Gemma Rodao
La primera ley española que promueve el acceso a la información, la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de 2013, es un intento de mejorar una situación de retraso respecto a la mayoría otros países de nuestro entorno, que ya disponían de leyes de este tipo.
En Suecia, por ejemplo, desde la Constitución de 1766, el principio básico respecto al derecho a la información es que todos los documentos del gobierno son públicos en tanto no exista una ley que indique expresamente lo contrario.
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¿Qué es el derecho de acceso a la información?
Consiste en el derecho de toda persona, independientemente de su nacionalidad, a buscar y recibir información en poder de órganos públicos que considere de su interés.
¿Cómo se regula el derecho de acceso a la información en España?
El artículo 105 b) de la Constitución Española establece que se deberá regular por ley el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno desarrolla y regula el derecho al acceso a la información pública.
¿Es el derecho de acceso a la información un derecho fundamental?
En la legislación española se prevé el derecho al acceso a la información como un derecho constitucional previsto como tal en el artículo 105 b) de la Constitución Española.
A nivel europeo sí se considera un derecho fundamental. El artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea entiende que el derecho de acceso a la información es la libertad de recibir y comunicar informaciones sin injerencia de las autoridades públicas y se comprende dentro del derecho a la libertad de expresión.
¿Qué se consigue ejerciendo el derecho a la información?
En España es habitual que organizaciones de la sociedad civil extraigan datos online para sus investigaciones. Civio creó el indultómetro con datos del BOE y un proyecto sobre los contratos de emergencia durante la pandemia con datos de la plataforma de contratación pública española.
En 2016, El País obtuvo los datos de cinco años de inspecciones sanitarias a bares y restaurantes de Barcelona. 131 tenían deficiencias graves.
En 2009 el periódico británico The Guardian, pionero en Periodismo de Datos en Europa, accedió a la totalidad de los gastos declarados de los miembros de la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. Gracias a la colaboración ciudadana, pudo publicar los datos en una hoja de cálculo y revelar que, a cuenta de esos gastos, se pagaban muebles y segundas residencias, y hasta se construían piscinas. Aquí una de las noticias.
¿Quién puede ejercer este derecho y ante quien opera?
Cualquier persona, tanto física como jurídica, puede ejercer este derecho y se aplica ante todas las entidades públicas, todos los poderes del Estado y todas aquellas entidades privadas que realicen funciones públicas y de archivo.
Para solicitar información a algún organismo de la Unión Europea, usa asktheeu.org
¿Qué se debe entender como información pública?
Es el conjunto de los contenidos o documentos, con independencia de su formato, que están en poder de alguna organización o ente público y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones y competencias. [ejemplos interesantes]
¿Se puede pedir cualquier tipo de información pública o existen límites?
Como norma general sí. No obstante, el derecho de acceso tiene límites cuando esto suponga un perjuicio para alguna de las materias previstas en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno, poniendo de ejemplo la seguridad y defensa del Estado.
La información pública relativa al medio ambiente se considera de alto valor y es de acceso prioritario en toda Europa gracias a la Directiva 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público
¿Cómo se debe pedir el acceso a la información y que requisitos se deben cumplir?
No es necesario ni obligatorio motivar los motivos por los que se solicita la información.
El artículo 17 de la Ley 19/2003 de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno establece que la solicitud de acceso a la información se podrá presentar por cualquier medio mientras se dirija al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información y conste la identidad del solicitante, la información que se solicita y una dirección de contacto.
Se recomienda citar también la Directiva 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público en las peticiones de acceso.
¿Es gratuito el acceso a la información pública?
La solicitud de acceso a la información, la consulta y su entrega en formato digital o electrónico se hará de forma gratuita. Sólo se podrá cobrar una tasa si se recibe información de forma impresa o en un formato diferente al original siendo el importe a pagar el precio real de la copia.
¿Qué significa aclarar o subsanar tu solicitud de información?
El órgano administrativo al que diriges la solicitud puede requerir que la rectifiques por entender que la pregunta no está bien formulada o falta información. Se te notificará la cuestión a subsanar indicando el periodo para hacerlo, siendo este, como norma general, de 10 días hábiles.
¿Cuánto tiempo tarda la administración en responder mi solicitud?
La administración tiene un máximo de 20 días hábiles desde que solicitas la información para contestar tu solicitud. Puede ser un periodo más largo si la solicitud es muy complicada. En tal caso se te comunicará y la respuesta podrá tardar 20 días más de lo normal en llegar. En algunos casos la Administración responde pero después no envía la información solicitada.
¿Qué son los datos abiertos? ¿Qué finalidad tienen?
Se entiende por datos abiertos los datos en formatos abiertos que cualquier persona puede utilizar, reutilizar y compartir libremente con cualquier fin. Para más detalles, lee el OpenData Handbook de la Open Knowledge Foundation en español aquí.
Al existir restricciones mínimas o nulas de carácter jurídico, técnico o económico se favorece a la circulación de la información tanto para los agentes económicos como para el público en general. De esta manera, se desempeña una función importante a la hora de fomentar el compromiso social e impulsar y promover el desarrollo de nuevos servicios basados en formas novedosas de combinar y utilizar esa información.
¿Se puede consultar el contenido de los archivos históricos?
El artículo 57 de la Ley del Patrimonio Histórico Español establece que, con carácter general, se podrán consultar los documentos que formen parte del Patrimonio Histórico Español una vez concluida su tramitación y depositados y registrados en los Archivos centrales de las correspondientes entidades públicas.
¿Se consideran los archivos históricos parte del Patrimonio Histórico Español?
Sí. El artículo 1.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español prevé que el patrimonio documental y bibliográfico formará parte del Patrimonio Histórico Español.
Además, el artículo 49.2 de la misma ley establece que forma parte del Patrimonio Documental Español los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismos o entidad de carácter público.
¿Qué especialidades existen en la consulta de estos archivos?
Existe una especialidad temporal en aquellos casos en que los documentos contengan información de carácter policial, procesal o clínico.
En estos casos podrán ser públicamente consultados dichos documentos sin que medie consentimiento expreso de los afectados cuando haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte o, si su fecha fuera conocida, un plazo de cincuenta años a partir de la fecha de los documentos.
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FOTO: Mujer leyendo el periódico (1930-1940). State Library of Queens (Australia). Public domain