serias disputas con la Iglesia y provocaron la hostilidad de muchos devotos católicos. El artículo 26 de la Constitución prohibía dar clases a las órdenes religiosas. En 1931, el Ministerio de Educación solicitó a los ayuntamientos las cifras de alumnado que asistía a escuelas primarias religiosas. El total llegó a 350.000. Reemplazar la educación católica, de nuevo sobre la base de cincuenta alumnos por escuela, iba a requerir que el Estado construyera 7.000 escuelas adicionales. Además, la Iglesia era propietaria de unas 300 escuelas secundarias, con unos 20.000 alumnos. A diferencia de las escuelas primarias, el gobierno no pudo reemplazarlas de inmediato por falta de personal cualificado para sustituir a los miembros de las órdenes religiosas que impartían clases allí. Sin embargo, antes de poder resolver este problema, el gobierno de Azaña fue reemplazado por una administración de centroderecha dirigida por Alejandro Lerroux, que ignoró esta disposición constitucional.

FOTO: Escuela de José Sánchez Rosa, maestro racionalista andaluz seguidor del modelo propugnado por Francisco Ferrer Guardia. Imagen tomada en la Sevilla de 1936, poco antes de la rebelión militar, autoproclamada con el nombre de ‘Alzamiento Nacional’. Autor: Franciscojosecuevasnoa [CC BY-SA]